nombre reservado con nombre reservado

Chillán, quince de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1° Que comparece nombre reservado, empleado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de doña Milena Andrea Aedo Zapata, Jueza del Segundo Juzgado Civil de Chillán, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de don Gastón Arnoldo Gajardo Beltrán, Conservador de Bienes Raíces Suplente de Chillán, con domicilio en domicilio reservado su recurso en que con fecha 15 de diciembre de 2022 interpuso ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, demanda ejecutiva laboral en contra de la sociedad Inversiones Palma SpA, autos conocidos bajo el RIT J-55-2022. Agrega que en la causa indicada se decretó embargo sobre el inmueble inscrito a fojas 11.463 Nº7444 del Registro de Propiedades del año 2018 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, el cual fue inscrito con fecha 7 de febrero de 2023 a fojas 336 vta Nº369 del Registro de Prohibiciones del año 2023.

Indica que, paralelamente a lo anterior, en la causa C-5773-2019 caratulada BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES / INVERSIONES PALMA SpA, seguida ante el 2º Juzgado Civil de Chillán, el mismo inmueble fue subastado con fecha 7 de febrero de 2023, destacando que el referido remate, realizado ante el Tribunal Civil, fue llevado a cabo sin la autorización del Juez de Letras del Trabajo de Chillán como lo exige el artículo 1464 Nº3 del Código Civil.

Continua señalando que con fecha 27 de junio del año en curso, la Jueza del 2º Juzgado Civil de Chillán, doña Milena Andrea Aedo Zapata, autoriza el alzamiento de los gravámenes que afectaban la propiedad, entre ellos, el embargo inscrito a propósito de la tramitación de los autos J-55-2022, indicando que a pesar de que antes del remate de fecha 7 de febrero de 2023 se dio a conocer que la venta forzada adolecería de objeto ilícito si se verificaba sin la autorización antes mencionada, considera que el actuar de la Jueza constituye la primera ilegalidad que priva, perturba y amenaza su derecho de propiedad.

Expone, por otra parte, que el señor Conservador de Bienes Raíces, don Gastón Arnoldo Gajardo Beltrán, recibió un oficio remitido desde el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán para que informara el estado del embargo decretado en los autos J-55-2022, limitándose este, solo a señalar que, dicho gravamen se encontraba alzado conforme a anotación marginal practicada con fecha 25 de julio del año 2023. Agrega en relación a esto, que el recurrido habría actuado al margen de lo establecido en el propio artículo 13 del Reglamento del CBR, debiendo rehusar el alzamiento decretado desde el 2º Juzgado Civil de Chillán, ya que la resolución que lo ordenó adolece de un vicio de ilegalidad que debió ser verificado a fin de evitar una nulidad absoluta que, por lo demás debe ser declarada de oficio en virtud del artículo 1683 del Código Civil.

Agrega en cuanto a los hechos que el 2º Juzgado Civil de Chillán no aceptó su comparecencia como tercero excluyente en los autos Rol C-5773-2019, no permitiéndole ser parte en un proceso en el cual estaría legitimado para actuar.

En cuanto al derecho, considera que a consecuencia de los actos arbitrarios e ilegales procurados en el marco del proceso de la causa rol C-5773-2019 del 2° Juzgado Civil de Chillán se ha vulnerado gravemente su derecho de propiedad, el que en ese caso en particular recae sobre la acreencia como derecho inmaterial que se ejerció sobre la propiedad que la garantizaba.

Concluye solicitando tener por interpuesto el recurso de protección en contra de los recurridos ya individualizados, acogerlo a tramitación y que en definitiva se ordena la inmediata detención del proceso de inscripción del inmueble subastado en infracción al artículo 1464 N°3 del Código Civil, declarando ilegal y arbitrario el alzamiento de embargo ordenado por un tribunal diferente al que lo decretó y sin autorización en conformidad a la ley.

2° Que informa doña Milena Andrea Aedo Zapata, Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Chillán, quien señala que en causa Rol C- 5773-2019, el 10 de diciembre de 2019 Banco Crédito e Inversiones, inició gestión de notificación de desposeimiento en contra de Inversiones Palma SpA. respecto del inmueble gravado con hipoteca a su favor, inscrita a fojas 2550 N° 1204 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Chillán, el cual a la fecha de inicio de la gestión judicial se encontraba inscrito a nombre de Inversiones Palma SpA a fojas 11.463 vuelta N° 7444 del Registro de Propiedad del año 2018, del mismo Conservador, practicada la notificación, la demandada no pagó ni hizo entrega del inmueble.

