nombre reservado con nombre reservado

Chillán, siete de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

1°.- Comparece la abogada Fernanda Aravena Concha, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, tecnólogo médico; de don nombre reservado, técnico agrícola, de doña nombre reservado, agente de viajes y de don nombre reservado, profesor, y en contra de doña nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el cierre y ocupación ilegal de parte del predio de los recurrentes.

Refiere que los recurrentes son propietarios en común, de La Hijuela Tres, de una superficie de 0,40 hectáreas, ubicado en el sector la Boca de la Comuna de Buchupureo, con los siguientes deslindes: Norte: Hijuela Dos, separado por cerco, en línea recta; Este: nombre reservado, separado por cerco en línea recta, Sur: Hijuela Cuatro, separado por cerco, en línea quebrada; y Oeste: Camino Público de Cobquecura a Buchupureo; habiendo adquirido por compraventa de doña nombre reservado, cuyo título rola inscrito con la letra f), a fojas 188, número N°297, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quirihue correspondiente al año 2019.

Manifiesta que dicho inmueble colinda al sur con el Lote 4 A, resultante de la subdivisión de la hijuela 4, de propiedad de la recurrida nombre reservado; que entre ambos predios, no existía un cerco divisorio, hasta el día 16 de noviembre del año 2024, en que la recurrida, poco antes del mediodía, hace ingreso a la propiedad de los recurrentes, y, ayudada por terceros, hizo instalar un cerco, con estacas y alambres púas, por el lado sur y parte del oeste del predio, de manera unilateral y arbitraria, sin coordinar previamente el trabajo con sus vecinos colindantes, para realizar las mediciones respectivas, como corresponde en estas situaciones y de conformidad a lo establecido en el artículo 842 del Código Civil, alterándose el statu quo vigente, que se había mantenido por años entre ambos predios, sin acuerdo entre los propietarios colindantes, hoy recurrentes, deviniendo en un acto de ilegal y arbitrario de autotutela.

En el derecho, junto con transcribir el artículo 20 de la Carta Fundamental, refiere que, los recurrentes sufren una vulneración grave de sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 24 de dicha norma, citando en ese sentido el pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema causa Rol 139.985-2020.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte, admitir a tramitación y acoger en todas sus partes el recurso, y en definitiva, se ordene como medida para el restablecimiento del derecho, que la recurrida proceda a desarmar, derribar y retirar en forma inmediata el cerco levantado en el inmueble de propiedad de los recurrentes, lo que se deberá cumplir dentro del plazo de 5 días desde que quede firme y ejecutoriada la resolución que lo ordene; y que se abstenga de realizar cualquier nuevo acto tendiente a delimitar unilateralmente el deslinde común con el predio de propiedad de los recurrentes, o de realizar mejoras en aquel, mientras no se instale el cerco, como en derecho corresponde; con costas 2°.- Al informar el abogado Luis Benítez Valenzuela, en representación de la recurrida doña nombre reservado, plantea que su parte no ha realizado ni ha ordenado ningún acto ilegal o arbitrario que hubiere conculcado las garantías constitucionales de los recurrentes.

Expone que su representada es dueña del Lote Cuatro A de una superficie de dos mil metros cuadrados, que es producto de la subdivisión de la hijuela 4 ubicada en Buchupureo, comuna de Cobquecura, de una cabida de 4000 metros cuadrados, colindante a la propiedad de los recurrentes, siendo sus deslindes particulares: Norte: en línea quebrada de cincuenta y seis coma ochenta y siete metros y cuarenta y seis metros, separado por cerco con la Hijuela Tres; Sur: en línea quebrada de sesenta coma cincuenta metros con servidumbre vecinal que lo separa de nombre reservado y en cincuenta y cinco coma treinta metros con nombre reservado, hay Servidumbre para el lote Cuatro B en cincuenta y cinco coma tres metros de largo; Oriente: en dieciséis coma cuarenta metros con lote Cuatro B, de la presente subdivisión y servidumbre de lote Cuatro A para el Lote Cuatro B de por medio, en tres coma cinco metros de largo y Poniente: en dieciséis coma treinta metros con camino público de Cobquecura a Buchupureo; cuya inscripción es a fojas 682vta N° 1140 letra b) registro de propiedad del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Quirihue.

Señala que efectivamente los predios son colindantes y hace presente que las propiedades se regularizaron a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley 2.695 del ministerio de bienes nacionales en el año 1982, generando títulos originarios como los es la hijuela 3 de los recurrentes e hijuela 4 la cual fue subdividida en lotes 4A de la recurrida y lote 4B. Añade que uno de los requisitos principales del saneamiento por bienes nacionales, es que la propiedad debe estar cercada, requisito que fue cumplido por los antiguos dueños originarios de las hijuelas 3 y 4 (padre y tío de su representada, respectivamente).

Sostiene que su parte ha estado en posesión de la propiedad sin violencia ni clandestinidad, con los mismos deslindes cercados que fueron reconocidos expresamente por el Ministerio de Bienes Nacionales desde el año 1982. Indica que los dueños de las hijuelas 1 y 2 son los que habrían vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, cuestión que, por lo demás, corresponde a un juicio de lato conocimiento, siendo en consecuencia, improcedente debatir en esta sede jurisdiccional dicha controversia, excediéndose con creces la finalidad cautelar de la presente acción.

Concluye solicitando a esta Corte el rechazo del recurso, con costas.

3°.- Que, al informar la Prefectura de Carabineros de Ñuble, señala que la propiedad de autos se encuentra ubicada en el sector La Boca s/n de la comuna de Cobquecura, manteniéndose delimitada por un cerco de madera con alambre, conforme a las fotografías que acompaña.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, los actores atribuyen la calidad de arbitraria e ilegal a la presunta construcción de un cerco realizado por la recurrida en el deslinde de los predios de que cada parte es titular, cuestión que perturbaría su derecho de propiedad. No refieren actos de apropiación, o alteración de deslindes, sino que cuestionan el mero hecho del levantamiento inconsulto de un cerco previamente inexistente.

Por su parte la recurrida señala que los predios se encuentran cercados a lo menos desde el año 1982, época en que sus antecesores en el dominio obtuvieron la regularización de éste ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

8°.- Que, como puede apreciarse, resulta discutida la época de establecimiento del cerco, cuestión que no es dilucidada mediante el informe de Carabineros, que no se pronuncia acerca de las características del cerco, en particular de su antigüedad, circunstancia que tampoco puede apreciarse de las imágenes agregadas en autos.

9°.- Que, es del parecer de esta Corte que si bien la recurrida no desconoce la existencia del cerco y la realización de mejoras en éste a lo largo de los años, no se ha acreditado por la actora la existencia de actos que constituyan una alteración al statu quo existente.

A mayor abundamiento, el levantamiento de una construcción destinada a resguardar un inmueble, sin que se cuestione su emplazamiento conforme a los títulos inscritos, sino que emane de una decisión unilateral, no constituye per se una afectación al derecho de propiedad del titular del predio colindante, sino más bien la ejecución de actos posesorios de aquellos que autoriza el dominio.

10°.- Que, estimándose que los hechos que fundan el presente arbitrio no revisten el carácter de arbitrarios o ilegales, y que no producen privación, perturbación o amenaza a los derechos resguardados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, esta acción habrá de ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Fernanda Aravena Concha, en favor de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Notifíquese y en su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N° 1185-2024-Protección.