nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, dos de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, casada, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de COMPIN Subcomisión Ñuble, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por nombre reservado, médico cirujano, o por quien lo reemplace o subrogue, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por el Superintendente Claudio Reyes Barrientos o por quien lo reemplace o subrogue, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que el 20 de mayo del año en curso, la Superintendencia de Seguridad Social emitió la Resolución Exenta N° R-01-IBS-45232-2020 que ratifica lo resuelto en la COMPIN Subcomisión de Ñuble, en orden a mantener el rechazo de la licencia médica N° 59400980 extendida por un total de 30 días, a contar del 6 de noviembre de 2019, licencia que fue otorgada en la oportunidad correspondiente por un especialista como lo es el médico psiquiatra nombre reservado.

Hace presente la recurrente que tomó conocimiento de la aludida Resolución el 20 de mayo último, y que la Subcomisión había rechazado la licencia médica 59400980, concluyendo posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social, una vez estudiado los antecedentes, que el reposo prescrito “no se encontraba justificado”, para luego agregar que: “Esta conclusión se basa en que no hay nuevos antecedentes clínicos que permitan variar lo resuelto”.

Estima la recurrente que la referida Resolución carece de todo fundamento clínico que sea capaz de desvirtuar la opinión del médico psiquiatra nombre reservado y que se trata de una resolución arbitraria, ya que no hace más que confirmar el dictamen de la Subcomisión, rechazando la referida licencia médica sin señalar pormenorizadamente qué antecedentes se consideraron para tomar tal determinación, así como tampoco se encuentra debidamente motivada y que la licencia médica rechazada no fue objeto de pericia por parte de las recurridas al momento de su examen original, ni al momento de resolver acerca de los recursos de reposición, argumentando que el acto debe necesariamente ser inteligible para el ciudadano en orden a que éste, mediante su sola lectura, pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, médicos y jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la Administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple con la expresión citada.

Agrega que, el acto recurrido es ilegal, ya que infringe los artículos 3 y 30 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos y el artículo 16 del DS N° 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas en que se sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria.

En cuanto a las garantías constitucionales la actora considera que el actuar de las recurridas infringe la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en el sentido que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple a la remuneración del trabajador que se encuentra afectado con una determinada incapacidad laboral, por lo que su rechazo, implica que el dependiente que ha hecho uso de la licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, tales como alimentación y compras de medicamentos prescritos según la patología que padece, comprometiendo y conculcando su derecho a la vida e integridad física y psíquica. También estima vulnerada la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que, al mantener el rechazo de la referida licencia médica, ello se convierte en una privación de la remuneración monetaria a la cual tiene derecho el trabajador.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se acoja el recurso, declarando arbitraria e ilegal la Resolución Administrativa recurrida, ordenando a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar la licencia médica N° 59400980 y disponer el pago del subsidio de incapacidad laboral temporal subsecuente, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensables para tal objeto y se ordene a la COMPIN Subcomisión Ñuble autorizar la licencia médica N° 59400980 y disponer el pago del subsidio de incapacidad laboral temporal subsecuente, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensable para tal objeto o, en subsidio de todo, se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

A su presentación acompaña la recurrente la resolución R-41762-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social de 20 de mayo de 2020 que rechaza solicitud de reconsideración de la actora en contra de la Resolución exenta IBS N°R-01-IBS-22646-2020 de fecha 20 de marzo del 2020, de la misma Superintendencia; informe psiquiátrico de 30 de abril de 2020 emitido por el psiquiatra nombre reservado y copia de captura de pantalla relativo al correo electrónico dirigido por la Superintendencia de Seguridad Social a la recurrente el 20 de mayo de 2020, notificándola de la resolución N° 41762 ya referida.

2°.- Que, informando el recurso en representación de la Superintendencia de Seguridad Social el abogado Tomás Garro Gómez, señala en primer término que el dictamen impugnado por la acción de protección de autos fue notificado el mismo 20 de marzo de 2020, remitiendo el mismo al correo electrónico correo reservado, que fue señalado por la propia recurrente al interponer el recurso de reconsideración en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-05574-2020 de 23 de enero de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que ya había confirmado lo resuelto por la COMPIN de la Región del Bío Bío, Subcomisión Ñuble, en orden a mantener el rechazo de la licencia médica N° 59400980, extendida por un total de 30 días a contar del 6 de noviembre de 2019, por lo que constando que el Dictamen de que se trata fue notificado el 20 de marzo de 2020, la acción de protección interpuesta el 13 de junio de 2020 fue más de dos meses después de emitido el acto impugnado, por lo que resulta manifiestamente extemporánea, correspondiendo por lo tanto su rechazo.

