nombre reservado con CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA

Chillán, ocho de agosto de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don Carlos Gerardo Astorga Bernales, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra del HOSPITAL CLÍNICO HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservadorepresentada por su Directora doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado y en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE, representada para estos efectos por el Contralor Regional de Ñuble, don Mario Quezada Fonseca, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, dictó la resolución Nº00025, de fecha 24 de noviembre de 2022, que dispuso la destitución de su representado de su cargo de médico a contrata en el Servicio de Cirugía, por falta grave al principio de probidad administrativa, de acuerdo al artículo 61, letra g), de la Ley 18.834, denominada, Estatuto Administrativo. Indica que el sumario respectivo fue instruido a raíz de un hecho denunciado por una persona. Sin embargo, sin que la autoridad administrativa competente haya ampliado las facultades de la Fiscal, ésta, por sí y ante sí, amplió el objeto de la investigación a otras tres supuestas infracciones cometidas por su representado. Indica que dentro del sumario administrativo, previa y oportunamente, su parte solicitó la nulidad de todo lo obrado, a contar del decreto administrativo por el que se le formularon cuatro cargos distintos por cuatro hechos completamente distintos, que presuntamente habrían afectado a cuatro personas diferentes y todos completamente desligados entre sí, haciendo presente que el fundamento de la nulidad solicitada radica en que la fiscal no contaba con competencias y facultades, ni para investigar, ni para formular cargos, ni menos para sancionar, si no contaba con los decretos que expresamente le entregaban la competencia y facultades para llevar un sumario administrativo, lo que ocurrió respecto de tres de los cuatros cargos formulados. Indica que la resolución que denegó la nulidad solicitada, fue objeto de apelación fundada ante el Servicio de Salud, sin embargo, al resolver la apelación interpuesta la autoridad superior no se hizo cargo, como en derecho correspondía, de tal infracción al debido proceso. Lo propio ocurrió con la Contraloría Regional al tomar razón del Decreto o Resolución de destitución, pese a que hasta el día de hoy, aún no resuelve el reclamo administrativo de ilegalidad que también oportunamente fuera interpuesto ante la Contraloría Regional de Ñuble, destacándose por parte del letrado que al resolverse la apelación subsidiaria presentada, el Servicio de Salud Ñuble señaló que la Fiscal de la causa tiene amplias facultades para conocer de la indagación y dirigirla a aspectos no considerados en la resolución inicial, amparada en lo dispuesto en el artículo 135 del Estatuto Administrativo, interpretación la cual califica de ilegal y arbitraria, pues excede largamente lo dispuesto por la citada norma. Expresa, que a su entender e interpretación que le otorga a la norma, la Fiscal del sumario sólo estaba autorizada para conocer y resolver sobre aquellos hechos puesto dentro de la esfera de sus atribuciones por el decreto respectivo. Si investiga, y particularmente, si formula cargos sobre hechos no comprendidos en la resolución inicial del sumario, y luego la autoridad termina confirmando los cargos y aplicando la medida de destitución por tales cargos, como ocurrió en el presente caso, se está actuando ilegalmente fuera del ámbito de las atribuciones delegadas, por lo que sus actuaciones están viciadas y son ilegales e inconstitucionales. Indica que si durante la investigación aparecieren otros hechos presuntamente constitutivos de una falta administrativa imputable al mismo inculpado, la fiscal debe poner tales antecedentes en conocimiento de la autoridad respectiva, para que ésta, en virtud de las atribuciones que le son propias, decida instruir o no un sumario administrativo para investigar tales hechos, nombrando al correspondiente Fiscal, que pudiere ser el mismo de los primeros hechos investigados, opinión la cual señala tiene su basamento en lo dispuesto en el artículo 140 del Estatuto Administrativo, en cuanto dispone que si aparecieran nuevos hechos, éstos se pondrán en conocimiento del sumariado para que realice las observaciones que estimare pertinentes. Insiste en sostener que en el presente caso la actuación ilegal y arbitraria de la Fiscal Instructora llegó a tal extremo que causó la indefensión de su representado, afectando su derecho a defensa legal, núcleo del debido proceso, ya que en la indagatoria no se le preguntó sobre estos otros tres hechos que la Fiscal estaba investigando, por lo que sumido en esa ignorancia por la acción y la omisión de la Fiscal, su representado no pudo declarar sobre tales hechos sosteniendo aquello que correspondiera según su parecer, haciendo presente que el actuar ilegal y arbitraria de la recurrida, tiene profundas implicancias en la forma en que se llevó a cabo la investigación y produce una clara afectación del derecho constitucional al debido proceso y en particular al derecho de defensa, pues al no estar determinados ni conocerse los hechos sobre los que se investiga, el inculpado y su defensa no tuvieron oportunidad real de diseñar una estrategia que pudiera ser efectiva en el marco de la investigación. Considera que la Fiscal y la autoridad administrativa que aplica la sanción de destitución se constituyeron en una comisión especial que se abocó a conocer y resolver hechos sin estar facultadas para ello, lo que importa una violación al principio de legalidad que causa un grave perjuicio, pues produce una afectación inmediata al derecho de ser juzgado por el juez natural y, al derecho de defensa, actuar arbitrario e ilegal el cual tuvo una influencia decisiva en el resultado del sumario, pues su representado, nunca tuvo la oportunidad de referirse a los hechos y por lo mismo, se le negó ilegal y arbitrariamente una herramienta privilegiada en el procedimiento para hacer su propia defensa. Además, sostiene el letrado que en definitiva se le aplica la sanción por tres de los hechos investigados, no pudiendo haber investigado y dictado sanción sino por el primer hecho, por lo que de este modo también se produce una vulneración al principio del debido proceso toda vez que se infringe el principio constitucional de proporcionalidad.

