nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

17 Chillán, seis de octubre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don David Araya Quintana, domicilio en domicilio reservado, quien en representación convencional de doña nombre reservado, empresaria, domiciliada en domicilio reservado, viene en interponer acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado para estos efectos por su Director Regional de Chillán don nombre reservado, funcionario público, o por quien lo subrogue legalmente, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra d la Tesorería General de la República, representada para estos efectos por su Director Regional de Ñuble, don Juan Paulo Lara González, funcionario público, o quien lo subrogue legalmente, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la negativa a acoger a convenio de pago de impuestos por parte de la Tesorería General de la República, la que se funda en la existencia de una “anotación” ilegal y arbitraria del Servicio de Impuestos Internos respecto de su representada, quien es una micro - empresaria dedicada a la compra y vende de chatarra en la comuna de Chillán y Chillán Viejo.

Añade que producto de la pandemia de COVID-19, los resultados de su negocio no estuvieron según lo que se esperaba, por lo que como muchos pequeños empresarios ha contraído algunas deudas e incurrido en ciertas y determinadas morosidades, a lo que se suma el hecho de que su local o centro de operaciones y acopio fue expropiado, con ocasión de las mejoras de calle Huambalí de esta comuna.

Plantea que el pasado 22 de junio fue notificada de una cobranza de Tesorería General de la República, folio 2444912, por una deuda de $8.893.380 pero que con sus reajustes, intereses y multas al 1 de agosto, ascendía a la suma de $14.586.211, habiéndosele trabado embargo sobre el automóvil SW Mitsubishi Montero Sport G2 año 2009 patente BVPW35 y sobre fondos de su cuenta corriente del Banco Santander, por la suma de $ 2.802.000.

Además, agrega que, figura otra deuda de impuestos, folio 349507222, ante la Tesorería General de la República, por una deuda de $ 40.455.871 que con su reajuste, intereses y multas asciende a la suma de $ 55.884.122 al 1 de agosto.

Expresa que con la intención de pagar, su representada durante los últimos días de junio concurrió a la Tesorería, para acogerse a un convenio de pago por las deudas fiscales que sostenía, y ser beneficiada con la condonación total o parcial de intereses y multas, sin embargo, la Dirección Regional de Ñuble se negó, por encontrarse “bloqueada”, como consecuencia de la anotación número 4103 que el Servicio de Impuestos Internos tiene en contra su representada desde hace casi un año.

Por lo anterior, señala que con fecha 29 de junio, solicitó al SII el alzamiento de la “anotación 4103”, solicitud que fue rechazada por Resolución Exenta N° 77323121657 del Director Regional de Chillán de dicho Servicio, de fecha 12 de julio de 2023, cuyo texto transcribe. Expresa que la aludida anotación es en definitiva una medida administrativa, sin rango legal, para dejar “fichados” a los contribuyentes respecto de los cuales se tiene una suerte de presunción de comisión de algún delito. Es decir, es una medida administrativa que denota cierta presunción de responsabilidad penal.

Afirma asimismo, que la Resolución Exenta N° 77323121657 señala que en un proceso de fiscalización a su representada, la fiscalizadora habría detectado incumplimientos y habría emitido informe N°5 de fecha 6 de septiembre de 2022, y en virtud de dicho informe se habría levantado un acta N°7 de 30 de septiembre de 2022 que a su vez habría originado la “anotación 4103” que sería de fecha 5 de octubre de 2022, lo que demuestra que ha transcurrido casi un año desde la data del informe de la fiscalizadora que habría originado la “anotación 4103”, ello no obstante que su representada ya, con fecha 25 de mayo de 2022, habría hecho entrega de toda su contabilidad al SII.

Insiste en sostener que, a la fecha, se mantiene la “anotación 4103” sin variaciones, porque según manifiesta el SII, todavía estaría abierto el proceso de Recopilación de Antecedentes (pese a que su representada los acompañó en mayo del 2022). La anotación y su mantención, implican una verdadera sanción, genera consecuencias perjudiciales a su representada porque no puede acogerse a convenios de pago con Tesorería para pagar impuestos de otro origen, que son los impuestos de folios 2444912 y 349507222.

