nombre reservado con SUPERINTEDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

Chillán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Comparece don nombre reservado, pensionado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por doña nombre reservado.

Indica que, la recurrida SUSESO, con fecha 30.06.2023 y fecha 06.07.2023, rechazó la reconsideración pedida, a la decisión de dicho organismo, realizada en Santiago con fecha 27.01.2023, que resolvió confirmar o validar el RECHAZO del Compin, de las licencias médicas N°s 732894-4, 74624935-7, 75995752-0, 77267521-6 y 78723307-4, por los periodos de los meses de Julio a noviembre del año 2022, y que se mantendría dicha decisión, por reposos presuntamente no justificados, y sin fundamentar la decisión más allá de insistir en que no se justifica la prolongación del reposo, periodo previamente autorizado.

Expone que, sus licencias, por los periodos comprendidos entre los meses de Junio, a noviembre de 2022, fueron extendidas oportunamente por el médico tratante señor nombre reservado, de especialidad Cardiólogo, las que fueron debidamente fundadas en un tratamiento por enfermedad cardiaca HTA, accidente vascular encefálico isquemico secuelado, trastorno mixto de ansiedad y depresión. Licencias que fueron rechazadas por la subcomisión del Compin, y posteriormente confirmado su rechazo por la recurrida, aun aportando los antecedentes, exámenes e informes médicos fundantes del reposo y su justificación a través del respectivo recurso administrativo.

Luego, plantea que cumplido los 65 años de edad, procedió a pensionase por vejez, paralelamente a la tramitación de las licencias, la Comisión Médica de Invalidez, rechazó en dos oportunidades, pensionarle por invalidez, ya que, se calificó su incapacidad laboral como inferior al 30%, por lo que debía, en el intertanto, ya sea reintegrarse a la vida laboral, en su defecto, mantenerse con licencia médica hasta cumplir la edad legal, o cumplir con el porcentaje necesario para poder acceder a la pensión de invalidez denegada, lo que finalmente ocurrió por vejez en el mes de diciembre del año 2022.

Así las cosas, resultaría ser arbitraria e ilegal la decisión de la SUSESO, que sin mayor fundamento mantiene la decisión de denegar las licencias médicas, en la época que se encontraba en una etapa intermedia, en que COMPIN y hoy la SUSESO, le indican que tenía una incapacidad laboral de carácter permanente, por tanto, no era sujeto de licencia médica, sino que debía pensionarse por invalidez, pero dicha comisión, rechazo pensionarle atendido a que su incapacidad, no lo era en la gravedad, porcentaje o incapacidad que el reglamento exigía, pero si habría un hecho indubitado, señala, que es que durante dicha época, estaba amparado el reposo bajo licencia médica extendida legalmente, por tanto nunca dejó de ser sujeto de protección social, en tanto sus fondos estaban disponibles para así cubrir, resultando ser arbitraria, ilegal o discriminatoria la última resolución de la SUSESO, de fecha 30.06.2023 y de 06.07.2023, que definitivamente desconoce sus derechos y beneficio al subsidio laboral por incapacidad, como trabajador, y deniega el pago de sus licencias médicas, por el periodo intermedio, antes de pensionarse por vejez, en especial dado que conforme lo argumentado por la comisión de pensiones, no correspondía pensionarle, ergo procedía beneficiarle y recibir el pago del subsidio por incapacidad laboral, por licencia médica, de no ser así, estaría inmerso en una especie de limbo de seguridad social, sin protección, lo que sería contrario a lo que nuestra Constitución Política de la Republica protege e indica. Hace presente que, la negación de beneficiarle con licencia médica, le ha causado un perjuicio económico de proporciones por seis meses sin percibir dicho pago.

Estima vulnerados sus derechos consagrados en el artículo 19 números 2, 3, 9, 18, 24, y solicita a este tribunal de alzada se restablezca el imperio del derecho y aplicando la ley, ordene las medidas necesarias para corregir la denegatoria, y se proceda a la brevedad a la regularización y hacer efectivo el pago de las licencias médicas rechazadas, con costas.

