nombre reservado con nombre reservado

27 Chillán, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece: 1) nombre reservado, contador público y auditor, egresado de derecho, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien por sí y por: 2) nombre reservado, trabajadora, cédula nacional del identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 3) nombre reservado, dueña de casa, cédula nacional de identidad RUT reservado, labores de casa, domiciliada en domicilio reservado; 4) nombre reservado, mecánico, cédula nacional de identidad RUT reservado, del mismo domicilio anterior; 5) nombre reservado, comerciante, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado) nombre reservado, pastor evangélico, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, las cuatro últimas personas como socios de la Sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada, nombre reservado 78.242.570-6, propietaria de la radioemisora Alondra FM 96.9 cuya señal distintiva es XQC-215 con domicilio en domicilio reservado, recurre de protección en contra de: 1) nombre reservado, agricultor, cédula nacional de identidad RUT reservado; de la cónyuge de éste 2) nombre reservado, labores de casa, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; 3) nombre reservado, administrador de la Municipalidad de Coelemu, cédula nacional de identidad RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; 4) nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 5) nombre reservado, inspector municipal, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, funcionario de la Municipalidad de Coelemu, que acompañaba al administrador y en contra de 6) un Sargento y 7) un Carabinero, cuyos nombres y apellidos desconoce, pero que pertenecen a la Subcomisaria de Carabineros de Coelemu, que acompañaban a los recurridos antes individualizados.

Funda el recurso en que, el pasado tres de enero, aproximadamente desde las 12:15 horas, llegaron los recurridos hasta el domicilio de domicilio reservado de esta ciudad, con el objeto allanar y de sacar los bienes que habían en el interior de la vivienda, una casa habitación arrendada por una renta mensual de $125.000 mensuales a su dueño y propietario, nombre reservado, por el arrendatario nombre reservado, fallecido, para habitarla con su familia compuesta por su señora nombre reservado y la hija de ambos, nombre reservado, además para instalar los estudios y planta transmisora de la radioemisora en frecuencia modulada Radio Alondra 96.9, cuya señal distintiva es XQC- 215, indicando que la concesión de radiodifusión sonora fue otorgada mediante Decreto Supremo Nº 139 de 2 de mayo de 1995, modificado por Decreto Supremo Nº101 de 12 de febrero de 2015, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada, RUT. RUT reservadoAgrega el actor que todo operaba en forma normal hasta el año 2018, cuando la radio comenzó a ser perseguida por motivos políticos por el actual alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros Urrutia, pues no le gustaban los comentarios políticos, administrativos y de gestión que el suscrito vertía, documentadamente, por las ondas radiales de dicha emisora, estimando que se trató de una persecución contra la emisora con el fin de silenciarla, ya que era la única que no tenía contrato con la Municipalidad y por lo que no podía monopolizar la información que vertía a través de las otras radioemisoras, indicado que comenzó querellándose por injurias perdiendo la acción y siendo condenado a pagar las costas, tanto él como su pareja, haciendo presente que aparecieron unos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para revisar la contabilidad, no logrando nada ya que la emisora, a pesar de los exiguos ingresos y la falta de financiamiento municipal, cumplía con la normativa tributaria correspondiente.

Añade que, al parecer, y producto del acoso permanente, negación de patente comercial y clausura en el mes de abril del año pasado, influyeron en la no recuperación del principal socio y representante legal de la sociedad Comunicaciones Itata, nombre reservado, quien sufrió un ataque al corazón que lo tuvo postrado en un estado vegetal que duró hasta su muerte, ocurrida al mediodía de día 25 de agosto de 2019, quedando la emisora en manos de su familia, nombre reservado y su hija nombre reservado, y la parte administrativa en sus manos, asesorándolas y tratando de conseguir aportes y cooperaciones para su financiamiento, ya que no podía comercializar hasta obtener la patente definitiva para vender publicidad, sosteniendo que la emisora se mantenía en el aire y no se realizaban programas en vivo y aquellos grabados eran en servicio de la comunidad, situación la que duró hasta los días anteriores a la navidad y el año nuevo.