Añade que la “anotación 4103” es una medida administrativa, no tiene consagración legal. Aunque la autoridad administrativa señale que tiene su fundamento en el artículo 161 N° 10 del Código Tributario, la verdad es que dicha norma legal nada señala sobre una anotación, sino que solo refiere a que las infracciones que tenga aparejada pena privativa de libertad, no se regirán por el procedimiento sancionatorio que establece dicho artículo.

Asevera que la “anotación 4103” es una medida administrativa que supone o presume una suerte de responsabilidad penal, y trae aparejada una sanción, cual es, privar a su representada de acogerse a un convenio de pago con Tesorería General de la República, lo cual contraviene el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por Chile, además de vulnerar el artículo 4 del Código Procesal Penal.

En el plano de las garantías constitucionales plantea que el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, priva y/o perturba y/o amenaza el derecho de igualdad ante la ley, porque la referida “anotación 4103” impide a su representada acogerse al beneficio del convenio de pago, que es de carácter general.

Enfatiza que los hechos alegados ponen a su mandante en circunstancias desventajosas y de discriminación arbitraria por parte del SII, comprometiendo el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ello por cuanto según la Resolución Exenta N° 77323121657 que rechazó el alzamiento de la “anotación 4103”, el SII impone administrativamente dicha anotación en casos de que estime la comisión de algún delito.

Agrega además, que tal anotación no es inofensiva, constituye una verdadera sanción, pues impide ejercer ciertos derechos, como lo es el de acogerse a convenios de pago con Tesorería.

Por otra parte el letrado considera conculcado el derecho de propiedad, ya que la circunstancia de bloqueo para acogerse a convenio de pago, produce a su representada que en definitiva, se le embarguen bienes de su propiedad en las instancias de cobro compulsivo de la deuda Fiscal. Si bien estos bienes son muy inferiores a la deuda, su ejecución puede ser perfectamente evitada en la medida que se le permita a su representada acogerse a convenio.

También señala que se ve afectada la propiedad de su mandante, cuando por no poder pactar la forma de pago según convenio, se acumulan intereses y multas en su contra que son especialmente gravosas en el caso de deudas fiscales.

Solicita que, en mérito de lo expuesto, documentos que acompaña y lo dispuesto en los Nos. 2, 3 y 24 del artículo 19 y 5º, 6º y 7º todos de la Constitución Política de la República, normas del Auto Acordado de Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes, se tenga por interpuesto dentro de plazo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos y en contra de la Tesorería General de la República, ya singularizados, para que acogiéndolo a tramitación se le pida informe a los recurridos y en definitiva se declare:

A.- Que se ordene a los recurridos alzar la “anotación 4103” y se permita a su representada doña nombre reservado, acogerse a convenio de pago de los impuestos de folios 2444912 y 349507222 y demás que estén para cobro; y con las condonaciones de intereses y multas que corresponden.

B.- Si se estimare que el alzamiento de la “anotación 4103” no pudiere ser definitivo, entonces, en subsidio solicita se ordene levantar provisionalmente dicha anotación por un plazo no inferior a 30 días o el plazo prudente que se determine; para que en dicha ventana de tiempo su representada pueda acogerse a convenio de pago con las condonaciones de intereses y multas que corresponden.

C.- En subsidio, si no se accediere a lo solicitado precedentemente, solicita se ordene a la Tesorería General de la República desbloquear a su representada y permitirle acogerse a convenio de pago con las condonaciones de intereses y multas que corresponden.

D.- Que se disponga y ordene todas las medidas y providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegure la debida protección de las garantías constitucionales que han sido perturbadas y privadas.

