nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, seis de febrero de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece Fabian Huepe Artigas, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, representada por su Alcalde D. Camilo Benavente Jiménez, por transgredir derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2, 3, y 24 y en contra de la Contraloría General de la República, representada por D. nombre reservado, por haber desestimado reclamo de ilegalidad en contra de Decreto Alcaldicio N° 10585 de fecha 16 de agosto de 2024, mediante dictamen de 08 de noviembre de 2024 que “RECHAZA RECONSIDERACIÓN DEL INFORME FINAL N° 626, DE 2022, DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE”, sin pronunciarse sobre todas las alegaciones del reclamo de ilegalidad.

Sostiene como antecedentes fundantes, que el recurrente ingresó en el año 1993 a la salud municipalizada realizando labores profesionales desde esa fecha en el CESFAM Ultraestación de la comuna de Chillán. Luego, en el año 1996 se desempeñó en el Departamento de Salud Municipal como Encargado Comunal de Salud mental, con 11 Horas reguladas por el Código del Trabajo. En ese contexto, en el año 1998, solicitó traslado al CESFAM Ultraestación, del cual provenía originalmente siendo aceptado para tal traslado. En el año 2008, con la aplicación de la Ley N° 20.250, su contrato pasó de estar regulado por el Código del Trabajo al Estatuto Administrativo de Atención Primaria en Salud, siendo encasillado en la Categoría B.

Señala que atendido a que su remuneración que provenía de un contrato de trabajo regulado desde luego por el Código del Trabajo era superior al nuevo encasillamiento del Estatuto Administrativo de atención primaria de salud, era necesario que su remuneración quedara complementada con una “planilla suplementaria” para dejar equiparada su remuneración anterior con la establecida en el estatuto que era menor. Es por ello que su remuneración quedó conformada por su renta en sueldo base, asignaciones de zona y la referida planilla suplementaria, ya que en ningún caso se podía producir un detrimento salarial en los trabajadores que se encontraban en un rango superior a lo que la misma categorización y encasillamiento contemplaba en la ley 20.250 en su artículo cuarto. Pues bien, como todo funcionario en esta situación, no tuvo injerencia ni conocimiento alguno sobre el detalle de la aplicación y cálculo de esta planilla suplementaria que tuvo por objeto mantener equilibrada su remuneración como lo regulaba anteriormente el Código del Trabajo.

Explica que sin embargo con fecha 07 de octubre de 2022 se emite un informe por esta Contraloría General de la República donde, en lo pertinente (pág. 41), se indica: “el artículo cuarto transitorio de la citada ley N° 20.250, dispone, en lo que interesa, que el cambio en el régimen jurídico que experimenten los trabajadores traspasados no podrá significar en ningún caso disminución de los ingresos que percibían al 1 de septiembre de 2007, con los reajustes correspondientes. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros aumentos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los funcionarios del sector público”; y luego agrega: “De lo anterior, se desprende que la asignación de planilla suplementaria de la ley N°20.250, no ha sido absorbida por los aumentos de las remuneraciones desde su percepción, dado que se aplicó hasta diciembre de 2018 el reajuste del sector público a dicho concepto.” Concluye el anterior informe (pág. 73) señalando: “En relación con las observaciones contenidas en los numerales 1.6, 4.1, 4.2, 10.1, 10.2, 11, 13, 25 y 26.1 (todas AC), sobre revisión y supervisión de la base para la determinación de la carrera funcionaria; inconsistencias en el archivo de control de la carrera funcionaria; errores en clasificación de los funcionarios; dilación del llamado a concurso para directores de los CESFAM; prolongación en forma irregular del cargo del director del CESFAM Los Volcanes; reajuste de la planilla suplementaria; vínculos de parentesco en la Dirección de Salud Municipal; absorción de la planilla suplementaria y fundamento de la asignación especial de carácter transitorio, la entidad auditada deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la situación representada, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe y, en su oportunidad, aquel que le ponga término”

Agrega que se indica por contraloría es: Realizar el análisis de los casos observados, dando cuenta de dicho análisis en forma documentada y proceder a la regularización de las situaciones advertidas, previo traslado a los funcionarios, y si procede, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas, debiendo remitir los antecedentes, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de este informe final.

Indica que luego la I. Municipalidad dicta resolución que ordena restituir sumas de dinero que supuestamente percibió en forma indebida, sin ser oído, por lo que presentó el correspondiente reclamo de ilegalidad ante la Contraloría y según se indica en la letra h) del presente Decreto, “el acto administrativo no resguardó la garantía del debido proceso por lo que se dictó el Decreto N° 7231/2024 el día de 5 de junio de 2024 que invalidó parcialmente el Decreto N° 11.570/2022. En virtud de lo anterior, se le concedió nuevamente traslado, esto es, derecho a ser oído y según se indica en la letra j) presentó sus descargos señalando que no corresponde ningún tipo de pago, en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en su escrito. Sin embargo, estas defensas NO FUERON ANALIZADAS POR LA I. MUNICIPALIDAD EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Expone que, ante esta nueva resolución, con fecha 6 de septiembre del año en curso presentó reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de Ñuble, el cual se resuelve erradamente indicando que “RECHAZA LA RECONSIDERACIÓN DEL INFORME FINAL N° 626, DE 2022, DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE”, sin pronunciarse, de igual forma, sobre todas las defensas que esta parte esgrimió.

En cuanto a los actos y omisiones arbitrarios y legales, que denuncia en la presente acción, estos corresponden respecto de la I. Municipalidad de Chillán, el acto tanto ilegal y arbitrario del recurrido consiste en haber dictado el Decreto Alcaldicio N° 10585 de fecha 16 de agosto de 2022, sin la debida fundamentación ni motivos ya que no se hace cargo de las defensas esgrimidas por el recurrente, sino que se limita a reiterar las razones de porqué debe efectuar el reintegro.

Tratándose de Contraloría General de la República, señala que se encuentra ante una omisión ilegal y arbitraria ya que en dictamen de fecha 08 de noviembre de 2024, no se pronunció sobre todas las alegaciones efectuadas por esta parte, es más, procede a efectuar un análisis como si se estuviese efectuando una reconsideración de informe cuando lo que se dedujo fue un reclamo de ilegalidad contra la resolución municipal. En otras palabras, se pronuncia sobre algo que nunca se solicitó, que es esta supuesta reconsideración.

LAS ILEGALIDADES Y ARBITRARIEDADES SE SUSTENTAN EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS A. Ilegalidad y Arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N° 10585 de fecha 16 DE AGOSTO DE 2024, EMITIDO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN.

a.1) EL DECRETO ALCALDICIO N° 10585 ES ILEGAL POR INMOTIVADO E INFUNDADO, ELLO POR CUANTO NO SE HIZO CARGO NI RAZONÓ NINGUNA DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS EN EL “TRASLADO” A MI MANDANTE. INFRACCIÓN A LOS ARTS. 11 INC. 2° Y 41 INC. 4 DE LA LEY 19.880.

En síntesis, expone que el decreto alcaldicio carece de falta de fundamentación y motivación, debido a que en ninguna parte se hacen cargo de las diversas defensas que dedujo en tiempo y forma, por lo que en la práctica no fue realmente oído el recurrente, vulnerando el debido proceso, tampoco se explicitan los motivos por los cuales se rechazan las defensas planteadas.

a.2) ES ILEGAL POR LA CADUCIDAD, EN SUBSIDIO, PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD INVALIDATORIA RESPECTO DE TODA RESOLUCIÓN ANTERIOR AL 17 DE JUNIO DE 2022, POR EL TRANSCURSO DE 2 AÑOS DESDE LA DICTACION DE ESOS ACTOS.

Al respecto, indica que conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880, la potestad invalidatoria solo puede ejercerse dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto, por lo que, al haberse notificado el 17 de junio de 2024, la Administración solo puede invalidar todo decreto o resolución existente desde el 17 de junio de 2022 en adelante ya que sólo ahí se encuentra dentro del plazo para invalidar. En consecuencia, todo decreto o resolución de pago de planilla complementaria dictado, o que sirva de base o fundamento para efectuar pagos, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 (que son las fechas en que supuestamente percibió asignaciones improcedentes por estar reajustadas y que desde luego se conocen para mí desde que recibí esos pagos) NO PUEDEN SER INVALIDADOS, precisamente porque caducó la potestad invalidatoria.

a.3) ES ILEGAL POR LA PRESCRIPCIÓN DE EXTINTIVA DE LAS SUMAS COBRADAS A RESTITUIR Alega que, cualquier suma de dinero en que se pretenda exigir su restitución percibida ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2021, está prescrita, por aplicación del artículo 2521 del Código Civil, en consecuencia, no pueden exigirse sumas percibidas antes del 17 de junio de 2021, porque están prescritas. Es una prescripción especial de 3 años que se opone como defensa.

