nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Chillán, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, Rut RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Ignacio, representada por su alcalde Suplente don PATRICIO SUAZO ROMERO, y directamente también en contra de don PATRICIO SUAZO ROMERO alcalde Suplente de la misma entidad, respecto a lo resuelto en DECRETO ALCALDICIO N°7137, de fecha 27 de junio de 2023, la cual dispone su desvinculación como funcionario, según indica el referido Decreto, de acuerdo con la causal "Falta grave a la probidad administrativa", a contar del 27 de junio de 2023, que fue notificado por medio de correo certificado, recibido en su domicilio con 28 de junio de 2023, toda vez que, conforme a los antecedentes tenidos a la vista, la autoridad municipal, elegida como Suplente, procedió a instruir y a decretar su desvinculación vulnerando principios constitucionales y legales básicos, esenciales y elementales, afectando gravemente sus derechos constitucionales.

Al fundarlo señala que desde el 29 de junio el año 2021 se desempeñó como Director de Salud de la comuna de San Ignacio y según último decreto alcaldicio N°12670 de fecha 23 de diciembre de 2022 sus funciones tenían como término el 31 de diciembre 2023.

Añade que el Ministerio Público procedió a Formalizar investigación penal al Sr. nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio, en la causa Rit N° 1520 -2022, de fecha 18/04/2023, del Juzgado de Garantía de Bulnes, decretándose en su contra la medida cautelar, personal de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de siete meses. Igualmente, se procedió a Formalizar investigación penal en su contra, en la misma causa, decretándose en su contra la medida cautelar, personal de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de siete meses. Dicha medida cautelar fue modificada con fecha 7 de julio de 2023, decretando la libertad inmediata y sustituyéndose por la de reclusión domiciliaria.

Agrega que la recurrida procedió a decretar su desvinculación atribuyéndole una "Falta grave a la probidad administrativa”, en un decreto que es infundado, impertinente y le provoca perjuicios graves. No señala ni refiere ningún fundamento de hecho, ni indica aquellos que se le atribuyen, ni cuales serían sus acciones o conductas, probadas que acreditarían la referida “grave falta de probidad”, que se le atribuye, impidiendo de esta manera desvirtuar las referidas imputaciones, pues desconoce los hechos que se le atribuyen. Más aún, el Decreto no indica los fundamentos legales del acto de autoridad, que sustentan y justifican o sirven de fundamento a su desvinculación, por lo que en consecuencia lo transforma en un acto ilegal y arbitrario, del que le impide ejercer su derecho a defensa.

Precisa que la resolución recurrida es un acto administrativo arbitrario e ilegal y, la vulneración de garantías constitucionales se genera al adoptarse una decisión, por medio de un acto administrativo infundado arbitrario e ilegal, del Alcalde Suplente de la Municipalidad de San Ignacio, que ordenó su desvinculación por falta de probidad, sin indicarse en la resolución, los fundamentos de hecho de la medida, ni tampoco haberse efectuado ningún procedimiento administrativo, que permitiese acreditar la existencia de algún hecho que pudiese tener por establecidos y acreditados los supuestos hechos, que justifiquen tan grave decisión. No existió procedimiento de ninguna naturaleza, previo y legalmente tramitado que hubiese permitido el ejercicio de su derecho a defensa, circunstancia básica en un Estado de derecho democrático. De manera que la resolución que pone término a sus servicios, no sólo como acto administrativo carece de fundamentación, motivación y proporcionalidad, sino que, además, es una flagrante violación al debido proceso, a la honra, entre otras garantías que se precisarán a continuación.

Señala que el acto administrativo impugnado, importa una privación de las siguientes garantías constitucionales establecidas en el Art. 19, de la Carta Fundamental: La del Número: N° 1º “El derecho a la vida y la integridad física y psíquica; Nº 2, “La igualdad ante la ley sobre todo, en cuanto a que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; N° 3, esto es: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”; N° 3, inciso 4º: “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad a esta”; N° 4: “el respeto y protección a la honra”; Art, 16º “La libertad de trabajo y su protección; N° 24º, este último, sobre el derecho de propiedad en sus diversas especies en especial sobre los bienes incorporales, de la Constitución Política de la República de Chile.