Agrega que el 4 de septiembre de 2020 Banco de Crédito e Inversiones dedujo demanda ejecutiva en contra de Inversiones Palma SpA. , invocando como título ejecutivo escritura pública de “Compraventa, mutuo e hipoteca” fechada el 24 de mayo de 2017. La ejecutada no dedujo dentro de plazo excepciones a la ejecución.

Señala que el 6 de febrero de 2023 compareció en el cuaderno de apremio don nombre reservado, invocando la calidad de tercero excluyente, para impetrar la suspensión de la subasta decretada para el día 7 del mismo mes, esgrimiendo como fundamento el supuesto embargo trabado sobre la propiedad a rematar ordenado en causa J-55-2022 del Juzgado de Cobranza Laboral de Chillán. Agrega que al no encontrarse debidamente constituido el mandato judicial, por resolución de 7 de febrero se ordenó cumplir tal gestión, lo que se realizó el día 9 del mismo mes a folio 109.

Hace presente que en la referida causa, en el cuaderno de apremio, a folio 102, consta que el 7 de febrero de 2023 se llevó a efecto la subasta del inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrito a nombre de Inversiones Palma SpA. a fojas 11.463 vuelta N° 7444 del Registro de Propiedad del año 2018, del Conservador de Bienes Raíces de Chillán.

Indica que a folio 113 el 10 de febrero de 2023, se desestimó la intervención de don nombre reservado en los autos C- 77 -201, resolución que no fue objeto de recurso alguno.

Continua, señalando que por resolución de 16 de febrero de 2023, se ordenó extender escritura pública de adjudicación en favor de la persona que subastó el inmueble, respecto de la cual a folio 127 se certificó su ejecutoria. Posteriormente el 19 de junio de 2023, a folio 166, el adjudicatario solicitó el alzamiento de los gravámenes consistentes en hipoteca, prohibición y embargos, que pesaban sobre el inmueble objeto de subasta, a lo que se dio lugar parcialmente por resolución de 20 del mismo mes, con citación de la contraria.

Luego indica que el 27 de junio de 2023, el adjudicatario aclara los datos de inscripción de los embargos trabados respecto de la propiedad en causas seguidas ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, roles J-31-2022 y J-55-2022, dándose lugar al alzamiento de dichos gravámenes por resolución de la misma fecha, con citación.

Agrega que a folio 171, el 29 de junio de 2023, don nombre reservado, abogado de la ejecutada, se opuso al alzamiento del embargo decretado en causa J-55-2022 antes referida, sosteniendo que a su respecto no consta en la causa autorización del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional para proceder a la subasta, por lo que ésta adolecería de objeto ilícito. Por resolución de folio 172, de 30 de junio, la oposición fue rechazada, expresando, entre otros motivos, que a la época en que se efectúo la subasta no constaba en la causa la traba del embargo en cuestión. En contra de dicha resolución se dedujo reposición y apelación subsidiaria; el recurso de reposición fue rechazado y se concedió la apelación, remitiéndose la causa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones el 19 de julio de 2023. Señala que con fecha 2 de agosto de 2023, don nombre reservado pide comparecer en calidad de tercero excluyente, impetrando incidencia de nulidad fundado en iguales argumentos a los previamente señalados, peticiones que fueron desestimadas por resolución de 14 de agosto de 2023.

Hace presente que es efectivo lo expuesto por el recurrente, en cuanto a que en causa Rol C-5773-2019 seguida ante el Segundo Juzgado Civil der Chillán no se solicitó autorización al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Chillán, para subastar el inmueble inscrito a nombre de Inversiones Palma SpA, sobre el cual por orden del referido Tribunal se trabó embargo en causa Rol J-55-2022. En presentación de 6 de febrero de 2023, el señor nombre reservado acompañó copia de demanda ejecutiva que dio origen a la causa J-55-2022, de la resolución recaída en ella y del mandamiento de ejecución y embargo, no así algún instrumento que acreditara la traba de embargo, el cual según copia de inscripción presentada con posterioridad (10 de febrero de 2023) coincidentemente se inscribió el mismo día en que se efectúo la subasta, por lo cual mal pudo diligenciarse la autorización del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.