Añade que la recurrente el 30 de diciembre de 2019, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN Región del Bío Bío Subcomisión Ñuble, había confirmado el rechazo de la licencia médica N° 59400980 extendida por 30 días a contar del 6 de noviembre de 2019, por reposo no justificado, haciendo presente que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta R-01-UME-05574-2020 de 23 de enero de 2020, resolvió confirmar el rechazo de la referida licencia médica, rechazando la reclamación, por cuanto como se indicó en dicho dictamen: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 59400980, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 136 días por la misma patología…”. Plantea que, de este primer pronunciamiento de la Superintendencia, el 19 de febrero de 2020 la recurrente interpuso recurso de reconsideración, de lo que se colige que ya a esa data tenía conocimiento cierto de lo resuelto tanto por la COMPIN como por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que deja más en evidencia la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional.

En subsidio, solicita el rechazo del recurso, debiendo distinguir en primer término, entre las actuaciones de la Superintendencia de Seguridad Social y lo obrado por COMPIN de la Región del Bío - Bío, ya que esta última actuó como organismo administrador del derecho denominado licencia médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras afiliados cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, y la intervención de la Superintendencia de Seguridad Social se sintetiza en que, tal como consta en los expedientes administrativos que acompaña, la recurrente el 30 de diciembre de 2019, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN Región del Bío Bío, Subcomisión Ñuble, había confirmado el rechazo de la licencia médica N° 59400980 extendida por 30 días a contar del 6 de noviembre de 2019, por la causal de orden médico reposo no justificado, haciendo presente que la Superintendencia de Seguridad Social, previo haber recabado los antecedentes médicos del caso y estudiados los mismos por profesionales médicos del Departamento Contencioso Administrativo, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-05574-2020 de 23 de enero de 2020, resolvió confirmar el rechazo de la licencia médica reclamada, por cuanto “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 59400980, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 136 días por la misma patología…”. Posteriormente la recurrente, el 19 de febrero de 2020, interpuso recurso de reconsideración en contra de ese primer pronunciamiento, el que previa nueva revisión de los antecedentes del caso, resolvió mediante Resolución Exenta Nº R-01-IBS-22646-2020 de 20 de marzo de 2020, confirmar lo antes resuelto en cuanto a la procedencia del rechazo de la licencia médica dispuesto por la COMPIN de la Región del Bío – Bío, Subcomisión Ñuble, señalando que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 59400980, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en se revisó una vez más su expediente, el informe médico y psicológico que acompaña en la actual presentación, concluyendo que no hay nuevos antecedentes clínicos que permitan variar lo ya resuelto…”

En efecto, de acuerdo con lo consignado en la ficha médica por la Dra. nombre reservado, psiquiatra, se trata de una trabajadora de 31 años, profesora dependiente de la Municipalidad San Nicolás (8 años). Parto 06/01/19 Inicia LM (F) el 23/6/19, 136 días autorizados + 56 rechazados, apela por primeros 30 días sin reintegro a diciembre 2019. IMT especialista N° 3882 en listado de A.E., con gran aumento en año 2018. Informe (19/12/19) inconsistente: se extiende la LM para "...esperar la respuesta satisfactoria de fármacos indicados..." (sertralina 100 mg/día) No es comprensible por qué el antidepresivo no habría hecho un efecto suficiente llevando casi 4 1/2 meses de tratamiento. RECHAZAR.