Manifiesta el recurrente nombre reservado que, como contador y persona de confianza de su enfermo y luego fallecido amigo, pagaba de sus ingresos el arriendo, entregando el cheque mensual a nombre del arrendador en tanto la emisora sólo emitía música durante las 24 horas, para cumplir con la normativa de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, no recibiendo ninguna clase de ingresos por publicidad y que, con motivo de la navidad y el año nuevo, la emisora incluyó un saludo grabado de no más de un minuto de la señora nombre reservado – ex alcaldesa de la comuna – deseando felices fiestas a los oyentes de la comuna, hecho que habría molestado al actual Alcalde, quien se representó a través de su administrador municipal, quien concurrió personalmente con el Inspector Municipal, con el arrendador nombre reservado y su esposa, con nombre reservado y con un Sargento y otro funcionario de Carabinero hasta domicilio reservado, indicando el recurrente que, como no tenían llave para abrir y no había nadie en el interior, el arrendador forzó una puerta a patadas y golpes delante de todos y entraron al interior del inmueble, a la vista y paciencia de Carabineros, procediendo a llevarse todos los bienes, desmantelando la radio emisora, al punto que incluso sacaron los micrófonos, mesa, escritorios, computadores, anillos de antenas de espiral de una y media vuelta, además de los cables que conectaban los equipos transmisores a la torre de transmisión y otras especies de propiedad de la Sociedad de Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada, además de un equipo electrógeno empacado de propiedad de ARCHI que había sido entregado en comodato a la Sociedad por la Asociación de Radiodifusores de Chile, y toda la documentación existente, entre ella libros de estudio de costos y tributación de su pertenencia, una calculadora simple de 12 dígitos marca Electronic Calculator MS-8032. Denuncia el actor que no se entregó ni se exhibió ninguna orden judicial ni tampoco se ha recibido hasta el día de hoy nada que autorizara judicialmente el allanamiento del domicilio, y al parecer sólo habría bastado la anuencia del señor administrador municipal, nombre reservado, para proceder al allanamiento forzando una puerta de entrada al inmueble realizado a vista y paciencia de los Carabineros que acompañaban a los recurridos.

Estima el actor que, como arrendatario nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad ni de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino es legalmente, denunciando que los recurridos con sus actos u omisiones arbitrarias o ilegales, amenazaron, perturbaron y privaron el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de los recurrentes, establecidos el artículo 19 números 5, 12 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por todo lo anterior, termina solicitando que, de acuerdo con lo expuesto, artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992, modificado por Acta 70-2007 de 25 de mayo de 2007, se tenga por interpuesta acción de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, ya individualizados y en contra de un Sargento y un Carabinero pertenecientes a la Subcomisaria de Carabineros de Coelemu, que participaron junto con los demás recurridos en los hechos relatados y ocurridos a contar de las 12:15 horas en adelante del día viernes 3 de enero del año en curso, se le admita a tramitación y, en definitiva, se acoja el recurso, declarando que los actos y omisiones son arbitrarios e ilegales y han afectado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 numerales 5, 12 y 24 de la Constitución Política de la República y, en su mérito, se restablezca el imperio del derecho adoptando todas las medidas que estime necesarias y en concreto se disponga:

a.- La devolución de todos los bienes muebles que fueron retirados y que pertenecen a la Sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada, al suscrito, los dos libros de estudio y la calculadora simple marca Electronic calculator MS-8032 de doce dígitos y todo el material grabado de la Sociedad.

b.- La devolución del inmueble arrendado como habitación y lugar de estudio y planta transmisora de Radio Alondra 96.9 FM a nombre reservado y nombre reservado, y a la Sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada.

c.- Se disponga cualquier otra medida que se estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de los recurrentes, todo ello con costas.

A su presentación acompañó contrato de arrendamiento entre el arrendador nombre reservado y el arrendatario, nombre reservado, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado; copia de escritura pública de 26 de mayo de 1992 de constitución de la Sociedad de Comunicaciones Itata Limitada; extracto de dicha escritura pública; decreto N° 139 de 2 de mayo de 1995 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que otorga concesión de radiodifusión y publicación de dicho decreto en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1995 y, decreto N° 101 de 12 de febrero de 2015 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que modifica la referida concesión de radiodifusión y su publicación en el Diario Oficial de 21 de marzo de 2015.

2°.- Que, este Tribunal entendiendo que, conforme a su tenor, la acción de protección se interpone en contra de nombre reservado, nombre reservado y Carabineros de la Subcomisaria de Coelemu, tuvo por interpuesto el recurso en contra de aquéllos y les requirió informe.

3°.- Que, comparece la abogada Marcela Liliana Pino Villagra, en representación de los recurridos nombre reservado y nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción ejercida en todas sus partes con costas, invocando en primer término las excepciones de falta de legitimación pasiva a favor de nombre reservado y la de falta de legitimación activa, sustentando la primera en que su representado, nombre reservado, carece de legitimación pasiva toda vez que el hecho que se le imputa no corresponde a la veracidad de los mismos, no existiendo prueba presentada que diga relación a los mismos y, menos aún, de alguna participación de él, no advirtiendo arbitrariedad alguna o vulneración de derechos y garantías constitucionales que puedan atribuírsele a su representado en la actuación descrita por el recurrente nombre reservado, especificando que su representado se apersonó con la finalidad de hacer entrega del Decreto Alcaldicio N° 23 de 3 de enero de 2020 donde se autorizó el levante temporal de la clausura de un establecimiento comercial, por incumplimiento en lo estipulado en el artículo 23 del Decreto Ley 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, a nombre de Sociedad Comunicaciones Itata Limitada, con el objeto del retiro temporal de los sellos de clausura por el tiempo que sea necesario y hasta que Carabineros de Chile realice la pesquisa correspondiente a la denuncia de un hecho que revestía el carácter de delito, proceder el cual considera no puede ser calificado como ilegal o arbitrario como pretende hacer creer el recurrente de autos.