Sin perjuicio de lo expuesto, agrega que no se advierte como el alzamiento de un embargo afecta el derecho de propiedad del recurrente, desde que la señala medida únicamente tiene por objeto asegurar los fines de la ejecución, pero no confiere derecho alguno sobre el bien sobre el cual recae. El embargo es una medida cautelar que no otorga derechos inmediatos al ejecutante de una obligación dineraria, sobre el bien respecto del cual se concreta.

Concluye señalando que, en modo alguno se ha afectado el derecho del recurrente de perseguir el pago de su crédito, desde que lo resuelto en causa C-5773-2019 no se relaciona en forma directa con la obligación cuyo cobro se persigue en causa Rol J-55-2022 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Chillán, menos aun si consideramos que el inmueble sobre el cual se trabó embargo se encontraba previamente hipotecado en favor de Banco de Crédito e Inversiones.

3° Que informa, nombre reservado, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Suplente de Chillán, quien indica que con fecha 12 de Julio de 2023, fue notificado por el Receptor Judicial, de las Resoluciones Judiciales libradas en causa Rol C- 5773-2019 del Segundo Juzgado Civil de Chillán "caratulada "Banco de Crédito e Inversiones con Inversiones Palma SpA, pronunciadas por la Juez Titular Sra. Milena Aedo Zapata, en virtud de las cuales se ordena el alzamiento de diversos gravámenes, 5 en total, que afectaban al inmueble inscrito en dominio a fojas 11463 vta. N°7444 en el Registro de Propiedad del año 2018 de este conservador, entre los cuales se contiene el embargo inscrito a fojas 336 vta. N° 369 del año 2023, decretado en causa J-55-2022, lo que se materializó el día 25 de Julio de 2023, conforme anotación marginal.

Señala que por oficio N°4498 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, se le solicitó que informara sobre el estado actual del embargo decretado en causa rol J 55-2022, a lo que se informó con fecha 26 de julio de 2023 mediante oficio N° 579-2023, que el embargo singularizado se encuentra alzado conforme a anotación marginal, practicada con fecha 25.07.2023.

Como conclusión indica que la inscripción de adjudicación producto de remate, fue ingresada bajo la carátula N° 263278, boleta N°109028, asignándosele Repertorio N° 6891 de fecha 19.07.2023. Los gravámenes fueron alzados como ya se indicó con fecha 25 de Julio de 2023, y la inscripción de la adjudicación del inmueble subastado, se practicó con fecha 14.08.2023, inscrito ahora a nombre del adjudicatario sociedad Inmobiliaria e Inversiones Lopezval Limitada, a fojas 5041 N° 3762 del Registro de Propiedades del año 2023.

En cuanto al derecho indica que el Conservador de Bienes Raíces no ha privado, perturbado o amenazado el ejercicio de garantías individuales comprendidas en el artículo 19 N°24 y artículo 20 de la Constitución. Señala que en la especie falta el requisito básico para el planteamiento y acogimiento de una acción cautelar como la de autos, esto es, la existencia de un acto arbitrario o ilegal, destacando que se ha actuado dentro de la esfera de su competencia y no ha cometido una arbitrariedad ni ilegalidad dado que la actuación impugnada obedece estrictamente al cumplimiento de una orden emanada de una resolución judicial firme y ejecutoriada que le fuera notificada por Receptor Judicial para su cumplimiento, y además no ha cometido ilegalidad alguna por cuanto el alzamiento o cancelación de los gravámenes y la inscripción de las transferencias del dominio, son actuaciones autorizadas por la ley y dentro de su competencia.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso de protección.

4º Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º Que, ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, para resolver la presente acción, cabe destacar que el recurrente principalmente solicita se acoja el recurso de protección por cuanto estima que es ilegal y arbitrario el alzamiento del embargo de un inmueble ordenado por un tribunal diferente al que lo decretó y sin autorización en conformidad a la ley, por cuanto con ese actuar se ha infringido el artículo 1464 N°3 del Código Civil, y por lo tanto, según el recurrente, habría objeto ilícito.

