SOCIEDAD GASTRONOMICA BARLOVENTO LTDA con DIRECCION DEL TRABAJO

Chillán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada Jessica Andrea Escalona Gutiérrez, en garantía y protección de los derechos constitucionales de Sociedad Gastronómica Barlovento Limitada, RUT : RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ingeniero, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por José García Sandoval, Inspector Provincial del Trabajo nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario cometido al efectuar una notificación de una Resolución Administrativa de multa a su representado mediante su publicación en el Diario Oficial, sin dar cumplimiento a lo preceptuado en la Circular N° 83 de la Dirección del Trabajo, esto es, mediante su incorporación en el Diario Oficial habiendo transcurrido más de un año de su curse y sin encontrarse su representado en calidad de no habido o de difícil notificación, por lo que solicita se anule no solo el acto de notificación de la multa sino, además, la multa, por transgredir la Inspección del Trabajo la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, pues, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

Fundamentando su acción constitucional refiere que Tesorería General de la Republica informó, a mediados de agosto de 2018 a su representado, el motivo de la retención de dineros que se había efectuado por orden de la Dirección del Trabajo, información la que generó que su representado solicitara a la Inspección Provincial de nombre reservado le informare al respecto el origen de tal orden de retención, a lo que ésta le manifestó, mediante mail de fecha 31 de agosto pasado, lo siguiente:

- Copia impresa extraída de página web del Diario Oficial de la República de Chile de fecha viernes 17/11/2017 en la cual, en su página 4, numeral 54, se consigna notificación de la multa Nº1814/2016/34-1.

- Resolución de Multa Nº1814/2016/34 de fecha 16/09/2016.

- Carátula de Informe de Fiscalización e Informe de Fiscalización de Nº802/2016/867.- A fin de poder contextualizar los hechos la recurrente manifiesta que, ante denuncia efectuada por nombre reservado, una inspectora de la recurrida realizó dos visitas en terreno al domicilio de su representada el 8 de septiembre de 2016, a las 18 y 21 horas, entrevistándose con el representante de la empresa nombre reservado, quien le informó que la trabajadora denunciante fue desvinculada el 23 de julio de ese año por necesidades de la empresa, señalándose por la fiscalizadora que tenía la obligación de reincorporar a la trabajadora a sus funciones debido a su estado de gravidez y poseer, en consecuencia, fuero laboral, así como el tener que hacer pago de sus derechos laborales por el tiempo suspendido, exhibiéndole el certificado emitido por matrona de fecha tres de septiembre de 2016, y explicándole que volvería a reinspeccionar el 14 de septiembre de 2016, entregando un acta a cada parte. No se allana el representante de la empresa a reincorporar, pues, dijo que la empresa cerraría. Añade que luego, en el informe de la Inspectora, ésta relata la visita de re-inspección efectuada el 14 de septiembre de 2016 sin especificar hora, encontrando cerrado el local, consignando que: “Realizada la fiscalización y constatados los hechos denunciados; el empleador no se allana a la corrección durante el proceso de fiscalización, ni tampoco en la revisita inspectiva, ya que, la empresa se encuentra cerrada; por lo que, se cursa multa administrativa según el Art 20 inciso 1 en relación al art 174, 208 y el inciso 5 del artículo 506 del Código del Trabajo, esto es, 70 UTM.”. Plantea que con respecto de la notificación de la multa Nº1814/2016/34-1 de 16 de septiembre de 2016, ésta se efectúa por carta certificada al domicilio de la empresa a sabiendas que se encontraba cerrada, según da cuenta informe de inspectora de fecha 20 de septiembre del mismo año, por lo que su representado no tuvo noticias de tal resolución. Posterior a ello, sostiene la abogada, y habiendo transcurrido más de un año desde el curse de la multa, la Inspección del Trabajo publicó en el Diario Oficial, con fecha 17 de noviembre de 2017, en su página 4, numeral 54, el hecho de haberse cursado una multa en contra de su representada, haciendo valer la Circular número 83 de la Dirección del Trabajo de fecha 17 de noviembre de 2017, la cual habilita a la Inspección del Trabajo por orden del Director, por aplicación por analogía legal, a notificar las resoluciones administrativas en caso de que el destinatario de la multa administrativa no sea habido, es decir, se encuentre en estado de notificación fallida, cuestión que debe ser certificada por la Unidad correspondiente según indica dicha Circular, procediendo a transcribir lo pertinente, para luego concluir que conforme a la aludida Circular, el procedimiento que deberá observarse para hacer aplicable dicha notificación excepcional al afectado exige que las sanciones respecto de las cuales se dispondrá tal notificación deberán cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben ser verificados previamente por la Oficina de Control y Gestión de Multas:

a) Encontrarse la multa en el registro informático DT Plus en estado de notificación fallida.

