nombre reservado con FISCALIA LOCAL REGION METROPOLITANA

Chillán, veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

1.- Que, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ingeniero agrónomo, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de CARABINEROS DE CHILE, representada y dirigida por su General Director señor nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, ambos con domicilio en la ciudad de Chillán en domicilio reservado y en Santiago en domicilio reservado; y en contra del MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, representada y dirigida por su Fiscal Nacional señor Ángel Valencia Vásquez, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, ambos con domicilio en la ciudad de Chillán en domicilio reservado y en Santiago en domicilio reservado, fundado en lo siguiente:

Señala en primer lugar, que el presente arbitrio ha sido deducido dentro del plazo establecido en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección dado que el hecho que lo motiva, esto es, la paralización de la faena forestal que se desarrollaba en su propiedad se produjo el miércoles 27 de noviembre de 2024.

Agrega que es dueño, poseedor inscrito y material del inmueble rústico ubicado en el sector ex título Cabrería de la comuna de Portezuelo, inscrito a su nombre a fojas 927, Nº 1355, del Registro de Propiedad año 2024 del Conservador de Bienes Raíces de Quirihue, el que tiene una superficie de 15 cuadras y el rol de avalúo fiscal Nº 169-35 de la comuna de Portezuelo.

Indica que lo adquirió por tradición sirviendo de título traslaticio de dominio la compraventa celebrada el 27 de agosto de 2024 con don nombre reservado, acompañando copia de la inscripción respectiva con certificación de dominio vigente, gravámenes, y prohibiciones, así como las inscripciones de dominio anteriores a fin de demostrar cadena regular de títulos y más de 10 años de posesión inscrita. Igualmente, acompaña el Certificado de Avalúo Fiscal Detallado del inmueble, cuyo rol de avalúo Nº 169-35 de la comuna de Portezuelo el cual indica que es consistente con toda la cadena de inscripciones señalada y, por cierto, el titular ante el Servicio de Impuestos Internos, es el propio recurrente.

Refiere que, en el mes de noviembre del año 2024, amparado en la documentación legal citada, solicitó a CONAF autorización de Plan de Manejo para cortar y cosechar el bosque que está dentro del inmueble, solicitud que fue aprobada el 19 de noviembre de 2024 mediante Resolución Nº 867/32-81/24 DL 701/1974, permitiendo la corta y cosecha de 11.06 hectáreas en el inmueble ubicado en: “CABRERÍA, rol de avalúo 169-35 de la comuna de Portezuelo, provincia de Itata, de la región De Ñuble. Inscrito a fojas 927 Nº 1355 del Conservador de Bienes Raíces de QUIRIHUE del Registro de propiedad del año 2024”.

Agrega que el día 22 de noviembre de 2024 suscribió un contrato de compraventa de bosque “Derecho a Puerta” con la empresa Forestal San José SpA, RUT RUT reservado, legalmente representada por don nombre reservado, chileno, cédula de identidad N° RUT reservado, contratista forestal, quien procedería a cortar y cosechar el bosque existente en el inmueble de su propiedad.

Señala que el miércoles 27 de noviembre de 2024, las labores de corta y cosecha, amparadas en el Plan de Manejo otorgado por CONAF se ejecutaban sin problemas. Sin embargo, siendo aproximadamente las 13.10 horas de ese día, en circunstancias que se encontraba en la ciudad de San Carlos trabajando en el campo de su familia en tareas agrícolas, recibió un llamado del contratista señor nombre reservado indicando que había llegado una persona al predio afirmando que era el dueño del inmueble y que llamaría a Carabineros para que detuvieran la faena, dirigiéndose de inmediato hacia allá, en compañía de su padre nombre reservado, y que al llegar al predio estaban el señor nombre reservado, contratista forestal, acompañado de los motosierristas y trabajadores nombre reservado (RUN RUT reservado), nombre reservado (RUN RUT reservado), y nombre reservado (RUN RUT reservado); el tercero que afirmaba que el predio era de él, individualizado como nombre reservado (RUN RUT reservado), acompañado de 4 personas cuyas identidades desconoce; la Patrulla de Carabineros de Chile, vehículo policial AP-3077, con presencia del Sargento 1° nombre reservado y el Sargento 1° nombre reservado.