Con respecto a la falta de legitimación activa la letrada, luego de referirse a la naturaleza de la acción entablada, expresa que en el caso de marras se puede observar que, dos de las personas que recurren de protección, don nombre reservado quien se arroga ser egresado de la carrera de derecho y doña nombre reservado, carecen de titularidad en lo que dice relación respecto de algún derecho adquirido en relación a los hechos expuestos por él y en representación de ella, y que digan relación tanto con la sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada o con algún otro derecho que presumiblemente han invocado, por lo que difícilmente podrá accionar de protección sin que se les hayan vulnerado alguno de los derechos constitucionales que pretender hacer creer que disponen, haciendo presente, en relación a la representación de los socios individualizados en autos, al no existir el otorgamiento de patente comercial a la sociedad en cuestión, carecen de titularidad en lo que dice relación con algún derecho adquirido por concepto de otorgamiento de patente comercial, y más aún y de la misma manera, en algún otro derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clases de bienes corporales e incorporales que pretende hacer creer el o los recurrentes, solicitando se tenga por opuestas las excepciones y defensas alegadas, y que en definitiva, sean éstas acogidas y como consecuencia de lo anterior, se tenga por rechazado el recurso de protección interpuesto en contra de sus representados individualizados anteriormente, con costas.

En cuanto al fondo sostiene que, de los documentos presentados por los recurrentes, se podría presumir la existencia de la Sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Ltda., sin que se haya demostrado efectivamente que dicha sociedad se encuentre vigente a la fecha en los registros públicos dispuestos para ello. Añade que según el mismo instrumento público se puede señalar que dicha sociedad, estaría constituida por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, precisando que conforme la cláusula cuarta, se estableció que la administración y el uso de la razón social correspondería al socio nombre reservado, la cual la representaría con amplias facultades.

Agrega que, en la cláusula undécima se estableció que en caso de fallecer uno de los socios, la sociedad continuaría con los sobrevivientes y con los herederos del socio fallecido, quienes deberán designar un procurador común para actuar ante la sociedad, mandatario el cual no tendrá facultades de administración ni podrá usar la razón social, la cual quedará radicada desde la fecha de fallecimiento, en los socios sobrevivientes, con las mismas facultades indicadas en la cláusula cuarta de la constitución de la sociedad.

Indica además que, de los mismos antecedentes presentados por los recurrentes, se desprende presumiblemente que el Decreto N° 139 de fecha 2 de mayo de 1995, emitido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Secretaria de Telecomunicaciones, otorgó una concesión de radiodifusión sonora a la Sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada para la ciudad de Trehuaco, luego que con posterioridad y según Decreto Exento N° 101 de 12 de febrero del año 2015 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Secretaria de Telecomunicaciones, se modificó dicha concesión cambiando la ubicación del estudio, la planta transmisora, y cambiar también las características técnicas del sistema radiante, para que el estudio y la planta transmisora fuera ejercida en la dirección de domicilio reservado. Sin embargo, no consta en autos que dicha concesión en la actualidad se encuentre vigente, indicando la letrada que es el mismo Decreto Exento N° 101 de 12 de febrero del año 2015, ya referido, establece que: "la concesionaria no podrá iniciar los servicios que corresponde la presente modificación, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría, para estos efectos deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado”, situación que, en la especie, tampoco ha podido ser acreditada por los presuntos recurrentes en autos, no existiendo la incorporación y acreditación de los hechos relatados en la presente acción.