En subsidio, esgrime que debe operar la prescripción de 5 años del Código Civil, (artículo 2515). Es decir, no es posible exigir ninguna restitución de sumas anteriores al 17 de junio de 2019 porque están prescritas.

a.4) IMPROCEDENCIA DE LA TESIS DE NO REAJUSTABILIDAD. ES UNA INTERPRETACIÓN DE CONTRALORÍA QUE AFECTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO. AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y BUENA FE.

Considera que, la tesis sostenida por la Contraloría General de la República no tiene sustento normativo, puesto que la reajustabilidad no implica en ningún caso ni enriquecimiento ni incremento patrimonial, ya que sólo implica una actualización del dinero; no es más que llevar a valor actual una suma dineraria.

Hace presente que la jurisprudencia judicial siempre ha entendido que los valores en pesos son reajustables aunque no lo prescriba la ley, ya que se trata de evitar la depreciación o pérdida de valor del dinero y es la razón por la cual sumas de dinero e indemnizaciones son reajustadas por tribunales aun cuando no haya una norma expresa en tal sentido.

Estima que, el principio de legalidad no puede ser tan literal al no permitir que confluyan otros principios del derecho administrativo, siendo uno de ellos la buena fe, la proscripción del enriquecimiento sin causa y el derecho a un salario o remuneración justa y equitativa considerando al menos la actualización del valor. La tesis de Contraloría implica un detrimento patrimonial en la práctica, contrario a principios y normas de derecho público en relación con las remuneraciones de los funcionarios.

Señala que, respecto a la prohibición del enriquecimiento sin causa. Si el Estado paga sin reajuste, en la práctica genera un enriquecimiento a costa del funcionario lo que no puede ser admitido en Derecho.

Alega que igualmente se transgrede la buena fe, la cual se presume, considerando que el recurrente nunca se ha visto involucrado en problemas administrativos o judiciales y siempre su actuar ha sido en pos del respeto de la ley y el derecho ajeno. En este sentido, el recurrente no era ni es el encargado de efectuar los cálculos de la planilla suplementaria por lo que no tenía como saber, en el evento de existir, que había un error en el cálculo, recibiendo los dineros con absoluta buena fe. Si bien la ley se presume conocida, aquí se trata de un criterio o tesis de Contraloría que sería obligatorio para los órganos de la Administración, más no para particulares, por lo que actuó con la legítima convicción de que los dineros pagados estaban en lo correcto.

Finalmente, respecto a la reajustabilidad de la planilla (según Ley de Reajuste), esto si fue realizado año a año y obedeció a la similitud con la primera planilla suplementaria creado por la Ley 19.378 (traspaso de funcionarios al estatuto de salud en el año 1995 que rige a contar del 1 de noviembre), que fue creada en sus características en condiciones iguales a los funcionarios traspasados por la Ley 20.250.(que rige a contar del 1 de septiembre del año 2007)

Agrega que a contar de la Ley de reajuste del sector público del año 2013 (Ley 20.642 del 11 de diciembre del 2012) en su artículo 31 establece: “El reajuste previsto en el artículo 1º de la presente ley se aplicará a las remuneraciones que los funcionarios perciban por concepto de planilla suplementaria, en la medida que ésta se haya originado con ocasión de traspasos de personal entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base o por modificación del sistema de remuneraciones de la institución a la cual pertenece el funcionario.”(artículo que se repite año a año y que hasta el día de hoy aparece en la Ley de Reajuste), en donde se establece claramente que la planilla suplementaria se reajusta ya que corresponde al caso de una modificación del sistema de remuneraciones del funcionario en donde se pasó del Código del Trabajo al Estatuto de Atención Primaria.

a.5) ILEGALIDAD POR TRANSGREDIR LA CONFIANZA LEGÍTIMA, ACTOS PROPIOS Y PRINCIPOS GENERALES DE DERECHO.

Argumenta en el sentido, que la Municipalidad no puede invalidar su propio acto de pago y reajustabilidad de las planillas suplementarias, (el que se ha efectuado por más de 10 años) para posteriormente ordenar la restitución de las sumas pagadas. ESTO OCURRE PARA TODAS LAS SUMAS PERCIBIDAS O LAS QUE HAN QUEDADO SUBSISTENTES DESPUÉS DE LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD.

Explica que la moderna doctrina administrativa establece como límite a la potestad invalidatoria el DENOMINADO “PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA”. En este caso, se pagó sin ningún problema la planilla suplementaria reajustada por más de 10 años, sin que el recurrente tuviera injerencia alguna en el monto que percibía. Sin embargo, sorpresivamente, se cambia el criterio y se dice que el reajuste de la planilla suplementaria no correspondía y procede que restituya lo que recibió de buena fe.

Esta doctrina, recoge tal vez de manera más específica o moderna lo que tradicionalmente en nuestro país se conocía en general como la “doctrina de los actos propios” que proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.

Asimismo, señala que en todo momento, el recurrente ha actuado de BUENA FE, y ha adquirido el derecho a percibir la remuneración de la planilla suplementaria reajustada, la que se incorporó a su patrimonio, y nada menos que hace más de 10 años, tratándose de una situación consolidada. Lo anterior importa que una supuesta decisión de pago con reajuste que eventualmente se considere improcedente es totalmente inimputable a su persona, ya que:

a.- No tiene responsabilidad administrativa ni disciplinaria alguna en estos hechos.

b.- Ni siquiera tiene responsabilidad civil de restitución o pagos porque no ha obrado en ninguna acción u omisión dolosa o culpable de su parte, y no es el causante del supuesto daño a la Administración Municipal.

3.- La Administración Pública no puede invalidar actos dictados en contravención al principio de legalidad, cuando el administrado actuó de buena fe (nombre reservado, E., Derecho Administrativo, bases fundamentales, Tomo II, p. 208, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1996).

Expone que la administración ni siquiera ha invalidado los correspondientes decretos, sino que ordenó de inmediato el reintegro del dinero calculado por Contraloría General de la República.

Reitera que el recurrente ha actuado con absoluta buen fe puesto que no ha intervenido en el posible error de la Administración.

a.6) ILEGALIDAD POR LA IRRETROACTIVIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE PAGO. ACTO DE INVALIDACION ES UN ADMINISTRATIVO DESFAVORABLE.

Funda su alegación en lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 19.880, agregando que estamos en el Decreto Alcaldicio frente a un acto desfavorable para el recurrente ya que afecta su patrimonio, de tal forma que la resolución que ordena restitución, no puede tener efecto retroactivo. A lo sumo no habrá pago futuro (solo en el caso de la reajustabilidad y si fuera procedente) pero no puede exigirse devolución de sumas ya pagadas lo que le causaría un enorme perjuicio.

a.7) ILEGALIDAD POR FALTA DE RAZONABILIDAD.

La doctrina administrativista, ha indicado, que el principio de razonabilidad es uno de los fundamentos que hoy debe respetar la Administración. Además, señala que la razonabilidad constituye exigencia del interés general dando cumplimiento al artículo 53 de la LOCGBGAE de tal modo, que el principio de razonabilidad informa la actuación de la Administración contribuyendo al correcto uso de las facultades públicas y evitar la desviación de poder, preservando el valor justicia y que los derechos fundamentales prevalezcan.

De lo dicho ya es carente de razonabilidad la dictación de una resolución que ordena reintegro de sumas de dinero sin debido proceso al existir un traslado meramente formal, al no pronunciarse sobre las defensas y excepciones, sin previa invalidación de los actos que aceptaron la reajustabilidad de la planilla suplementaria y en suma, sin el análisis previo para determinar si procedía o no el cobro.

Hace presente en apoyo a esta alegación Dictamen N° 5725/2012 y sentencia definitiva de fecha 19 de junio de 2017, en apelación de recurso de protección N° 3598-2017 de la Excelentísima Corte Suprema.

B.- RESPECTO DE LA CONTRALORÍA, EN PARTICULAR, DEL DICTAMEN DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, FOLIO E562178 EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE ÑUBLE.

b.1).- EL DICTAMEN ES ARBITRARIO E ILEGAL POR NO PRONUNCIARSE COMO EN DERECHO CORRESPONDE SOBRE RECLAMO DE ILEGALIDAD.

Luego de transcribir el artículo 160 del Estatuto Administrativo, señala que tomado conocimiento del Decreto Alcaldicio que ordena el reintegro de dinero percibido por concepto de remuneración, el recurrente interpuso el correspondiente reclamo de ilegalidad. Sin embargo, de la mera lectura del Dictamen impugnado, se desprende que lo resuelto por Contraloría es una supuesta “reconsideración” del informe final Nº626 de 2022, que nunca fue solicitado. (Dice que rechaza una reconsideración).