Sostiene que luego de exhibir a Carabineros toda la documentación legal y regulatoria que amparaba la faena forestal, éstos determinaron paralizar la faena, tomar fotografías, y conducir a nombre reservado y al propio recurrente al Retén de Portezuelo para estampar una denuncia, pues afirmaron que tenían la potestad legal para entrar a la propiedad y paralizar el proyecto forestal en su carácter de “ministros de fe”. Menciona que al llegar al Retén de Portezuelo, les instruyeron presentar denuncias por los hechos acaecidos, momento en que apareció el Carabinero Andrés E. nombre reservado (Suboficial de Guardia), quien recepcionó los relatos de nombre reservado y del actor, principiando por nombre reservado.

Señala que, durante su permanencia en el Retén de Portezuelo, pidió al Sargento 1° nombre reservado que le indicara la razón concreta y el fundamento legal que les permitía paralizar la faena forestal que se desarrollaba dentro de su predio. Indica que el Sargento nombre reservado se apartó hacia una sala contigua, hizo un llamado telefónico, y le dijo que se había comunicado con la Fiscalía de Quirihue, y que el fiscal le había indicado que tenía que detener la faena por “ilegalidad”, sin más; sin explicar cuál era la ilegalidad concreta ni la norma legal que amparaba su actuación como agente del Estado. Acto seguido, afirmó que una vez que se recibiera el “Parte-Denuncia” en el Ministerio Público de Quirihue, la Fiscalía se iba a declarar incompetente por tratarse de un asunto de carácter civil que debía ser resuelto por el Juez de Letras.

Enfatiza el recurrente que todo lo ocurrido es abiertamente infundado, ilegal, e incoherente, pues no se explica una orden de paralizar una actividad económica legítima en base a hechos que, desde ya, se afirma que no podrán ser conocidos por el persecutor al tratarse de un asunto civil entre privados.

Añade que, cerradas las declaraciones, Carabineros reforzó la instrucción de que no se podía trabajar el campo ni reanudar la faena mientras no se resolviera el juicio civil. Indica que no se levantó ningún acta de la diligencia de paralización de faena, y que no se entregó ni exhibió documento fundante ni orden escrita de algún Juez.

Menciona que en el predio quedaron en el suelo aproximadamente 400 árboles de pino radiata cortados que, de no ser extraídos, cepillados, y trabajados en un mes, quedarán manchados o pintados, estropeándose el producto y perdiendo la posibilidad de venderlos como originalmente estaba proyectado, con el subsecuente perjuicio económico y patrimonial que aquello conlleva.

Agrega que la preocupación y la angustia lo llevaron a consultar un abogado, quien le habría explicado que la facultad de conocer y juzgar los conflictos jurídicos entre partes corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia, y que ninguna autoridad puede vulnerar su propiedad si no es por la orden explícita de un Juez de la República, cuestión que aquí no ha ocurrido.

Refiere que las actuaciones de Carabineros y la orden del Ministerio Público (sólo comunicada verbalmente por medio de Carabineros), son abiertamente infundadas, ilegales, e injustas.

En cuanto al Derecho hace presente que Carabineros de Chile y el Ministerio Público son instituciones del Estado que, como tal, deben actuar conforme a la Constitución y a las leyes; y que así lo establece expresamente el artículo 6 de la Constitución Política de la República: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.

Arguye se debe tener en cuenta que, en materia de Derecho Público, los agentes del Estado sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido y, siempre, cautelando las garantías constitucionales de los particulares.

Respecto de Carabineros de Chile: La Ley Nº 18.961/1990 del Ministerio de Defensa Nacional que fija la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (LOC de Carabineros), no contiene ninguna norma ni facultad que les permita paralizar una faena forestal dentro de una propiedad privada que, además, cuenta con Plan de Manejo otorgado por la autoridad regulatoria competente. En la especie, Carabineros de Chile, actuando por medio de sus agentes policiales el Sargento 1° nombre reservado y el Sargento 1° nombre reservado, ambos del Retén de Portezuelo, examinaron y deliberaron que los documentos legales y regulatorios que detenta el recurrente no permitían el ejercicio de la actividad económica lícita que se estaba ejecutando en su propiedad, arrogándose atribuciones que la Constitución y la ley entregan a los tribunales de justicia. Agrega que, en este punto, cabe recordar que el artículo 2 de la LOC de Carabineros afirma expresamente que se trata de una institución “obediente, no deliberante”, lo que es armónico con nuestro Derecho positivo al entregar la deliberación de asuntos a los tribunales de justicia según lo regula el artículo 76 de la Constitución Política de la República: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Esta norma debe contrastarse con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Carabineros, que indica: “Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Además, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan […]. Deberá cumplir sin más trámite sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso”. La regla citada, ahora desde el plano de la norma “funcional”, se replica en el inciso final del artículo 80 del Código Procesal Penal, que reza: “Los funcionarios antes mencionados deberán cumplir de inmediato y sin más trámite las órdenes que les impartieren los fiscales […], sin perjuicio de requerir la exhibición de la autorización judicial previa, cuando correspondiere, salvo los casos urgentes a que se refiere el inciso final del artículo 9º, en los cuales la autorización judicial se exhibirá posteriormente”.

