nombre reservado con nombre reservado

Chillán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

1°.- Comparece don Sebastián Buridán San Martín Gajardo, en representación de don nombre reservado, chileno, nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, chilena, casada, Ingeniero Constructor, jefa Sección Obras Civiles del Servicio de Salud de Ñuble, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que don nombre reservado, presta servicios en calidad de honorarios en el Servicio de Salud Ñuble, en la Sección de Obras Civiles, desde julio del año 2016, como Asesor de Inspección Técnica de Obras, siendo su jefa directa en el mismo Servicio la recurrida, quien, desde el día 21 de junio de 2023, ha estado ejerciendo acoso laboral y hostigamiento en su contra, acompañando informe denuncia de 12 de Julio de 2023.

Plantea que con fecha 20 de junio de 2021, se realizó una reunión donde se expuso que existía una denuncia anónima sobre irregularidades administrativas de un funcionario, específicamente de la sección de Obras Civiles, añadiendo que el 21 de junio de 2023, la jefatura directa de su representado, hoy recurrida, procede a llamarlo a su oficina para sindicarlo como responsable de dicha denuncia anónima, ante lo cual su representado le contestó en forma directa que él no era la persona denunciante. Sin embargo, ella persistió en sindicarlo como responsable, agregando lo siguiente: “Que en sus 20 años de servicio ella sabía interpretar, la comunicación no verbal y con esto le bastaba para sindicarlo y sostener que él era el acusado de denunciar las irregularidades administrativas”. Luego, con fecha 30 de junio 2023, la recurrida vuelve a citar a su oficina a su representado para decirle “Que tenía claro y no tenía ninguna duda que él era la persona responsable de haber hecho la denuncia anónima. Además, le indica que lo mejor para él era buscar trabajo en otro lugar, porque en la sección ya nadie lo quería porque las confianzas se habían perdido y que por parte de ella no era de su agrado trabajar con su persona”. Agrega que con esa misma fecha, obtiene grabación de la conversación para efectos probatorios, volviéndose una situación de acoso insostenible para su representado afectándole física y psicológicamente, debido al constante accionar de la recurrida en pos de que abandonara su trabajo, generando ansiedad y problemas del sueño, por la incertidumbre de tener una familia que mantener.

Explica que por estas razones se presentó ante la jefa del Departamento de Recursos Físicos y Financieros donde fue derivado, específicamente al departamento de buenas prácticas, lugar donde se siguió un procedimiento de manejo de maltrato y acoso laboral a través de un formulario que arroja la presencia de acoso laboral de alta intensidad, 13 puntos, documento que debía entregar directamente a la Directora del Servicio de Salud, señora nombre reservado. Aún así, la recurrida continuó en su actuar injurioso, sindicando a su representado como el responsable de la denuncia, llegando esto a trascender a otras secciones del Servicio de Salud, incluso a otras comunas, por lo que su representado tuvo que consultar psiquiatra con fecha 10 de julio de 2023, quien le diagnosticó enfermedad profesional por un cuadro angustioso debido a las condiciones laborales de acoso y hostigamiento, otorgándole licencia médica por 30 días, más medicamentos.

Sostiene que, a través de su actuar arbitrario e ilegal, la recurrida se habría erigido en una comisión especial, al acusarlo y aislarlo de su trabajo, con las respectivas consecuencias a su salud mental, lo que justificaría la grabación acompañada, la que no tendría un carácter reservado o secreto, pues se dio en un contexto de persistente acoso y hostigamiento. (C.S. Rol N° C-35.159-2017). Luego, citando al efecto el artículo 453 del código del trabajo, se explaya respecto a las posturas doctrinarias sobre la grabación como medio de prueba, agregando que, en el caso concreto, en dicha reunión solamente participaron dos personas y se abordaron temas que afectan la honra y dignidad de su representado, en un marco de ilegalidad de parte de su jefa directa, la cual vulneró respecto de su representado sus derechos humanos, laborales y constitucionales en la forma denunciada, la cual busca un culpable para algo que no es un ilícito, sin tener la investidura legal para ello, de ahí que la emisión de las ilegales imputaciones hacia su representado, si bien subjetivamente tenían la expectativa de que sus dichos no serían grabados y luego diseminados ante la Dirección del Servicio y eventualmente en Tribunales de Justicia, aquella expectativa no puede ser calificada, objetivamente, como razonable, ya que no dicen relación con la esfera privada de quién las emitió ni constituyen, en caso alguno, el develamiento de algo reservado a su ámbito más íntimo y, en consecuencia, aún de estimar como razonable la expectativa de privacidad que eventualmente la recurrida pudiera alegar, no podría considerarse que la grabación ha implicado una afectación sustancial a las garantías individuales ya mencionadas, presupuesto indispensable para que una alegación de exclusión probatoria por ilicitud pueda prosperar.