Asimismo, la profesional Dra. nombre reservado, psiquiatra, otra de las especialistas informantes del caso de la Sra. nombre reservado, dejó constancia de lo siguiente: “…Refiere estado depresivo y no tener redes de apoyo con quién dejar a su bebe, la cual sólo toma leche materna, lo que le provoca mucha angustia en la separación. Días autorizados: 136 a continuación del post natal parental. LM anterior ya rechazada por SUSESO. LM 59558422 por 30 días desde 06/12/2019 Dg: Trastorno Depresivo Post parto. Dr. nombre reservado. Psiquiatra. IMT: 29/1/20. “Informe refiere qué paciente no pudo recuperarse en forma rápida. Sus síntomas se caracterizaban por desánimo, adinamia, labilidad emocional, fatiga, ansiedad y disminución de sus funciones cognitivas, los cuales persistieron por meses. Por lo que en noviembre se decidió prolongar su reposo laboral con el fin de minimizar los estresores ambientales y esperar la respuesta satisfactoria de los fármacos indicados. En control de diciembre la paciente logra recuperarse de mejor forma por lo que se orienta y se refuerzan progresos, prolongando un último reposo por 26 días. Tratamiento Sertralina 200 mg más psicoterapia. Informe psicológico 18/2/20. Ingresa a terapia al 7º mes de embarazo por sintomatología de episodios frecuentes de ansiedad, que incluían ideas aprensivas recurrentes sobre el embarazo, dificultad para dormir y concentrarse. Luego de evaluar los síntomas iniciados en las dificultades para encontrar cupo en la sala cuna de su sector, enfermedades respiratorias reiteradas de su hija y en la lejanía existente entre su hogar y lugar de trabajo. Se sugiere evaluar con psiquiatra. Inicia su tratamiento en el mes de junio, siendo diagnosticada con depresión postparto para lo que le recetaron sertralina y quedó con licencia médica, medida compartida por el profesional que suscribe, debido a las exigencias que implica ser responsable de menores de edad en etapa preescolar. Los avances obtenidos fueron lentos no obstante factores como el pasar a planta, aumento de horas a su pareja en el establecimiento educacional fuera de la comuna y el efecto de los fármacos y la psicoterapia repercutieron positivamente en el estado emocional, razón por la que está dada de alta de psicoterapia con fecha 10 de febrero de 2020. Actualmente la paciente se encuentra en proceso de remisión de la sintomatología presentada y sus funciones cognitivas y emocionales se encuentran en un punto adecuado, motivo por el cual es capaz de reincorporarse a su trabajo. Exámenes: No adjunta Peritaje: no. Nuevo Informe médico no aporta fundamentos por los cuales se prolongó el reposo, sólo indica aumento de Sertralina a 200 mg después de 6 meses de tratamiento. Informe psicológico centra estresores en condiciones laborales y cuidado de su hija. Rechazo.”

Conforme con lo anterior sostiene que jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Agrega que, de acuerdo a su Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad y que, tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal. En tales situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo.

Indica que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un régimen de prestaciones de salud al efecto. Detalla que el aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente, que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 de dicho Decreto con Fuerza de Ley, el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Añade que, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3 del año 1984 del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”. Considera en base a lo expuesto y de acuerdo con las normas referidas, que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporalmente para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral.

Refiere además que, conforme al D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, luego de realizada la tramitación de una licencia médica a que aluden los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo en comento, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional en el caso de los trabajadores afiliados a dichas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Agrega que, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, instituciones de previsión que en la actualidad y, con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). A su vez, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud, como es el caso de la recurrente de autos, mientras que de las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas anteriormente, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Hace presente además que, los reclamos interpuestos por la recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas, se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas. En este orden, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que, el legislador ha establecido en la Ley 16.395, las funciones de la Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora. Así, el artículo 2º de la Ley 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, tales como: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”; “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.” En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a la Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, haciendo presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud, o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional.

Indica que, en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, precisando que en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de lo resuelto por la Isapre por la COMPIN y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social, como institución de fiscalización de tal instituciones de previsión, concluyéndose que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, por tratarse de una enfermedad que es irrecuperable, crónica y que causa incapacidad laboral permanente, pero no invalidante, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

En cuanto a las garantías constitucionales sostiene que, la pretensión de la recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…” y en el presente caso, la recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido con los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, sino que por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas, por lo que, al no existir acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

Detalla que, con respecto a la vulneración del derecho a la vida o integridad psíquica, la recurrida simplemente se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido en orden a ejercer el control técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto institución de previsión social, respecto de un particular derecho como es la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral, por lo que de modo alguno ha causado la afección psiquiátrica que padece la recurrente, ni le ha impedido que consulte a su médico tratante, siendo un hecho que siempre ha tenido la posibilidad de consultar a éste y que no ha impedido, ni podría hacerlo, el acceso a los tratamientos y demás prestaciones médicas que contemple su sistema común de salud, en su caso, la cobertura que contempla su sistema de salud común, autorizándosele el reposo prescrito por las licencias médicas en cuanto ello resultó procedente de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

Con respecto a una supuesta vulneración de la garantía relacionada con la igualdad ante la ley, la recurrida plantea que no existe tal discriminación arbitraria, por cuanto la confirmación o no del rechazo de una licencia médica se resuelve caso a caso, de acuerdo con los antecedentes médicos particulares de cada uno, siendo las situaciones de hecho de orden médicas diversas y subjetivas respecto de cada paciente y, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad relacionado con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, la recurrente entiende que la actuación de la Superintendencia vulneraría su derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, el que operaría en reemplazo de su remuneración, lo que implicaría, en opinión de la actora, afectar un eventual o hipotético derecho de propiedad.