Agrega que, todas las defensas esgrimidas van encaminadas a dar cuenta de la ilegalidad del Decreto Alcaldicio, ya sea porque no se hizo cargo (no hay fundamentos) de las excepciones y defensas de esta parte, ya sea porque se dictó con abierta contradicción a la normativa que regula la invalidación de los actos administrativos, etc. En el escrito de reclamo de ilegalidad se pidió específicamente que se determinara “la ilegalidad del actuar de la I. Municipalidad de Chillán al dictar Decreto Alcaldicio N° 10585 de fecha 16 de agosto de 2024, notificada con fecha 26 de agosto del año en curso”, y que se “ordene al referido municipio que actúe como en derecho corresponde, dejando sin efecto dicho decreto, en aquella parte que ordena la restitución de dineros en mi contra.” Tal como se observa, en ningún momento se pide reconsiderar informe Nº626, ya que tal como indica el Dictamen las conclusiones estaban firmes porque la propia Municipalidad no lo impugnó en tiempo y forma, y por otra parte porque lo único que hace el informe es indicar que “si procediere” se emprendan las acciones correspondientes. Por el contrario, se hace énfasis en que, a pesar de las conclusiones del informe, la facultad de la Administración para invalidar ya caducó por lo que no podría ordenarse el reintegro.

Estima que, al enfocarse en justificar los razonamientos del informe, omite los argumentos de fondo que esta parte invocó, relacionados con la ilegalidad del decreto alcaldicio, no dando respuesta concreta a las defensas de esta parte en los términos que fueron planteados. Confusión que considera claramente visible en el punto VI del Dictamen donde indica “y a través de la presentación en examen, sin que haya aportado argumentos suficientes para dejar sin efecto lo concluido por el informe final Nº626 de 2022”, CUANDO ESO NUNCA FUE EL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN.

b.2.) ILEGALIDAD POR ERROR Y FALTA DE FUNDAMENTOS. OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE DEFENSAS Y EXCEPCIONES EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS.

Señala que, si se observa el Dictamen es su punto VI, este tiene de título “sobre la invalidación de los decretos que autorizaron los pagos de las remuneraciones mal percibidas”. En el escrito que supuestamente contesta, se desarrolló porqué era improcedente ordenar el reintegro ya que no se había ejercido en tiempo la potestad invalidatoria (2 años) respecto de los decretos de pago específicos, sin embargo, aquí nada explica sobre el punto limitándose a expresar que no altera las conclusiones alcanzadas por el instrumento de fiscalización (informe 626 de 2022), sin dar ningún razonamiento al respecto.

Alega que, a pesar de que alegó, la falta de declaración previa de nulidad de los decretos de pago y por tanto que no podía ordenarse el reintegro sin anularlos primero, la Contraloría se limita a decir que su informe de fiscalización está bien, lo que es contestar peras con manzanas. Si bien el informe llega a la conclusión de que las sumas fueron mal enteradas, lo hace fuera del plazo que la Administración tiene para poder invalidar, por lo que una cosa es la constatación de un hecho y otra la posibilidad real de ejercer la potestad invalidatoria que es lo que se invocó. Sobre el tema nada dicen.

Señala que, el mismo error continúa en el acápite VII sobre “Eventual caducidad de la potestad invalidatoria y prescripción de la deuda”. Si bien reconocen que “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar un acto contrario a derecho, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde su notificación o publicación, plazo que acorde con lo expresado en dictamen Nº6484 de 2020, de este origen, es de caducidad, de modo que no se interrumpe ni se suspende por la interposición de reclamos durante su vigencia” Luego se dedica a justificar que la potestad invalidatoria estaría bien ejercida por que se habría dictado el decreto Nº11570 de 2022, notificado el 29 de noviembre de 2022 y se anuló antes de 29 de noviembre de 2024. SIN EMBARGO, NO SE ESTÁ RECLAMANDO DE LA INVALIDACIÓN DEL DECRETO 11570 SINO DE LA POSIBILIDAD DE ANULAR LOS DECRETOS DE PAGO CORRESPONDIENTES DESDE EL 2018.

En efecto, lo que se alegó explícitamente fue que, si se está pidiendo reintegrar sumas desde el 01 de enero de 2018, y recién se inició el proceso invalidatorio a través del decreto Nº7231 de 2024 (notificado el 17 de junio de 2024), y no a través de decreto Nº11570 de 2022 que fue dejado sin efecto, entonces la potestad invalidatoria hacia atrás solo podía extenderse hasta el 17 de junio de 2022. (Es decir, si hubo pagos desde el 17 de junio de 2022 solo esos eventualmente podrían ser exigidos devolver y nada hacia atrás de esa fecha). Contraloría no puede pretender que se cuente la potestad invalidatoria hacia atrás desde un decreto que ya no existe, sino que necesariamente tiene que hacerse desde la notificación válida del nuevo proceso, que fue recién en junio de 2024. Al respecto nuevamente Contraloría nada dice.

Luego, en cuanto a la prescripción de las sumas ordenadas reintegrar, Contraloría yerra al considerar que se debe contar desde el decreto Alcaldicio Nº11570 toda vez que este decreto fue dejado sin efecto, es decir, no existe, por lo que necesariamente debe contarse desde la realización del nuevo proceso desde junio 2024.

Por otro lado, en el acápite V que indica tratar respecto a si la buena fe, los derechos adquiridos, la confianza legítima y la seguridad jurídica permiten dejar sin efecto la solicitud de reintegro, simplemente se dedica a explicar el oficio NºE489303 que en ningún momento aborda la confianza legítima ni la seguridad jurídica, por lo que no se hace cargo de los argumentos de esta parte.

Finalmente, estima que el dictamen impugnado tampoco se pronuncia acerca de la defensa de falta de razonabilidad.

Considera que puede concluirse, que se trata de un dictamen con respuestas genéricas que no se condicen con la naturaleza de lo planteado por el reclamante en sus defensas, ni con lo que se pidió expresamente como pronunciamiento. En este sentido, no puede entenderse cumplida la obligación de fundamentar si el ente requerido contesta materias distintas a las planteadas, por el contrario, debe existir un razonamiento lógico que permitan entender el por qué se desvirtúan las defensas conforme derecho, lo que no se cumple en el dictamen. b.3) ILEGALIDAD POR QUE CARECE DE RAZONABILIDAD.

Explica que, la razonabilidad es uno de los fundamentos que hoy debe respetar la Administración, en concordancia con el artículo 53° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que el interés general. Pues bien, no es razonable que habiendo solicitado la declaración de ilegalidad de un decreto alcaldicio, se conteste sobre la base de haber supuestamente solicitado una reconsideración al informe Nº626. Tampoco es razonable que se aborde la potestad invalidatoria contando desde un decreto que fue dejado sin efecto, ni que se considere este mismo decreto como la primera acción de cobro, puesto que ya no existe. No es razonable que, habiéndose verificado un error por parte de la Administración, en relación a un criterio de Contraloría que no era conocido ni debía serlo por el recurrente, termine siendo él perjudicado en su patrimonio, debiendo pagar de inmediato un alta suma de dinero considerando que esto fue un dinero pagado paulatinamente. Y finalmente, no es razonable que habiendo transcurrido más de 6 años desde de los pagos indebidos se le esté pidiendo recién ahora reintegrar dichos montos.

b.4) ILEGAL POR NO PERMITIR LA CONDONACIÓN.

Argumenta, en el sentido que el artículo 67° de la ley 10.336 inciso penúltimo señala que el Contralor podría liberar total o parcialmente de este pago de asignaciones recibidas, señalando la misma norma que “Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error”.

De acuerdo a los antecedentes que se han proporcionado, existe al menos justa causa de error, por cuanto el recurrente nunca ha tenido injerencia en el cálculo de la planilla suplementaria, sino que les correspondía a otros funcionarios determinar si dicha planilla era o no reajustable, cuestión que claramente constituye una justa causa de error por ser imposible que pudiera tomar conocimiento de la supuesta falta de reajustabilidad del pago de su planilla suplementaria. Además, implica que siempre ha estado de buena fe en relación a esta situación, ya que percibió las asignaciones sin saber que eventualmente no fueran reajustables los pagos.

Sin embargo, Contraloría en su dictamen niega la posibilidad de condonación supeditándola únicamente a lo que indica el dictamen Nº40.741 que, nuevamente, es una interpretación obligatoria para la Administración más no para particulares y por tanto no necesariamente conocida. Aquí restringe la condonación por buena fe o justa causa de error a razones complejas de salud o aspectos humanitarios. ¿por qué? Simplemente porque así lo determino Contraloría en un dictamen cuando perfectamente por la normativa podría accederse a la condonación ya que no incluye dichos límites.

Tanto la justa causa de error como la buena fe están plenamente acreditadas en el actuar del recurrente. En efecto, es evidente la dificultad de un cálculo preciso y claro de la planilla suplementaria, así como la procedencia o no del reajuste. En definitiva, el recurrente ha sido víctima de un hecho involuntario no provocado por él, sino que por un actuar de la propia Administración, que lo perjudica gravemente en su patrimonio, tratándose de una alta suma de dinero. En efecto, los valores incorrectos en la remuneración no eran posibles de detectar por el recurrente al tratarse de operaciones contables complejas, quien tampoco tenía conocimiento del criterio de Contraloría ni le correspondía saberlo, toda vez que los dictámenes son obligatorios para la Administración y no para particulares.

