Protección contra Corporación de apoyo a la niñez y juventud en riesgo social

5 Chillán, doce de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Jorge Luis Avendaño Polanco, domiciliado en domicilio reservado, actuando por sí y en representación de doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, región del Bío Bío, interponiendo recurso de protección en contra de Corporación de apoyo a la niñez y juventud en riesgo social, llamada “LLEQUEN”, y su Directora nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, Región de Ñuble, por vulnerar variados derechos constitucionales, como lo son el derecho a la defensa jurídica, honra y dignidad profesional, derecho de propiedad y libertad económica en relación con el ejercicio libre de la profesión de abogado establecidas en el Articulo 19 N° 3 inciso 2, Nº 21, Nº 24 y otros pertinentes de la Constitución de la República.

Expone que la señora nombre reservado, se acercó a su Estudio Jurídico, Aldunate Group, motivada por los diversos procedimientos del Tribunal de Familia en el que se ven involucrados directamente sus tres hijos, por lo que están en constante apoyo y control, esto principalmente por la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social llamada “LLEQUEN”, y específicamente del programa FAE PRO LLEQUEN ÑUBLE, esta Corporación, indica que con fecha 17 de Julio de 2023, se emiten Informes relativos a los niños, en los cuales se solicita el egreso de estos del programa, y prórroga del cuidado personal provisorio de los menores que se encuentran a cargo de los familiares, en virtud de lo dispuesto por el Juzgado de Letras y de Familia de San Carlos.

Señala que el 18 de agosto del presente año se le escribió a la señora nombre reservado quien se encuentra ejerciendo el cuidado provisorio de los niños, por medio de un mensaje de WhatsApp, en el que el abogado recurrente solicita entrevista con los niños a fin de conocerlos, lo cual le fue negado por la directora, indicando que no podía acercarse a los niños sin tener una entrevista previa con ella, citando en su escrito los mensajes y llamadas telefónicas entre las partes, y realizadas con aquel fin.

Agrega que la insistencia y preocupación por poder visitar a los menores se debe principalmente a que estos estarían siendo vulnerados sexual y físicamente, antecedentes que serán acompañados en la querella criminal respectiva.

Indica que todo lo descrito conlleva por la recurrida a una actuación arbitraria e ilegal, y que en estricto rigor, ésta ha consistido en la restricción absoluta por parte de la recurrida para que el letrado y su representada puedan tomar conocimiento sobre la situación de los hijos de esta última, no existiendo por lo demás resolución judicial que decrete algún impedimento para la madre, asimismo impide al abogado poder ejercer su función profesional, conforme a lo preceptuado en el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al derecho estima vulnerada el derecho a la defensa jurídica, consagrada en el artículo 19 N°3 inciso 2 de la Constitución Política de la República, asimismo estima vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°21 y 24 del mismo cuerpo legal.

Finaliza solicitando tener por interpuesta la acción constitucional en contra de la recurrida, que esta se acoja en todas sus partes, y se declare la vulneración, perturbación y/o privación de los derechos constitucionales conforme lo señalado en el cuerpo del libelo, decretando las medidas que se estimen pertinentes, tendientes al restablecimiento del legítimo ejercicio de los derechos fundamentales enunciados de los recurrentes, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, al informar doña nombre reservado, Directora del Programa FAE PRO Llequén Ñuble, indicó que por derivación del Tribunal de Letras y Familia de San Carlos por Causa RIT X-213-2018, fueron derivados a su programa los niños J.M.U.J, A.D.U.J y D.M.U.J, hijos de doña nombre reservado, agregando que, dicho Tribunal ha decretado el egreso de los niños del programa, por validación del proceso de intervención llevado a cabo hasta la fecha, tanto a nivel individual como familiar.

Es en base a lo anterior señala que se desarrolla un proceso interventivo tanto a nivel individual como con la familia de acogida y de origen, con el objetivo de reforzar las prácticas de cuidado y crianza de las adultas responsables de los hermanos (tías abuelas paternas); igualmente, por línea y base interventiva, se realizó un trabajo en la habilitación marental de doña nombre reservado, sin embargo, este proceso se vio obstruido en tanto la adulta presenta diagnóstico de salud mental que interfiere directamente en el ejercicio de su rol de maternidad. Agrega que se solicitó la re evaluación de la Sra. nombre reservado por medio del Servicio Médico Legal, por orden de Tribunal de Letras y Familia de San Carlos, instancia a la que la madre se niega, aludiendo a que existiría, a su juicio, una confabulación de todos los servicios sociales, de salud y judicatura, señalando que estos servicios buscan perjudicarla, evitando así la revinculación con sus hijos En cuanto a los hechos descritos por el recurrente, indica que en fase de cierre del proceso de intervención, la adulta nombre reservado, cuidadora legal de la niña A.D.U.J, genera contacto con profesionales del programa, exponiendo que se habría contactado con ella y su hermana nombre reservado, cuidadora legal de J.M.U.J y D.M.U.J, una persona señalando ser abogado de los niños, que según informó en dicha ocasión, se encontraba trasladándose al domicilio de las cuidadoras, destacando en este punto que el señor nombre reservado, habría faltado a la verdad ya que no mantiene la representación jurídica de los niños, dado que estos mantienen curaduría por parte del Programa Mi Abogado, dependiente de Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bio.