Plantea que además de ser contraria a las disposiciones constitucionales invocadas anteriormente, lo es también a diversas disposiciones legales que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser fundados y como resulta patente del acto impugnado, éste resulta de su simple lectura, una decisión infundada porque no expresan ni manifiestan las razones en las cuales se sustentan, tanto del punto de vista fáctico como técnico dichas decisiones emanadas del Alcalde Suplente, dejando a esta parte en la indefensión en orden a poder controvertirlas. No se especifican cuáles serían las imputaciones, ni los hechos y antecedentes que fueron considerados y no se explica por qué ellos tienen mérito de acreditar tan grave infracción imputada y medida administrativa adoptada. En definitiva, no se indica cuáles son las razones que permiten arribar a la conclusión de la grave falta de probidad que se me atribuye, siendo del suyo legítimo preguntarse A mayor abundamiento, señala, el acto administrativo debe necesariamente ser inteligible para el ciudadano en orden a que éste, mediante su sola lectura pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, como jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano administrativo, lo que evidentemente no se cumple. Hace presente que el acto administrativo es la consecuencia necesaria de un procedimiento administrativo y el Artículo 4º, de la ley establece los Principios del procedimiento, 3 y 40 de la Ley N°19.880 Sobre Procedimiento Administrativos.

Y en este caso, el acto recurrido es ilegal, en cuanto es contrario al ordenamiento jurídico, porque vulneran e infringen flagrantemente los artículos 3 y 40 de la Ley N°19.880 Sobre Procedimiento Administrativo, al ser un acto administrativo infundado, tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones jurídicas en que sustentan su decisión, tanto desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basa la resolución , ya que ellos en definitiva se omiten de plano.

Destaca que el acto recurrido debe estimarse además, en consecuencia, arbitrario en cuanto no ha sido adoptado con criterios que pueda estimarse racionales de acuerdo a los hechos, sobre todo por lo infundada de su resolución. En efecto, el acto administrativo recurrido se ha dictado con infracción a la garantía constitucional del debido proceso pues en su generación no han sido legalmente tramitados, ya que no se ha dado cumplimiento a las normas de fundamentación que debe necesariamente contener de acuerdo con los artículos 3 y 40 de la Ley N°19.880.

A mayor abundamiento, indica, se configura, además, la infracción a la garantía constitucional, según la cual nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. A este respecto, el Alcalde Suplente se constituyó en juez o fiscal y, en definitiva, en una comisión especial, al resolver por sí y ante sí, su destitución por la grave causal indicada. Ahora, si bien el Alcalde Suplente, es una autoridad regular y reglada en su competencia y atribuciones, en este caso actuó fuera de ellas, en contravención a la Carta Fundamental (Art. 6 y 7 de la Constitución). Con ello infringió la garantía antes señalada, porque la declaración de destitución, basada, no se sabe en qué argumentos de hecho y en la ausencia de todo procedimiento, implica que los hechos omitidos han sido valorados, esto es, juzgados, por el Alcalde Suplente en lugar de un tribunal competente.

Señala, como peticiones concretas: 1.- Tener por interpuesto recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de San Ignacio, representada por su alcalde Suplente don PATRICIO SUAZO ROMERO, jubilado, funcionario público, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber emitido, en forma arbitraria e ilegal, el acto contenido el DECRETO ALCALDICIO N° 7137, de fecha 27 de Junio de 2023, la cual dispone su desvinculación como funcionario, según indica el referido Decreto, de acuerdo a la causal "Falta grave a la probidad administrativa", a contar del 27 de junio de 2023; 2.- Someterlo a tramitación y acogerlo, solicitando a US. ILTMA. que deje sin efecto la citada actuación y/o resolución y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado; con costas.

Finalmente, y en razón de los hechos expuestos más arriba, y lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, artículo Nº 2, Nº 3, Nº 21, Nº 24, y artículo 20 de todos de la Constitución Política de la República, demás disposiciones constitucionales y legales pertinentes y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, pide a esta Corte tener por interpuesto recurso de protección de contra de la I. Municipalidad de San Ignacio, representada por su alcalde Suplente don PATRICIO SUAZO ROMERO, y directamente también en contra de don PATRICIO SUAZO ROMERO alcalde Suplente de la I. Municipalidad de San Ignacio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber ordenado preparar y haber emitido, en forma arbitraria e ilegal, el acto contenido el DECRETO ALCALDICIO N° 7137, de fecha 27 de Junio de 2023, la cual dispone su desvinculación como funcionario, según indica el referido Decreto, de acuerdo a la causal "Falta grave a la probidad administrativa", a contar del 27 de junio de 2023, someterlo a tramitación y acogerlo, solicitando que deje sin efecto la citada actuación y/o resolución y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado; con costas.