En consecuencia, no era posible antes de ocurrida la investigación de esta Contraloría, manifestar oposición ni reclamo a tal hecho, por el desconocimiento pleno en su calidad de profesional de la salud sin competencias técnicas ni de administración de los procedimientos y protocolos de remuneraciones que le correspondía a un ente técnico ajeno.

IV. DERECHOS CONSTITUCIONALES AFECTADOS 1. Artículo 19 N°2 – Igualdad ante la Ley:

Sostiene que se generó una diferencia arbitraria al no considerar sus alegaciones, afectando su derecho a la igualdad procesal.

2. Artículo 19 N°3 – Derecho a un Debido Proceso:

Considera concluido este derecho, por cuanto se ordenó la restitución de sumas sin un análisis adecuado de los descargos, sumado a que la Contraloría resolvió un asunto distinto al planteado en el reclamo de ilegalidad.

3. Artículo 19 N°24 – Derecho de Propiedad:

Fundante en el sentido que la exigencia de reintegro afecta el patrimonio del recurrente, quien recibió los pagos legítimamente y de buena fe.

Termina solicitando se declare la ilegalidad del actuar de la I. Municipalidad de Chillan al dictar Decreto Alcaldicio N° 10585 de 2024, de fecha 16 de agosto de 2024, notificada con fecha 26 de agosto del año en curso”, y que se “ordene al referido municipio que actúe como en derecho corresponde, dejando sin efecto dicho decreto, en aquella parte que ordena la restitución de dineros en mi contra”. Se declare que el Dictamen de 08 de noviembre de 2024 de Contraloría Regional de Ñuble que “RECHAZA RECONSIDERACIÓN DEL INFORME FINAL N° 626, DE 2022, DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE”, es improcedente, inoponible, inaplicable o impertinente respecto de mi representado, esto es, no le produce efectos ya que no corresponde a su reclamo de ilegalidad y por ello simplemente mi mandante no debe restituir suma alguna, o en subsidio, que dicha Dictamen es ilegal, o arbitrario, o nulo y no le produce efectos a mi mandante.

En subsidio, sea cual sea la declaración que se establezca en este recurso, que se reestablezca en imperio del derecho en el sentido que se declare que su mandante no debe devolver suma alguna por concepto de planilla complementaria cobrada por la I. Municipalidad de Chillán.

Además de lo anterior, se adopten la o las otras medidas que se estime a fin de reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, de manera que no se afecte las garantías conculcadas.

Todo lo anterior con costas de la presente acción constitucional.

Acompaña, Decreto Alcaldicio Nº10585 de 16 de agosto de 2024, Informe Final 626 de 2022 de Contraloría General de la República, Reclamo de Ilegalidad presentado por nombre reservado ante Contraloría General de la República y Dictamen E562178 de 08 de noviembre de 2024 de Contraloría General de la República.

2°.- Que, informa la Contraloría General de la República, en los siguientes términos.

I. Antecedentes del oficio N° E562178, de 2024.

1. Informe Final N° 626, de 2022, de esta Contraloría Regional En cumplimiento del plan de fiscalización de esta esta Entidad de Control para el año 2022, y de conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, se efectuó una auditoría al macroproceso de recursos humanos en la Dirección de Salud de la Municipalidad de Chillán, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, cuyas conclusiones fueron consignadas en el Informe Final N° 626, de 2022, de esta Contraloría Regional. En cumplimiento del plan de fiscalización de esta esta Entidad de Control para el año 2022, y de conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, se efectuó una auditoría al macroproceso de recursos humanos en la Dirección de Salud de la Municipalidad de Chillán, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, cuyas conclusiones fueron consignadas en el Informe Final N° 626, de 2022, de esta Contraloría Regional.

En lo que interesa, de acuerdo con el análisis consignado en el numeral 11 del referido informe final, se observó que respecto de ciertos funcionarios traspasados a la dotación de atención primaria de salud el año 2008 en virtud de la ley N° 20.250, no se verificó la absorción de la planilla suplementaria por los aumentos de remuneraciones ocurridos luego de su percepción, dado que a dicha planilla se le aplicó el reajuste del sector público hasta el año 2018, pese a que esa actualización no resultaba procedente. Por lo anterior, según se expresa en el numeral 25 de dicho informe, se efectuó el reproceso del monto de la referida planilla entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, sobre la base de los valores informados por el servicio a diciembre de 2008 y los aumentos de remuneraciones ocasionados por cambios en la clasificación de la carrera funcionaria, estableciéndose las diferencias que aparecen en la tabla N° 31 del informe en comento, y las remuneraciones indebidamente percibidas que se individualizan en la tabla N° 32.

En virtud de lo expuesto, esta Contraloría Regional instruyó a ese municipio regularizar dicha situación, ordenándole a la autoridad realizar el análisis de los casos observados, dando cuenta de ello en forma documentada y luego proceder a la regularización de las situaciones advertidas, previo traslado a los funcionarios y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas.

2. Oficio N° E288689, de 2022.

Luego, el señor nombre reservado reclamó ante esta Entidad de Control en contra de la medida adoptada por la Municipalidad de Chillán mediante el decreto alcaldicio N° 11.570, de 2022, que le ordenaba el reintegro de parte de los emolumentos que habría percibido indebidamente. Igual reclamación interpusieron otros funcionarios del Departamento de Salud de ese municipio que se encontraban en la misma situación. Esta Contraloría Regional, por el oficio N° E288689, de 2022, concluyó que, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que el municipio no acató las instrucciones contenidas en el referido informe final de auditoría, por cuanto de los decretos que cada uno de los peticionarios adjuntó en sus reclamos, se advierte que esa entidad les ordenó reintegrar las sumas que habrían percibido indebidamente, sin haberles conferido traslado.

Por lo anterior, esta Entidad de Control se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre dichas reclamaciones, a fin de que la Municipalidad de Chillán diera cumplimiento a las instrucciones contenidas en el anotado informe de esta procedencia.

De todas formas, en ese mismo acto, se aclaró que lo anterior es sin perjuicio de que los interesados, si lo estiman, puedan nuevamente formular ante esta Entidad de Control una solicitud para acogerse a las franquicias que concede el artículo 67 de la ley N° 10.336, sólo una vez que se les haya efectuado la debida notificación de la obligación de reintegrar emolumentos por parte del municipio, luego de haber conferido el traslado de las observaciones contenidas en el señalado informe, y que éstos hayan formulado sus consideraciones al municipio.

En lo que respecta a la situación particular del recurrente, consta que, posteriormente, la autoridad municipal a través del decreto N° 7.231, de 2024, invalidó parcialmente el citado decreto N° 11.570, de 2022, en aquella parte que había ordenado la restitución de los montos, confiriéndose, en ese mismo acto, traslado al recurrente para formular sus descargos o defensas, respecto de las observaciones relativas a las sumas antes indicadas.

3. Oficio N° E562178, de 2024, que se impugna en el recurso de protección Luego, como consecuencia de lo antes expuesto, habiendo conferido el respectivo traslado, la autoridad edilicia emitió el decreto alcaldicio N° 10.585, de 2024, solicitando al actor el reintegro de los montos percibidos indebidamente, por la suma de $12.205.258, acto en contra del cual el recurrente dedujo una nueva reclamación ante esta Entidad de Control, mediante presentación de 6 de septiembre de 2024, ingresada bajo el número 402.532, de 2024, en la cual que realizó diversas alegaciones, tanto respecto del contenido y conclusiones del Informe Final N° 626, de 2022, como en lo relativo al procedimiento efectuado por la Municipalidad de Chillán sobre la materia. Dicha presentación fue atendida por esta Contraloría Regional, a través del oficio N° E562178, de 8 de noviembre de 2024, desestimando las alegaciones del actor, cuyas conclusiones son el resultado del análisis de la documentación tenida a la vista y la normativa que regula la materia, actividades que fueron llevadas a cabo conforme con la resolución N° 10, de 2021, de esta Entidad de Control, en el caso del anotado informe final, y con las normas constitucionales y legales que regulan sus atribuciones, en lo que respecta a su facultad de emitir pronunciamientos jurídicos.

II. El asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección En la especie, al deducir la presente acción, el recurrente no ha intentado amparar un derecho indubitado y no disputado, como se advierte claramente de la sola lectura del libelo, sino que lo perseguido en definitiva es que esa Iltma. Corte, en lo que dice relación con este Organismo de Control, declare que el actor no debe restituir los montos mal percibidos, impugnando para ello el referido oficio Nº E562178, de 2024, pretensión que es absolutamente ajena a la naturaleza cautelar del recurso de protección.

En efecto, del análisis del libelo aparece que su pretensión se sostiene sobre la base de una interpretación que el propio recurrente efectúa sobre la reajustabilidad de la planilla suplementaria creada por la ley N° 20.250; la forma en cómo se llevó a cabo el respectivo procedimiento por parte del municipio; y sobre la prescripción de la deuda, lo cual evidencia que carece de un derecho indubitado al respecto, pretendiendo controvertir una situación que no es amparable por la vía de esta acción cautelar.