Hace presente que en aquella instancia, las respectivas cuidadoras de los niños, le informan al sr. nombre reservado, que ellas no mantenían limitaciones para que la madre se vinculara con sus hijos, sin embargo, previo a esto, se tornaba necesario que doña nombre reservado se adhiriera a un tratamiento de salud mental, dada la sintomatología activa evidenciada a lo largo del proceso, considerando además, la opinión manifiesta de dos de los niños, quienes han rechazado explícitamente la posibilidad de vincularse con su progenitora, lo cual ha sido informado al Tribunal de Letras y Familia de San Carlos en ocasiones anteriores. Hace presente que si bien una de las hijas, presentaba la proyección de establecer un contacto con su progenitora, habría sido la madre, doña nombre reservado, quien se negó a vincularse únicamente con la referida, señalando que concretaría las visitas sólo en caso que pudiese realizarla con los tres hijos.

Expone que con fecha 18 de agosto, se genera un nuevo contacto vía WhatsApp entre una de las cuidadoras y el abogado recurrente, a fin de coordinar una visita con los niños y es bajo este contexto que la dupla psicosocial a cargo del caso y la directora del programa, analizan la situación y acuerdan establecer contacto telefónico con el sr. nombre reservado, con la finalidad de solicitarle una reunión previa al encuentro que pretendía tener con los tres niños, a fin de que pudiera tener algunas consideraciones necesarias al momento de entrevistarse con los niños- Respecto a este contacto telefónico, la recurrida indica, que el abogado muestra escasa disposición al dialogo, detallando en su escrito la conversación propiamente tal.

Destaca que en dicha conversación se llama al adulto a priorizar la estabilidad de los niños, manifestando disposición de poder concretar una reunión previa a su encuentro con los niños, se le informa en el mismo acto, que no se cuenta con disponibilidad horaria para atenderle el mismo día en que se desarrolló el contacto, considerando que se mantienen agendadas entrevistas y otras gestiones durante el día.

Hace presente, que en ningún momento se hizo mención al abogado de la existencia de una medida de prohibición de acercamiento en su contra hacia los niños, como él interpreta, sino más bien, el fin del contacto telefónico con él, fue siempre poder coordinar con tiempo el contacto que pretendía tener con los niños, a fin de evitar la revictimización de estos, indica que se concluye el contacto telefónico atendida la actitud agresiva mostrada por el abogado para con la Directora del servicio.

Señala, en relación a lo expuesto por el letrado, en cuanto los niños estarían siendo víctimas de vulneraciones sexuales y físicas, que esta sospecha proviene de la madre, quien realiza denuncia en Fiscalía de San Carlos con fecha 25 de enero de 2022, por lo cual dicha institución solicita al Tribunal de Letras y Familia de San Carlos remitir copia de la causa proteccional de los niños, con fecha 08 de noviembre de 2022, indicando que dentro del proceso de intervención llevado a cabo con los hermanos, se descarta sintomatología e indicadores atribuibles a que hayan sido víctimas de vulneraciones sexuales o percepción de figuras de riesgo de los hermanos, en el entorno familiar de acogida actual, descartado esto, no se continúa indagando en la denuncia, dejando la investigación en manos de las instituciones encargadas de aquello. Agrega, que por el contrario, se evalúa el bienestar de los niños, los cuales evidencian un vínculo estrecho con sus cuidadoras, dando cuenta de un alto sentido de pertenencia en el conglomerado familiar actual.

Concluye destacando que la recurrida y profesionales de intervención se mantienen dentro del margen de lo establecido en la medida proteccional a favor de los niños, al intentar establecer condiciones mínimas para la eventual entrevista de un tercero sin participación jurídica ni vinculación previa con los niños.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para resolver, se debe consignar que, conforme al relato efectuado por el recurrente, el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, dice relación con la negativa por parte de esta a autorizar una entrevista directa del abogado recurrente con los hijos de su representada, conculcando con ello las garantías del recurrente, protegidas en los números 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sin embargo, y sin perjuicio de que la parte recurrida ha negado los hechos planteados por el recurrente, se debe tener presente que dos de los hijos de la recurrente nombre reservado, se encuentran al cuidado personal provisorio de doña nombre reservado, mientras que lo propio ocurre respecto de otro, ostentando su cuidado provisorio doña nombre reservado, todo ello conforme a lo resuelto en Ingreso de Medida de Protección sustanciada ante el Juzgado de Familia de San Carlos, RIT X-213-2018.

7º.- Que, de las alegaciones señaladas, y lo referido en el párrafo anterior, se desprende que la materia o controversia planteada no corresponde ser conocida ni dilucidada mediante la acción de protección, como pretende el recurrente, toda vez que, como se dijo, la situación de los NNA individualizados se encuentran sujeta al conocimiento del Juzgado de Familia de San Carlos, ante quien la madre, por medio de su apoderado, deberá hacer las peticiones que estime procedentes, para que dicho Tribunal, y al amparo del procedimiento establecido en la Ley 19.968, resuelva lo que en derecho corresponda.

En el orden de ideas referido en el acápite que antecede, resulta útil consignar que el recurso de protección constituye un mecanismo extraordinario de resguardo de aquellos derechos fundamentales que, siendo pre-existente e indubitados, se vean afectados por alguna acción u omisión ilegal y arbitraria, y por ende, en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que en la especie no concurre.

8°.- Que, finalmente, y a mayor abundamiento, a criterio de esta Corte no se divisa ilegalidad o arbitrariedad alguna en el accionar de la recurrida, toda vez que no se advierte vulneración de alguna garantía constitucional que afecte al recurrente, no siendo posible, en consecuencia, tener por asentadas las circunstancias fácticas sobre las cuales se construyó el presente arbitrio, por lo que la presente acción constitucional deberá de ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por don Jorge Luis Avendaño Polanco, por sí y en representación de doña nombre reservado, contra Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social, Programa Familias de Acogida Especializada FAE- PRO LLEQUEN ÑUBLE, y doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol N° 1255-2023 PROTECCIÓN.-