E.- Con costas del recurso.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, al informar don nombre reservado, Director Regional de la XX Dirección Regional Chillán, del Servicio de Impuestos Internos, solicitó el rechazo de la acción constitucional, fundado en que según el Sistema Integrado de Información al Contribuyente (SICT), la recurrente registra iniciación de actividades con fecha 21 de octubre de 2004, con el giro comercializadora de artículos de ferretería y materiales de construcción, compra y venta de excedentes industriales, con el régimen pro pyme general desde 1 de enero de 2020. Mediante notificación N° 71, efectuada el día 10 de febrero de 2022 se solicitó a la contribuyente, para efectos de la fiscalización de I.V.A. D.L N° 825 de 1974 de los periodos enero 2018 a diciembre 2021, y su incidencia en los años tributarios 2019 a 2021 para la Renta del artículo 1° D.L. 824, aportar determinados antecedentes, los que entregó al Servicio con fecha 25 de mayo de 2022.

Añade que la contribuyente sólo cumplió en parte con el requerimiento del Servicio, toda vez que no aportó documentación que acreditara, todas las compras realizadas, en el periodo auditado. Como consecuencia de esta revisión se detectó que habría efectuado determinadas operaciones – compras de chatarra - respecto de las cuales no dio cumplimiento a su obligación de retener y pagar el Impuesto a las Ventas y Servicios, en su calidad de agente retenedor. Durante el transcurso del proceso de fiscalización, se logró determinar que los incumplimientos del contribuyente generaron diferencias de impuestos, en los periodos correspondientes a diciembre de 2018 y diciembre de 2019, razón por la cual se emitieron las Liquidaciones N° 43 y 44, de fecha 28 de abril de 2023, por un monto neto de $ 143.720.892, por concepto de IVA.

Agrega que en el contexto del proceso de fiscalización, además de las diferencias de impuestos señaladas, se determinó que la contribuyente habría efectuado, presuntas declaraciones de impuesto maliciosamente falsas, razón por la cual, en virtud de lo establecido, se resolvió iniciar un proceso de recopilación de antecedentes, registrándose con fecha 5 de octubre de 2022, la anotación 4103.

Luego expresó que con fecha 29 de junio de 2023 la contribuyente, solicitó el Levantamiento de la Anotación 4103, por medio de la petición administrativa F2117, folio 77323215210, petición a la que se dio respuesta con fecha 12 de julio de 2023, mediante RES. EX. N° 77323121657 - acto que constituye el objeto del presente recurso - en la cual negó lugar a lo solicitado, toda vez que, el proceso administrativo, en virtud del cual se determina la posible existencia de un delito tributario, se encuentra aún en desarrollo.

Anota enseguida que como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6º, de la Constitución Política de la República.

A continuación manifestó que la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala, en su artículo 2º, que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

Entonces, manifiesta que para determinar la competencia y atribuciones del Servicio debe atenderse a lo preceptuado en los artículos 1°, del Código Tributario y 1°, de la Ley Orgánica, del Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, el artículo 6º del Código Tributario, señala que: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”. Dicho lo anterior, establecido el marco legal en que se encuadra el actuar del Servicio, por lo que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad tanto en relación con las anotaciones efectuadas por el Servicio, como en relación con los efectos de las anotaciones señaladas.

Refiere que lo realmente reprochado por la recurrente es el efecto o consecuencia de la anotación 4103, es decir la posibilidad, el impedimento, en este caso, de acogerse a un beneficio para el pago de la deuda. Es menester hacer presente que, para el cumplimiento de sus funciones, la ley ha conferido al Servicio de Impuestos Internos, una serie de facultades, con el fin de garantizar el debido cumplimiento, por parte de los contribuyentes, tanto de la obligación tributaria principal (pago de los tributos), como del cumplimiento de las obligaciones accesorias. De esta forma, y en el ejercicio de su potestad normativa, de acuerdo con las facultades otorgadas por los artículos 6°, letra A), N° 1, del Código Tributario; y 7°, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; el Director, a través de diversos Oficios, ha dispuesto que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, siendo, por tanto, pertinente contar con anotaciones referidas a querellas o denuncias por delitos tributarios y comunes, así como de querellas por delitos comunes, como medio informativo y de resguardo necesario para el adecuado cumplimiento de las tareas de fiscalización que desarrolla, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda.