Plantea que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3 de 1984 y DFL. Nº 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establecen que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

Agrega que, en concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento de autorización de licencias médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Expresa además que, resulta improcedente la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, manifestando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3 del año 1984 del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores, a saber, las Instituciones de Salud Previsional y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección, de tal forma que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, la cual debido a su carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Por todo lo anterior, termina solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso, con costas.

Que, por otra parte, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social acompañó a su informe la carpeta administrativa de tramitación de lo reclamado por la actora. Así, consta informe de médico siquiatra nombre reservado de 19 de diciembre de 2019; formulario de licencia médica N° 59400980 por 30 días a contar del 6 de noviembre de 2019 extendida por el siquiatra precitado; formulario de 23 de diciembre de 2019 de apelación suscrito por la actora ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de resolución de rechazo emanada de COMPIN respecto a la licencia médica N° 59400980; resolución exenta de dicha Superintendencia N° R-01-UME-05574-2020 de 23 de enero de 2020 que confirma el rechazo de la licencia médica N° 59400980; Formulario de reclamo y apelación suscrito por la actora con fecha 19 de febrero de 2020; resolución exenta de dicha Superintendencia N° R-01-IBS-22646-2020 de 20 de marzo de 2020 que desestima la reconsideración deducida por doña nombre reservado y confirma el rechazo de la licencia médica N° 59400980 y, se adjunta ficha médica en la que constan las informes de los médicos siquiatras nombre reservado y nombre reservado.

3°.- Que, encontrándose válidamente notificada la recurrida COMPIN Subcomisión Ñuble, ésta no evacuó el informe requerido, motivo por el cual esta Corte prescindió de aquél.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, la recurrente ha invocado la protección del legítimo ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19 números 1 y 24 de la Constitución Político, los que se habrían vulnerado como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario del recurridos, en específico por la Superintendencia de Seguridad Social quien rechazó su reclamo y posterior reconsideración relativas a su licencia médica N° 59400980 que prescribía 30 días de reposo a contar del 6 de noviembre de 2019, licencia que fue rechazada, en primer término, por COMPIN, Subcomisión Ñuble y luego dicho rechazo fue confirmado por la aludida Superintendencia por considerar que el reposo prescrito no estaba justificado, impugnando la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social por estimar que es ilegal, ya que infringe los artículos 3 y 30 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos y el artículo 16 del DS N° 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas en que se sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria, estimando además que lo resuelto por la Superintendencia carece de todo fundamento clínico que sea capaz de desvirtuar la opinión del médico psiquiatra nombre reservado y que se trata de una resolución arbitraria, ya que no hace más que confirmar el dictamen de la Subcomisión, rechazando la referida licencia médica sin señalar pormenorizadamente qué antecedentes se consideraron para tomar tal determinación.

7°. Que, por su parte, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social solicitó el rechazo del recurso interpuesto en su contra, alegando en primer término, la extemporaneidad de la acción al haberse interpuesto, a su juicio, fuera de plazo y, en subsidio solicita que se desestime el recurso deducido, por cuanto no existe ninguna actuación arbitraria o ilegal de su parte, toda vez que obró conforme a derecho, estimando que no existen derechos vulnerados para la actora, pues nunca tuvo el derecho a pago de una licencia médica, al no haberse autorizado ésta por la COMPIN, ni por la Superintendencia de Seguridad Social; agregando que el derecho a la seguridad social no se encuentra amparada por el recurso de protección.

8°.- Que, previamente debe desestimarse la alegación de extemporaneidad invocada por la recurrida, desde que consta del mérito de la documental acompañada por la actora que ésta dedujo el pasado 17 de mayo reconsideración ante la propia Superintendencia de Seguridad Social en contra de su Resolución exenta IBS N°R-01-IBS-22646-2020 de fecha 20 de marzo del 2020, la que a su vez había rechazado la reconsideración de la propia actora dirigida en contra de la Resolución Exenta R-01_UME-05574-2020 de 23 de enero de 2020 que había confirmado el rechazo de la licencia médica N° 59400980.

Que, entonces la última reconsideración de 17 de mayo de 2020 deducida por la recurrente fue resuelta en el ORD. R-01-IBS-45232-2020, Dictamen R-41762-2020 de fecha 20 de mayo de 2020 que rechazó la aludida reconsideración, lo que fue notificado por correo electrónico a la actora ese mismo 20 de mayo del año en curso, razón por la cual el presente recurso de protección deducido el 19 de junio de 2020 no es extemporáneo.