b) Constar en el expediente que esa multa tuvo, después de una eventual notificación por carta certificada, al menos un intento de notificación personal al mismo domicilio del envío de la carta devuelta, en cuyo cayo de no prosperar esta última gestión, deberá llevarse a cabo una nueva acción de notificación personal al domicilio de la casa matriz del empleador sancionado u otro del que se tenga conocimiento cierto.

c) Conjuntamente con lo anterior, la notificación personal infructuosa deberá constituir el último intento de notificación y con esa calidad deberá ser ingresado el evento en el sistema informático DT Plus, lo que será verificado por la oficina de Control y Gestión de Multas.

d) Existir registro en el DT Plus y en el expediente físico, de las gestiones efectuadas y destinadas al intento de notificación, que no fue posible realizar por cuanto las direcciones resultaron incorrectas o el empleador ya no ocupaba el domicilio informado u otra razón que explique la frustrada actuación.

e) Para dar cumplimiento a lo instruido, la Inspección deberá investigar acerca de la existencia de otros domicilios que pudiera tener el sancionado, recurriendo, por ejemplo, a otras fiscalizaciones realizadas, declaraciones efectuadas por aquel en otros Órganos del Estado, lo consignado en la base de datos Dicom Equifax o en otro medio idóneo para la obtención de domicilios.

De esta búsqueda deberá dejarse constancia en los comentarios que el sistema DT Plus habilita al confirmar el ingreso del evento de notificación fallida, con lo cual se certificará que el resultado de la diligencia en cuestión ha resultado fallida.

Plantea que no es efectivo que su representado no pudiese ser notificado en otros domicilios, pues en juicio laboral RIT M-309-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán iniciado en octubre de 2016 por la misma trabajadora que efectuó la denuncia ante la Inspección del Trabajo y que generó la investigación y multa en cuestión, su representada resulta notificada positivamente en diciembre de 2016 en el domicilio particular del representante legal, domicilio aportado por la propia demandante, notificación la cual destaca fue llevada a cabo un año antes de la publicación efectuada por la Inspección del Trabajo mediante la incorporación en el Diario Oficial de la resolución de multa administrativa, por lo cual considera que no se cumplen los requisitos establecidos en la Circular 83 citada, al no investigarse otros domicilios, por Dicom u otras gestiones, y por lo mismo se debe declarar la ilegalidad de la notificación de la multa Nº1814/2016/34-1, ello sin perjuicio de tener que aplicarse a su respecto, las normas de prescripción de un año, al publicarse tras un año y dos meses, según aplicación del derecho penal, puesto que la resolución administrativa de multa se funda en un acto coercitivo del Estado en contra de un sujeto de derecho, no pudiendo aplicarse en este caso el plazo de prescripción establecido por la ley a los actos privados.