Asimismo, de las peticiones concretas formuladas en el recurso, se evidencia claramente que la única finalidad del actor es eludir la restitución de los montos mal percibidos, por cuanto en los tres numerales de su petitorio lo que solicita, en definitiva, es que se declare que no debe reintegrar suma alguna.

Al respecto, cabe señalar S.S. Iltma., que no corresponde que dicha pretensión sea dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, y que no concurren en este caso. En armonía con lo previamente expuesto, la Excma. Corte Suprema en su fallo de fecha 2 de octubre de 2024, dictado en causa rol N° 80.849-2023.

III. Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad de esta Entidad de Control al resolver el reclamo deducido por el actor No se advierte de qué manera este Organismo Fiscalizador, mediante la emisión del oficio N° E562178, de 2024, que resolvió el reclamo planteado por el actor, ha podido actuar de manera ilegal o arbitraria, por cuanto por su intermedio se ejercieron las competencias que le han sido conferidas a la Contraloría General de la República en virtud de los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 5°, 6° y 9 de la ley N° 10.336; funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la resolución N° 1.002, de 2011.

De esta forma, la actuación recurrida, se ha emitido de acuerdo con la habilitación expresa que las mencionadas normas ha, otorgado a esta Entidad de Control.

Asimismo, el oficio imaginado no pude ser calificado de arbitrario, toda vez que no obedece a una conducta antojadiza de esta Entidad Regional de Control, sino que es el resultado de un estudio acabado de los antecedentes planteados, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, de la aplicación de la jurisprudencia administrativa pertinente y del ejercicio de sus facultades amplias de fiscalización, que ha sido emitido a expreso requerimiento del recurrente. Por lo tanto, la sola circunstancia de que el interesado no comparta la decisión de esta Institución de Fiscalización, en ningún caso transforma en arbitrario el oficio impugnado.

En consecuencia, dado que en la especie no concurren los supuestos de ilegalidad o arbitrariedad establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde que el recurso de autos sea desestimado.

IV. En cuanto al fondo del asunto 1. Acerca de las conclusiones del oficio N° E562178, de 2024, de esta Contraloría Regional de Ñuble a) El recurrente sostiene que el oficio N° E562178, de 2024, de este origen, no se pronunció acerca de lo solicitado en su reclamo, ya que rechazó la reconsideración del Informe Final N° 626, de 2022 y, supuestamente, no se refirió a las alegaciones referidas a las actuaciones de la Municipalidad de Chillán. De manera previa, cabe hacer presente que en el recurso en análisis, el abogado del actor indica de manera textual que la respuesta emitida por esta Entidad de Control a través de ese oficio, implicó “contestar peras con manzanas”, expresión del todo inadecuada en esta instancia jurisdiccional -destinada a determinar si una acción u omisión es arbitraria o ilegal conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que se esgriman-, y contraria al imperativo de respeto con que tanto los funcionarios públicos como los particulares deben dirigirse a los órganos y poderes del Estado.

Dicho lo anterior, corresponde aclarar que a diferencia de lo sostenido en el recurso de protección, consta que en la presentación ingresada ante esta Entidad de Control con fecha 6 de septiembre de este año, el actor realizó diversas alegaciones, dirigidas principalmente al citado Informe Final N° 626, de 2022, de esta procedencia; otras relativas a la actuación de la Municipalidad de Chillán, pero que, en su mayoría, también se vinculaban con lo observado y concluido en el aludido informe de auditoría; y otras referidas al procedimiento llevado a cabo por el municipio; todas las cuales fueron analizadas y resueltas en el oficio N° E562178, de 2024, de este origen, en la forma que se indica en dicho pronunciamiento, como se detallará en los párrafos siguientes. Respecto de los cuestionamientos en contra del informe de auditoría, consta que el numeral 3.3. de la aludida presentación del actor se titula “No es clara la tesis de no reajustabilidad. Es una interpretación de Contraloría que afecta la actualización del patrimonio.

Afectación del principio de prohibición del enriquecimiento sin causa y buena fe” (SIC).

Luego, el numeral 3.5. de la misma presentación, se titula “Falta de motivación y fundamentación del Informe Final N°626-2022 de Contraloría. En especial, sobre el cálculo de lo supuestamente adeudado” (SIC).

Ahora bien, en el oficio N° E562178, de 2024, consta que en su numeral II, titulado, precisamente, “Acerca del contenido del informe final N° 626, de 2022, de la Contraloría Regional de Ñuble, y su fundamentación”, se concluyó que el informe final de que se trata se encuentra fundado, ya que sus conclusiones obedecen a los antecedentes de hecho y derecho que en él se expresan.

Enseguida, en los numerales siguientes del oficio impugnado, consta igualmente que esta Contraloría Regional analizó los otros puntos relacionados con las demás alegaciones formuladas por el recurrente en su presentación de 6 de septiembre de 2024.

Municipalidad de Chillán de solicitar el reintegro de las sumas mal percibidas, emana del aludido informe final, el que indicó que debía adoptar las acciones necesarias para obtener tal restitución, en virtud de los argumentos que ese instrumento de fiscalización detalló.

Por lo tanto, el que esta Entidad de Control se pronunciara acerca del informe final de que se trata, implicaba, necesariamente, referirse a los motivos por los cuales procedía devolver las sumas indebidamente percibidas -que es el fondo de la controversia analizada en dicha oportunidad y en ésta-, lo que queda de manifiesto al analizar los argumentos planteados en el oficio que se objeta para confirmar la legalidad de tal informe final, los que a continuación se expondrán.

En ese sentido, se revisó el contenido del dictamen N° 33.172, de 2010, el que expresó que el artículo tercero transitorio de la ley N° 20.250, ordenó el traspaso a la dotación de la correspondiente entidad administradora de salud comunal, del personal contratado que, al 1 de septiembre de 2007, desempeñe funciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud.

Enseguida, el artículo cuarto transitorio previno que el cambio en el régimen jurídico no podrá significar en ningún caso disminución de las remuneraciones que percibían a esa fecha, con los reajustes correspondientes, y que cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros aumentos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen.

Ahora bien, en cuanto a la eventual reajustabilidad de la planilla suplementaria, se concluyó que el pago de diferencias de remuneraciones a través de ese mecanismo es excepcional en nuestro ordenamiento y sólo procede cuando un precepto legal lo ha señalado expresamente, caso en el cual debe estarse a lo indicado en la respectiva norma para determinar las condiciones en que debe otorgarse, de manera que las cantidades que se perciban por esta vía, sólo estarán afectas a reajuste en la medida que así lo dispongan las normas en virtud de las cuales han sido creadas.

c) Por otra parte, respecto a cómo la autoridad ejerció la facultad de invalidar contenida en el artículo 53 de la ley N° 19.880, de la documentación tenida a la vista, aparece que con fecha 17 de junio de 2024, el señor nombre reservado fue notificado del decreto alcaldicio N° 7.231, de 2024, que dispuso la invalidación parcial del decreto alcaldicio Nº 11.570, de 2022, en aquella parte que había ordenado la restitución de los montos, por cuanto no se le había conferido traslado respecto de las observaciones relativas a las sumas cuestionadas, como fue advertido por esta Contraloría Regional en el oficio N° E288689, de 2022. A su turno, consta que en ese mismo acto se le confirió traslado al recurrente para formular sus descargos o defensas, respecto de las observaciones relativas a las sumas antes indicadas, derecho que fue ejercido por el recurrente.

Seguidamente, en los considerandos k) a r) del decreto alcaldicio N° 10.585, de 2024, de la Municipalidad de Chillán, la autoridad se refirió a la normativa y jurisprudencia aplicable a la situación en análisis, esto es, su sistema de remuneraciones, el funcionamiento y efectos de la planilla suplementaria que operó luego del traspaso, las conclusiones del citado informe final, la absorción de la anotada planilla y los emolumentos que formaban parte de la renta que se fijó para su cálculo, e incluso ordenó devolverle al recurrente un saldo a su favor por los motivos allí expresados.

Así, el señor nombre reservado presentó sus descargos en relación con la materia, los que fueron tenidos a la vista por la autoridad para emitir el decreto alcaldicio N° 10.585, de 2024, en el que se analizaron las circunstancias de hecho y de derecho vinculadas con la controversia planteada, resolviéndose, en definitiva, que le correspondía restituir la suma indicada.

Por lo tanto, sus argumentos acerca de que dicho acto carece de fundamento y se vulneró su derecho al debido proceso no son efectivos, atendido que tuvo la oportunidad de plantear sus alegaciones y conocer los motivos por los cuales se adoptó la decisión por el ente comunal que en esta ocasión objeta.

En síntesis, el análisis antes detallado permite sostener que, en el caso de la especie, se dan los presupuestos fácticos y jurídicos que obligan al señor nombre reservado a restituir los montos mal percibidos.

Ahora bien, cabe agregar que al producirse un pago erróneo, se genera un enriquecimiento ilícito a favor de el o los funcionarios que lo han recibido, en desmedro del patrimonio de la institución de que se trate, por lo que surge la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas; debiendo los organismos públicos, en el ejercicio de sus funciones, hacer efectivos los créditos de que sean titulares, y adoptar, conforme con la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones, criterio que ha sido recogido por la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida en el dictamen N° E115746, de 2021.

