Protección contra Contraloría Regional del Ñuble

Chillán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Comparece el abogado don Felipe Ortega Reyes, en representación de don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y viene en recurrir de protección contra la Municipalidad de San nombre reservado, representada legalmente por su alcalde don Gastón Suazo Soto, y en contra de la Contraloría Regional del Ñuble, representada por don nombre reservado, Contralor Regional del Ñuble.

Indica que se ha vulnerado, por las recurridas sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 2º, 3º y 24º todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con los siguientes actos, de la Contraloría Regional del Ñuble de representar el Decreto Alcaldicio Nº 802, del año 2023, oficio Nº 99417, de fecha 20 de junio del año 2023, de la Municipalidad de San nombre reservado, el Decreto Alcaldicio Nº 2942, de fecha 4 de julio de 2023 que accede a aplicar la medida de destitución impuesta por la Contraloría Regional.

Hace presente que, a través de Resolución Exenta Nº PD00734 de fecha 6 de septiembre de 2022 la Contraloría Regional del Ñuble instruyó sumario administrativo atendido la denuncia presentada por don nombre reservado y que consistía en eventuales infracciones al principio de probidad administrativa en la contratación de profesionales bajo la modalidad de honorarios. Se le formularon dos cargos que indica, respecto a los cuales se efectuaron los correspondientes descargos, se rindió prueba, se citaron fallos judiciales y dictámenes de la entidad contralora y se requirieron diligencias con el objeto de desacreditar los mismos, o bien, justificar el error en el que se incurrió, pero que éste estaba lejos configurar una grave falta a la probidad como en los cargos se señaló. Añade que, conforme la resolución Nº 510 de Contraloría General de la República, el contralor regional mediante Resolución Exenta Nº PD00076, de fecha 7 de febrero de 2023 aprobó el sumario administrativo y propuso a la Municipalidad de San nombre reservado aplicar la destitución del ahora Recurrente.

Así las cosas, la Municipalidad de San nombre reservado, emitió el Decreto Alcaldicio Nº 802, del año 2023, a través del cual, compartiendo que se incurrió en falta administrativa determinó aplicar una medida de menor intensidad consistente en la suspensión del empleo por 3 meses con goce del 50% de sus remuneraciones, el cual fue notificado y enviado a la Contraloría General de la Republica pero no tomando razón, ordenase a la Municipalidad aplicar la sanción de destitución, pasando de ser una “propuesta” a una imposición contrariando el artículo 133 bis de su ley orgánica.

Sostiene que, quien debe aplicar la sanción disciplinaria de forma privativa, exclusiva y excluyente es la administración activa, en este caso, la Municipalidad de San nombre reservado, entrometerse en dicha facultad ponderando de manera vaga e imprecisa el mérito o no de la medida disciplinaria que adoptó la administración es ilegal y arbitrario; y, por su parte ceder a la presión del órgano de control regional -de parte de la Municipalidad- también es ilegal y arbitrario, al ir en contra de sus actos propios y no justificar de qué forma los fundamentos expuestos han variado y que hace que la situación, ahora, sea de tal gravedad que amerita la destitución e inhabilidad de cinco años para ejercer cualquier actividad o trabajo en la Administración del Estado.

Luego, cita la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 22 de noviembre de 2007, causa Rol 4498-2007, y en concordancia señala que el Decreto Alcaldicio Nº 2942, de fecha 4 de julio de 2023, no satisface el estándar de motivación exigido por la ley, pues había resuelto y notificado a su representado la decisión de aplicar una medida distinta de una entidad inferior pero suficientemente intensa para sancionar los hechos descritos en el sumario administrativo.

Expone, acerca de los principios de juridicidad, supremacía constitucional, probidad y motivación del acto administrativo, y latamente la teoría de los actos propios, añadiendo a su análisis la sentencia de la Excma. Corte Suprema causa Rol 7.962-2015, y que en el caso sub lite se darían todos y cada uno de los requisitos que hacen procedente esta doctrina, razón por la cual, señala, procede que se acoja el presente recurso de protección y se invalide el Decreto Alcaldicio Nº 2942, de fecha 4 de julio de 2023 y el oficio Nº 99417, de fecha 20 de junio de 2023, de la Contraloría Regional del Ñuble.