En cuanto al fondo de la multa cursada la abogada de la recurrente manifiesta que surge de manifiesto que su representada desconocía el estado de embarazo de la trabajadora al momento de la desvinculación, por lo que no incurre en infracción susceptible de multa sino por el hecho de no reincorporar a la trabajadora al momento de tomar conocimiento de ello mediante la exhibición del correspondiente certificado médico, hecho ocurrido en la primera fiscalización que efectúa la Inspección del Trabajo el 8 de septiembre de 2016, es decir, más de un mes después de la desvinculación, momento en el cual su representado señaló que la empresa ya no se encuentra en operaciones lo que le impide reintegrar al trabajador. Entendiendo lo anterior, sólo un Tribunal de justicia podría calificar el hecho de si la falta de reintegro del trabajador a sus funciones constituye un acto de arbitrariedad e ilegalidad por parte de su representado que lo haga merecedor de la multa respectiva, precisando que el certificado de matrona que daba cuenta del estado de embarazo de la trabajadora y de la edad gestacional le fue exhibido a su representada en la primera visita de fiscalización, 8 de septiembre de 2016, tomando conocimiento de ello el representante legal de la empresa, quien, según señala la propia inspectora, manifestó la imposibilidad de reincorporar a la trabajadora, pues por motivos económicos el local no funcionaba más, lo cual le hacía imposible el cumplimiento. A pesar de lo anteriormente informado, la fiscalizadora concurrió por segunda vez al domicilio de su representada constatando el 14 del referido mes y año que ésta ya no se encontraba en operaciones, tal y como se lo informó el representante legal una semana atrás. A pesar de lo anterior, la Inspección del Trabajo decidió cursar de todas formas la multa administrativa arrogándose facultades judiciales al decidir que el incumplimiento de la norma, esto es, la no reincorporación de la trabajadora, era ilegal y arbitraria, lo cual, según su criterio la facultaba para cursar la multa de 70 UF. a mi representada, que por lo demás, es una microempresa familiar. Estima la abogada que todo lo anterior implica necesariamente que la Inspección de Trabajo actuó fuera de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, pronunciándose sobre una materia que corresponde ser resuelta por la judicatura especial que la ley ha previsto para tales efectos y consecuentemente aparece de manifiesto que la parte recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, cual no es la situación de la especie, toda vez que la Inspección recurrida asumió en la práctica la función de juzgar al decidir en los términos ya indicados, que mi representado despidió a un trabajador aforado y que no dio cumplimiento a su reincorporación, sin tomar en consideración que le era IMPOSIBLE hacerlo, cursando una multa de 70 UF, esto es, el máximo legal sin considerar que se trataba de una micro empresa familiar.

Termina solicitando que, conforme a lo expuesto y normas constitucionales, legales citadas, se tenga por presentado el presente recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por José García Sandoval, Inspector Provincial del Trabajo nombre reservado, ya individualizado, por el acto ilegal y arbitrario cometido al notificar la Resolución de Multa Administrativa Nº1814/2016/34-1 mediante su incorporación al Diario Oficial con fecha 17 de noviembre de 2017, en su página 4, numeral 54, sin dar cumplimiento a lo establecido en la letra e) de la Circular N°83 de la Dirección del Trabajo, habiendo transcurrido además un año y dos meses desde su curse administrativo, operando la prescripción de 1 año, a fin se ordene dejar deje sin efecto tal notificación.

Asimismo, solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad cometida por la Inspección del Trabajo que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, al cursar la multa a pesar que su representado se encontraba imposibilitado de reincorporar a la trabajadora al tomar conocimiento de su estado de embarazo en el mes de septiembre de 2016, habiéndola desvinculado por necesidades de la empresa en julio del mismo año, desconociendo en dicho momento el estado de gravidez de la trabajadora, todo lo anterior, con expresa condena en costas.

A su presentación acompaña documentos los cuales singulariza en el primer otrosí de su recurso.