De lo expuesto se sigue que en el evento de que la autoridad no realice las gestiones necesarias para obtener el reintegro, podría ver comprometida su responsabilidad administrativa y civil, sin que, para dar cumplimiento a esa obligación, se le exija previamente haber invalidado o dejado sin efecto los respectivos decretos de pago, como sostiene el actor Ese argumento, además, no altera las conclusiones alcanzadas por el instrumento de fiscalización en comento y el oficio objetado, es decir, que las sumas percibidas por el peticionario no debieron haberle sido enteradas.

2. Ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 67 de la ley N° 10.336, en relación con lo expresado por el dictamen N° E489303, de 2024, de esta procedencia El artículo 67 de la ley N° 10.336, dispone que “El Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas. Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas.

Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento.

Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.

Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales que en cada caso concurran”. Precisado lo anterior, es del caso puntualizar que al constatar pagos indebidos de remuneraciones -como fue advertido en el aludido informe final-, la Contraloría General se encuentra en el imperativo de ejercer la atribución del inciso primero del mencionado artículo 67, esto es, ordenar el reintegro de dichas sumas en la forma establecida, por lo que, si bien el inciso cuarto de dicha norma legal le permite liberar total o parcialmente de la restitución de remuneraciones percibidas indebidamente, dicha atribución es ejercida discrecionalmente, en atención a consideraciones de mérito y a las circunstancias de hecho del caso respectivo.

Tanto es así, que el propio artículo 67 dispone que el Contralor podrá liberar total o parcialmente al deudor de la obligación de restituir los beneficios económicos percibidos indebidamente cuando hubiere, a su juicio, buena fe o justa causa de error, y no emplea el término deberá, hipótesis en la que se encontraría obligado a condonar en la medida en que se verificaran las aludidas dos situaciones.

A su vez, desde el punto de vista de la persona deudora, el artículo 8° del Código Civil establece que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que esta haya entrado en vigencia, de modo que la misma se entiende conocida por todos, tratándose, además, de una presunción que no admite prueba en contrario.

Por su parte, la jurisprudencia de esta Contraloría General ha manifestado que cuando se ha realizado un pago erróneo, se produce un enriquecimiento ilícito a favor de el o los funcionarios que lo han recibido, en desmedro del patrimonio de la institución de que se trate, por lo que surge la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas; debiendo los organismos públicos hacer efectivos los créditos de que sean titulares, y adoptar los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.

Además, ni la buena fe ni la justa causa de error permiten eximir necesariamente a un empleado de la obligación de reintegrar las sumas que haya percibido indebidamente, sino que han sido previstos por la ley, únicamente, para los efectos de ser considerados al momento de determinar si existe mérito o no para liberarlo total o parcialmente de ese deber.

Lo expuesto permite afirmar que la disposición contenida en el artículo 67 de la ley N° 10.336, le otorga una facultad a este Organismo de Control sobre la materia, la que, atendida su naturaleza, puede o no ejercer conforme con los antecedentes que se tengan a la vista. Ahora bien, con la finalidad de regular la forma en cómo se ejercerá la citada atribución, esta Entidad de Control, en virtud de su facultad de elaborar pronunciamientos jurídicos respecto a las materias que le compete conocer, emitió el dictamen N° E489303, de 2024, de este origen, que imparte instrucciones para el ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 67 de la ley N° 10.336.

Es así como frente a una solicitud de condonación u otorgamiento de facilidades de pago efectuada por un funcionario o exfuncionario, esta Entidad de Control resolverá, por regla general, otorgando únicamente facilidades para su devolución a través del pertinente descuento en sus remuneraciones o pensiones de jubilación, retiro o montepío, según corresponda.

No obstante lo anterior, el oficio en comento enumera situaciones que, de manera no taxativa, resultan incompatibles con una hipótesis de buena fe, por lo que en el caso que se verifiquen, no procederá liberación parcial de la deuda generada, cuales son, específicamente aplicables al caso de la especie, las de los numerales 4 y 6, es decir, “Cuando atendido el alto monto del pago indebido, se pueda inferir que el deudor conocía o debía conocer la improcedencia de este”, y “Cuando, de los antecedentes acompañados y/o requeridos al servicio pagador u obtenidos de SIAPER, aparezca que la percepción indebida de un determinado estipendio por parte de un funcionario ha sido reiterada en el tiempo. Para estos efectos, se entenderá como percepción indebida reiterada aquella que ha acontecido en tres o más mensualidades, continuas o discontinuas”.

Incluso, continúa el citado dictamen, encontrándose establecida la deuda, en cuanto a su monto y procedencia, y siempre que de la ponderación de los antecedentes se evidencie que hubo buena fe o justa causa de error, podrá condonarse la deuda, en forma muy excepcional, solo tratándose de complejas razones de salud o aspectos humanitarios debidamente acreditados.

Finalmente, y respecto a las parcialidades que pueden otorgarse para el reintegro, agrega que “se tendrán en consideración, a lo menos, las circunstancias que generaron la deuda, la capacidad consideración, a lo menos, las circunstancias que generaron la deuda, la capacidad económica de la persona deudora, la expectativa de renovación de vinculaciones transitorias, la proximidad del cese de sus funciones y el resguardo del patrimonio público, instando a la pronta recuperación del mismo. Por regla general, no deben superarse las 24 cuotas como facilidades de reintegro, salvo excepciones muy calificadas y debidamente fundadas”.

De lo expuesto se desprende que, en el caso de la especie, el requirente se encuentra impedido de acceder a la condonación que contempla el artículo 67 de la ley N° 10.336, ya que carece del atributo de la buena fe que invoca, considerando el alto monto de la suma que adeuda y el que ella fuera recibida durante varios años, en concordancia con lo expresado en los numerales 4 y 6, punto V, del citado oficio.

Y, además, aun cuando gozara de buena y tuviera una justa causa de error que invocar en su favor, tampoco se ha demostrado encontrarse en la situación de salud o de carácter humanitario que ese mismo instrumento señala.

De allí que el interesado sólo podría solicitar las facilidades de reintegro que esa misma norma permite, en los términos expresados por el oficio de la Contraloría General que impartió instrucciones sobre la materia.

En consecuencia, el carácter facultativo de la atribución contenida en el citado artículo 67, y la manera en cómo este Organismo de Control reguló su ejercicio, impiden acceder a la solicitud de condonación requerida por el actor en su recurso.

3. En cuanto a la prescripción de la deuda En cuanto a la prescripción de la deuda, es preciso recordar que el Informe Final N° 626, de 2022, estableció que las remuneraciones indebidamente percibidas, por concepto de planilla suplementaria, fueron las del período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2021.

Puntualizado lo anterior, cabe anotar que sólo es procedente exigir el reintegro de las sumas pagadas indebidamente que no excedan de cinco años contados retroactivamente desde la fecha de su respectivo cobro, considerando el plazo de prescripción general que prevé el artículo 2.515 del Código Civil.

En ese sentido, consta que la primera acción de cobro de la autoridad fue realizada el año 2022, cuando se le notificó al recurrente el decreto N° 11.570, de 2022, de la Municipalidad de Chillán -el que sólo fue invalidado parcialmente, como se indicó precedentemente- gestión efectuada dentro del plazo de cinco años que contempla el Código Civil, y del todo útil para poner fin a la inactividad del acreedor, en este caso, la Municipalidad de Chillán, por lo que no operó la prescripción invocada por el actor.

V. Derechos constitucionales supuestamente vulnerados 1. Derecho contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República Señala que, no se advierte cómo se podría haber afectado la garantía de igualdad ante la ley por este Organismo de Control, cuya actuación fue realizada en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, aplicando su propia jurisprudencia sobre la materia, en los mismos términos que lo ha hecho respecto de otros funcionarios que se han encontrado en similar situación, razón por la que mal podría suponerse que dicho oficio haya significado dar al actor un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata.

Agrega que, si esta Entidad de Control no hubiera aplicado la jurisprudencia administrativa y las normas existentes en la materia en los mismos términos respecto del recurrente, ello sí habría significado una vulneración a la igualdad ante la ley, pues se habría establecido un tratamiento privilegiado en favor del recurrente.

2. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política Expresa que el hecho de que el actor no comparta la orden de devolver los fondos que recibió, no altera el que esa determinación se adoptó en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga a esta Entidad de Control, por lo que, considerarla una comisión especial, resulta improcedente, sobre todo considerando que el acto impugnado fue emitido a expresa solicitud del actor.

3. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política El actor estima que, mediante la orden de restitución de los fondos mal percibidos, se afecta su patrimonio por un hecho que no le resulta imputable.

Precisa puntualizar que no se advierte la manera en que el oficio recurrido podría significar privación, perturbación o amenaza de dicho derecho constitucional en los términos previstos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, atendido que cuando la ley concede algún beneficio de orden patrimonial, para que tal derecho ingrese al patrimonio de una persona es necesario que aquel satisfaga todas las condiciones para su debida percepción, las que, en la especie, no se han cumplido. No resulta admisible sostener que el actor tendría un derecho de propiedad sobre los montos percibidos indebidamente.