Agrega que estas anotaciones, en consecuencia, son una clara manifestación del ejercicio de las facultades generales de fiscalización, previamente citadas; unidas a la facultad consagrada en el artículo 2°, del D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación.

Explicita que efectuar una anotación corresponde a ingresar un código en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, aplicación informática del Servicio, cuyo principal objetivo es apoyar las tareas institucionales, permitiendo informar a los funcionarios de este Servicio, sobre la situación específica de existir un comportamiento tributario irregular o que un determinado contribuyente, por ejemplo, se encuentra en un proceso de recopilación de antecedentes.

De otro lado señala que cabe agregar que, el objetivo de estas anotaciones es meramente informativo y de control, y no produce restricciones o exclusiones, en el ciclo de vida del contribuyente. Asimismo, es necesario precisar que, estas anotaciones, no son de carácter permanente y son alzadas una vez que termine la situación que le dio origen, lo que en el caso concreto de la anotación 4103, finalizará una vez que, el Director del Servicio de Impuestos Internos, adopte una decisión respecto de si procede o no, ejercer acción penal, por delito tributario.

Anota enseguida que en el presente caso, el actor confunde conceptos relativos a la acción civil, dirigida a obtener el cobro de impuestos, de la acción penal, relativa a perseguir posibles delitos tributarios, precisando que las Liquidaciones N° 42 y 43, de abril de 2023, corresponden a determinación de diferencias de impuestos, cuya causa se encuentra en el incumplimiento de determinadas obligaciones tributarias, que la ley le ha asignado al contribuyente, tratándose de un asunto de carácter meramente civil.

En cambio, en el proceso de recopilación de antecedentes, lo que se persigue es acopiar determinados datos, con la finalidad de determinar si en el caso concreto, existe o no un posible delito tributario, y por tanto si existe mérito para el ejercicio de la acción penal.

En lo que dice relación con las exclusiones para celebrar convenio de pago y acceder a condonación de intereses, que es la circunstancia que aqueja al contribuyente y que denuncia mediante la presente acción de protección, es del caso señalar, en primer lugar, que la facultad de establecer o suscribir convenios de pago, es una atribución exclusiva de la Tesorería General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 192, del Código Tributario, en tanto que la facultad de acceder a la condonación de intereses puede ser ejercida, tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por el Servicio de Tesorerías. Detalla que el ejercicio de tales facultades se encuentra regulada por las normas contenidas en la Resolución Exenta N°340, de 26.02.2016, de la Tesorería General de la República, publicada el 08.03.2016, que dicta normas sobre condonación para contribuyentes y, la Resolución Exenta N°1691, de 06.11.2015, que aprueba el Protocolo Sobre Política de Condonación entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, vigente a contar desde el 1 de octubre de 2015.

Asimismo, la Circular N°50, de fecha 20.07.2016, del Director del Servicio de Impuestos Internos, regula la Política de Condonación de Intereses y Sanciones Pecuniarias que se impongan por infracciones a las obligaciones tributarias; instrucción que ha sido dictada en ejercicio de la potestad normativa del Director del Servicio, de acuerdo con las facultades otorgadas por los arts. 6 letra A) N° 1 del Código Tributario, y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

Agrega que en la señalada instrucción se ha considerado oportuno y necesario instruir a los Directores Regionales para que apliquen la política de condonación de los intereses penales y sanciones pecuniarias tributarias, estableciendo como exclusiones de la condonación, esto es, que no se otorgara la condonación, a los contribuyentes que se encuentren querellados o hayan sido sancionados por delitos tributarios, hasta el cumplimiento total de su pena o que se encuentren en proceso de recopilación de antecedentes. En efecto, de conformidad con lo establecido en el punto V de la citada Circular, son causas de exclusión, es decir, no se otorgará la condonación a los contribuyentes que se encuentran en alguna de los siguientes presupuestos:

1. Contribuyentes que habiendo cometido infracción tributaria que pueda ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, se determine por el Director enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa respectiva y ejercer el cobro civil de los impuestos (Inciso 3° del Artículo 162 del Código Tributario).