Manifiesta también que, en los registros de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coelemu, oficina Departamento de Rentas y Patentes, en la actualidad la sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada no registra patente comercial, de lo que el o los recurrentes no han presentado prueba en contrario, sosteniendo que por Decreto Alcaldicio N° 856 de fecha 9 de abril del año 2019, se decretó la orden de clausura de la actividad que desarrollaba la sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Ltda., según lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley 3063 de 1979, y según las facultades que se otorgan en la Ley 18.645 Orgánica Constitucional de Municipales, en sus artículos 12, 56 y 63 i) y demás cuerpos legales, haciendo presente que el Sr. nombre reservado, recurrente de autos, con fecha 29 de abril del año 2019 ingresó por la Oficina de Partes OIRS de la Municipalidad de Coelemu, una solicitud para el otorgamiento de patente comercial para dicha sociedad, presumiblemente como representante legal de la misma, encontrándose en esa época el Sr. nombre reservado en estado médico con muerte cerebral, sin poder demostrar el Sr. nombre reservado en su solicitud, alguna facultad legal para poder representar al Sr. nombre reservado, ni menos aún disponer de las facultades legales de representación de dicha sociedad, todo lo que permite probar que, en esa época y actualmente, la sociedad antes descrita no es titular de alguna patente comercial como pretende hacer creer el recurrente de autos, ni menos aún disponía de algún derecho adquirido respecto de la misma.

Con respecto al contrato privado de arrendamiento aludido por el actor se señala que don nombre reservado, propietario del inmueble, con fecha 4 de septiembre de 2015 suscribió dicho instrumento privado con don nombre reservado, entregándole en arrendamiento la propiedad singularizada en la misma para uso comercial de la radio "Alondra", haciendo presente que no se ha demostrado y menos acreditado por parte de los presuntos recurrentes, que la llamada radio Alondra corresponda al dominio de la Sociedad Comunicaciones Itata Ltda., destacando que la concesión de radiodifusión sonora contenida en el Decreto Exento N° 101 de 12 de febrero de 2015, autorizó que la concesionaria modificara la ubicación del estudio y planta transmisora desde la comuna de Trehuaco a la comuna de Coelemu, específicamente para que ésta fuera desarrollada en la dirección de domicilio reservado y no en la dirección del inmueble arrendado que corresponde, según los antecedentes tenidos a la vista y aportados por los presuntos recurrentes, a la dirección de domicilio reservado, propiedad distinta de la señalada en la modificación de la concesión descrita en autos. Asimismo, en el respectivo instrumento privado, en sus cláusulas quinta y sexta, se establece la forma de terminación anticipada del contrato, estableciendo que bastará con la notificación por carta certificada remitida con una anticipación mínima de treinta días al domicilio del arrendatario o arrendador según corresponda, disponiéndose además que el incumplimiento del pago de la renta o la infracción de cualquiera otra obligación contractual del arrendatario, dará derecho al arrendador para poner término inmediato, sin forma de juicio, con la sola notificación antes descrita, por lo que, el propietario del inmueble nombre reservado, el 21 de agosto de 2019 firmó ante la Notario Público de la comuna de Coelemu, el término del contrato de arrendamiento para luego proceder a su notificación en la forma prescrita en dicho instrumento, estableciendo el plazo de entrega del inmueble para el día 30 de septiembre del año 2019, situación que en la especie nunca ocurrió por parte de la pareja del arrendatario y actual recurrente, nombre reservado, ya que en esa fecha se encontraba fallecido el arrendatario, haciendo abandono del inmueble el 31 de diciembre del año 2019, sin comunicarle el hecho al arrendador, ni menos hacerle entrega formal de la propiedad, quedando saldos pendientes correspondientes al pago por concepto de arrendamiento y pagos de los consumos básicos del inmueble, motivo por el cual, el aludido propietario del inmueble solicitó el acompañamiento para ingresar a su propiedad al Sr. nombre reservado, hijo del fallecido arrendatario y propietario de los bienes muebles que guarnecían el lugar donde transmitía sin patente comercial la frecuencia de la radio emisora descrita, indicando que al momento de querer hacer ingreso a la propiedad, se dio cuenta que existían sellos de clausura con logos de la Municipalidad de Coelemu y donde se establece que dicha clausura se debe al incumplimiento del artículo 23 del D.L 3063 de 1979, por lo que, presumiendo que no se encontrarían los bienes muebles que guarnecían el lugar, se comunicó con personal de la Comisaria de Carabineros de Coelemu para que le señalaran el procedimiento a seguir.

Agrega que, según acta de inspección de 3 de enero de 2020, se informa por parte del inspector municipal nombre reservado. que, alrededor de las 12:00 horas, constató que en la dirección donde desarrollaba la actividad radial la sociedad Comunicaciones Itata Ltda., clausurada por incumplimiento del artículo 23 del D.L 3063, se encontraba personal policial de la comuna de Coelemu, al parecer por denuncia por robo de los equipos de radio difusión de propiedad de nombre reservado, según queda de manifiesto en copia de parte policial de 3 de enero de 2020, indicando al respecto que la Municipalidad de Coelemu, según decreto Alcaldicio N° 23 de 3 de enero de 2020 y en base a los antecedentes informados por el inspector municipal, decretó que se levantara temporalmente la clausura del establecimiento comercial a nombre de sociedad Comunicaciones Itata Ltda., con la finalidad de autorizar el retiro de los sellos de clausura para que personal de Carabineros y los órganos de justicia correspondientes pudiesen realizar las acciones y pesquisas que se estimaran convenientes en el lugar.