Manifiesta que, Carabineros de Chile no es la autoridad llamada a deliberar una contienda entre partes; y, que, aun cuando un fiscal le ordene realizar una diligencia, Carabineros de Chile debe requerir al fiscal la exhibición de la autorización judicial cuando la diligencia que se encarga importa la vulneración de garantías constitucionales, como en este caso. Más aún, incluso en los casos urgentes de que trata el artículo 9 del Código Procesal Penal, la autorización judicial debe ser concedida de manera ex ante, y sólo queda para posteriori la exhibición de la resolución, cuestión que tampoco ha ocurrido.

Respecto del Ministerio Público: La Ley Nº 19.640/1999 del Ministerio de Justicia que fija la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (LOC del Ministerio Público), no contiene ninguna norma ni facultad que permita al recurrido paralizar una faena forestal dentro de una propiedad privada que, además, cuenta con Plan de Manejo otorgado por la autoridad regulatoria competente. De acuerdo a lo que le informó el Sargento 1° nombre reservado durante su permanencia en el Retén de Portezuelo, el fiscal de Quirihue le había indicado que tenía que detener la faena por “ilegalidad”, sin más; sin explicar cuál era la ilegalidad concreta ni la norma legal que amparaba su actuación como agente del Estado. Lo anterior, sostiene, constituye en primer lugar, un acto ilegal, pues la orden expedida por el fiscal (según fue relatado por Carabineros), vulnera sus garantías constitucionales sin autorización del Juez de Garantía, tal como lo ordena expresamente la ley en el artículo 9 del Código Procesal Penal; y, en segundo lugar, constituye un acto arbitrario, pues la expresión “ilegal” que respaldaría la orden del fiscal, al estar desprovista del elemento material, es sustantivamente infundada, por tanto caprichosa y, en consecuencia, deviene en arbitraria, todo lo cual, además, transgrede el inciso 2º del artículo 8 de su LOC, que instruye que “La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. En ese sentido, agrega el recurrente, al haber expedido el fiscal, según informó Carabineros, la orden de paralizar una actividad económica legítima que importa la vulneración de garantías constitucionales, se arroga facultades jurisdiccionales que no le corresponden y que, además, el propio artículo 1 de su LOC se lo impide expresamente: “El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado […]. No podrá ejercer funciones jurisdiccionales”. A su turno, el artículo 4 de la LOC del Ministerio Público señala que puede impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad, pero: “[…] las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa”. Lo expuesto trae como corolario que el fiscal que dio la orden haya vulnerado flagrantemente la prohibición contenida en la letra d) del artículo 63 de su Ley Orgánica, cual es: “Los fiscales […] estarán afectos a las siguientes prohibiciones: d) Efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben sin autorización judicial previa”. Señala que las reglas citadas, ahora desde el plano de la norma “funcional”, se complementan con el artículo 9 del Código Procesal Penal, que impone: “Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa” Enfatiza que no existe ninguna norma de rango legal que justifique y legitime la paralización de su faena forestal, sin orden judicial previa.

Señala el recurrente que, de la simple lectura de la documentación legal y regulatoria emitida por los órganos competentes, no se puede razonablemente afirmar que podría haber estado cometiendo un delito; y, aunque así hubiere sido, la paralización de faena debió ser ordenada por un Juez. En esa línea, se ha quebrantado el principio de objetividad regulado en el artículo 3 de la LOC del Ministerio Público, ya que incluso antes de ordenar una paralización ilegítima, la simple lectura de la documentación legal y regulatoria emitida por los órganos competentes impide afirmar de manera razonable que yo podía haber estado actuando fuera de la ley; ya que estaba dentro de su propiedad y debidamente amparado por un Plan de Manejo otorgado por la autoridad competente.

Agrega el recurrente que todo órgano, institución, y agente del Estado en el ejercicio de su ministerio debe, siempre, actuar de manera fundada. Dicha fundamentación no se restringe al mero hecho de entregar un argumento “formal”, como es afirmar que existe una conducta “ilegal”, sino que la fundamentación debe ser material, vale decir, especificar la razón clara y específica que constituye la ilegalidad en el caso concreto. Señala así a modo de ejemplo, que la ilegalidad podría ser civil (por conflicto de títulos), penal (por robo), regulatoria (por carecer de Plan de Manejo), entre tantas otras, pero nada de eso le fue comunicado.

