nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (LOTERIA DE CONCEPCION)

Chillán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Miguel Ángel Calderón Flores, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, médico veterinario, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Corporación Universidad de Concepción, representada legalmente por el Rector Sr. nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por vulnerar ésta con su actuar, las garantías contempladas en el artículo 19 Nº 1, Nº 3 inciso 5º y Nº 4 de la Carta Fundamental.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que la actora fue alumna regular de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción, Campus Chillán, y en tal contexto dio cumplimiento a todas las exigencias académicas establecidas tanto por la normativa interna de la Casa de Estudios recurrida, como por la legislación chilena para tenerla como aprobada en su examen de título, obteniendo de esta manera la habilitación para acceder al título profesional de Médico Veterinaria, lo cual consta en los dos certificados de aprobación de examen de título que han sido emitidos por la recurrida. El primero corresponde al Certificado N° 063/019 de julio del año 2019 y el segundo es el Certificado N° 047/2023 de marzo del año 2023. Ahora bien, conviene dejar establecido que lo destacable y pertinente de ambos certificados, es que acreditan que la recurrente aprobó su examen de título con Distinción el día 15 de noviembre del año 2015.

Expresa que en marzo del presente año, el certificado de título fue solicitado a raíz de la intención de la recurrente de conformar una sociedad de profesionales, para lo cual, el Servicio de Impuestos Internos exige la acreditación de la obtención del título profesional, por lo que la recurrente hizo las gestiones pertinentes y agrega que en la tramitación de estas peticiones la recurrida, Universidad de Concepción, ha evitado dar respuestas vía correos electrónicos y en las atenciones de manera presencial o telefónica hacen alusión a las deudas que la recurrente mantendría con la casa de estudios, aduciendo que por tal razón la Universidad se reserva la facultad de otorgar o no los respectivos títulos profesionales a quienes mantengan deudas con la institución.

Manifiesta que ante la omisión de respuestas en el canal formal, doña nombre reservado procedió a comunicarse con el Dr. nombre reservado mediante la aplicación de mensajería “WhatsApp”, donde, entre las fechas 25, 31 de mayo y 01 de junio del corriente año, el académico y funcionario señor nombre reservado entrega una serie de datos informativos, finalizando el día 01 de junio, e instando a la recurrente a viajar a Concepción para obtener mejores respuestas por parte de la institución, cuestión que se hizo efectiva el día lunes 5 de junio, en donde, luego de ser atendida por la recepcionista de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad, se le dejó en claro que para obtener su título profesional de Médico Veterinario debía pagar su deuda universitaria, ante lo cual ésta abandonó las dependencias universitarias.

Indica que el actuar de la recurrida consistente en la negativa injustificada a otorgar el Título Universitario de Médico Veterinaria, contraviniendo lo dicho en sus propios certificados académicos que indican que dicho título “se encuentra en trámite”, deviene en un acto ilegal y arbitrario, el cual debe cesar para así restablecer el imperio del derecho que ha sido flagrantemente vulnerado por la recurrida.

En cuanto al derecho señala primeramente, y en lo que se refiere a la acción u omisión que da origen al presente recurso, que ésta consiste en que una vez autorizada la reincorporación de la recurrente y los trámites de su titulación, niega lugar a los mismos, condicionándolos al pago de aranceles o a su novación por el mismo monto a través de pagarés. En cuanto a la arbitrariedad del acto manifiesta que si bien es perfectamente posible en base a este principio proponer a los alumnos una instancia de composición sobre esta materia, no es racional cuando aquella deja de ser voluntaria y se acude sobre esta base con medidas de presión soslayando el proceso jurisdiccional, entonces tal determinación se vuelve arbitraria, pues sobre su base se producen tratos distintos que exceden el marco constitucional. Existe en este punto una infracción también a la proporcionalidad que justifica tal diferenciación en el trato, citando jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto.

Continua exponiendo que, en cuanto a la ilegalidad del acto, la autonomía normativa que el ordenamiento jurídico le concede a la Universidad de Concepción, no puede ser obstáculo para calificar como ilegales los efectos de la aplicación del Decreto Exento Universitario sobre Deuda de Aranceles a la situación de la recurrente, en la forma que se ha estado haciendo, puesto que con ello se ha infringido una norma de mayor entidad como lo es el D.F.L. N°2 del año 2009, en específico su artículo 11, y agrega que la constante negativa de entregar sus documentos u oponerse a los trámites de titulación a pretexto de no haber enterado sus deudas con la Universidad de Concepción, esconde una práctica que han venido teniendo los planteles universitarios producto de serias confusiones en los causes jurídicos, donde cuestiones como el cobro o las repactaciones de deudas son conflictos a resolver en sedes jurisdiccionales, y en ningún caso reteniendo documentación ni bloqueando procesos que de manera legítima corresponden a quienes han cumplido con los requisitos académicos, por lo que en este sentido no cuestiona la autonomía de la Universidad o su calidad de acreedora, pero otra cosa muy distinta es permitirle a la recurrida, vía presión o cobro extrajudicial de su crédito con que no cuentan las demás organizaciones (en infracción al principio de igualdad ante la Ley), que no sean el proceso judicial o bien la composición, acercándose con sus prácticas más bien hacia el orden de la autotutela. Cita al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema y RES. ORD. N° 16/000338 del Ministerio de Educación.