9°.- Que, también debe desecharse la alegación deducida por la Superintendencia de Seguridad Social respecto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social contemplada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política que no es aquellas garantías amparadas en el recurso de protección, desde que, de acuerdo al mérito del interpuesto, éste invoca únicamente las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Carta Fundamental, que sí se encuentran bajo el amparo de esta clase de recurso, conforme lo dispone el artículo 20 de la citada Constitución.

10°.- Que, en cuanto al fondo y, para una adecuada resolución del presente recurso, resulta relevante tener presente lo que dispone el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/1984 del Ministerio de Salud sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que establece: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, el artículo 21 del citado Reglamento dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

11°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, tanto por la recurrente como por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible advertir que la decisión de la citada Superintendencia de confirmar el rechazo de la licencia médica N° 59400980 y de desestimar las reconsideraciones deducidas por la actora se ajustan al mérito de los antecedentes que fueron recopilados durante la sustanciación del reclamo enderezado por la recurrente nombre reservado, lo cual en definitiva se plasmó en sendas resoluciones que explican de manera sintética, la razón que se tuvo en cuenta al momento de rechazar las reconsideraciones o de confirmar el rechazo de la referida licencia médica. Así, la Superintendencia de Seguridad Social, en su Resolución Exenta N° R-01-UME-05574-2020 de 23 de enero de 2020 señala que " Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 59400980, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 136 días por la misma patología”. De igual forma, en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-22646-2020 de 20 de marzo de 2020 expresa que: " Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 59400980, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en se revisó una vez más su expediente, el informe médico y psicológico que acompaña en la actual presentación, concluyendo que no hay nuevos antecedentes clínicos que permitan variar lo ya resuelto.”

Por último, en en el ORD. R-01-IBS-45232-2020, Dictamen R-41762-2020 de fecha 20 de mayo de 2020 la recurrida señaló: “Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con manifestarle que en su solicitud Usted no ha acompañado ningún antecedente que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio, por lo que se rechaza su solicitud de reconsideración y se mantiene firme lo resuelto previamente.

Cabe hacer presente que, para efectuar una nueva revisión de la situación por Usted reclamada, es indispensable que acompañe a su escrito de reconsideración, antecedentes fundantes que no se hayan aportado en sus anteriores reclamaciones. En efecto, los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, difícilmente podrán desvirtuar lo fallado por este Organismo Fiscalizador.”

12°.- Que, conforme al mérito de las resoluciones dictadas por la recurrida, las que fueron citadas en el motivo que antecede, es posible advertir las motivaciones que tuvo en cuenta para rechazar el reclamo y las reconsideraciones de la actora y confirmar el rechazo de la licencia médica, lo que permite sostener que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social no es arbitraria, ya que no se sustenta en el mero capricho o voluntad, sino que expresa un motivo justificado, reproducible y debidamente adquirido por medio de un procedimiento que se ajusta a su normativa interna, por lo que puede concluirse además que no se advierte ilegalidad en sus actos.

Que, asimismo, cabe tener presente que la recurrida en su informe, así como del expediente administrativo que acompaña y en el cual consta la tramitación que se le brindó al reclamo y reconsideraciones formulados por la actora, dio cuenta del análisis de los antecedentes que tuvo a la vista a la hora de adoptar la decisión que en este proceso se ventila. Y así, tanto en el reclamo contra la decisión del COMPIN, como en las solicitudes de reconsideración en contra del rechazo de las licencias médicas, consta que los antecedentes médicos de la señora nombre reservado, fueron revisados por otros médicos psiquiatras: nombre reservado y nombre reservado, quienes luego de exponer su apreciación sobre el diagnóstico clínico de la recurrente, así como de los antecedentes médicos que ésta acompañó, concluyeron que el reposo que se indicaba en la licencia médica N° 59400980 que fue rechazada, se encontraba injustificado, pues dichos antecedentes no permitían acreditar una incapacidad laboral más allá del tiempo autorizado, por lo que estimaban pertinente mantener el rechazo de dicha licencia médica.

Que, así las cosas, conforme a lo que se ha venido diciendo es posible concluir que, en la especie, la Superintendencia de Seguridad Social se ciñó al ordenamiento jurídico al adoptar las decisiones recurridas, las cuales se aprecian como motivadas y carentes de arbitrariedad e ilegalidad, de modo tal que, ante la inexistencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de COMPIN Subcomisión Ñuble, representada legalmente por nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por el Superintendente Claudio Reyes Barrientos Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

ROL N° 1195-2020-PROTECCIÓN.- 19