Se pregunta el actor si a la luz de los hechos descritos ¿Es razonable que, a petición de una persona, los recurridos vulneren garantías constitucionales de otra persona que exhibe toda la documentación legal que ampara la faena forestal? Y se responde que, claramente, no; es desproporcionado e injusto, ilegal y arbitrario.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas y su relación de causalidad expone que el acto arbitrario e ilegal denunciado consiste en: “paralizar la faena forestal que se desarrollaba en el inmueble de su propiedad debidamente amparada en Plan de Manejo otorgado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), sin que exista una orden judicial que fundamente y ampare dicha actuación”.

Explica que el hecho mencionado le despoja del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales privándolo, acto seguido, de la igualdad ante la ley. Ello le permitió a los recurridos, a lo menos, perturbar el derecho de propiedad que tiene sobre su inmueble, así como también privarlo del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan, dado que tiene resolución de CONAF que otorgó Plan de Manejo forestal.

Sostiene que, la vulneración de las 4 garantías indicadas socava su derecho a la integridad psíquica, por cuanto le angustia tener paralizada la faena en que comprometió gran cantidad de recursos económicos, además de que tengo un contrato de venta firmado con la empresa contratista y, que por cierto, desconfía de las instituciones involucradas, pues su alejada manera de cumplir su misión institucional le produce un daño moral permanente respecto de lo cual necesito que esta Corte reestablezca el imperio del derecho.

Menciona que se ha vulnerado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19, Nº 3, inciso 5º de la Constitución Política de la República). Y lo explica en el hecho que Carabineros de Chile y el Ministerio Público hayan tomado la determinación de paralizar sufaena forestal (debidamente amparada en Plan de Manejo otorgado por CONAF), sin que exista una orden judicial previa, importa que los recurridos se constituyeron como una comisión especial arrogándose facultades de carácter jurisdiccional que la Constitución y las leyes entregan exclusivamente a los tribunales de justicia; lo que fluye de la aplicación del artículo 76 de la Carta Fundamental y del artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales.

También razona y explica que se ha vulnerado la igualdad ante la ley (artículo 19, Nº 2 de la Constitución Política de la República). Señala que no se ha respetado la igualdad ante la ley y se le ha puesto en una situación jurídica improcedente, ya que el conflicto entre partes incitado por el señor nombre reservado no ha sido zanjado por los tribunales llamados por ley a conocer del asunto. A su vez, la medida de paralización de faena forestal no fue expedida por un tribunal de la República dentro de la esfera de sus atribuciones, de tal manera que ha sido, y es, objeto de un trato diferenciado que me genera daño psíquico y patrimonial, lo que resulta absolutamente injusto.

Asevera además que se ha vulnerado el derecho de propiedad (artículo 19, Nº 24 de la Constitución Política de la República). “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. En el caso particular, la actuación de los recurridos, a lo menos, perturba el legítimo ejercicio de la propiedad privada y de los atributos del dominio consistentes en usar, gozar, y disponer del inmueble, basándose en potestades legales inexistentes y carentes de todo fundamento fáctico. El dominio, regulado en el artículo 582 del Código Civil, faculta para gozar de los frutos que el inmueble pueda proveer, por lo que consecuencialmente se le priva del derecho a transar cosas que son de su propiedad. Agrega que esta perturbación y privación, al impedirle cumplir con el contratista, además, amenaza el derecho de propiedad sobre su patrimonio por cuanto lo expone a una eventual responsabilidad contractual y a perjuicios económicos que no tiene por qué asumir. Por otro lado, la paralización de faenas se constituye en la práctica como un verdadero gravamen o prohibición que no responde a norma jurídica alguna, limitando injustamente el uso, goce, y disposición de sus bienes.

Por otro lado señala que también se ha conculcado por los recurridos el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan (artículo 19, Nº 21 de la Constitución Política de la República). Menciona que la Resolución Nº 867/32-81/24 DL 701/1974 aprobada por CONAF el 19 de noviembre de 2024 le otorgó el derecho indubitado a explotar su predio. Cualquier medida que tienda a la paralización de su actividad económica debe ser expedida de manera fundada por un Juez de la República, cuestión que aquí no existe. Agrega que lo sucedido lo deja en una situación injustamente desmejorada, por cuanto pesa sobre el inmueble un gravamen que no tiene justificación jurídica y que repercute en el hecho público y notorio que no se puede ejecutar la faena forestal para la cual, paradójicamente, se obtuvo toda la documentación legal y sectorial. Sostiene que los recurridos lo han despojado del derecho a ejercer su actividad económica, aun cuando tiene autorización de la autoridad sectorial pertinente (CONAF).

