nombre reservado con CHARLES TAYLER CHILE S.A

Chillán, veintisiete de septiembre dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Yamir Rivera Malverde, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección contra Charles Taylor Chile S.A.

Plantea en primer lugar, un análisis de los requisitos relativos a la admisibilidad de la acción de protección, su plazo de interposición, su motivación, idoneidad y la existencia de un derecho indubitado.

Respecto de los hechos, indica que con fecha 10 de agosto, el recurrido y liquidador en procedimiento de liquidación N° 223060863, procedió a emitir y notificar al recurrente vía correo electrónico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.S. N°1055, un pre informe de liquidación, informando problemas y diferencias con al asegurado sobre la avaluación del siniestro, frente a lo cual de conformidad al derecho concedido para evacuar sus observaciones, dentro del plazo legal a su favor, el recurrido (sic) se dispuso a ello, sin embargo, el liquidador procedió a emitir el Informe Final de Liquidación con fecha 10 de agosto del presente año, encontrándose este plazo pendiente.

En cuanto al derecho, señala que el inciso segundo del artículo 24 del D.S. N°1055, indica que el asegurado frente a un preinforme cuenta con dos derechos. El primero, evacuar observaciones de manera previa a la emisión del informe final de liquidación, y segundo, contar con un plazo de 5 días contados desde que se ponga en su conocimiento. Añade que, el legislador en el artículo 61 del DFL N°251 deriva al Reglamento, la regulación del procedimiento de liquidación de siniestro. En este caso el DS N°1055 consagra derechos a los asegurados frente a los liquidadores. Así, se ha dispuesto que de manera previa a la emisión al informe final de liquidación, y para el caso que- como aquí ocurre- el liquidador emita previamente un preinforme de liquidación, el definitivo no puede emitirse sin tener previamente en cuenta las observaciones del asegurado, para lo cual se ha configurado, tanto, un derecho como plazo en la ley.

Esgrime el compareciente, que siendo el liquidador una función pública constituida y reglada por la ley, éste no puede disponer de sus obligaciones como mejor le plazca, derogando en los hechos y dentro de los procedimientos de liquidación, los derechos del recurrente que tan claramente el legislador tuvo el cuidado de resguardar. Sostiene que lo anterior constituye una infracción a la igualdad ante ley, ya que en el ejercicio de la función pública creada y reglada por ley, los liquidadores han dispensado al recurrente un trato eminentemente diferente que aquel previsto por el legislador, lo que constituye una efectiva infracción a la garantía del N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Igualmente se infringe el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, el cual se entiende integrado por una serie de principios, como lo es la bilateralidad de la audiencia, conculcada en el caso concreto con el actuar del liquidador quien avasalla los derechos y plazos previstos en la ley, concedidos por el legislador al asegurado para controvertir en la etapa respectiva.

Finaliza solicitando a esta Corte, se declare Ilegal y arbitrario el actuar del recurrido, obligándole a dejar sin efecto la liquidación de fecha 10 de agosto del presente año, que incide en el proceso de liquidación del siniestro 223060863, retrotrayendo el procedimiento al estado de evacuar el recurrente las observaciones al pre informe de liquidación dentro del plazo legal, con costas.

2°.- Que, al informar la abogada Bárbara Perot Quevedo, por la recurrida CHARLES TAYLOR CHILE. S.A., asevera que en relación al siniestro de marras no se emitió ningún “preinforme de liquidación, informando problemas y diferencias con el asegurado sobre la avaluación del siniestro”, ya que, lo enviado al recurrente corresponde a un “resumen de los cálculos efectuados en orden a la indemnización de las pérdidas”.

Explica que en la especie no procede la emisión de preinforme alguno, ya que de acuerdo al artículo 24 del DS 1055, la facultad del liquidador de emitirlo está restringida a aquellos casos en que “surgieren problemas y diferencias de criterios acerca de sus causas, evaluación de los riesgos o extensión de la cobertura”, situaciones que no ocurren en este siniestro. De ahí que la presentación del recurrente carece de todo fundamento fáctico, razón más que suficiente para considerar el rechazo del recurso y la condena en costas por total falta de oportunidad, motivación e idoneidad.