Expresa que el vicio de ilegalidad se constituye en sí mismo en un vicio que acarrea la nulidad del acto administrativo que se reclama y, por lo mismo, sólo puede ser saneado con la declaración de que constituye un acto ilegal y arbitrario.

También se argumenta que la resolución cuestionada vulnera el derecho al debido proceso de su representado, toda vez que en todas las resoluciones que sucesivamente fueron aplicando la medida de destitución hasta la resolución de término del procedimiento, carecen de fundamentación, principio jurídico éste que es imprescindible para que se pueda estar en presencia de un procedimiento legal justo, razonable y apegado al principio del debido proceso. Se sostiene además que la autoridad que por ley debe aplicar la sanción disciplinaria de destitución, es aquella facultada para hacer el nombramiento (artículo 134 Ley Nº18.834), la que en este caso es el Director del Hospital Clínico Herminda Martín. Sin embargo, en el presente caso, la Resolución Exenta Nº14605 del 23 de noviembre de 2021, que aplica la sanción de destitución a su representado, debió haber sido dictada íntegramente por dicha autoridad, señalando que la competencia, esto es, la facultad para resolver el procedimiento contencioso administrativo, no puede ser delegada de forma alguna, pues la autoridad encargada no tiene facultad alguna para delegar el ejercicio de la facultad para dictar dicho acto administrativo en otro funcionario o autoridad, de manera que en el presente caso el Director del Hospital, al resolver el contencioso administrativo mediante la Resolución Administrativa Nº14.605, no realizó la más fundamental de sus obligaciones, cual es fundar o motivar su resolución de destitución aplicada al hoy recurrente, pues se limita a señalar expresamente que los fundamentos de la resolución constan en el informe jurídico contenido en el Reservado Nº 166, de fecha 02 de noviembre de 2021, agregando que dicho informe se entiende formar parte de dicha resolución. Por su parte, al resolver la apelación subsidiaria, el Servicio de Salud Ñuble, en su Resolución Nº 4048, incurre en el mismo vicio, pues lo valida al sostener que la resolución apelada se encuentra suficientemente fundada y que lo que hace es remitirse expresamente a los antecedentes que obran en el proceso, y que así se hizo por aplicación del principio de economía procesal, agregando que lo mismo hizo su parte al momento de fundar su apelación subsidiaria, dando por reproducidos los fundamentos del recurso de reposición interpuesto. Agrega que cuando la Contraloría Regional toma razón del acto de destitución, sin pronunciarse sobre el reclamo de ilegalidad previamente deducido, también valida la decisión administrativa que no fue fundada por la autoridad que tiene la competencia para hacerlo, sino por otro funcionario que carece de toda facultad para fundar una resolución administrativa que destituye a un funcionario público, por lo cual se ha mantenido el mismo vicio planteado inicialmente, sosteniendo que la única forma de restablecer el imperio del derecho es la declaración de nulidad de las Resoluciones Administrativas Nº14.605, del 23 de noviembre de 2021 del Hospital Clínico Herminda Martin; Resolución Nº4048, del Servicio de Salud Ñuble y; Resolución Nº00025, de 24 de noviembre de 2022, también del Hospital Clínico Herminda Martin, que aplica la sanción de destitución, solicitando, en el caso de acoger las razones y fundamentos antes indicados, se ordene retrotraer todo el procedimiento sumarial al momento previo a dictarse la resolución que aplica la sanción de destitución, o se adopte aquella medida administrativa que en derecho corresponda.