Por último, el recurrido refiere que también ha sido vulnerado el derecho a la integridad psíquica (artículo 19, Nº 1 de la Constitución Política de la República), por cuanto ha sido privado de tal derecho, ya que se encuentra en la permanente angustia de poder concretar su proyecto económico, careciendo de la tranquilidad que como ciudadano que obtuvo las autorizaciones pertinentes, merece. Agrega que no poder cumplir con la empresa contratista es consecuencia del hecho ilegal y arbitrario ejecutado por los recurridos, lo que le impide alcanzar tranquilidad psicológica. Menciona que es evidente que una situación como la denunciada merma la paz mental de cualquier persona y genera sentimientos de frustración, por cuanto las instituciones deberían amparar y proteger a las personas que cuentan y exhiben su documentación legal en forma regular, mas no perjudicarlas. Cabe señalar, que la relación que existe entre Carabineros de Chile y el Ministerio Público, por un lado, versus un ciudadano común que respetó todas las normas legales en forma previa al inicio de su faena forestal, por otro lado, es ampliamente disímil y desproporcionada. Salvo la vía del recurso de protección, no tiene manera de intentar que se restablezca el imperio del Derecho.

Para terminar, razona acerca de la competencia de esta Corte para conocer de este recurso de protección pues, tal como señala el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso, es competente para conocer de él la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto arbitrario o ilegal, el cual habría acaecido en la comuna de Portezuelo, por lo que corresponde a esta Corte conocerlo y resolverlo. Agrega, que, por otro lado, los efectos de la paralización ilegal de la faena forestal y la vulneración de sus garantías constitucionales se han producido en el territorio jurisdiccional de esta Corte.

En definitiva, y previas citas normativas, pide a esta Corte de Apelaciones tener por interpuesto recurso de protección en contra de CARABINEROS DE CHILE, y en contra del MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, y en definitiva, declarar que: 1) Se acoge el recurso de protección interpuesto en contra de Carabineros de Chile y del Ministerio Público. 2) En consecuencia, se deja sin efecto la paralización de faena forestal ordenada por los recurridos el día miércoles 27 de noviembre de 2024 en la comuna de Portezuelo. 3) Carabineros de Chile y el Ministerio Público, deberán abstenerse de ejecutar toda acción u omisión que contravenga la ley, en particular, no podrán afectar las garantías constitucionales del recurrente sin una orden expedida por Juez de la República. 4) Se adopte toda otra medida que esta Corte considere oportuna para el restablecimiento del imperio del Derecho. 5) Los recurridos deben dar cuenta del cumplimiento de la sentencia dentro del plazo de 24 horas contados desde su notificación. 6) Se condena en costas a los recurridos.

A su recurso, acompañó documentos.

2.- Que compareció doña nombre reservado, Fiscal Regional del Ministerio Publico de la Región de Ñuble, informando el presente arbitrio, señalando que los hechos que son relatados en la acción constitucional de protección presentada por don nombre reservado ocurridos el día 27 de noviembre de 2024, se consignaron en el parte policial que inició la investigación RUC 2401473852-1 por el delito de sustracción de madera, en que, tanto el recurrente como don nombre reservado, se denuncian mutuamente por el delito indicado.

Agrega que en parte policial N°191, del retén Portezuelo, perteneciente a la Quinta Comisaría de Quirihue, junto con consignarse ambas denuncias, solo se indicó que personal policial concurrió al predio en que se encontraba don nombre reservado junto a 4 personas y otros funcionarios policiales, quienes definieron parar la faena y concurrir al Reten de Portezuelo para realizar la denuncia correspondiente, no constando en dicho documento ninguna instrucción entregada por algún fiscal del Ministerio Público a propósito de este procedimiento policial.

Hace presente además que esta causa concluyó por aplicación de la decisión de no inicio de la investigación del artículo 168 del Código Procesal Penal el 19 de diciembre de 2024.

A su informe, adjuntó el parte policial N° 191, del retén Portezuelo, , perteneciente a la Quinta Comisaría de Quirihue, junto con sus anexos.