2°.- Que, al informar Patricio Suazo Romero, alcalde suplente, en representación de la Municipalidad de San Ignacio, señala que desde el 29 de junio el año 2021 don nombre reservado se desempeñó como director de Salud de la comuna de San Ignacio y según último decreto alcaldicio N°12670 de fecha 23 de diciembre de 2022 sus funciones tenían inicialmente término el 31 de diciembre 2023.

Añade que el Ministerio Público procedió a Formalizar investigación penal al Sr. nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio, en la causa Rol N° 1520 -2022, de fecha 18/04/2023, del Juzgado de Garantía de Bulnes, decretándose en su contra la medida cautelar, personal de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de siete meses. De la misma manera, el Ministerio Público procedió a Formalizar investigación penal en contra de don nombre reservado, en la misma causa recién indicada, decretándose en su contra la medida cautelar, personal de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de siete meses. Dicha medida cautelar fue modificada con fecha 7 de julio de 2023, decretando la libertad y sustituyéndose por la de reclusión domiciliaria.

Señala que a partir de la vigencia de la Ley N.°20.250, de nueve de febrero de dos mil ocho, las disposiciones contenidas en el Estatuto de Atención Primaria de Salud municipal se hicieron aplicables no sólo al personal de los establecimientos de atención primaria de salud, señalados en la letra a) del artículo 2° de la Ley N.°19.378, sino que también a aquellos que se desempeñan en las entidades administradoras de salud municipal, contempladas en la letra b) de esa misma disposición legal, incluido el Director del Departamento de Salud municipal.

Refiere que el 47 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, entre otros, las personas que sean designadas como titulares en el cargo que implique dirigir la unidad de salud y educación y demás incorporadas en su gestión, dependencia municipal que corresponde a aquella prevista en el art. 23 de esa misma ley, cuya función es asesorar al alcalde y al concejo en la formulación de las políticas relativas a dichas áreas. Se contempla el empleo de director del Departamento de Salud Municipal y le encomienda la intervención en los procesos de selección y calificación del personal, de modo que dicho empleo forma parte de la dotación de salud municipal y le corresponde, en general, la dirección, supervisión y coordinación de la salud, lo que conlleva la tuición y responsabilidad directa sobre el personal que ejecuta las pertinentes acciones de atención primaria de salud. En cuanto a la permanencia en el cargo del respectivo servidor no se encuentra limitada por un plazo, sino a la eventual concurrencia, de alguna de las causales de cese de funciones, contempladas en el artículo 48 de la Ley N.°19.3781.

Luego, cita el artículo 8, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, el artículo 53 de la LOCBGAE y añade que, la mayor responsabilidad, a su vez administrativa, que le afecta al ex director de salud aparece referida principalmente a la naturaleza del cargo que desempeñaba, toda vez que los funcionarios que sirven labores de jefatura, más amplias y complejas que las realizadas por funcionarios pertenecientes a estamentos de menor nivel jerárquico, no solo tienen acceso a la información sino un mayor deber de diligencia, cuidado y prudencia en su actuar, resultando inexcusable que él no se representara las irregularidades acaecidas en el municipio y de las cuales ha sido imputado por hechos delictivos materia de investigación.