Seguidamente, entra a analizar los requisitos de la acción de protección, estimando vulneradas las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 inc. 5 y 6; 4, 21 y 24, todas del artículo 19 de la Constitución Política de la República, subsumiendo los hechos a las normas invocadas, y explayándose latamente sobre el caso de doña nombre reservado quien decidió quitarse la vida el 12 de noviembre de 2019, quien, en un escrito que dejó antes de morir, contó su angustia por el acoso laboral que sufrió como TENS al interior del Hospital Herminda Martin de Chillán.

Finaliza solicitando a este Tribunal de Alzada, se declare que la recurrida ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales del recurrente, en la forma ya denunciada. Se ordene asimismo que doña nombre reservado, se abstenga de cometer actos u omisiones que perturben el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales y constitucionales de don nombre reservado, con costas.

2°.- Que, informando el abogado don Fabián Huepe Artigas, en representación de la recurrida doña nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, toda vez que los hechos que indica el recurrente en su presentación no son efectivos, no existiendo acoso laboral alguno, y por ende, ningún acto arbitrario o ilegal.

Sostiene que su mandante, en toda su carrera funcionaria y en más de 15 años con un cargo de jefatura, jamás ha tenido denuncia ni reclamo alguno en su contra y es reconocida por sus excelentes relaciones interpersonales con todos sus pares y funcionarios bajo su jefatura, de ahí que jamás haya acosado laboralmente al recurrente, siendo una imputación falsa, errónea e injusta. Reconoce que sostuvo una reunión privada con el recurrente el día 30 de junio de 2023, pero en un contexto totalmente distinto al que él sostiene, pues ella conversa privadamente con él acerca de las implicancias de la denuncia de supuestas irregularidades administrativas de un funcionario de la sección de Obras Civiles, pero en caso alguno con un ánimo de acosarlo o pedirle que renunciara o que se declarara culpable de algo, ni mucho menos poner en riesgo su trabajo, sino que lo fue en un contexto privado de consejo y ayuda acerca del clima laboral, de ahí que se niegan los hechos fundantes del recurso relativos al acoso laboral, reiterando que no hay acto ilegal ni arbitrario de su mandante, agregando que no existe elemento de convicción alguno que sustente los dichos del recurrente, ni siquiera la grabación ilegal que acompaña, no existiendo tampoco el acoso sostenido en el tiempo, ya que su representada estuvo con licencia médica, en cambio el recurrente sólo se presentó a trabajar los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de junio, ya que la primera semana de julio estuvo en recursos físicos y desde el 10 de julio estuvo con licencia médica y la evaluación de su enfermedad por parte de la ACHS no fue calificada como enfermedad laboral, es decir, no tuvo vinculación alguna con su trabajo, de manera que el relato del recurrente es inconsistente, poco claro, y no tiene fundamentos fácticos como para ser acogido.

Luego, expone sobre la grabación acompañada por el recurrente calificándola como ilícita y constitutiva de un posible delito, citando al efecto el artículo 161-A del Código Penal, y la sentencia en lo pertinente de la Excma. Corte Suprema Rol 33737- 2019, como también el artículo 453 del Código del Trabajo, y se detiene en el análisis de la ilicitud agregando una relación de los hechos, indicando que la reunión de fecha 30 de junio de 2023, se llevó a efecto en la oficina de su representada, sin presencia de otros funcionarios, de manera concertada, que la oficina es individual y mantenía la puerta cerrada, sin que el recurrente informara a su representada que deseaba grabar la conversación, quedando de manifiesto que el recurrente tenía la intención de obtener una grabación de manera subrepticia, con el fin de evidenciarla posteriormente. En dicho contexto, donde su representada señaló tener una reunión a solas con el recurrente, sólo se puede concluir que la intención es que no fuera pública, existiendo una legítima y razonable expectativa de privacidad, que no cede solamente por encontrarse en su trabajo, lo que se demuestra en la necesidad del recurrente de esconder el hecho de que había grabado. Así, el hecho de transformar la vía inicial de comunicación a otro formato, esto es, de conversación presencial e individual a una grabación oculta, permite establecer la vulneración de derechos de su representada por parte del recurrente.

Sostiene asimismo, que el recurrente no tiene un derecho indubitado que proteger, toda vez que se interpone la acción constitucional de protección sobre la base de la existencia de acoso laboral y hostigamiento que no se ha acreditado ni en sumario, acción judicial, ni otra instancia. Se explaya en el análisis del acoso laboral, a propósito del artículo 2º del Código del Trabajo, y que no se ha puesto en peligro en ningún momento su estabilidad en el empleo, concordante con la evaluación de la ACHS, que estableció que los problemas de salud del recurrente no son de origen laboral. Agrega que la acción de protección no es la vía idónea para analizar las alegaciones del recurrente. Cita al efecto el Rol 1144-2023 de la Corte de Apelaciones de Chillán, en lo pertinente, y señala que para enfocarse en determinar la existencia o no de acoso, es necesario un juicio de lato conocimiento, como la tutela en sede laboral o el mismo procedimiento administrativo que ya se ha incoado, de ahí que sostiene que el recurrente parece confundir el recurso de protección con la acción de tutela laboral.