2. Contribuyentes que entraben de cualquier forma la fiscalización del Servicio.

3. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena.

4. Contribuyentes que no hayan comparecido injustificadamente a un segundo requerimiento, según artículo 97 N°21 del Código Tributario.

5. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el artículo 161 N°10 del Código Tributario.

En el mismo sentido, las instrucciones impartidas por Tesorería, contenidas en la Circular Normativa Nº198, en su versión número 9.0, actualizada a 21.11.2019, que comunica política de convenios y condonación permanente del Servicio de Tesorerías para el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos sujetos a cobranza, se señala que no podrá otorgarse condonación, a determinados contribuyentes excluidos por el Servicio de Impuestos Internos.

Conforme a la citada Circular Normativa, el Servicio de Tesorería dispone que no podrá otorgarse condonación a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N°4 a 9. Es importante señalar que las exclusiones N°1 a 3, no producirán efecto alguno, tanto para la suscripción de convenios como para otorgar condonación.

Aduce que en virtud de lo expuesto, es posible concluir que la actuación del Servicio es plenamente ajustada a derecho, toda vez que, la negativa a alzar la anotación 4103, señalada por el recurrente, se encuentra fundada en la normativa legal y administrativa referida. A mayor abundamiento, en el acto recurrido, Resolución Exenta Nº 77323121657, se expresa en forma detallada todas y cada una de las razones en virtud de las cuales, se rechazó la solicitud del contribuyente, como asimismo el fundamento jurídico de dicha decisión.

Asimismo, afirmó que no existe la arbitrariedad alegada por el recurrente, entendida aquélla como la “carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los medios empleados y el fin a obtener, ausencia o inexistencia de los hechos que fundamentan la actuación y omisión recurrida”, o cuando “carece de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sin razón”, toda vez que, la decisión adoptada en este caso se encuentra debidamente fundada.

Expresó por otra parte que no se vislumbra como se le ha vulnerado la igualdad ante la Ley, dado que la anotación que se mantiene vigente y, la facultad para realizarla tiene reconocimiento legal en tanto sean comunicadas y duren mientras subsista la causa que las genera. Expresa que el “acogerse a convenios de pago con Tesoreria”, no es un derecho establecido en favor del contribuyente, pues constituye un beneficio que sólo se otorga de cumplirse los presupuestos establecidos para ello.

Respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, el beneficio de condonación, en su carácter de tal, solo se aplica a aquellos contribuyentes de buen comportamiento, quienes son los titulares del legítimo ejercicio del derecho, situación en la que no se encuentra el contribuyente de autos, quien se encuentra sometido a un proceso de recopilación de antecedentes por parte de esta repartición pública.

Afirma de otro lado que el Servicio de Impuestos Internos no ha impedido, ni impedirá el pago de las deudas que mantiene el contribuyente con el Fisco de Chile, encontrándose siempre habilitado para proceder al pago de aquéllas, incluso a la fecha de esta actuación, por lo que, no se advierte como se afectaría su derecho de propiedad, lo cual es distinto a acceder a condonación o convenio de pago, por cuanto esto último es un beneficio, y se deben acreditar las circunstancias fácticas para acceder a ello. Al efecto, es importante hacer presente que no resulta procedente sostener que el aumento de la deuda mediante cobro de intereses y multas constituye un acto vulneratorio por parte del Servicio, ya que, la procedencia de dichos cobros proviene del directo incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente y su aplicación se encuentra amparada en los artículos 53 y 97 N°4, ambos del Código Tributario, por lo que en este sentido, este Servicio se encuentra actuando dentro de sus facultades legales.

Finalmente hace presente que, el embargo que alega el contribuyente no reconoce como causa directa la existencia de una anotación o la negativa al alzamiento de aquella. El embargo de bienes del recurso no es sino una consecuencia directa del proceso de cobranza que lleva a cabo el Servicio de Tesorerías, en virtud del incumplimiento de las obligaciones tributarias.