Estima vulnerados así, su derecho a la igualdad ante la ley, al otorgar un tratamiento distinto al que por ley hubiesen aplicado, si se hubiese respetado el artículo 133 bis de la ley Nº 10.336, 11º y 41º de la ley Nº 19.880, no ser juzgado por comisiones especiales, en la medida que Contraloría Regional toma para si la atribución sancionatoria de la Municipalidad y el derecho de propiedad en cuanto se le priva la estabilidad en el cargo, a que su vínculo jurídico se termine por alguna de las causales que el propio Estatuto administrativo para Funcionarios Municipales señale, aplicada por la autoridad competente.

Solicita a este tribunal de alzada, se declare arbitraria e ilegal la decisión de Contraloría Regional del Ñuble de representar el decreto Alcaldicio Nº 802, de 2023; se declare arbitrario e ilegal el oficio Nº 99417, de fecha 20 de junio de 2023 de la Contraloría Regional del Ñuble; se declare arbitrario e ilegal el Decreto Alcaldicio Nº 2942, de fecha 4 de julio de 2023 de la Municipalidad de San nombre reservado; se ordene a la Municipalidad de San nombre reservado ejecutar lo resuelto a través de Decreto Alcaldicio Nº 802 de 2023, que resolvió aplicar la medida disciplinaria de suspensión por seis meses con goce del 50% de las remuneraciones, y se disponga las demás medidas que se estime procedentes a fin de restablecer el imperio del Derecho y asegurar a los beneficiarios de esta acción su debida protección, con costas.

2°.- Que, al informar el abogado don Camilo Andrés Vergara Vargas, en representación de la Ilustre Municipalidad de San nombre reservado, señala, que el recurrente se desempeñó como Administrador Municipal, desde el 7 de febrero hasta el 12 de septiembre de 2022, fecha ultima en la cual presenta su renuncia al cargo.

Plantea que, ante la denuncia de don nombre reservado que consistía en eventuales infracciones al principio de probidad administrativa en la contratación de profesionales bajo la modalidad de honorarios, la Ilustre Municipalidad de San nombre reservado fue notificada de la resolución PD000734 dictada por Contraloría Regional de Ñuble, en la que ordenó instruir sumario administrativo, y es el mismo ente contralor que decide suspender preventivamente de sus funciones de Administrador Municipal al recurrente hasta el término del sumario administrativo, el cual habría sido llevado a cabo con estricto apego a la ley.

Indica que, al recurrido en funciones, se le formularon dos cargos que indica, de los cuales quedaría acreditado que el Sr. nombre reservado, se encontraba vinculado con el señor nombre reservado a través de la Sociedad Inversiones Avus Limitada; junto con el Sr. nombre reservado tenían la calidad de socios en dicha Sociedad y que la persona jurídica se encontraba vigente al momento en que el Sr. nombre reservado suscribió el 13 de abril de 2022, en su calidad de Administrador Municipal de la Municipalidad de San nombre reservado, el contrato de prestación de servicios a honorarios del Sr. nombre reservado; suscribió el decreto alcaldicio que aprobó la contratación a honorarios del Sr. nombre reservado; certificó la prestación de servicios a honorarios del Sr. nombre reservado en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022; y autorizó los pagos efectuados al Sr. nombre reservado correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022. Añade que, todas estas actuaciones las realizó no informando a la Ilustre Municipalidad de San nombre reservado de la implicancia que le afectaba, hipótesis que configuró una conducta contraria al deber de abstención, cuya inobservancia implica una infracción grave al principio de probidad administrativa, en relación al artículo 12 N° 1 de la ley 19.880, y artículo 62 N° 6 de la ley 18.575, y que concluyó con la medida de destitución del ex administrador como fue sugerido por la Contraloría General de la República.