Hace referencia a lo que se entiende por corrupción y al Principio de Inocencia y su aplicación práctica, para luego señalar que esta no es la vía idónea para resolver controversias en que no consta un derecho indubitado afectado, ya que la jurisprudencia constante señala que se trata de una acción constitucional de cautela de urgencia de derechos fundamentales vulnerados por un acto ilegal y arbitrario respecto de derechos que aparecen indubitados, lo que no acontece en la especie, puesto que las alegaciones del recurrente requieren ser contrastadas en un juicio de lato conocimiento. Esta vía de urgencia cautelar no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas o no, cuestiones que por su propia naturaleza y en función de la atribución de competencias fijado por la Carta fundamental corresponde a la administración activa. Siendo ello así, el examen de juridicidad en el contexto de la efectiva tutela de garantías tuteladas por la Constitución Política de la República, comprende analizar la razonabilidad de la medida adoptada y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad, principio respecto del cual el control judicial adquiere relevancia, si se tiene en cuenta que el ilícito disciplinario, además de principios de tanta relevancia como la reserva legal o tipicidad, ceden ante la regulación legislativa de ilícitos configurados en la forma de tipos abiertos, indeterminados y, en ocasiones en blanco. La calificación de gravedad de la infracción, prisión preventiva por delitos sancionados en la legislación vigente, son cuestiones privativas del superior que adoptó la decisión y no pueden ser objeto de escrutinio en esta sede, salvo que dicha adopción sea adoptada contra ley y/o producto del capricho de la autoridad.

En este sentido, dice, sin perjuicio de la calificación jurídica de los hechos y las alegaciones acerca de ilegalidad o arbitrariedad de la decisión administrativa, son cuestiones de legalidad y no de mérito. A mayor abundamiento no aparece visible que la autoridad administrativa haya infringido el principio de proporcionalidad ni la razonabilidad de la medida adoptada ya que dicha medida da cuenta de una infracción grave al principio de probidad del recurrente por los hechos acaecidos de público conocimiento como fue el allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones al edificio.

Que, por lo razonado no existe un derecho indubitado, no existe infracción al principio de proporcionalidad ni razonabilidad en la medida adoptada, ni tampoco ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida en la valoración y calificación de los hechos por los cuales se destituyó al recurrente y no siendo el presente recurso una vía idónea para resolver cuestiones de fondo, no tendría que ser acogido sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer ante la autoridad u órgano administrativo o jurisdiccional que corresponda Finalmente pide tener por evacuado informe de la presente acción de protección y que, en definitiva, se rechace en todas sus partes la solicitud del accionante.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, analizado los antecedentes del presente recurso, es posible constatar que la recurrida I. Municipalidad de San Ignacio, mediante el Decreto Alcaldicio N° 7137, de fecha 27 de junio de 2023, dispuso la desvinculación del recurrente por la causal de "falta grave a la probidad administrativa", a contar del 27 de junio de 2023. Sin embargo, dicho Decreto Alcaldicio -que constituye un acto administrativo municipal- además de no estar correcta ni debidamente justificado, lo que ciertamente implica una infracción al estándar de fundamentación de los actos administrativos dispuesto el artículo 41 inciso 4° de la ley 19.880, se dictó sin respetar un debido procedimiento administrativo respecto del afectado, ya que no fue oído ni se le dio la posibilidad de formular descargos ante las graves imputaciones de falta de probidad que se le invocan como causal de su desvinculación.

En efecto, en relación a la falta de fundamentación del Decreto Alcaldicio N° 7.137, aquél no señala cuál es el fundamento de hecho claro y concreto que justifique la desvinculación por “falta de probidad” del recurrente, salvo una mención vaga, genérica e indeterminada en su considerando f), al señalar que “el Sr. Director de Salud Municipal se encuentra también con la medida cautelar de prisión preventiva, con el plazo de investigación de siete meses”. Si bien, este antecedente es un elemento a considerar para analizar si el recurrente incurrió en una grave falta administrativa, era necesario expresar cuáles eran los hechos concretos por los cuales esta medida cautelar ha dado por establecida en instancia municipal una falta de probidad del recurrente y particularmente, sobre la base de qué conductas específicas el funcionario incurrió en una grave infracción a sus deberes u obligaciones funcionarias, y más aún, cómo aquellas supuestas conductas -que no se mencionan- estarían acreditadas y probadas en la sede disciplinaria municipal para efectos de aplicar la medida de desvinculación del recurrente por la causal de falta de probidad.

El fundamento de derecho tampoco es claro ni justifica la decisión municipal, por cuanto no se invoca cuál es fundamento legal para desvincular a un funcionario por falta de probidad, considerando que, si la municipalidad recurrida en su informe indica que al recurrente le resulta aplicable la ley 19.378 -Estatuto de Atención Primaria de Salud municipal- ni siquiera hace mención a cuál es la precisa causal legal y forma o procedimiento para hacer efectiva tal desvinculación, que al parecer correspondería al artículo 48 letra b) de la misma ley, según se indica en el considerando siguiente.