Además, indica que se debe tener presente que cuando un funcionario recibe remuneraciones sin que ello legalmente le corresponda, su obligación de restituir no depende de si el hecho que motivó esa percepción le resulta imputable o no, sin perjuicio, por cierto, de la posibilidad de que esta Entidad de Control determine que hubo justa causa de error y la buena fe como criterios para condonarle lo adeudado.

Agrega que siendo así, esta Contraloría General reguló la aplicación del artículo 67 de la ley N° 10.336 en el ya analizado dictamen N° E489303, de 2024, no encontrándose el actor en alguna de las hipótesis que permite acceder al beneficio de la condonación, debiendo por tanto devolver la suma percibida erróneamente. Ello, sin perjuicio que en la conclusión N° 1 del anotado informe, se ordene la iniciación de procesos disciplinarios tendientes a hacer valer la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en los pagos realizados.

Finaliza solicitando se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Acompaña Presentaciones signadas con los números de referencia 403.168, de 2022 y 402.532, de 2024, por parte del señor nombre reservado, Dictámenes Nos 33.172, de 2010; 6.484 y 7.614, de 2020; y E489303 y E508863, de 2024; todos de la Contraloría General de la República, Resolución N° 1.002, de 2011, del Contralor General de la República, que establece la organización y atribuciones de las Contralorías Regionales, Oficios Nos E288689, de 2022 y E562178, de 2024, de la Contraloría Regional de Ñuble, Informe Final N° 626, de 2022, de la Contraloría Regional de Ñuble.

3°.- Que informa Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación, de la I. Municipalidad de Chillán.

Sostiene que, su representada solo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, al verificar la correcta tramitación de los procesos de fiscalización y de ejecución de actos administrativos.

Estima que vía elegida por el actor para resolver la controversia surgida no es la correcta, toda vez que la litis planteada en autos trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el presente arbitrio, lo que determina que no sea procedente para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de derechos, como es la situación de la especie, que se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento, particularmente en lo referido a la regularización del inmueble que ocupaba o a su adquisición mediante prescripción adquisitiva, como alega en el libelo.

Considera que lo pretendido, y se desprende del petitorio, es obtener una declaración relativa al no pago o no restitución de montos, pretensión que escapa a los límites del recurso de protección.

Agrega que de la sola lectura del recurso, lo que se busca es una declaración de derechos, no una acción referida a derechos preexistentes e indubitados. Basta leer el recurso para entender que no hay un derecho indubitado, en tanto se alegan sendas excepciones de prescripción, de buena fe, interpretación de normas que realiza el ente contralor que son vinculantes al municipio por expresa disposición de la ley, la caducidad, ente otros.

Señala que el petitorio no solicita otra cosa sino que se declare que no debe pagarse lo que ordena el decreto, lo que debe ser formulado en un juicio de lato conocimiento, lo que es ajeno a la acción cautelar interpuesta.

Alega la no concurrencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la constitución Argumenta, en el sentido que es la propia ley N° 10.336 establece, en su artículo 9, que el Ente Contralor está facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Servicio para dar instrucciones. Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, la Sede de Control puede impartir instrucciones a cualquier funcionario respecto de las labores de fiscalización que ejecuta. La Excma. Corte Suprema ha señalado:

Expone que en el presente caso, lo que se hizo fue precisamente cumplir con un mandato del Organismo de Fiscalización, resguardando el derecho del funcionario, mediante un procedimiento administrativo, en el cual se le otorgó traslado para evacuar sus descargos y aportar antecedentes.

De este modo, y considerando lo señalado, señala que no pueden considerarse actos arbitrarios e ilegales ni verse afectado el derecho de propiedad del recurrente, en tanto no se contraviene las normas del ordenamiento jurídico administrativo y el actuar de la corporación edilicia de Chillán, obedece una orden de la Entidad Contralora, velando por el derechos del funcionario.

En relación a los argumentos relativos a la falta de motivación, hace presente que el decreto impugnado si está motivado y contiene las razones por las cuales se ordena el reintegro del dinero señalado en el decreto.

Explica que el decreto señala que, para resolver la controversia, recurren al dictamen N° 14711, de 200, citando el concepto de remuneración. Luego, el decreto en cuestión señala, respecto del valor de las planillas suplementarias originadas en virtud del artículo cuarto transitorio de la Ley N°20.250 y la absorción por aumentos de remuneraciones, se realizó un reproceso del valor entre el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021, sobre la base de los valores informados por parte del servicio a diciembre de 2008, y los aumentos de remuneración por los cambios en la clasificación de la carrera funcionaria. Enseguida, el decreto explica que, la Contraloría notó diferencias entre el valor pagado por la Dirección de Salud y el valor determinado por el organismo, haciendo presente que funcionarios habían percibido indebidamente remuneraciones por, al menos, 219.043.107 pesos. Posteriormente, respecto de la persona a favor del cual se recurre de protección, se explica que, mediante Decreto Exento N°202-S/624/2011 del 30 de septiembre de 2011 se establece cambio a nivel 7 a contar de julio de 2011 disminuyendo la planilla suplementaria en $14.708.-; mediante Decreto 729 del 10 de julio de 2015 se establece cambio de nivel 6 a contar de julio de 2015 disminuyendo la planilla suplementaria en $18.037. así, se determinó que su plantilla suplementaria ascendía a 243.533 pesos. Luego del recálculo, se observó que, mediante decreto N° 11.570, de 11 de noviembre de 2022, se ordena suspender el pago de planillas suplementarias originadas en virtud del artículo cuarto transitorio de la ley N| 20.250 respecto de nombre reservado, generando un salvo a favor del del funcionario por un total de RUT reservado pesos. Asimismo, en virtud del memorándum N° 221, de 12 de agosto de 2024, se determinó que el funcionario percibió indebidamente la suma de RUT reservado, entre enero de 2018 a octubre de 2022.

Así, sin perjuicio de los descargos, el mencionado decreto analiza la controversia sobre la base de la jurisprudencia administrativa respecto de la situación del funcionario, respecto a los efectos de la planilla suplementaria, lo que establece el mencionado informe final, la manera en que debía pagarse la mencionada plantilla, resolviendo pagar al funcionario la suma de RUT reservado pesos por saldo aduendado y el reintegro de RUT reservado pesos.

Luego, dado que la entidad edilicia estimó que era procedente la restitución, y cumpliendo lo ordenado por la entidad de control, se inició en 2022 el procedimiento de reintegro, el que concluye con el decreto impugnado.

Finalmente, señala que el mencionado procedimiento administrativo que la entidad edilicia mandata a realizar también se ejecuta en cumplimiento del deber prescrito en la ley N° 18.695, de proteger el patrimonio municipal.

Solicita el rechazo, en atención a que no hay una acción arbitraria e ilegal que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales, en los términos que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Acompaña: Decreto N° 1822, de 30 de abril de 2008, de la I. Municipalidad de Chillán, Decreto N° 5004, de 1 de diciembre de 2008, de la I. Municipalidad de Chillán, Decreto exento N° 202S/624/2011, de la I. Municipalidad de Chillán, Decreto N° 729/2015, de la I. Municipalidad de Chillán, Decreto N° 11570/2022, de 11 de noviembre de 2022, de la I. Municipalidad de Chillán, Decreto N° 7231/2024, de 5 de junio de 2024, de la I. Municipalidad de Chillán, Traslado del Sr. nombre reservado, de fecha 21 de junio de 2024, Memorandum N° 220, de 12 de agosto de 2024, de la I. Municipalidad de Chillán, Memorandum N° 221, de 12 de agosto de 2024, de la I. Municipalidad de Chillán, Decreto N° 10585/2024, de 16 de agosto de 2024, de la I. Municipalidad de Chillán.

4°.- Que, analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que el recurrente pretende se declare arbitrario o ilegal, el Decreto Alcaldicio N° 10585 de fecha 16 de agosto de 2024, dictado por la I. Municipalidad de Chillán, por carecer de fundamentación y motivos, por cuanto no se haría cargo de las defensas que esgrimió, argumentando también caducidad, prescripción de la potestad invalidatoria, prescripción extintiva de las sumas ordenas restituir y vulneración al principio de confianza legitima y seguridad jurídica.

Asimismo, denuncia que la Contraloría General de la República, incurrió en una omisión ilegal y arbitraria, debido a que en el dictamen de fecha 08 de noviembre de 2024 Folio E562178, no se pronunció sobre todas las alegaciones efectuadas por el recurrente en un recurso de ilegalidad, procediendo a efectuar un análisis como si se hubiese deducido una reconsideración. Alega además caducidad y prescripción de la potestad invalidatoria y rechazo arbitrario de la condonación de deuda.