Se formula además por parte del letrado que la Fiscal, al momento de formular los cargos por los cuatro hechos que investigó y posteriormente, al momento de aplicar la medida de destitución por tres de los cuatro cargos, habría infringido la norma genérica del artículo 61, letra G y en especial el artículo 84, letra L, de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, ya que habría determinado cual es el alcance de la falta de probidad que habría cometido el Sr. nombre reservado, haciendo expresa alusión a la norma del artículo 2°, inciso 2°, del Código de Trabajo. Sin embargo, en palabras del letrado, no se estableció mediante prueba alguna que las supuestas acciones de su representado hayan, en cualquiera de los tres cargos por los que se le destituyó, amenazado o puesto en peligro la situación laboral u oportunidades en el empleo de ninguna de las tres supuestas víctimas de acoso sexual, planteando que es de público conocimiento que respecto del primer caso, lo único que debió haberse tramitado según lo antes expuesto, en el tiempo posterior a los supuestos hechos del 4 de agosto de 2020, la Dra. nombre reservado, solicitó y logró ser admitida como parte del equipo digestivo alto, grupo médico del que, su representado es el médico más antiguo, lo que representa un claro avance en la carrera de la doctora, y ello se produce pese a que dicha comisión la integra su representado, por lo que durante todo ese tiempo han estado sentados a una misma mesa semanalmente. Del mismo modo, en igual período, la Dra. nombre reservado, se ha desempeñado como representante al Comité Oncológico de Cirugía Hepatobiliar en el Hospital Regional de Concepción y presenta pacientes en el Comité Oncológico del Hospital Herminda Martin. Estos hechos son de público conocimiento en el Hospital Herminda Martín, por lo que se encuentran relevados de prueba, y solo son citados como evidencia de que el supuesto acoso sexual no ha representado, de modo alguno, una traba o factor de perjuicio en la meritoria carrera profesional de la Doctora, que ha seguido ascendiendo, pese a que comparte espacios y funciones con su representado.