Respecto a la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales, indica que los hechos antes descritos afectan el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por interpuesto el presente recurso de protección, acogerlo a tramitación y en definitiva condenar a la Universidad de Concepción, recurrida en autos, a tomar las siguientes medidas: 1) Entregar el título profesional de Médico Veterinaria a doña nombre reservado, dentro del plazo más breve posible; 2) Entregar a la recurrente toda la documentación o copia de ella en que conste, no el mero monto final, sino el capital de la deuda, los períodos de pago, las fechas a partir de las cuales aquellas se hicieron exigibles, el monto correspondiente a reajustes e intereses, y si se ha aplicado o no anatocismo y en qué montos, las multas aplicadas si las hubieren, así como los instrumentos o títulos en que aquellas obligaciones constan; 3) Hacer cesar toda medida de apremio ilegítimo contra la recurrente como la paralización del proceso de titulación o retención de documentos o negación de procesos, sin perjuicio que aquella se dirija por las vías judiciales que corresponda para hacer valer su crédito; 4) Disponer todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

2º.- Que informando el abogado Javier Troncoso Falgerete, por la Universidad de Concepción, indica que se recurre en contra de la Casa de Estudios sosteniendo que sería arbitrario e ilegal que se le exija regularizar su situación de deuda con la Universidad dentro del proceso de tramitación de la obtención de su título de médico veterinario y que dicho acto arbitrario e ilegal le afectaría las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, N°3 inciso 5° y N°4 de la Constitución Política de la República.

Manifiesta que la recurrente, como todos los alumnos en trámite de titulación, debe presentar una serie de antecedentes dentro de la carpeta que debe abrir para concluir sus estudios y que la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, establece en la letra e) del Artículo 55, como infracción grave: “Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo.”, de tal manera que ello sería posible si se trata de aranceles previamente establecidos e informados a los estudiantes”.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que en la actualidad no hay impedimento para que la recurrente complete su proceso de titulación, toda vez que la Universidad de Concepción ha procedido a desbloquearla permitiendo de esa forma que pueda obtener su título de la carrera de Medicina Veterinaria, y en ese sentido es la recurrente quien no ha efectuado hasta la fecha sus trámites en la Secretaría Académica respectiva para abrir su expediente de titulación, faltando las gestiones que requieren de su intervención en forma personal.

En consecuencia, señala que no existe impedimento de parte de la Universidad para que la recurrente obtenga el título requerido, de tal manera que el presente recurso de protección ha perdido oportunidad y así debe declararse ya que no existe acto ilegal y arbitrario de parte de la corporación que permita acoger la presente acción cautelar.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por evacuado el informe por parte de la Universidad de Concepción, y en definitiva, no dar lugar al presente recurso de protección, sin costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es consignar que conforme al relato efectuado por el recurrente en su presentación, fluye de manera evidente que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, lo constituye la negativa de la Universidad de Concepción en orden a exigirle, previo a la continuación de sus trámites para obtener la titulación, el pago de las obligaciones financieras que la recurrente mantiene con dicha Casa de Estudios.

6º.- Que, entre los antecedentes que conforman el presente recurso se encuentra el informe evacuado por la Universidad de Concepción, a través del abogado Javier Troncoso Falgerete, quien en lo sustancial y pertinente, y en lo que al presente recurso interesa, manifiesta que la recurrente, doña nombre reservado no tiene impedimento alguno para completar su proceso de titulación, ya que la Universidad ha procedido a desbloquearla, permitiendo de esta forma que pueda obtener su título en la carrera de Medicina Veterinaria, restando sólo que esta última efectúe los trámites de rigor ante la Secretaría Académica respectiva.

7°.- Que, desde la perspectiva anterior, y quedando en evidencia que la petición expresada por la recurrente en su libelo ha sido satisfecha en su totalidad, no corresponde adoptar ninguna de las medidas solicitadas por la accionante, como tampoco que esta Corte entre al fondo de este asunto, por lo que incumbe rechazar el presente recurso de protección, por falta de oportunidad de éste, al haber logrado la recurrente lo pedido en su acción constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Concepción, representada legalmente por don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

No firma el Abogado Integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°1150–2023-PROTECCIÓN.