Luego, si bien en primer término se decidió por esta parte a través del decreto 802 de fecha 7 de marzo de 2022, aplicar una sanción distinta a la propuesta originalmente por parte de Contraloría Regional de Ñuble, la que consistía en la medida de disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses, con goce de un 50% de sus remuneraciones y una anotación de demerito de 6 puntos, este no superó el trámite de toma de razón de la contraloría, por lo tanto, no le permitió obtener eficacia jurídica. De ahí que, no se configurarían los requisitos para hacer procedente la teoría de los actos propios.

Finaliza señalando que, el actuar de la Ilustre Municipalidad de San nombre reservado no fue ilegal, ni tampoco se logra vislumbrar privación, perturbación o amenaza a los derechos que alega la recurrente, y que el nombramiento de un funcionario público como titular de un empleo no confiere el derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse en la concepción patrimonial que involucra el dominio, así las cosas, solicita tener por evacuado el informe del recurso de protección, y con su mérito se rechace la acción incoada, en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, en su informe, la recurrida Contraloría General de la República, reitera los antecedentes aportados por la recurrida Ilustre Municipalidad de San nombre reservado, señalando las etapas llevadas a cabo en la substanciación del sumario instruido contra el recurrente, destacando que, el señor nombre reservado constituyó junto al señor nombre reservado y el hijo de este último, señor nombre reservado, una sociedad de responsabilidad limitada denominada “Sociedad de Inversiones Avus Limitada”; que con fecha 13 de abril de 2022, el señor nombre reservado, en su calidad de Administrador Municipal de San nombre reservado suscribió un contrato de prestación de servicios a honorarios con el señor nombre reservado, el que fue aprobado por decreto alcaldicio N°1.567; que los servicios del señor nombre reservado se realizarían del 13 de abril al 31 de diciembre de 2022, consignándose en su cláusula segunda la suma a pagar de $2.300.000 por los mismos, previa entrega de boleta de honorarios y certificaciones extendidas por el Administrador Municipal; se acreditó que el señor nombre reservado suscribió los decretos alcaldicios Nos 3.255, 3.256, 3.982, y 4.850, todos de 2022, que ordenaron el pago al señor nombre reservado por 18 días del mes de abril y por los servicios de los meses de mayo, junio y julio, respectivamente; que durante el curso del sumario solo fue posible comprobar la asistencia presencial del señor nombre reservado a la Municipalidad de San nombre reservado los días 13 de abril, 25 de mayo, 6 y 28 de julio, todos del año 2022, de modo tal que en los meses de abril, mayo y junio de ese año no se dio cumplimiento a la exigencia establecida en el párrafo final de la cláusula tercera del contrato en comento. Que, en sus descargos, el señor nombre reservado hizo presente que la intención de contratar al señor nombre reservado es de una fecha anterior a su designación como Administrador Municipal; que la sociedad conformada con el señor nombre reservado no contaba con iniciación de actividades y que los actos impugnados fueron firmados con ocasión de una delegación de firma realizada por el alcalde, alegaciones todas que fueron ponderadas y desestimadas tanto en la Vista Fiscal como en la resolución exenta N° 00076, de 2023; concluyendo con la dictación del decreto alcaldicio N°2.942, de 2023, que aprueba el referido proceso disciplinario y sanciona al recurrente con la medida disciplinaria de destitución, en ese contexto se da la presente acción constitucional.