Por otra parte se impugna la denuncia efectuada por el recurrente en el sentido que se llevó a efecto un allanamiento en el inmueble descrito, por cuanto lo que en la práctica ocurrió fue que el propietario del inmueble arrendado, en compañía del dueño de los bienes muebles ocupados para el funcionamiento de las trasmisiones radiales y que supuestamente se encontrarían abandonadas la dependencias de la radio, sólo llamaron a personal de la policía de la comuna de Coelemu con la finalidad de informarse de cuál debía ser el procedimiento para entrar a su propiedad ante la existencia de sellos de clausura y de cómo se ha dicho anteriormente de formular la denuncia correspondiente, por no haber encontrado los bienes descritos en el inmueble abandonado y desocupado por la señora nombre reservado, no siendo efectiva la denuncia de persecución política por parte de la autoridad comunal y de los diversos hechos o relatos del Sr. nombre reservado, estimándolos contradictorios con la prueba presentada, carentes de todo sustento y base legal.

En lo concerniente a la negación de patente comercial, se reitera que en la actualidad, no existe registro de patente comercial a nombre de la Sociedad Comunicaciones Itata Limitada, ni en los archivos y documentos de la Municipalidad de Coelemu y menos aún, de registro de solicitud para el otorgamiento de patente comercial que la haya solicitado su representante legal, nombre reservado, antes de su fallecimiento, haciendo presente que sí consta que el Sr. nombre reservado con fecha 29 de abril del año 2019, hizo ingreso por oficina de partes municipales OIRS, una solicitud para el otorgamiento de patente comercial para el desarrollo de las actividades comerciales de la Sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada, firmando el mismo, por poder de don nombre reservado, que a esa fecha se encontraba con muerte cerebral, sin presentar mandato judicial o de representatividad que lo haya facultado para tal efecto.

En cuanto a la clausura del establecimiento comercial para el desarrollo de radio difusión se expresa que la clausura se realizó en cumplimiento a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.645 y lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley 3.063 de 1979 Ley de Rentas Municipales, advirtiendo que ha sido el propio recurrente nombre reservado, quien en sus dichos o expresiones señaló que la Sociedad de Comunicaciones Itata Limitada no dispone de patente comercial, reiterando lo ya expuesto la letrada en cuanto sólo existiría una presentación del recurrente por la cual se solicitaría el otorgamiento de dicha patente comercial, añadiendo que luego de la clausura de la radio y al percatarse el inspector municipal de la Municipalidad de Coelemu, en el desarrollo de sus funciones laborales, la violación de clausura (rotura de sellos) decretada por la autoridad comunal, se procedió a interponer la denuncia correspondiente el 13 de abril de 2019, un día después de la diligencia, en cumplimiento del Decreto Alcaldicio N° 856 de 9 de abril de 2019. Luego y en el mismo tenor, con fecha 18 del mismo mes y mismo año se hizo entrega ante el Ministerio Público (oficina atención Coelemu) nuevos antecedentes que aportaban al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, relatados anteriormente, y que dicen relación con que la radio emisora había desarrollado y llevado a cabo un programa radial en vivo, encontrándose clausurada, el cual era dirigido por el Sr. nombre reservado, recurrente de autos, advirtiendo que en el aludido escrito se hizo entrega como medio de prueba el Decreto Alcaldicio N° 856 de 9 de abril de 2019, copia de informe de cierre de local emitido por el inspector municipal nombre reservado. de 12 de abril de 2019, copia de informe de violación de sello de local emitido por el mismo inspector municipal y copia de CD de las trasmisiones emitidas el 13 de abril de 2019 de una duración aproximada de diez minutos.

Respecto a la imputación formulada por el actor en relación a que el dueño de la propiedad, el Sr. nombre reservado "haya forzado una puerta a patadas y golpes a vista y paciencia de Carabineros de la comuna de Coelemu", agregando además que “…en esa oportunidad se encontraba el Administrador Municipal de la municipalidad de Coelemu Sr. nombre reservado en una supuesta representación del Alcalde de la misma y en compañía del inspector municipal y que se había procedido a retirar los bienes muebles de la sociedad…”, se indica que ello nunca ocurrió, por cuanto la presencia del Sr. nombre reservado se debió a la entrega del Decreto Alcaldicio que autorizó el levante temporal de la clausura del establecimiento comercial, y en el caso del propietario del inmueble, éste ingresó a su propiedad sin destruir ni forzar ninguna puerta, por disponer de las llaves de la misma.