2°.- Que al informar, don nombre reservado, abogado, en representación de la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicita en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea, exponiendo latamente respecto de las actuaciones de la Superintendencia, en relación al expediente administrativo del recurrente, para señalar que éste conocería la Resolución Exenta N.º R-01-IBS-39318-2023, a lo menos cuatro meses antes de la interposición de la presente acción de protección, aparecería entonces de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, el dictamen que indica que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 72122682-4, 73289428-4, 74624935-7, 75995752-0, 77267521-6, 78723307-4, no se encontraba justificado, y que resolvió administrativamente el reclamo interpuesto por el Sr. nombre reservado referido a sus licencias médicas, se produjo más allá de 30 días de la presentación del presente recurso. Agregando abundantes citas jurisprudenciales pertinentes, Rol Nº 81839-2014, Rol N.º 7991-2013, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N.º 1354- 2014, de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N.º 3020- 2020 Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N.º 16701-2020 y rol 40.623-2022 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, ya que, este derecho está establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Luego, en subsidio de las alegaciones anteriores informa en cuanto al fondo, comenzando con el marco regulador relativo al derecho a licencia médica, distingue entre las incapacidades laborales, permanentes, para las que nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, y temporales, respecto de las cuales está contemplado el beneficio de la Licencia Médica, cumpliéndose en ambos casos los requisitos legales establecidos en el D.L. N°3.500, D.F.L. N.º 1, el D.S. N.º 3, del Ministerio de Salud, D.F.L. N.º 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Expone, en orden cronológico sobre el expediente administrativo, con los reclamos del recurrente, de 15 de enero de 2023, de 18 de marzo de 2023, de 29 de junio de 2023, todos rechazados, y señalando que la pretensión del recurrente de permanecer con licencias médicas no cumple con el espíritu y sentido de la definición de la licencia médica contenida en el artículo 1° del D.S N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, ya que sólo es posible concluir que la esencia del derecho a licencia médica, es su carácter transitorio y temporal, por cuanto, no es un derecho de carácter indefinido y supone siempre, la posibilidad cierta, de reincorporación laboral del trabajador, lo que no ocurriría en este caso, al existir en el recurrente una patología crónica con evolución desfavorable, de ahí que, el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado haciendo procedente su rechazo.

Sostiene que, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, así, indica no se vislumbraría una ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto respecto al recurrente, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de la licencia médica reclamada y el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso, a esto se añaden citas jurisprudenciales en lo pertinente de la Excma. Corte Suprema causa Rol N° 33.059-2020, Rol 59.628-2020, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago causa Rol Nº 19213-2014.

Plantea que, no ha existido, de parte de la Superintendencia de Seguridad Social vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso, respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental, de ahí, señala que, el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, citando al efecto la causa rol 557-2015, la Iltma. Corte de Valparaíso y la causa Rol Nº 2526-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Finaliza solicitando, en subsidio de la anterior petición y para el improbable evento que no sea acogida, tener por evacuado el informe y con su mérito rechazar la acción de protección en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

4°.- Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, -esto es-, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, -o arbitrario-o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes protegidas-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, respecto de la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, puede señalarse que ella no concurre, pues la recurrida con fecha 30 de junio y seis de julio ambas del año 2023 rechazo la reconsideración solicitada a dicho organismo y la presente acción fue presentada con fecha 28 de julio del corriente de modo que no se acreditan los supuestos de hecho de tal alegación.

7º.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción deducida por no encontrarse resguardada la seguridad social a través del recurso en estudio, se dirá, que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 2, 3, 9, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que sí están comprendidos dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, lo que resulta suficiente para desestimarla.

8°. - Que, sobre el fondo, habrá de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

9°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, aparece que la decisión de la recurrida de rechazar las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado por el médico tratante del señor nombre reservado no se encuentra justificado, carencia que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

10°.- Que, además, conforme a la normativa relacionada la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual en el presente caso no ha realizado, no se han agregados otros antecedente relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud del recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

11°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

12°. - Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

13°. - Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

14°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas esgrimida por el actor implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Ñuble encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Gumercindo Quezada Blanco.

No firman la Ministra señora Érica Pezoa Gallegos ni el Abogado Integrante señor Guimercindo Quezada Blanco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausentes.

ROL N° 1206-2023 Protección.-