En mérito de lo expuesto, estima que la presente acción cautelar debe ser rechazada por cuanto el Servicio, conforme latamente se ha razonado en los acápites que preceden, no ha incurrido en ninguna omisión o actuación que tenga el carácter de arbitraria o contraria a la ley y que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que la recurrente reclama como conculcadas.

A su informe acompaña documento.

3°.- Que, al informar don Juan Paulo Lara González, Director Regional Tesorero de Ñuble, solicitó el rechazo, con costas, del presente recurso, haciendo suyos los antecedentes de hecho y de derecho expresados por el SII en su informe de fecha 5 de septiembre del año en curso, en el que queda meridianamente claro que la situación expuesta por la recurrente se debe a la actuación de una facultad ajena a su repartición y que se produce como respuesta institucional legítima del ente fiscalizador ante un actuar propio de la contribuyente.

Consecuente con lo señalado anteriormente, no se advierte cómo la Tesorería Regional de Ñuble, podría haber vulnerado algún derecho de la recurrente, lo que debe conducir al rechazo del recurso de protección, con costas.

4º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, se ha denunciado por parte de la recurrente, como una actuación ilegal y arbitraria, los efectos de la anotación 4103, que registra ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que le ha impedido acogerse a convenios de pago a fin solucionar deudas por concepto de impuestos cuyo cobro ya le ha sido notificado, así como el poder acceder a condonaciones de intereses y multas, por parte de la Tesorería Regional de Ñuble, lo cual le ha conculcado las garantías constitucionales consagradas en los Nos. 2, 3 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

8°.- Que, para los efectos de una acertada decisión del asunto sometido a la decisión de esta Corte, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 161 del Código del Tributario, el cual establece el procedimiento que debe seguir el Tribunal Tributario y Aduanero para aplicar las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias, procedimiento que no rige en caso que las sanciones consistan en multas o privativas de libertad, prescribiéndose en el numeral 10 del citado artículo que en estos casos corresponderá al Servicio recopilar los antecedentes que habrán de servir de fundamento a la decisión del Director a que se refiere el artículo 162, inciso tercero, del mismo cuerpo legal, norma que a su vez dispone que si “la infracción pudiere ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, el Director podrá, discrecionalmente, interponer la respectiva denuncia o querella o enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior ”.

9°.- Que, para determinar si por los efectos que conlleva la anotación 4103 se está ante un acto arbitrario o ilegal, resulta necesario dilucidar su marco normativo.

Al respecto se debe tener presente que el artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, establece que corresponde a este organismo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente.

A su vez, el artículo 2º del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda, publicado el 15 de febrero de 1969, que según su parte considerativa persigue ...lograr una mayor justicia tributaria, mediante el control de los contribuyentes que no dan cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por las leyes... , dispone lo siguiente:

La confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos.

Dicho Rol Único se llevará en la Dirección Nacional, en la cual deberá concentrarse y mantenerse la información de todos los contribuyentes del país, sin perjuicio de que puedan confeccionarse duplicados o copias parciales del mismo para uso en las diversas Oficinas de Impuestos Internos y Tesorerías, con el objeto de facilitar las actuaciones de los contribuyentes.

10°.- Que, en lo referente a las atribuciones que la ley le confiere al Director del Servicio de Impuestos Internos tenemos que, conforme lo dispuesto en el artículo 6 letra A) numeral 1 del Código Tributario, es una facultad del Director de Impuestos Internos: “Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos.”

Por su parte, el artículo 7°, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos establece que el Director, a través de diversos Oficios, ha dispuesto que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, siendo, por tanto, pertinente contar con anotaciones referidas a querellas o denuncias por delitos tributarios y comunes, así como de querellas por delitos comunes, como medio informativo y de resguardo necesario para el adecuado cumplimiento de las tareas de fiscalización que desarrolla, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda.

11°.- Que, de esta manera, al haber procedido el Servicio de Impuestos Internos a consignar en sus registros el código de anotación que daba cuenta que la recurrente mantiene un proceso de recopilación de antecedentes pendiente, actuó en ejercicio de sus facultades legales tendientes a concentrar y mantener la información de todos los contribuyentes del país.