En cuanto a las garantías constitucionales se señala que, respecto a la supuesta vulneración de la garantía constitucional establecida en el numerando 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, los recurridos bajo ninguna premisa legal han actuado en forma arbitraria e ilegal como señala el recurrente, por cuanto en la actualidad no dispone de algún derecho adquirido respecto a alguna patente comercial que diga relación a la sociedad Comunicaciones Itata responsabilidad limitada o de algún otro derecho de propiedad en sus diversas especies sobre bienes corporales o incorporales, como ha pretendido el Sr. nombre reservado, sino más bien, han pretendido expresar un argumento infundado respecto a un o unos derechos inexistentes.

En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía constitucional establecida en el numerando 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, refiere que nunca existió inviolabilidad de hogar, menos alguna forma de comunicación privada ni menos alguna forma de allanamiento como pretendió el recurrente hacer creer, sino más bien, el propietario del inmueble arrendado y luego de cumplir con lo estipulado en dicho contrato privado y ante el notable abandono de su propiedad por parte de la pareja del arrendatario y recurrente de autos nombre reservado, procedió a verificar el estado de la misma ante los hechos relatados anteriormente. En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía constitucional establecida en el numerando 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no ha existido tal vulneración, porque no ha existido algún acto arbitrario e ilegal como pretende hacer creer el recurrente de autos, sino más bien, se ha actuado en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.645 y lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley 3.063 de 1979 Ley de Rentas Municipales y demás normas pertinentes.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se rechace el recurso incoado en contra de los recurridos nombre reservado y nombre reservado, con costas.

A su informe acompaña declaración jurada notarial de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado de fecha 18 de febrero de 2020; certificado extendido por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad e Coelemu de 18 de febrero de 2020; decreto alcaldicio N° 856 de 9 de abril de 2019 de dicha Municipalidad; decreto alcaldicio N° 23 de 3 de enero del año en curso; carta término de contrato de arrendamiento de 21 de agosto de 2019 y carta certificada de 22 de agosto de 2019; copia factura N° 008459 de 23 de octubre de 2015; copia denuncia efectuada por nombre reservado de 5 de abril de 2019 por el delito de hurto; copia parte policial de 5 de mayo de 2019 o rotura de sellos; presentación de abogada Marcela Pino ante el Ministerio Público de fecha 18 de abril de 2019 en causa RUC 1900405290-3; solicitud de patente municipal de 29 de abril de 2019; copia parte denuncia de 3 de enero de 2020; acta de clausura de 12 de abril de 2019; copia de informe de inspección municipal de 4 de abril de 2019; copia acta de inspección de local clausurado de 3 de enero de 2020; copias de notificaciones de 30 de octubre y de 21 y 30 de noviembre de 2018.

4°.- Que, comparece el abogado Hugo Andrés Vera Beltrán en representación de nombre reservado, programador informático, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado y se hacen parte en el presente recurso, acompañando certificado de nacimiento de nombre reservado, certificado médico, epicrisis y dato de atención de urgencia de nombre reservado, facturas, documento de Tesorería Regional de Ñuble y copia del decreto alcaldicio N° 856 ya citado.

5°.- Que, rola en autos informe evacuado por nombre reservado, Coronel de Carabineros, quien refiere que conforme lo informado por la Subcomisaría de Carabineros Coelemu, constancias del Libro de Guardia, Hoja de Ruta del personal de servicio en la domicilio reservado del referido Destacamento Policial, todos documentos fidedignos de fecha 3 de enero de 2020 que, mediante comunicado radial del Suboficial de Guardia de la referida Subcomisaria Sargento 2° nombre reservado, se informó al personal de servicio en la población, esto es, al Suboficial nombre reservado y al Carabinero nombre reservado, que en domicilio reservado de Coelemu, se encontraba una persona víctima de hurto.

Añade que los referidos funcionarios concurrieron a la mencionada dirección, lugar donde se entrevistaron con el Sr. nombre reservado, quien les manifestó que a las 12:21 horas se dirigió al inmueble señalado a fin de retirar equipos tecnológicos de su propiedad, los cuales eran utilizados en una radio emisora que funcionaba en el lugar y que, al ingresar al recinto, se percató que sus pertenencias no se encontraban. Asimismo, añade que la víctima les señaló que su padre arrendaba el inmueble hasta hace un año aproximadamente, dado que éste falleció, quedándose en el lugar la Sra. nombre reservado hasta la clausura del local (ocurrido el 8 de diciembre de 2019), haciendo entrega de las llaves al Sr. nombre reservado, es decir, al recurrente.

