nombre reservado con nombre reservado

Chillán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, por haber efectuado una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas en descrédito de su persona, siendo las últimas emitidas el 28 de julio pasado, lesionando, perturbando e infringiendo su derecho a la salud, a la honra, a la imagen y a la vida privada, consagrados y protegidos en los números 1, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala ser profesor desde el año 2007, no obstante, ejerce la docencia desde el 10 de septiembre del año 1999, con autorización docente en la Escuela Amanda Chávez Navarrete, ubicada en la ciudad de Quillón, ganando la titularidad por concurso público; que en la actualidad es profesor titular en la referida escuela con 44 horas; que durante toda su trayectoria como docente y profesor ha construido y consolidado una imagen de seriedad, profesionalismo, responsabilidad y sobretodo como persona digna, llena de valores y respetuosa por el prójimo.

Añade que, con el más absoluto desprecio por su persona y por todo el esfuerzo puesto para con sus colegas, jefes, alumnos, apoderados y en general por las personas que tienen una imagen positiva de él, la recurrida comenzó a denostarle, desprestigiarle e imputarle la comisión de un delito grave, específicamente el delito de abuso sexual sin contacto corporal de un menor de 14 años.

Detalla que la recurrida es apoderada de la Escuela en la que se desempeña, siendo madre del menor nombre reservado, de actuales 12 años, quien es alumno de Sexto año Básico B, curso al cual fue asignado como profesor jefe.

Expresa que la denuncia fue efectuada ante el Director de la Escuela, quien la puso en conocimiento del Ministerio Público; que este organismo empezó a investigar de forma inmediata, solicitando la medida de protección a favor del referido menor ante el Tribunal de Familia de Bulnes, en causa RIT P-333-2022, en la cual con fecha 8 de febrero de 2023 se realizó audiencia preparatoria arribándose a una solución colaborativa, decretándose como medida de protección la prohibición de acercamiento al menor, por el plazo de 90 días; que lo anterior motivó que la Municipalidad de Quillón, a fin de no perjudicarlo, lo trasladara a la Escuela Huacamalá con el cargo de Profesor Encargado Subrogante. Con fecha 1 de febrero del año 2023 el Ministerio Público archivó provisionalmente la causa.

Plantea que la recurrida tiene interés infundado de desprestigiarle, pues ha levantado acusaciones falsas en su contra desde el mes de septiembre de 2022; que la última acción tuvo lugar el pasado 28 de julio, cuando la recurrida comunicó vía telefónica en las dependencias del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la ciudad de Quillón, un reclamo por no entender por qué se le había trasladado a otra escuela si era un abusador sexual, que estaba siendo investigado y que no estaba capacitado para trabajar con menores de edad, circunstancia que le fue informada por el Encargado de Convivencia Comunal.

Estima que todas las aseveraciones realizadas por la recurrida constituyen actos arbitrarios, pues no tienen justificación ni fundamento alguno, ya que jamás abusó de su hijo, no existe investigación ni juicio en su contra y mucho menos una condena por el delito que se le atribuye. Por lo tanto, todas las difamaciones de las que ha sido víctima no tienen razón de ser ni asidero en la realidad.

Sostiene que las imputaciones deshonrosas y difamatorias realizadas han perturbado e infringido sus garantías constitucionales, protegidas por el recurso de protección, y amenazan con seguir lesionándolas. Al respecto considera que su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica ha sido vulnerada por las difamaciones, acusaciones, e imputación de un delito grave como es el de abuso sexual de un menor de edad, lo que ha conllevado a que tenga una tremenda carga mental y fatiga psicológica; que no puede dormir, tiene crisis de pánico y estrés, lo cual le ha destruido emocionalmente, ya que a pesar de ser un buen y destacado profesor en la Escuela Amanda Chávez Navarrete, se ha visto perjudicado por las falsas acusaciones realizadas por la señora nombre reservado, todo ello sin justificación alguna. Del mismo modo se ha visto infringida la garantía del derecho a la honra, concretamente su buena fama o reputación de que gozaba en el ambiente social. Considera que las aseveraciones falsas realizadas por la recurrida han vulnerado en forma grave el derecho a la imagen propia que tiene como persona, pues se han hecho acusaciones falsas en su contra, siendo tratado como si fuese un delincuente, sin existir proceso alguno en su contra, ni existir una condena que así lo decrete. Por último, considera afectado su derecho al trabajo, ya que las acusaciones falsas de la recurrida, le hacen sentirse discriminado, estimando que la recurrida busca que quede sin trabajo, no teniendo límite alguno en acudir hasta las dependencias de su empleador a fin de solicitar que se le deje sin trabajo, sin tener causa que lo justifique.

Solicita que, en mérito de lo expuesto y normas citadas, y lo prevenido en el Auto Acordado de la Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por interpuesto en tiempo y forma, recurso de protección en contra de la señora nombre reservado, ya individualizada, admitirlo a tramitación y, en definitiva acogerlo, por haber vulnerado los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 en sus numerales 1, 4 y 16 de la Carta Fundamental, restableciendo en forma oportuna el imperio del derecho y obligando a la recurrida a: 1.- Abstenerse de seguir realizando difamaciones e imputaciones falsas en contra de su persona; 2.- Que pida disculpas públicas; 3.- Todo lo anterior, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa doña nombre reservado, labores de casa, casada, con domicilio en domicilio reservado.