12°.- Que, en relación a la respuesta que el Servicio de Impuestos Internos ha entregado a la recurrente a la solicitud formulada por ésta, que dice relación con efectuar el Levantamiento de Anotación, contenida en RES. EX. N° 77323121657, conforme a lo ya señalando y al mérito de lo consignado en la propia Resolución, la negativa a acceder a lo solicitado se encuentra refrendado en las atribuciones que la propia ley le ha entregado tanto al Servicio de Impuestos Internos como a su Director ya consignado en los fundamentos precedentes, por lo que dicho actuar tampoco puede ser considerado arbitrario y/o ilegal, teniendo además presente que conforme lo informado por el propio Director Regional del Servicio de Impuestos Internos en su informe, aún no han cesado las causales que dieron origen a la Anotación 4103, encontrándose en consecuencia aún pendiente el proceso de recopilación de antecedentes.

13°.- Que, de esta manera no resulta posible reprochar arbitrariedad o ilegalidad al comportamiento del Servicio de Impuestos Internos, pues la Anotación 4103, aparece fundada en un procedimiento administrativo realizado por dicho organismo que, por expreso mandato de la ley, es el llamado a ejercer la función fiscalizadora en el ámbito tributario, de modo que su actuación que se reprocha ha sido realizada en conformidad a las disposiciones legales aplicables, sin que pueda estimarse que su ejercicio ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales que la recurrente estima afectados.

14°.- Que, con relación a la imputación que le es atribuida por la recurrente a la Tesorería General de la República, en cuanto ésta no autorizó a la actora acogerse a convenios de pago, y ser beneficiada con la condonación total o parcial de intereses y multas, a fin poder solucionar las deudas cuyos cobros ya se han iniciado, en el informe evacuado por su Director don nombre reservado refiere que la situación expuesta por la recurrente se debe a la actuación de una facultad ajena a su repartición y que se produce como respuesta institucional legítima del ente fiscalizador ante un actuar propio de la contribuyente.

15°.- Que, al respecto, el artículo 192 del Código Tributario establece “"El Servicio de Tesorerías podrá otorgar facilidades hasta de dos años, en cuotas periódicas, para el pago de los impuestos adeudados, facultad que ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución. Facultase al Tesorero General para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos sujetos a la cobranza administrativa y judicial, mediante normas o criterios objetivos y de general aplicación, que se determinarán por dicho Servicio”

16°.- Por su parte, la Circular Normativa N° 198 de la Tesorería General de la República, la cual “Comunica políticas de convenios y condonación permanente del Servicio de Tesorerías para el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos sujetos a cobranza por el Servicio de Tesorerías, además de la habilitación de Multi Ar o Aviso de Pago Múltiple”, en su punto I (NORMA GENERAL) establece en el último párrafo lo siguiente: “No pueden acogerse a Condonación de multas e intereses, ni a Convenios de Pago, aquellas obligaciones de dinero respecto de las cuales la ley no ha facultado al Servicio de Tesorerías para otorgar estos beneficios, conforme al detalle que se adjunta en los anexos N°1 y N°2, o que se encuentran excluidos de este beneficio conforme al anexo N°3.”.

En este sentido, conforme al anexo N° 3 están excluidos, y por lo mismo, están sin derecho a convenio ni condonación de acuerdo al N°9 de dicho documento: “aquellos contribuyentes en recopilación de antecedentes”, cual es el caso que afecta a la recurrente de autos y a causa de la cual, figura en el Servicio de Impuestos Internos con anotación 4103.

17°.- Por lo expuesto aparece que el reproche que la actora efectúa a la respuesta recibida de la Tesorería General de la República en cuanto no permitirle acogerse a un convenio de pago y ser beneficiada con la condonación total o parcial de intereses y multas, no es ni arbitrario, ni ilegal, al tener sustento legal en la Circular Normativa N° 198 de la propia Tesorería General de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don David Araya Quintana, en representación de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional de Chillán don nombre reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Director Regional de Ñuble, don Juan Paulo Lara González.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol N° 1.241-2023-Protección.-