Agrega que, durante el procedimiento policial se efectuó un relevo, debido a suboficial nombre reservado se retiró ya que se encontraba apoyando la labor policial sin estar en turno, siendo reemplazado por el Cabo 1° nombre reservado, quien terminó por acoger la denuncia, destacando que el personal de Carabineros procedió a realizar el trámite de rigor, acogiendo la denuncia por hurto, tomando contacto con la Fiscal de turno Sra. nombre reservado, quien ordenó la práctica de ciertas diligencias, como empadronar a los vecinos y tomar declaración a la víctima y a testigos, quedando todo el actuar relatado en el Parte Policial N° 06 de la Subcomisaría de Carabineros Coelemu del 3 de enero de 2020.

Manifiesta que el personal de Carabineros de Chile se constituyó en el inmueble una vez abierta las puertas, con la única finalidad de acoger una denuncia por hurto, por lo que su proceder se ajusta a lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, encontrando su fundamento en el artículo 84 del Código Procesal Penal, el cual obliga a la institución policial informar al Ministerio Público de las denuncias recibidas, por lo que considera el proceder de Carabineros de Chile no sólo está ajustado a derecho, sino que no afecta de ninguna forma las garantías constitucionales señaladas por el recurrente en el escrito que dio inicio al procedimiento.

Con relación a las garantías constitucionales estimadas vulneradas por el actor el recurrido plantea que Carabineros acogió la denuncia del pretendido dueño de las cosas muebles, no participando en ningún allanamiento o entrada forzada a la vivienda, estimando que la supuesta vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 número 12 la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de expresión, no puede ser entiende dirigida hacia Carabineros de Chile, ya que los hechos por los cuales se buscaría limitar dicha garantía, estarían dadas por presunta persecución política realizada por el actual alcalde de Coelemu. Por último y con lo relacionado a la supuesta infracción de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad se declara que no ha existido el allanamiento que el recurrente les imputa, y, por tanto, no existe tal afectación de derechos, sino que sólo se acogió denuncia por hurto.

Termina sosteniendo que, conforme las consideraciones expuestas, se concluye que no hay antecedentes, argumentos, ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y admitir la presente acción de protección, por lo que solicita tener por informado la presente acción constitucional y, en definitiva, rechazarla con costas, ya que en hechos descritos, Carabineros de Chile, no ha vulnerado derecho alguno, habiendo actuando siempre en conformidad a la ley, no existiendo acto arbitrario ni ilegal que haya privado o perturbado alguna garantía constitucional del recurrente.

Se acompaña al informe parte policial N° 6 de 3 de enero de 2020; copia de Hoja de Ruta de Personal Policial; Copia de Libro de Guardia y del Libro de Novedades.

6°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

7º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8º.- Que, en primer término, cabe analizar las excepciones de falta de legitimación pasiva y de falta de legitimación activa opuestas por la abogada de los recurridos nombre reservado y nombre reservado. Así, en lo relativo a la primera excepción respecto de nombre reservado se indica que éste no sería legitimado pasivo de la acción de protección, porque el hecho que se le imputa no corresponde a la veracidad de los mismos y que no existe prueba presentada que diga relación a los mismos y, menos aún, de alguna participación de él, no advirtiendo arbitrariedad alguna o vulneración de derechos y garantías constitucionales que puedan atribuírsele.

Que, los fundamentos de la excepción en comento dicen relación, más bien, con aspectos de fondo que deben ser apreciados conforme a su mérito, al analizar todos los antecedentes acompañados por las partes y las alegaciones invocadas, motivo por el cual la excepción de falta de legitimación pasiva debe desecharse.

9°.- Que, respecto a la falta de legitimación activa, ésta se funda en que dos de las personas que recurren de protección, esto es, nombre reservado y nombre reservado, carecen de titularidad en lo que dice relación respecto de algún derecho adquirido en relación a los hechos expuestos por él y en representación de ella, y que digan relación tanto con la sociedad Comunicaciones Itata Responsabilidad Limitada o con algún otro derecho que presumiblemente han invocado.

Que, también debe desecharse la excepción precitada, desde que nombre reservado comparece por sí y en representación de las personas que indica, razón por la cual ha de analizarse conforme a todos los antecedentes si dicho recurrente ha sido afectado en el legítimo ejercicio de las garantías que invoca, como también si existe mérito para que deduzca la presente acción en representación de las personas que nombra, como acontece con doña nombre reservado, teniendo presente además que, la excepción opuesta también se funda en basamentos que dicen relación con el fondo del asunto, como por ejemplo, la inexistencia de una patente municipal respecto de una radioemisora, motivos por los que también cabe rechazar la excepción de falta de legitimación activa.