Luego, plantea la Contraloría General de la República que posee atribuciones tanto para ordenar a los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización la instrucción de procedimientos disciplinarios, como para incoarlos por sí misma, citando las normas legales pertinentes y añadiendo a su análisis, la improcedencia del recurso de protección en contra del trámite de toma de razón, citando al efecto la causa rol N° 31.035-2018 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, y la causa rol N° 5.055-2019 del mismo tribunal de alzada, en lo pertinente, y la improcedencia del recurso de protección en materia de sumarios administrativos, citando al efecto la causa rol N° 1.586-2020 de la I. Corte de Apelaciones de Chillán, confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Sostiene que, el sumario administrativo instruido se tramitó con estricto apego a la regulación contenida en la ley N° 10.336 y en la resolución N° 510, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora, y se le habría otorgado al inculpado todas las instancias procesales tendientes a resguardar su derecho a defensa, tuvo la posibilidad de emitir su declaración, incorporar medios de prueba, formular descargos e interponer recursos de reposición y apelación en subsidio, a los cuales no recurrió, siendo debidamente notificado en todos aquellos casos, por lo que no se advierte arbitrariedad alguna ni afectación al debido proceso, de ahí que, la resolución exenta N° PD00076, de 2023, que afinó el proceso disciplinario y propuso aplicar al señor nombre reservado la medida de destitución se ajustó al mérito del sumario y a la gravedad de los hechos que resultaron acreditados en el mismo, y añade a su análisis las normas pertinentes, artículo 8 de la Constitución Política, el inciso segundo del artículo 52, los incisos primero y segundo del N° 6 del artículo 62, de la ley N° 18.575, el artículo 12 de la ley N° 19.880, y el artículo 123, inciso segundo de la ley N° 18.883, que indica, la medida de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Indica que, respecto al decreto alcaldicio N° 802, de 2023, de la Municipalidad de San nombre reservado, se señalaron, como razones para no acoger la sanción propuesta la supuesta falta de comprobación de los hechos en que se fundaron los dos cargos formulados, pese a que del expediente sumarial aparecía claramente la efectividad de las infracciones imputadas al inculpado y su gravedad, encontrándose plenamente acreditada su responsabilidad administrativa, de ahí que esta entidad de control, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, representó por medio del oficio ES N° 99417, de 2023, el señalado decreto alcaldicio, por no encontrarse ajustado a derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 123, inciso segundo, de la ley N° 18.883.

Que, respecto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, no se observaría en ninguno de los actos recurridos hechos que pudiesen haber constituido una infracción al derecho de igualdad ante la ley del actor o que con ello se hubieran establecido diferencias arbitrarias que lo afecten, al contrario, de haberse aceptado el actuar de la municipalidad de aplicar la suspensión con derecho al 50% de la remuneración se concedería un privilegio al recurrente. Del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, señala que, la entidad fiscalizadora, se limitó a ejercer las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, en orden a controlar los actos de la Administración, por tanto, no se vislumbraría de qué forma esta pudo haber efectuado una labor de juzgamiento ni haberse erigido en una comisión especial en su intervención en las situaciones objetadas. Del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, plantea, que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter, que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la garantía constitucional invocada.

Finaliza solicitando a este tribunal de alzada en consideración a los antecedentes expuestos, y teniendo presente las atribuciones que constitucional y legalmente competen a ese Órgano de Control, se desestime el recurso de protección deducido.

4°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

5°.- Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, -esto es-, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, -o arbitrario-o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes protegidas-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- En cuanto se recurre contra la Municipalidad es necesario señalar que son hechos indiscutidos, que el recurrente nombre reservado se desempeñó como Administrador Municipal de la Ilustre Municipalidad de San nombre reservado, ejerciendo este cargo desde el 7 de febrero hasta el 12 de septiembre de 2022, fecha ultima en la cual presenta su renuncia al cargo, Que mientras estuvo desempeñando su cargo como administrador municipal, la Ilustre Municipalidad de San nombre reservado fue notificada de la resolución PD000734 dictada por Contraloría Regional de Ñuble, en la que ordenó instruir sumario administrativo en la Municipalidad de San nombre reservado ante la denuncia de don nombre reservado que consistía en eventuales infracciones al principio de probidad administrativa en la contratación de profesionales bajo la modalidad de honorarios.

En la tramitación del sumario administrativo incoado en contra del Sr. nombre reservado, tramitación llevada a cabo con estricto apego a la ley y a las normas del debido proceso por parte de Contraloría Regional de Ñuble, la fiscal decidió formular 2 cargos en su contra.

Concluido el sumario la contraloría propone al ente municipal la sanción de destitución.