Finaliza indicando que no hay privación, perturbación o amenaza a derechos fundamentales, ya que al no haber realizado actos de acoso laboral no pudo haber afectado de forma alguna los derechos fundamentales del recurrente, lo que es distinto a la disconformidad del mismo de que otras personas comentaran que él era el denunciante anónimo. Agrega que no se ha afectado el derecho a la vida e integridad física y psíquica, por cuanto los problemas de salud que pudiese haber experimentado el recurrente, no tienen un origen en su situación laboral. Tampoco se transgrede la igualdad ante la ley por los hechos relatados, dado que sostener una conversación relacionada al clima laboral, algo que también se abordó con otros funcionarios, no implica una discriminación. Su representada nunca ha denostado públicamente ni en privado al recurrente, por lo que no ha podido afectar su imagen ni reputación. Es más, si el recurrente se ha sentido lastimado por comentarios de terceros, éstos no han sido iniciados ni promovidos por su representada. Por el contrario, ella siempre vela por mantener un buen clima laboral. Indica que tampoco se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, toda vez que no nos encontramos dentro del ámbito de la libertad de empresa, sino que se trataría de problemas relacionados al trabajo, conforme al artículo 19 Nº16, lo que no es aplicable al caso. Por lo anterior, termina solicitando el total rechazo del recurso, con costas.

3° Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, necesario es consignar que conforme al relato efectuado por el recurrente en su presentación, fluye de manera evidente que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, lo hace consistir en un supuesto acoso y hostigamiento laboral en su contra, al sindicarlo, sin mayor fundamento, como responsable de una denuncia anónima efectuada sobre supuestas irregularidades administrativas al interior del Servicio, llegando incluso a manifestarle que buscara otro lugar de trabajo, dado que en la sección donde él se desempeña, nadie lo quería por haberse perdido la confianza, y que incluso la recurrida le habría señalado que no resultaba agradable trabajar con su persona, tornándose la situación en un acoso insostenible que le afectó física y psicológicamente.

6º.- Que, conforme a lo informado por el abogado de la recurrida en su presentación de rigor, deja de manifiesto no ser efectivo los hechos relatados por el recurrente en su presentación, por cuanto jamás ha existido acoso laboral alguno, y por ende, acto arbitrario o ilegal de parte de su representada, agregando que no existe elemento de convicción alguno que sustente los dichos del recurrente en cuanto al supuesto acoso laboral. Es más, en apoyo a su alegación aduce que la licencia médica de la que hizo uso el recurrente no tuvo como causa una enfermedad de origen laboral, toda vez que conforme a la evaluación efectuada al efecto por la ACHS, sólo se trató de una enfermedad común que no tuvo vinculación alguna con su trabajo.

Finaliza su informe agregando que no existe en la especie un derecho indubitado, y que el recurso de protección tampoco es la vía para reclamar de un supuesto o eventual acoso laboral.

7º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, y conforme se ha pormenorizado en los motivos precedentes, fluye de manera palmaria que el recurrente invoca como fundamento de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, un eventual acoso u hostigamiento laboral, materia o controversia ésta que no corresponde ser conocida ni dilucidada mediante la acción de protección, toda vez que el legislador ha establecido expresamente la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, la que debe ser conocida por los Tribunales del Trabajo en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, y en la que existen amplias oportunidades para accionar, excepcionarse, debatir, fundamentar y probar los hechos y hacer valer los derechos pertinentes para las partes en conflicto.

En el orden de ideas referido en el acápite que antecede, resulta útil consignar que el recurso de protección constituye un mecanismo extraordinario de resguardo de aquellos derechos fundamentales que, siendo pre-existente e indubitados, se vean afectados por alguna acción u omisión ilegal y arbitraria, y por ende, en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que en la especie no concurre.

8.- Finalmente, y a mayor abundamiento, a criterio de esta Corte no se divisa ilegalidad o arbitrariedad alguna en el accionar de la recurrida, toda vez que no se advierte vulneración de alguna garantía constitucional que afecte al recurrente, no siendo posible, en consecuencia, tener por asentadas las circunstancias fácticas sobre las cuales se construyó el presente arbitrio, por lo que la presente acción constitucional deberá de ser desestimada.

9º.- Que, por otra parte, los antecedentes agregados por la recurrente en esta instancia, son insuficientes para tener por establecida la vulneración denunciada, dado que nada aportan para la configuración de los hechos en que se fundó el recurso.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado don Sebastián Buridán San Martín Gajardo, en representación de don nombre reservado, en ú ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽uxilio de la fuerza p cercana a ridad sobre el predio sub-lite.4 comparecientes el 1 de agosto pasado, pues, ellos no contra de doña nombre reservado, en su calidad de Jefa Sección Obras Civiles del Servicio de Salud de Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

R.I.C. 1204-2023-PROTECCIÓN.