2°.- Que, informa la presente acción de protección doña nombre reservado, Inspectora del Trabajo Subrogante, quien en primer término reitera lo ya expuesto por la recurrente en cuanto a los hechos que dieron origen a la multa cuya notificación ha sido reclamada, señalando al respecto que, siguiendo con el procedimiento establecido por el Servicio, la fiscalizadora cursó la infracción 1814.16.34 por 70 UTM, por separar ilegalmente a una trabajadora amparada por fuero maternal la cual se notificó por correo certificado al domicilio de la empresa que aparecía en la solicitud de la interesada, la trabajadora, en donde se realizó la gestión de reintegro y que, además, coincidía con los registros de la Inspección. Añade que no obstante ello, el correo devolvió la carta de notificación, y como lo indican las instrucciones, se buscó en forma inmediata otro domicilio, pero sin resultado positivo. Hace presente que en la página web de la Dirección del Trabajo, existe un link en el que las empresas pueden actualizar sus datos, como el domicilio, pero la empresa recurrida no lo hizo, al menos no en forma inmediata, por lo que la Inspección de Chillán se quedó sin un domicilio en el que poder realizar la notificación de la multa, razón por la cual la fiscalizadora volvió en tres oportunidades al domicilio en el que se realizó la fiscalización, con la esperanza de encontrar en alguna de ellas a alguien que al menos ubicara al representante legal de la empresa y pudiera dar luces de su paradero para poder notificarlo, pero sus gestiones fueron infructuosas. Por lo anterior, señala, la multa quedó en estado de "notificación frustrada", por lo que, como lo indica la Circular 83, la jefatura de nivel central decidió incluirla en la nómina de multas a notificar por medio de una publicación en el Diario Oficial, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 inciso tercero, de la Ley 19.880. Destaca que el hoy recurrente estaba en conocimiento de la multa, pues durante el proceso de fiscalización se le advirtió que sería multado si la trabajadora no era reintegrada, y simplemente no cumplió con su obligación, cerró su local y desapareció, actuar que denota mala fe, por cuanto no dio aviso de su nuevo domicilio sabiendo que la administración iba a necesitar notificarlo, estimando que constituye prueba del conocimiento de la multa, el hecho que el "Acta de Fiscalización Por Separación Ilegal de Trabajador con Fuero Laboral-Sindical", que el representante legal de la empresa firmó, recibiendo su copia, dice expresamente, en la segunda hoja, que no se allanó al reintegro y: "En este caso, se le comunica la aplicación de sanción administrativa...". Estima la recurrida que actuó siguiendo las instrucciones permanentes y también la ley, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 46 de la Ley 19.880, pues la multa se notificó primeramente por carta certificada al domicilio designado por el interesado (la trabajadora) que, además, se comprobó que era el de la empresa, pues en él se dio inicio a la fiscalización y se notificó al representante legal de ésta, quien firmó el Acta respectiva de notificación de inicio de la fiscalización, por lo que no está mal realizado el intento de notificación de la multa en dicho domicilio y, al ser éste fallido, en las tres oportunidades en las que concurrió la fiscalizadora. En la especie, señala la recurrida, solo faltó que se le intentara notificar personalmente en las dependencias de la Inspección, pero al no haberse presentado nunca el empleador a saber el resultado de la fiscalización, y a ver si en definitiva se le había o no cursado la multa, fue imposible esta forma de notificación.

Finalmente señala que resulta necesario explicar que las multas de la administración del estado no son un castigo o una pena asimilables al aquellas del derecho penal, sino que son una carga pública las que jamás podrán vulnerar derechos si han sido impuestas según lo que señala la ley.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, y lo dispuesto en las normas legales citadas, se tenga por evacuado el informe del recurso de protección deducido, para que, conociendo del mismo, proceda a su total rechazo.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que lo alegado por la recurrente, en síntesis, es el hecho de disponer la recurrida de la notificación por medio de publicación en el diario oficial de la resolución que le impuso una multa, sin que se cumplieran los requisitos para ello que están contenidos en la circular 83 de la recurrida, específicamente la investigación previa de otros domicilios del notificado, lo que la torna ilegal. Igualmente alegó la prescripción de la multa desde que se notificó un año y dos meses después de su expedición. Asimismo, cuestiona el fondo de la multa por las razones que indica, todo lo que lleva a estimar vulnerada la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales en lo que se ha constituido la recurrida por lo ya expuesto.

7º.- Que, la recurrida, a su turno, expuso que fue tres veces al domicilio de la fiscalización sin ser habido el notificado, quien en todo caso fue advertido que de no reintegrar a la trabajadora que motivó la investigación, sería multado, por lo que estaba en conocimiento del devenir del proceso y prefirió desparecer. Agregó que las multas no son asimilables a una pena propia del derecho penal, sino que cargas públicas.

8º.- Que desde ya cabe anotar que no procede analizar en este estadio procesal ni el mérito de la multa aplicada, ni su posible prescripción, por ser cuestiones que no importan derechos indubitados, sino que por el contrario requieren ser discutidas en el procedimiento que corresponda, pudiendo las partes aportar los medios probatorios pertinentes para ser decididos posteriormente por el tribunal competente.

9º.- Que lo mismo ocurre respecto de la validez o no de la notificación estimada ilegal, pues, se discute un hecho, cual es el correcto cumplimiento de determinados requisitos de la misma, persiguiendo en definitiva la declaración de su nulidad, materias que también requieren de una declaración judicial previa discusión y probatorio, no siendo entonces posible que en esta acción de urgencia se determine la improcedencia de la notificación y luego su nulidad.

10º.- Que por lo anteriormente expuesto no cabe sino desestimar el presente arbitrio, por no ser ésta la vía para su solución.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el aludido recurso interpuesto por la abogada Jessica Andrea Escalona Gutiérrez, en favor de Sociedad Gastronómica Barlovento Limitada, en contra de la Dirección del Trabajo.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

ROL 1169-2018-PROTECCION.-