Por otra parte, no puede olvidarse que la formalización de la investigación respecto de un imputado, por mucho que pueda tener una connotación pública de gravedad, no es una acusación, ni mucho menos una condena que pudiera a su vez dar por establecida una falta disciplinaria y por ende, una falta de probidad administrativa, sino que es una “comunicación” de persecución penal, tal como lo indica el artículo 229 del Código Procesal Penal al expresar que “La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados”. Es en consecuencia una comunicación y no una acusación o condena.

De lo dicho, resulta que la formalización de una investigación en materia penal no implica el establecimiento de una sanción penal en contra del imputado, y por ende, tampoco puede dar por establecida, sin más, una sanción administrativa o disciplinaria de falta de probidad en sede municipal, considerando adicionalmente que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, tal como lo dispone el artículo 119 de la ley 19.883 -Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales- norma de aplicación supletoria al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal por aplicación de su artículo 4°, todo ello sin perjuicio de la presunción de inocencia que ampara al imputado en el curso del procedimiento penal.

7°.- Que, ahora en relación con la exigencia de un debido procedimiento administrativo, cabe destacar que la municipalidad recurrida en su informe ha señalado que al recurrente le resulta aplicable la ley 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y en este sentido, si ello es así como indica la recurrida, aquella normativa establece precisamente en su artículo 48 letra b) que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario;…”.

De la referida norma, es claro y evidente que la municipalidad recurrida no podía desvincular a un funcionario público por una causal tan grave como lo es la falta de probidad sin haber establecido de manera fehaciente la conducta constitutiva de dicha causal mediante un sumario administrativo, en cuya virtud debió existir una investigación de los hechos, formulación de cargos, derecho del recurrente a formular sus descargos y defensas, la emisión de un informe o vista fiscal proponiendo la medida a aplicar, y sólo después de todas esas previsiones, sería posible la aplicación de una eventual medida disciplinaria de desvinculación o destitución funcionaria, todo ello luego de un análisis de los hechos y fundamentos respectivos que constaran en dicho sumario. Esta omisión es un atentado grave al derecho de defensa y al debido proceso establecido en la Carta Fundamental, y para efectos de esta acción constitucional, la municipalidad recurrida se habría erigido en un juzgador, sin la debida bilateralidad y sin el derecho del afectado a ser oído, lo que equivale al juzgamiento de una comisión especial, lo que prohíbe el artículo 19 N° 3 inc. 5 de la Constitución Política.

Lo señalado también implica que el Decreto Alcadicio N° 7137 es un acto administrativo ilegal por haberse dictado sin la “forma que prescriba la ley” esto es, sin el procedimiento que el legislador ha establecido para desvincular a un funcionario por falta de probidad, cual es el precisamente un sumario administrativo en el presente caso. Aquello implica una infracción al artículo 7° inciso 1° de la Constitución Política que exige ese requisito, y también al artículo 3° de la ley 19.880, al referirse respecto de los actos administrativos como decisiones formales, exigiéndose en todas estas normas cumplir con el elemento “forma” -en este caso, el procedimiento- de los actos administrativos.

8°.- Que, todo lo dicho anteriormente no significa en caso alguno que la municipalidad recurrida no haya tenido la posibilidad de adoptar las medidas necesarias frente a la grave situación que afectaba al recurrente y por ende al servicio municipal, en este caso, la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva, ya que perfectamente pudo instruirse en relación a esos acontecimientos el respectivo procedimiento disciplinario o sumario administrativo municipal respecto del funcionario a fin de investigar y acreditar los hechos surgidos, derivados o relacionados con la referida formalización, y que a su vez pudieran corresponder a una infracción grave a deberes u obligaciones funcionarias constitutivas de una falta de probidad del recurrente. Aún más, si los antecedentes lo ameritaran, podría incluso haberse decretado en el curso del sumario administrativo la suspensión de las funciones del funcionario por parte del fiscal, o posteriormente su suspensión preventiva; pero aquello lo sería dentro del contexto de un debido procedimiento administrativo en que el inculpado pudo ser oído y hacer valer sus defensas y descargos, y no como en el presente caso, en que la municipalidad recurrida, sin instruir procedimiento disciplinario alguno, y sin oportunidad de oír al afectado, decreta por sí y ante sí, sin mayor fundamentación, un decreto alcaldicio por el cual desvincula al recurrente por una causal de falta de probidad que no ha sido establecida fehacientemente en sede disciplinaria municipal a través del procedimiento administrativo establecido al efecto, soslayando el ya mencionado artículo 48 letra b) de la ley 19.378.