Sin embargo es precisamente esta argumentación la que hace totalmente inviable la presente acción constitucional, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte, detenga, paralice o deje sin efecto un proceso judicial e inscripción conservatoria, fundado en la supuesta infracción al artículo 1464 N°3 del Código Civil, lo que implica una declaración judicial de objeto ilícito en la enajenación, o bien que se deduzca tal declaración del acogimiento del recurso, lo que jurídicamente significaría declarar la nulidad absoluta del remate, cuestión que evidentemente sólo puede ser establecido en un juicio declarativo civil de nulidad, totalmente ajeno a este recurso, y que excede con creces a lo que puede establecerse por medio de este arbitrio constitucional.

8°.- Que, de lo dicho, la materia que plantea el recurrente en su recurso es una cuestión de lato conocimiento que debe ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, lo que también afecta el carácter de indubitado del derecho fundamental que se pretende proteger, por cuanto incluso en este escenario se ha discutido si hay o no objeto ilícito en las enajenaciones forzadas (Alessandri R., Somarriva M., y Vodanovic H., Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y General T. II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1998, p. 270 y ss.) de tal manera que es evidente que la presente acción cautelar no es la vía para conocer de esta controversia, sin perjuicio que todas esas alegaciones deberán efectuarse en el juicio declarativo que corresponda.

Por lo demás, tampoco puede ser un derecho indubitado la posible acreencia del recurrente, ya que no consta en estos antecedentes que su acción laboral le haya otorgado un crédito indubitado a su favor y si eventualmente lo tuviera, corresponde que lo haga valer en el patrimonio del ejecutado, respecto del cual el inmueble cuyo remate reclama constituía solo una mera expectativa de obtener la satisfacción de su crédito, considerando que también había un acreedor preferente respecto de ese inmueble, todo ello sin perjuicio de ser discutible que exista un derecho de propiedad sobre un crédito eventual y sobre una expectativa de haberlo satisfecho con un inmueble respecto del cual otro acreedor gozaba también del mencionado crédito preferente según se ha dicho.

9°.- Finalmente, y a mayor abundamiento, la acción aparece como extemporánea, si se considera que el recurrente ha planteado similar argumentación al comparecer en la causa C-5773-2019 del Segundo Juzgado Civil de Chillán, a partir del 7 de febrero del presente año, siendo con fecha 10 de febrero de 2023 desestimada su intervención en el juicio, resolución que no fue objeto de recurso alguno según informa la jueza recurrida. Además, tampoco reclamó en contra de los alzamientos efectuados el 27 de junio, compareciendo recién el 2 de agosto de 2023, en calidad de tercero excluyente ante esta I. Corte, impetrando incidencia de nulidad fundado en iguales argumentos a los previamente señalados, peticiones que fueron desestimadas en todo caso por resolución de 14 de agosto de 2023, según también se relata en el informe, lo que implica además de la referida extemporaneidad, que sus planteamos fueron conocidos y resueltos en sede jurisdiccional, siendo excepcionalísima la interposición de un recurso de protección en contra de resoluciones judiciales las que en todo no aparece revestidas de arbitrariedad sin perjuicio del derecho del afectado de reclamarlas por las mismas vías jurisdiccionales.

Lo anterior también es válido para la interposición del recurso en contra del Conservador de Bienes Raíces, quien solo se ha remitido a inscribir un alzamiento que le ha sido ordenado, siendo el acto impugnable a partir del cual se cuenta el plazo, el referido alzamiento decretado judicialmente y no su inscripción.

10°.- Que, según lo señalado precedentemente, al ser lo planteado por el recurrente, una cuestión de fondo o de lato conocimiento que debiera ser conocido en un juicio declarativo y no por la presente vía, no constituyendo tampoco su acreencia un derecho indubitado objeto de protección constitucional, y existiendo actuaciones del recurrente que implicaron conocimiento del acto que pretende ahora impugnar con mucha antelación al plazo de interposición del recurso, la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de doña Milena Andrea Aedo Zapata, Jueza del Segundo Juzgado Civil de Chillán, y en contra de don Gastón Arnoldo Gajardo Beltrán, Conservador de Bienes Raíces Suplente de Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

No firma su redactor, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N° 1243-2023 PROTECCIÓN.