A continuación, hace presente que los liquidadores de seguros no son órganos jurisdiccionales ni ejercen funciones públicas, sino que tienen la calidad jurídica de Auxiliares del Comercio de los Seguros y su actuar está regido por el Decreto Supremo N° 1055 del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento de los Auxiliares del Comercio de los Seguros y el Procedimiento de Liquidación de Siniestros, reflejándose su labor en el Informe de Liquidación, el cual puede ser impugnado, quedando concluidas las gestiones del liquidador una vez resuelta la impugnación o transcurridos íntegramente los plazos sin que se haya producido.

Manifiesta que el siniestro que motiva este recurso corresponde a una denuncia de daños por sismo (sic) y el asegurado encargó a una empresa de asesorías, Asesores FLC, su representación en el procedimiento de liquidación. Precisa que se envió al recurrente una carta de ajuste en que se detalla el monto de las pérdidas determinadas, no un preinforme, que es la comunicación reglada en sus causas y efectos conforme al citado artículo 24. En tal contexto, la empresa por su experiencia en representación de asegurados, conoce tal distinción, de ahí que, el DS 1055 no prevé obligación alguna del liquidador de poner en conocimiento del asegurado su cuadro de ajuste en forma previa a la emisión del Informe de Liquidación, ya que su derecho a oponerse a sus conclusiones se encuentra resguardado legalmente por la posibilidad que le otorga el mismo Reglamento para impugnar el Informe de Liquidación, después que éste es emitido. Enfatiza que el envío de la carta de ajuste es un estándar interno que nombre reservado aplica en beneficio exclusivo del asegurado para posteriormente emitir el Informe de Liquidación, el que no fue impugnado, encontrándose el procedimiento de liquidación y las gestiones de su parte legalmente concluidas.

Luego, se detiene en el análisis del artículo 24 del D.S. 1055, transcribiéndolo y señalando respecto al preinforme de liquidación, que es una facultad del liquidador emitir o no este preinforme, toda vez que en ella se usa la expresión “podrá”, y se emite cuando existen problemas y diferencias de criterios relativos a tres causales taxativamente establecidas, ninguna de las cuales concurre en este caso. Explica que las causas del siniestro corresponden a un sismo (sic), tampoco está en controversia la evaluación de riesgos ya que se trata de un seguro hipotecario, encontrándose claramente identificada la vivienda asegurada, y respecto a la extensión de la cobertura, tampoco amerita preinforme alguno, pues el siniestro reclamado es sismo (sic) y la póliza cuenta con cobertura de sismo.

En lo que atañe a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, señala que es del todo errado citarlas en relación a las actuaciones del liquidador, ya que, los liquidadores de seguros no son órganos jurisdiccionales, por lo que no tienen autoridad alguna sobre el asegurado. Añade que el recurrente durante el procedimiento de liquidación ha sido tratado sin diferencias arbitrarias, cumpliendo la regulación prevista en el DS 1055, de ahí que el recurrente intenta configurar una supuesta infracción a estas garantías en base a un hecho que no ocurrió, y además, afirma que los liquidadores ejercen una “función pública”, lo cual constituye un desconocimiento grueso del giro exclusivo al que están destinados según la legislación de seguros y de la naturaleza jurídica de su actividad y del Informe de Liquidación que emiten para cada caso. Expresa que, su tarea como liquidadores es emitir una recomendación técnica a la Compañía de Seguros, siendo el informe un documento no vinculante ni para el asegurado ni el asegurador, el cual puede ser impugnado por las partes si así lo estiman pertinente. Sea cual sea la definición del Informe de Liquidación, la decisión final de pago la adoptan los aseguradores y en caso que el asegurado tenga cualquier tipo de dificultad con la Compañía de Seguros, tiene a su resguardo el derecho a iniciar acciones judiciales en su contra, tal como lo establece en amplios términos el artículo 543 del Código de Comercio, modificado por la Ley 20.667.

Finaliza, solicitando desestimar el recurso de protección, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para contextualizar la situación de marras, debe consignarse que de los antecedentes allegados por las partes, aparece que habiendo suscrito el actor nombre reservado un crédito hipotecario con el Banco Santander Chile, fue incorporado al seguro colectivo de Zurich Santander Seguros Generales Chile S.A., contratado por la mencionada entidad bancaria. La póliza corresponde a la N° 5000000326 y figura asociada a la operación crediticia N°500011055063, referida al inmueble ubicado en domicilio reservado. La vigencia de la póliza va desde las 00:01 hrs. del 01 de diciembre de 2022 hasta las 24:00 hrs. del 30 de noviembre de 2024.