9°.- Que, de acuerdo a todo lo ya señalado, el acto administrativo municipal objeto de la presente acción constitucional es ilegal y arbitrario, por cuanto el Decreto Alcaldicio recurrido aparece como infundado, infringiendo el artículo 41 inciso 4° de la ley 19.880 que establece que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, y por otra parte, se ha dictado prescindiendo de las normas básicas del debido proceso y debido procedimiento administrativo al no establecerse fehacientemente por medio de un sumario administrativo la causal de destitución por falta de probidad del funcionario, como lo exige el artículo 48 letra b) de la ley 19.178.

Es por tales razonamientos que no podrán acogerse las argumentaciones de la municipalidad recurrida, en cuanto a indicar que el recurrente tendría la calidad de funcionario de exclusiva confianza del alcalde, y que por ende, no se encuentra limitada por un plazo, dando a entender que podría ser desvinculado en cualquier momento; ello por cuanto, más allá de ser cuestionado si el recurrente actuaba en calidad de titular o de interino, la propia recurrida señala, acto seguido, que la permanencia en el cargo depende de la eventual concurrencia de alguna de las causales de cese de funciones, contempladas en el artículo 48 de la Ley N.°19.378, y si precisamente la municipalidad recurrida invocó la desvinculación por falta de probidad, significa que aplicó la causal establecida en el artículo 48 letra b) de la misma ley, pero entonces, debió haberse instruido el correspondiente sumario administrativo como indica la norma, lo que no hizo, y por lo demás, tampoco se invocó la pérdida de confianza si se estimada que era funcionario de exclusiva confianza.

10.- Que, finalmente, tampoco puede admitirse que la presente acción constitucional no es la vía idónea para resolver controversias, que no constaría un derecho indubitado afectado y que las alegaciones del recurrente requieren ser contrastadas en un juicio de lato conocimiento, por cuanto efectivamente el derecho constitucional afectado e indubitado para el recurrente es precisamente el debido proceso y el derecho a ser oído, cuya infracción afecta su garantía constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales, como lo indica el artículo 19 n° 3 inciso 5° de la Constitución Política, y asimismo, la falta de fundamentación del Decreto Alcaldicio que implica un acto discriminatorio en su contra, afectando la igualdad ante la ley que establece el articulo 19 N° 2 de la ya mencionada Carta Fundamental, de tal manera que ese argumento de la recurrida no podrá prosperar.

Por último, y en relación a la alegación de la recurrida en cuanto a que la presente vía de urgencia cautelar no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito, que por su propia naturaleza y en función de la atribución de competencias fijado por la Carta fundamental corresponde a la Administración activa, también será desechada, por cuanto las cuestiones de mérito se refieren a aspectos de “conveniencia” o de “utilidad” de las decisiones administrativas, en tanto que lo discutido aquí son aspectos de “juridicidad” o “legalidad” de las actuaciones, de plena competencia de un tribunal de justicia y por ende, de conocimiento de la judicatura, por lo que tampoco podrá ser acogida esta alegación, máxime si en este caso se afectaron además derechos fundamentales.

11°.- En consecuencia, y en mérito de todo lo razonado precedentemente, la presenta acción constitucional necesariamente deberá ser acogida debiendo quedar sin efecto el Decreto Alcaldicio impugnado que ha desvinculado al recurrente por la causal de falta grave a la probidad.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 2° y 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Municipalidad de San Ignacio, representada por su alcalde suplente don Patricio Suazo Romero, y también en contra de este último, respecto a lo resuelto en Decreto Alcaldicio N°7137, de fecha 27 de junio de 2023, el cual dispone su desvinculación como funcionario por la causal de "falta grave a la probidad administrativa", y en su lugar se declara que se deja sin efecto el referido Decreto Alcaldicio.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas.

No firma su redactor, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por encontrarse ausente.

R.I.C. N°1189-2023 PROTECCIÓN. -