Refiere en su informe que nunca ha difamado ni deshonrado al recurrente, reconociendo que efectivamente se comunicó vía telefónica a las dependencias del Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM de la comuna de Quillón, para consultar sobre el protocolo que se debía realizar frente a la situación que estaba viviendo con su hijo, y fue la Secretaria al parecer quien le respondió y le aclaró sus dudas, sin mencionar al recurrido.

Solicita que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe requerido y en virtud del mérito de los antecedentes, se rechace.

3°.- Que, comparece don nombre reservado, abogado y Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quillón, quien dando respuesta al requerimiento efectuado mediante resolución de fecha 16 de agosto del presente año, adjunta el informe del Encargado de Convivencia Escolar DAEM-Quillón sobre la materia, que en lo pertinente expresa que el pasado 28 de julio, cerca del mediodía, el Departamento de Educación recibió una llamada telefónica a la línea 422207127; que al contestar la funcionaria nombre reservado, la interlocutora se identifica como nombre reservado e indica que deseaba tomar contacto con el Encargado Comunal de Convivencia Escolar, con el objetivo de consultar respecto a la efectividad de la información que manejaba en relación con el docente nombre reservado, en torno a que había sido enviado en calidad de docente encargado de la escuela rural Huacamalá.

Dado que no fue posible derivarla con el funcionario en cuestión, la Sra. nombre reservado le indicó a la funcionaria nombre reservado que no entendía como ese profesor podía estar a cargo de un colegio pues tenía un problema de abuso; que en tal contexto, se le indicó a la Sra. nombre reservado que se haría llegar la información al Encargado Comunal de Convivencia Escolar, frente a lo cual señala que al día siguiente se acercaría a dependencias del Departamento de Educación para dejar un documento.

Añade que el Departamento de Administración de Educación Municipal conoce la situación del docente nombre reservado, específicamente en lo relacionado con lo ordenado por el Tribunal de Familia de Bulnes que, en audiencia de fecha 8 de febrero de 2023, decretó la prohibición de acercamiento al menor nombre reservado, tanto a su domicilio como a su lugar de estudio, por un período máximo de 90 días, todo lo anterior, sin perjuicio de la libertad de trabajo del docente.

Añade que en función de lo anterior y considerando el contexto del momento, el DAEM Quillón determinó destinar al docente nombre reservado a realizar funciones a la Escuela Básica Huacamalá, en reemplazo del docente encargado del establecimiento, esto por licencia de este último, previo acuerdo de las partes, dado el menoscabo que potencialmente podría producir la reubicación temporal del docente en cuestión a un establecimiento rural, distante 10 km de la escuela de origen y en sector rural, haciendo presente que actualmente la situación se mantiene y se podría prolongar hasta fin del presente año escolar.

Por último, señala que a la fecha no existe información referente a un nuevo contacto de la Sra. nombre reservado, así como tampoco conocimiento respecto de la existencia de algún documento ingresado a oficina de partes por parte de la apoderada.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, el recurrente funda su acción constitucional, en síntesis, en el hecho que la recurrida habría efectuado imputaciones deshonrosas y difamatorias en su contra, consistentes en denuncia por abuso sexual en contra de su hijo; en haber tomado contacto telefónico con el Departamento de Administración de Educación Municipal de Quillón, haber solicitado hablar con el Encargado de Convivencia Escolar Comunal y reclamado por no entender por qué se le habría trasladado a otra escuela si era un abusador sexual.

8°.- Que, de los antecedentes acompañados por los intervinientes, no se avizora acto de carácter arbitrario o ilegal alguno de parte de la recurrida, pues la denuncia interpuesta ante el Director del establecimiento educacional, respecto del presunto delito que habría sido víctima su hijo, es una actuación amparada por el ordenamiento jurídico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Procesal Penal, máxime, si la presunta víctima es el hijo menor de edad de la recurrida.

Tal actuación por lo demás dio inicio a una investigación en que se adoptó una decisión, por el ente encargado de la persecución penal, en el ámbito de su competencia y conforme a la normativa que regula la materia.

Del mismo modo, la denuncia efectuada por la recurrida determinó la intervención del Tribunal de Familia competente, que resolvió también conforme al mérito de los antecedentes.

De esta manera se constata que la recurrida usó las vías institucionales correspondientes, cuestión que se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico vigente y por tanto impide calificar de ilegal o arbitraria su actuación.

9°.- Que, asimismo, se encuentra acreditado que la recurrida, con posterioridad al primero de los actos en que se funda la presente acción constitucional, se puso en contacto con el Departamento de Administración de Educación Municipal, para consultar al encargado de convivencia escolar, acerca de la situación de traslado a otro establecimiento educacional del recurrente, sin que después se haya vuelto a comunicar con dicha institución.

En relación a dicho episodio, aquel no constituye un acto arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, pues se trata únicamente de una legítima consulta efectuada por una apoderada ante la entidad encargada de la administración del colegio al que asiste su hijo.

En consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de actos ilegales o arbitrarios que constituyan una amenaza o perturbación a los derechos invocados por el recurrente, necesariamente el presente recurso no puede prosperar.

11°.- Que lo anterior es sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercer el recurrente si estima que las actuaciones de la recurrida son constitutivas de delito, cuestión que excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, pues esta acción cautelar de urgencia no es la vía idónea para perseguir dicha responsabilidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado contra de doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Érica Pezoa Gallegos.

Rol N° 1248-2023 PROTECCIÓN.