Con fecha 24 de julio de 2023, el actor denunció como siniestro “filtración por causa de viento”, hecho acaecido el 24 de junio de 2023, reclamando una pérdida de ascendente a 1.744,86 UF. La empresa aseguradora le asignó a dicha denuncia el N° 223060863 y con fecha 25 de julio de 2023 nombró a Charles Taylor Chile S.A., como liquidadores externos para efectuar el procedimiento de liquidación, entidad que el 03/08/2023 realizó la visita al inmueble asegurado.

Posteriormente, el 10 de agosto de 2023, don nombre reservado por la empresa Charles Taylor Chile S.A., envió a las 17:45 horas, via correo electrónico a los asesores del señor nombre reservado (asegurado) la siguiente comunicación: “Mediante la presente, informamos a Ud., que hemos finalizado nuestro proceso de análisis derivada de la información proporcionada referente al siniestro que le afectó el día 24/06/2023. El resultado de nuestro trabajo nos permite determinar que la pérdida indemnizable alcanza a la suma de U.F. 73,56, según planilla que se incluye. En consecuencia, corresponde emitir nuestro Informe Final de Liquidación, que será despachado a Ud. y la Compañía Aseguradora recomendando la indemnización de la suma ya señalada, suma que será efectiva si la Compañía Aseguradora aprueba el Informe Final de Liquidación. En caso la pérdida indemnizable sufra alguna modificación, se le informará oportunamente. Sin otro particular, les saluda muy atentamente”. A esta comunicación adjunta un cuadro de ajuste.

Con fecha 10 de agosto de 2023, a las 22:03 horas, don nombre reservado, Liquidador de Siniestros nombre reservado SA, envió via correo electrónico a los asesores del señor nombre reservado, Informe de Liquidación en relación al siniestro Nº 223060863. En el correo se indica expresamente lo siguiente: “Las partes tienen un plazo de 10 días para impugnar el informe. Pasado ese período, la compañía emitirá los pagos respectivos en el plazo de 6 días. Si desea mayor información puede contactarse con el Banco Santander al teléfono teléfono reservado y desde celulares al número 2 2320 3000”.

7°.- Que, para resolver el asunto planteado por el recurrente, debe consignarse que el Decreto Supremo N°1055, del Ministerio de Hacienda que Aprueba Nuevo Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros y Procedimiento de Liquidación de Siniestros, en su Título III, regula la actuación de los liquidadores de seguro, señalando el artículo 12 que son aquellas personas naturales o jurídicas que pueden ser contratadas por una compañía de seguros para investigar la ocurrencia de los siniestros y sus circunstancias y determinar si éstos se encuentran o no amparados por la póliza y el monto de la indemnización que corresponda pagar al asegurado o beneficiario, en su caso.

La misma norma, en el artículo 13 detalla las obligaciones de los liquidadores de seguro, entre las cuales se encuentran, investigar las circunstancias del siniestro, con el objeto de determinar si el riesgo asegurado goza de la cobertura contratada en la póliza; determinar el verdadero valor del objeto asegurado a la época del siniestro, el monto de los perjuicios y la suma que corresponde indemnizar, debiendo informar fundadamente al asegurado y al asegurador la procedencia o rechazo de la indemnización; proponer a las partes las medidas urgentes que se deben adoptar para evitar que se aumenten los daños y salvar sus restos, cuando corresponda, sin perjuicio de las obligaciones del asegurado; informar a las partes sobre la posibilidad de perseguir la responsabilidad de terceros, para proceder a los recuperos por los perjuicios sufridos a consecuencia del siniestro; disponer de mecanismos adecuados que permitan al asegurado o sus beneficiarios consultar el estado de avance de las liquidaciones.

La norma agrega que, emitido el informe respectivo, el asegurado y la compañía cuando no se trate de liquidación directa, tendrá derecho al conocimiento de los antecedentes de la liquidación del siniestro.

8°.- Que, por otra parte, el Título IV del cuerpo legal citado regula la denuncia y el procedimiento de liquidación de siniestro.