3.- Que, el recurrido Carabineros de Chile, informó el presente recurso, al tenor del parte policial N° 91 de 27 de noviembre de 2024, ya acompañado tanto por el recurrente como por el Ministerio Publico en su informe, exponiendo en síntesis, que el 27 de noviembre de 2024, nombre reservado en representación de la Sociedad Comercial Industrial Socodima Ltda, RUT RUT reservado, y como propietario del predio San Cristóbal de Cabrería, ubicado en sector Cabrería de la comuna de Portezuelo, exhibiendo inscripción de dominio y escrituras denunció a Carabineros que personas estaban talando árboles en su predio, concurriendo personal policial al lugar en el cual se encontraban. ​Agrega que en dicho lugar se presentó también don nombre reservado señalando también ser el propietario del terreno y mostró documentación al efecto.

Informa que Carabineros sugirió detener la faena hasta aclarar la propiedad del predio y realizar la denuncia correspondiente, agregando que Carabineros se limitó a verificar la situación en terreno y tomó declaraciones de ambas partes.

Refiere que se realizaron fotografías del lugar y se remitieron los antecedentes a la Fiscalía Local de Quirihue. ​ El referido hace presente que se tomó declaración a los funcionarios policiales que participaron del procedimiento, el Sargento nombre reservado y el Sargento nombre reservado quienes informaron sobre su intervención en el conflicto, destacando que ambos denunciantes presentaron documentación y se sugirió detener la faena.

Sostiene el recurrido que Carabineros actuó conforme a su rol preventivo, evitando agresiones y limitándose a acoger la denuncia, ordenándose una investigación administrativa para esclarecer posibles actos susceptibles de reproche disciplinario. ​ Concluye que el presente recurso de protección está relacionado con una disputa de propiedad entre nombre reservado y nombre reservado; y que Carabineros no se involucró en la disputa de propiedad y actuó conforme a la ley. ​ Solicita rechazar el recurso de protección, con costas, ya que no se vulneró ningún derecho constitucional del recurrente.

A su informe, acompaño documentos.

4.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7.- Que, al analizar los hechos denunciados, y, en especial, el acto u omisión ilegal o arbitrario materia del recurso y que el recurrente hace consistir en la paralización de la faena forestal que se desarrollaba en el inmueble de su propiedad debidamente amparada en Plan de Manejo otorgado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), sin que existiese una orden judicial que fundamente y ampare dicha actuación, debe hacerse presente que la referida orden de paralización no consta en antecedente alguna allegado a este proceso. En efecto, el propio recurrente señala que dicha orden fue dada por Carabineros de forma verbal por instrucción del Ministerio Público, quien al informar sostiene que no consta- en los antecedentes de la denuncia hecha por el recurrente y el señor nombre reservado en el Retén de Carabineros de Portezuelo- ninguna instrucción entregada por algún fiscal del Ministerio Público a propósito de este procedimiento policial.

8.- Que, Carabineros al informar el presente arbitrio, sostiene que de parte de los funcionarios policiales no hubo ninguna actuación que pudiere constituir un actuar ilegal o arbitrario, ya que sólo cumplieron un rol preventivo, a fin de evitar mutuas agresiones entre los señores nombre reservado y nombre reservado y sus acompañantes, aconsejando paralizar las faenas y tomar denuncias por eventual sustracción de madera, remitiendo los antecedentes al Ministerio Publico; por lo que se descarta la existencia de la mencionada orden de paralizar las actividades forestales en el predio del recurrente, y que ha motivado la presentación de la presente acción constitucional.

9.- Que, atendido el tenor del informe del Ministerio Publico, según indicó el recurrente, éste se desistió a su respecto del recurso, lo que se tuvo presente por esta Corte en su oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, al informar el Ministerio Público hace presente que respecto del Parte de Carabineros se inició la investigación RUC 2401473852-1 por el delito de sustracción de madera concluyó por aplicación de la decisión de no inicio de la investigación del artículo 168 del Código Procesal Penal el 19 de diciembre de 2024, la cual concluyó por aplicación de la decisión de no inicio de la investigación del artículo 168 del Código Procesal Penal, el 19 de diciembre de 2024.

10.- Que, en consecuencia, del análisis de los antecedentes allegados a esta acción, no se encuentra acreditado el acto considerado ilegal y arbitrario por parte del recurrente; la acción intentada carece de los presupuestos básicos y fundamentales para pretender el amparo requerido por esta vía, razón por la cual será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de Carabineros de Chile.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona.

R.I.C. Protección - 1196 - 2024.-