Sin embargo, mediante el Decreto Alcaldicio N° 802 la Municipalidad decide imponer la sanción consistente en la suspensión del empleo por 3 meses con goce del 50% de sus remuneraciones, decreto alcaldicio que al cumplirse el tramite de toma de razón este decreto fue representado por el ente contralor.

8°.- Al respecto se debe tener en consideración el artículo 133 bis de la ley 10.336, que dispone: En estos sumarios, cuando se realicen en municipalidades, corresponderá al Contralor General proponer a la autoridad administrativa correspondiente que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, quien aplicará directamente las sanciones que procedan.

En el caso de que esta autoridad administrativa imponga una sanción distinta, deberá hacerlo mediante resolución fundada, sujeta al trámite de toma de razón por la Contraloría.

En uso de esta disposición la contraloría representó el señalado decreto por no contar con la debida fundamentación para aplicar una medida disciplinaria distinta de la propuesta en la resolución PD00076, 2023, de la contraloría, con arreglo a la exigencia establecida en el citado artículo 133 bis de la ley N° 10.336.

Como consecuencia de ello, posteriormente, la Municipalidad de San nombre reservado emitió el decreto alcaldicio N°2.942, de 2023, aprobando el referido proceso disciplinario y sancionando al recurrente con la medida disciplinaria de destitución.

9°.- Que, en cuanto al fondo de la acción recurrida, se debe tener presente lo establecido en el artículo 118 inciso segundo de la Ley 18.883, que establece el estatuto administrativo para funcionarios municipales, indica que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. A su turno, el artículo 123 del mismo cuerpo legal señala que la destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

10°.- Que, en virtud de lo expuesto, y de los antecedentes que obran en autos, se estima por estos sentenciadores que en el sumario administrativo llevado a cabo en contra del recurrente se cumplió con toda la normativa legal vigente, formulando cargos en su contra y analizando las pruebas rendidas por el mismo, arribando a la medida disciplinaria de destitución.

Que, de los cargos impuestos en el sumario administrativo al recurrente, por haber suscrito el contrato de prestación de servicios a honorarios con el señor nombre reservado; pese a encontrarse vinculado con este a través de una sociedad y por haber firmado los certificados que validaron las actividades y que sirvieron de fundamento al pago de los servicios de asesoría jurídica del señor nombre reservado, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, todos del año 2022, sin contar para estos efectos, con antecedentes que acreditaran el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final de la cláusula tercera del contrato de honorarios, de fecha 13 de abril de 2022, en lo relativo a la asistencia física, al menos dos veces al mes, se vislumbra que existió por su parte una falta a la probidad administrativa.

11°.- Que, en consecuencia la Municipalidad de San nombre reservado no ha cometido un acto arbitrario y/o ilegal al emitir el Decreto Alcaldicio Nº 2942, de fecha 4 de julio de 2023 que accede a aplicar la medida de destitución impuesta por la Contraloría Regional, por cuanto ello se debió a la actividad fiscalizadora que constató la existencia de un vicio de legalidad en el ya tantas veces citados Decreto Alcaldicio 802, toda vez que este carecía de fundamentación, fiscalización realizada en uso de las facultades que le otorga la ley.

En este orden de ideas, el presente recurso es totalmente improcedente, por cuanto la intervención de la Contraloría General de la República consistió en efectuar el control previo de legalidad establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución de la República y en los artículos 1º y 10 de la ley 10.336 (Org. Y atribuciones de la CGR), velando por el principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, atribución exclusiva y excluyente de la Contraloría.

12°.- Que, para resolver la controversia constitucional planteada en autos, es preciso recordar, además, que el artículo 98 de la Carta Fundamental, encomienda a la Contraloría General de la República ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado. De la misma forma, el artículo 1° de la Ley de Organización y Atribuciones del ente contralor N° 10.336, cuyo texto refundido fue fijado por el Decreto N° 2.421 del Ministerio de Hacienda de 1964, establece la órbita general de sus atribuciones, entre las que se encuentra, desempeñar todas las funciones que le encomiende esa ley y las demás disposiciones legales.