En lo que atañe al asunto en debate, el artículo 19 prescribe que una vez denunciado un siniestro y cuantificada la pérdida, la compañía de seguros dispondrá el pago de la indemnización en los términos convenidos en la póliza respectiva y, en caso de requerirse mayores antecedentes sobre su procedencia y monto, dispondrá su liquidación, procedimiento que tiene por objeto establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si aquel está cubierto en la póliza contratada en una compañía de seguros determinada, y cuantificar el monto de la pérdida y de la indemnización a pagar, todo ello de conformidad al procedimiento que establece el mismo Reglamento.

En tal contexto, de conformidad al artículo 23 del citado Decreto Supremo, debe emitirse dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos contados desde la fecha del denuncio del siniestro, a excepción de los casos que la misma norma señala, debiendo remitirse al asegurado y simultáneamente al asegurador, cuando corresponda, según establece el artículo 25, debiendo contener la información señalada en el artículo 28.

9°.- Que, la impugnación del informe de liquidación, está expresamente regulada en al artículo 26 del Decreto Supremo N°1055, en los siguientes términos: “Recibido el informe de un liquidador registrado, la compañía de seguros y el asegurado dispondrán de un plazo de 10 días para impugnarlo. En caso que la liquidación sea practicada directamente por el asegurador, sólo el asegurado estará facultado para impugnar el informe de liquidación, dentro del plazo mencionado anteriormente. En el caso que la liquidación directa por el asegurador determine la procedencia del pago de la indemnización y su monto en el respectivo informe de liquidación, la compañía de seguros deberá proceder a su pago en el plazo de 6 días. Impugnado el informe de liquidación, el liquidador o la compañía aseguradora, en su caso, deberá dar respuesta a dicha impugnación dentro del plazo de seis días contado desde su recepción. La respuesta del liquidador a las impugnaciones efectuadas se remitirá al asegurado y asegurador, en forma simultánea. Tratándose de los seguros a que se refiere el inciso segundo del artículo 542 del Código de Comercio, el plazo para impugnar la liquidación será de 20 días, mientras que el de respuesta a la impugnación será de 12 días.”

10°.- Que, en relación a la alegación de la parte recurrente, el artículo 24 de la norma en comento, prevé que previo al emisión del Informe de Liquidación, y en caso que durante el proceso de liquidación surgieren problemas y diferencias de criterios acerca de sus causas, evaluación de los riesgos o extensión de la cobertura, el liquidador está facultado para emitir un preinforme de liquidación sobre la cobertura del siniestro y el monto de los daños producidos, el que pondrá simultáneamente en conocimiento de los interesados y respecto del cual el asegurado o la compañía aseguradora dentro del plazo de 5 días pueden hacer observaciones por escrito.

11°.- Que, del examen de los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte, y de lo razonado y concluido en las motivaciones precedentes, se puede vislumbrar, en primer lugar, que la acción constitucional de protección incoada por la parte recurrente no es la vía idónea para el conocimiento de materias relacionadas con las actuaciones del liquidador en el marco del procedimiento establecido en la ley, existiendo medios de impugnación que el interesado puede hacer valer dentro de los plazos legales.

12°.- Que, además, no existen antecedentes suficientes para sostener seriamente la existencia de una conducta arbitraria o ilegal de la recurrida, desde que, conforme a lo razonado y hechos detallados en el basamento 6° precedente, aparece que la empresa Charles Taylor Chile S.A, en cuanto liquidador externo del siniestro N° 223060863, se ha sujetado a las normas del procedimiento establecidas en el ordenamiento jurídico que rige la materia, sin que exista mérito para imputarle vulneración de las garantías invocadas por el recurrente.

13°.- Que, sin perjuicio de todo lo anterior, se debe tener presente que el actor en tanto cliente deudor de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Santander Chile, se encuentra ligado a la empresa Zurich Santander Seguros generales Chile S.A., ello en el marco de un contrato de seguro, N° de Póliza 5000000326, de manera que cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado y el asegurador en relación al monto de la indemnización reclamada, cuya liquidación ha efectuado la recurrida, debe ser resuelta de la manera prevista en el artículo 543 del Código de Comercio, cuestión que refuerza lo inidóneo de la acción de protección para conocer y remediar la cuestión planteada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Yamir Rivera Malverde, en favor de nombre reservado, en contra de Charles Taylor Chile S.A.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Paulina Gallardo García.

Rol N° 1246-2023.-Protección.- 8