10°.- Que, en cuanto al fondo, cabe recordar que el recurrente nombre reservado expresa que los recurridos habrían ingresado a la fuerza a un inmueble arrendado en el que funcionaba una radioemisora en la comuna de Coelemu para allanar y sacar bienes desde su interior, ante la presencia de funcionarios de Carabineros, agregando que a él le sustrajeron unos libros y una calculadora, indicando además que, la radioemisora aludida era objeto de persecución política por el alcalde la comuna de Coelemu, motivos por los cuales invoca la protección de las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 5, 12 y 24 de la Constitución Política.

Que, por su parte los recurridos nombre reservado y nombre reservado informaron el recurso, solicitando su rechazo, en virtud que los hechos relatados por el recurrente no son ciertos y que la situación que ocurrió es muy distinta a como la refiere el actor, informando también Carabineros de Chile, pidiendo también el rechazo de la acción deducida, debido a que el procedimiento policial llevado a efecto se ajustó a derecho y que obedeció a una denuncia por el delito de hurto ocurrido en el inmueble.

11°.- Que, para una adecuada resolución del presente recurso, debe tenerse presente que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Que, conforme a lo señalado precedentemente, del análisis de los numerosos antecedentes documentales aportados por las partes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se puede concluir lógicamente que no existen elementos de convicción suficientes para estimar acreditados los hechos invocados en el recurso de la manera cómo los describe el actor y que, por lo tanto, exista algún un acto u omisión arbitraria o ilegal de parte de los recurridos que amague, altere o prive al recurrente el legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 19 numerales 5, 12 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, en lo atingente a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada consagrada en el Número 5 del artículo 19 de la Constitución Política, lo cierto es que el recurrente invoca que hubo un allanamiento ilegal y el robo de diversas especies en un inmueble arrendado donde funcionaba una radioemisora, no señalando cómo tomó conocimiento de ese supuesto hecho, no señala haber estado allí, ni explica cómo sabe que fueron los recurridos los que habrían llevado a cabo las acciones que describe en su recurso, considerando además que ningún antecedente acompañó en relación con aquello, teniendo presente que el actor no figura como parte en el contrato de arrendamiento relativo al inmueble en cuestión y si, fuese efectivo que el arrendatario que allí figura hubiese fallecido, nada consta que hubiese hecho su aludida cónyuge nombre reservado, por quien recurre el actor, no se advierte que se haya recurrido de amparo por el supuesto allanamiento ilegal, la existencia de alguna denuncia con ocasión del robo que alude el recurrente, sino que, por el contrario, conforme con la documental acompañada por los recurridos, se puede constatar que ese día 3 de enero de 2020 el hijo del arrendatario nombre reservado, nombre reservado, realizó una denuncia por el delito de hurto de diversos equipos que debían estar en el inmueble arrendado relativos al funcionamiento de la radioemisora, denuncia que activó la realización de un procedimiento policial, como consta en parte policial N° 6 de Carabineros de Coelemu, hoja de ruta de personal de servicio y constancias en Libro de Guardia y de Novedades, por lo que no puede establecerse la acción imputada por al actor a los recurridos.

Que, concordante con lo anterior, llama la atención que ante el supuesto robo de especies de su dominio, tales como libros y calculadora y conociendo el actor a los supuestos autores del delito, éste no haya denunciado el hecho, sino que sólo lo alude en el presente recurso, no constando tampoco si las especies invocadas estaban en el inmueble ya referido y eran de dominio del recurrente, motivo por el que no se advierte la vulneración de la garantía del artículo 19 N° 24, como tampoco es posible verificar la existencia de actos de persecución política como lo invoca el actor, no existiendo antecedente alguno al respecto, por lo que no es posible constatar la vulneración del derecho a emitir opinión y a informar consagrado en el numeral 12 del artículo aludido.

12°.- Que, así las cosas, el presente recurso no podrá prosperar, porque el actor ha pretendido el amparo de garantías constitucionales cuya existencia, al tenor de lo razonado precedentemente, y de los antecedentes acompañados no se encuentran indubitadas, teniendo presente además que se ha recurrido en favor de nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes en declaración jurada notarial de 18 de febrero del año en curso, que fue acompañada por los recurridos, señalan expresamente que no están de acuerdo con la presentación que ha efectuado nombre reservado y que presentaran acciones legales en su contra por pretender derechos que no le corresponden, lo que evidentemente cuestiona la acción que aquél ha interpuesto en esta sede.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, por sí, y en favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y de nombre reservado, en contra de nombre reservado; nombre reservado y funcionarios de Carabineros de Coelemu.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Titular Claudio Arias Córdova.

ROL N° 126-2020-PROTECCIÓN.-