Que ambas recurridas informan en síntesis que han actuado de acuerdo a la normativa y dentro de sus facultades, por cuanto del informe final N°626 de 2022, fue generado como resultado final de la auditoria efectuada al Dirección de Salud de la Municipalidad de Chillan, se pudo constar que al actor junto a otros funcionarios, se les realizaron pagos a través de una planilla suplementaria, sin la debida absorción por aumentos de sueldos, instruyéndose por la Contraloría a la Municipalidad la regularizar esta situación, debido a que se habrían generado dineros pagados indebidamente, por lo que se dictó el decreto alcaldicio N°10.585 de 16 de agosto de 2024, que ordena al actor reintegrar o restituir por un valor total de $12.205.258.- 8°.- Que en el presente caso, es necesario considerar que la auditoría realizada por la Contraloría, se encuentra establecida legalmente en la Ley 10.336, como asimismo las instrucciones impartidas a la Municipalidad destinadas a obtener el reintegro o restitución de las sumas recibidas por el actor, que el ente contralor determinó fueron pagados indebidamente como consta en el informe N°626 de 2022.

Que las atribuciones del ente fiscalizador, se encuentran contenidas tanto en la Constitución Política de la República como en normativa específica, entre la que se cita las Leyes 10.336, 18.695 y 18.575, entre otras, dado que se han dictado dentro de la esfera de las atribuciones de Contraloría, que ostenta la prerrogativa de impartir instrucciones vinculantes para los órganos auditados, como resultado de su labor de fiscalización.

9°.- Que en el mismo sentido, cabe tener presente que la Contraloría General de la República es un organismo autónomo que ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la Nación y desempeña las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva, conforme a la definición constitucional contenida en el artículo 98 de la Carta Fundamental.

A su turno, su Ley Orgánica Constitucional –Ley N° 10.336- reglamenta sus atribuciones fundamentales, dentro de las cuales se contempla la facultad de realizar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa, regulando en extenso la posibilidad de evaluar la administración financiera del servicio fiscalizado y la documentación sustentadora, así como la facultad de formular proposiciones para la corrección de vicios que detecten (artículo 21 A).

Que de esta forma la actuación del ente contralor se ajustó estrictamente a dicha normativa al realizar la auditoria que derivó en el informe final tantas veces mencionado, y que el recurrente le reprochan en su libelo.

Que asimismo la normativa ya mencionada es plenamente aplicable a la I. Municipalidad de Chillán por expresa remisión efectuada por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 50, la que debe complementarse con el Decreto Ley 1.263/75 Sobre Sistema de Control Financiero y las resoluciones administrativas del ente fiscalizador que son obligatorias para la administración del Estado.

10°.- Que, en cuanto a las alegaciones del recurrente en particular al Decreto Alcaldicio N° 10585 de fecha 16 de agosto de 2024, emitido por I. Municipalidad de Chillán, se plantea en primer lugar, la falta de fundamentación y motivación.

De análisis del señalado documento, se observa claramente una extensa fundamentación legal del mismo, indicando expresamente la normativa aplicable, agregando como motivos, la auditoria realizada por la Contraloría Regional Ñuble, cuyo resultado, respecto de los funcionarios encasillados en la Ley N°19.378, a través del informe final N°626-2022, específicamente en lo que respecto a reajuste de la planilla suplementaria, instruyendo el ente contralor la regularización y las acciones necesarias para obtener los reintegros o restituciones correspondientes.

A continuación, analiza la situación particular del recurrente, en particular que con fecha 17 de junio de 2024, el recurrente fue notificado del decreto alcaldicio N°7.231 de 2024, que dispuso la invalidación parcial del decreto alcaldicio N°11.570 de 2002, en aquella parte que ordena restituir los montos, por cuanto no se la había conferido traslado al actor, como advierte en el oficio N°E288689 de 2022, otorgándosele traslado, considerando los descargos efectuados, se expone la situación respecto de la cual se generan los pagos observados del recurrente, concluyendo finalmente, en lo que respecta a los pagos por planillas suplementarias, que estas deben ser reintegradas o restituidas por un valor total de $12.205.258.- Lo expuesto permiten concluir que el Decreto Alcaldicio N° 10585, se encuentra perfectamente fundamentado, motivado, razonado y fue dictado dentro de las atribuciones propias de la Municipalidad, quienes innegablemente se encuentran supeditadas a la labor de fiscalización del ente contralor, ya sea a nivel central como local, y a las instrucciones por este impartidas, dado que se han dictado dentro de la esfera de las atribuciones de Contraloría y, en el caso de la Municipalidad recurrida, bajo la obligatoriedad de llevar a efecto las instrucciones impartidas por la primera.

11°.- Que respecto a la vulneración del principio de confianza legitima y seguridad jurídica, es preciso considerar se ha entendido por la doctrina que “el principio de protección de la confianza legítima (Vertrauenschutz) supone el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que ha venido actuando de una determinada manera, en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”. (Cfr. nombre reservado )

De esta forma, es posible una comprensión amplia del principio de confianza legitima como sostiene el recurrente. Sin perjuicio de ello, en cuanto a la vulneración de este principio, requiere que la Administración Pública actúe en ejercicio de sus potestades de manera abusiva (arbitraria) o en exceso de poder, lo que en la especie no sucede por cuanto, de acuerdo al análisis contenido en los considerados octavo y noveno precedentes, se concluye que ambas recurridas actuaron dentro sus facultades legales, lo que hace improcedente esta alegación.

12°.- En lo que respecta a la Contraloría General de la República, el recurrente alega en primer término, error en la resolución del reclamo de ilegalidad, argumentación que será desestimada, debido a que esta Corte, comparte el criterio del ente contralor, por cuanto del análisis del escrito presentado por el recurrente, se advierte que no se presenta un recurso de ilegalidad, sino “Reclama ilegalidades que indica” (sic), fundado en lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política, artículo 1º y siguientes de la ley 10.336 y demás normas aplicables, y eventualmente artículo 156 del Estatuto Administrativo Municipal, lo que permite concluir que no se interpuso un reclamo de ilegalidad.

13.- Que, en cuanto al rechazo de condonación de deuda, es preciso considerar lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 67 de la ley N° 10.336, que establece: “Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error”.

Se observa en primer lugar, que la norma transcrita entrega una facultad al contralor, pues emplea el terminó “podrá”, para cuyo ejercicio, contempla la existencia de buena fe o justa causa de error, situaciones que en el presente caso estimó respecto del actor, no existían, lo que llevo al rechazó de la condonación.

Por lo que, no cabe sino concluir que el ente contralor actuó legalmente facultado y en el marco de sus atribuciones, por lo mismo con fundamentos razonables, sin que pueda observarse arbitrariedad ni menos ilegal.

14°.- Que en cuanto a las alegaciones del recurrente, correspondientes a caducidad, prescripción de la potestad invalidatoria, reajustabilidad de la planilla suplementaria, irretroactividad del acto administrativo y prescripción extintiva de las sumas ordenas restituir. Es necesario recordar que el procedimiento a que da lugar la acción de protección, es de naturaleza breve y concentrada, en modo alguno constituye una sede jurisdiccional declarativa de derechos, y por el contrario, ha sido instituida por el constituyente para adoptar en forma precisa e inmediata, las medidas de resguardo necesarias para restablecer el imperio del derecho, respecto de quien arbitraria o ilegalmente se ha visto privado del ejercicio de un derecho constitucional previamente vigente, indiscutido o indubitado, y que ha sido vulnerado o amagado por aquel en contra de quien se recurre.

15°.- Que en consecuencia, en la especie alegaciones opuestas por el recurrente no viene sino a reforzar que se trata de una contienda que excede los términos posibles de discutir y resolver en el marco de la presente acción cautelar, desde que las proposiciones fácticas que constituyen el litigio, exceden con mucho el ámbito de acción que al recurso de protección le corresponde, existiendo otro tipo de acciones jurisdiccionales, declarativas y de lato conocimiento, que en el marco de un proceso contradictorio y legalmente tramitado, permiten resolver, con conocimiento de causa y con posibilidad de apreciar y valorar las pruebas presentadas por las partes, la cuestión que en el recurso se plantea, que en lo esencial dice relación con la declaración de derechos, dicen relación más bien con una jurisdicción especializada de carácter civil.

De esta manera, siendo concebido el recurso de protección sin perjuicio de otros derechos, y teniendo presente las exposiciones y fundamentos de las partes, corresponde el rechazo de la acción cautelar intentada, al no ser ésta una vía idónea para resolver una cuestión como la actualmente controvertida entre las partes.

16°.-Que, en el mismo sentido, el recurso de protección es una acción constitucional cautelar extraordinaria, en la que, sin forma de juicio, se amparan derechos fundamentales enumerados en el texto constitucional, presupone este la existencia de un derecho indubitado y preexistente que pueda ampararse, sin necesidad de declaración previa.

17°.-Que no se condenará en costas a las partes por estimar que han litigado con motivos plausibles.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Fabian Huepe Artigas, en representación de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán y la Contraloría General de la República.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra suplente señora Alejandra Ceroni Valenzuela.

ROL N° 1167-2024.- Protección 33