12°.- Que, conforme a las normas transcritas, la Contraloría General de la República tiene atribuciones de auditoría y otras de orden jurídico. Dentro de estas últimas se encuentran las facultades de examinar la legalidad de los actos que dicten los órganos que forman parte de la Administración del Estado, tarea que puede cumplir a través del procedimiento de toma de razón y, también, emitiendo pronunciamientos que se manifiestan en forma de dictámenes.

Que, en el presente caso, se ha recurrido también en contra de la Contraloría General de la República, ente de control independiente, respecto de una decisión que adoptó en el marco de las legítimas atribuciones de tal entidad, en la forma que el propio ente contralor ha explicado en su informe.

13°.- Que, sin perjuicio de lo razonado, en el sentido que las resoluciones reclamadas por el recurrente como arbitrarias, no lo son, ya que no corresponden a un mero capricho de la Municipalidad o de la Contraloría, puesto que ésta representó su ilegalidad, lo que trae como consecuencia y como así lo ordena la Ley, que la municipalidad tuvo que dejar sin efecto el decreto alcaldicio 802 porque este carecía de fundamentación en cuanto no justificaba la imposición de la sanción consistente en la suspensión del empleo por 3 meses con goce del 50% de sus remuneraciones.

Entonces, cabe hacer presente que la referida controversia no puede ser dirimida mediante la presente acción de carácter constitucional que fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que dicha controversia solamente puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, que como se dijo, no es este tribunal.

Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que estas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados.

14°.- Que, por otro lado, y sin perjuicio de todo lo dicho, sobre la improcedencia de esta acción constitucional para el caso de la especie, desde que ha sido utilizado como un medio de impugnación general de determinaciones del órgano contralor, y de las resoluciones que de ese acto administrativo se derivan por parte del Municipalidad, que no lo es, así como tampoco constituye un sustituto jurisdiccional, como ya se precisara, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, hay que decir que el presente recurso tampoco podría prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase. En efecto, como se ha dicho, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo alegan los recurrentes, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por el órgano contralor y la municipalidad que se reprocha, deviene en arbitrario y/o ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones de dicha entidad de control, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de sus atribuciones y explicando dicha autoridad, detalladamente, las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

15°.- Que, de lo señalado y de los antecedentes existentes se puede concluir que la recurrente lo que pretende es más bien obtener una eventual declaración de nulidad del sumario mismo y, consecuencialmente, de la medida disciplinaria que le fuera impuesta, lo que no aparece factible mediante la interposición del presente recurso de protección, atendida la naturaleza especialísima de éste, debiendo recordarse, como ya se dijo, que la recurrente no efectuó peticiones concretas a fin de delimitar sus pretensiones, que permita a este tribunal de alzada referirse explícitamente a ellas.

Que, lo anterior fluye de lo expresamente señalado por quien recurre, en su libelo, donde solicita se declare arbitraria e ilegal la decisión de Contraloría Regional del Ñuble de representar el decreto Alcaldicio Nº 802, de 2023; se declare arbitrario e ilegal el oficio Nº 99417, de fecha 20 de junio de 2023 de la Contraloría Regional del Ñuble; se declare arbitrario e ilegal el Decreto Alcaldicio Nº 2942, de fecha 4 de julio de 2023 de la Municipalidad de San nombre reservado; se ordene a la Municipalidad de San nombre reservado ejecutar lo resuelto a través de Decreto Alcaldicio Nº 802 de 2023, que resolvió aplicar la medida disciplinaria de suspensión por seis meses con goce del 50% de las remuneraciones, resoluciones todas que emana del legitimo ejercicio de las atribuciones que la Constitución y las leyes entregan a la Contraloría General de la Republica.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por don Felipe Ortega Reyes a favor de don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de San nombre reservado y la Contraloría Regional de Ñuble. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Gumercindo Quezada Blanco, quien no firma por estar ausente.

No firma la ministra señora Pezoa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por estar ausente en comisión de servicio ROL N° 1183-2023 Protección.-