En otro capítulo de su presentación el letrado alega la falta de fundamentación respecto de los tres cargos por los que fue sancionado su representado, detallando que respecto del primer cargo, éste fue el único cargo que se refiere a los únicos hechos que fueron mandados investigar por la Resolución Exenta Nº8686, de 26 de agosto de 2020, sosteniendo que los hechos que presuntamente lo constituyen no fueron probados de modo que satisfaga un examen imparcial, no sesgado, y que se haga cargo de la gravedad de la imputación y sus consecuencias para el inculpado, efectuando una detallada relación de los antecedentes afirmando que para realizar la correspondiente afirmación sólo se cuenta con el relato de la víctima, quien no tiene calidad de testigo y por lo mismo su relato no puede hacer prueba de los hechos que se investigan, y solo podrá ser tenido por cierto, cuando además del relato existan otras pruebas independientes, directas y congruentes con su relato, lo que en la especie no se da, pues los testigos que declaran en el sumario, se dividen en dos, los que nada saben de lo que ocurrió el 4 de agosto de 2020 y, los que solo supieron de los hechos por el propio relato de la funcionaria, haciendo presente que muchos de los testigos al ser preguntados de si, el día 4 de agosto de 2020, fueron testigos de conductas impropias del Dr. nombre reservado para con la doctora nombre reservado en las cercanías del pabellón, responden categóricamente que no. En cuanto a los informes psiquiátricos que señalan que el relato de la supuesta víctima es creíble y el de su representado no le parece un relato confiable, los califica de precarios, sesgados y poco serios, ya que las entrevistas se hicieron por video llamadas, no señalándose el tiempo de duración de la entrevista, tampoco se señala la metodología utilizada; no se indica el marco conceptual o teórico utilizado por la entrevistadora para apreciar los hallazgos realizados en la entrevista; no reproduce el texto de lo conversado, solo enuncia juicios u opiniones que no funda en ninguna evidencia, por lo que no puede dárseles ningún mérito probatorio por ser absolutamente alejado de las normas establecidas para la realización de peritajes de credibilidad y además, porque se realiza respecto de personas adultas, a cuyo respecto la ciencia forense desaconseja absolutamente la realización de ese tipo de peritajes por no ofrecer un rango de confianza en sus resultados adecuado a la exigencia de un proceso penal administrativo. Advierte que sólo en mérito de una lectura con atención, se observará la existencia de un cambio de versión entre la carta con que realiza la denuncia y el momento en que declara frente a la Fiscal, siendo la segunda declaración mucho más detallada y con hechos de mayor entidad que en su primera versión, lo cual establece a lo menos una incongruencia que no fue indagada por la Fiscal que llevaba el interrogatorio. Por lo anterior, considera que los antecedentes que se tienen en el sumario, son absolutamente insuficientes para fundar una medida de destitución. En cuanto a la supuesta falta de fundamentación respecto de los otros cargos expresa que es tan poco clara la redacción de la Resolución Nº14605 que impone la medida de destitución, que al momento de acoger y descartar los cargos se limita a señalar: “(...) concluyéndose que se tienen por acreditados tres de los cuatro cargos que se le formularon (...)”, sin indicar cuales cargos se acogen y cual se rechaza. Considera que se debe complementar la aludida Resolución, la cual debe bastarse a sí misma y no lo hace, y solamente con el informe jurídico contenido en el Reservado Nº 166, es que se logra deducir que los cargos por los que se le sanciona son los cargos uno, tres y cuatro, descartándose el segundo cargo por ser hechos sobre los que hubo prescripción. Detalla que se tratan de hechos imputados a su representado que habrían causado vulneración a doña nombre reservado y a doña nombre reservado, quienes no formularon denuncia ante la Autoridad del Hospital, hechos que no estaban comprendidos dentro de la resolución Exenta Nº8686 y respecto de los cuales no se dictó decreto o acto administrativo que ordenara la instrucción de un sumario para su investigación, así como tampoco se amplió la Resolución Nº8686 original, ni menos fue notificado su representado que también estaba siendo investigado por otros hechos, ni tampoco se le tomó declaración indagatoria sobre estos hechos. También niega la existencia de un razonamiento e indagación respecto de su gravedad, sobre todo teniendo presente que ambas profesionales, en su momento optaron por no hacer la denuncia, sino que ambas aparecen con ocasión de la investigación de otros hechos, lo que pudiera llevar a pensar que las propias víctimas, en el caso de haber existido dichos hechos, lo que niega, no le dieron importancia, pues de haber sido así, habrían formulado la correspondiente denuncia, sobre todo tratándose de dos personas adultas, profesionales y que por su nivel de instrucción saben que en el Hospital existen los procedimientos para formular ese tipo de denuncias.

Finalmente y con respecto a la Contraloría General de la República el letrado lo que le impugna es el haber actuado de forma ilegal y arbitraria cuando tomó razón del de la Resolución número 00025, dictada por el Hospital recurrido, el 24 de noviembre de 2022, mientras se encontraba pendiente la resolución del reclamo de ilegalidad presentado por su parte en su contra, declarando la afectación del derecho de su parte de ejercer todos los recursos administrativos que dispone la ley en contra de la resolución de destitución, derecho que también es parte fundamental del derecho al debido proceso. Tal proceder afecta el derecho a la recursividad, por cuanto, cuando toma razón de la resolución sin haberse pronunciado sobre la reclamación de ilegalidad, en la práctica deniega el derecho de interponer el referido recurso llamado reclamo de ilegalidad, toda vez que una vez tomada razón, no es posible que se dicte una resolución que dé lugar al reclamo de ilegalidad. Por su parte, la arbitrariedad estaría dada en que el único antecedente que tiene su parte sobre ello, es la mención que hace el Hospital recurrido en la notificación de la medida de destitución efectuada el 1 de junio, en que alude a que la Contraloría tomó razón del decreto de destitución.

Por lo antes expresado, solicita que, con el mérito de lo expuesto y lo señalado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se tenga por interpuesta la presente acción constitucional en favor de don nombre reservado, acogerla a tramitación y, en definitiva declarar que la recurrida actuando ilegal y arbitrariamente afectó los derechos constitucionales del recurrente ya individualizado, particularmente el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 número 3º, inciso quinto de la Constitución Política de la República, declarando que dicha resolución de destitución es ilegal y arbitraria, por afectar el debido proceso a que tiene derecho su representado, solicitando que a fin de restablecer el imperio del derecho, se deje sin efecto o se anule lo obrado en el sumario administrativo seguido en contra de su representado por Resolución Exenta Nº 8686, de fecha 26 de agosto de 2020, retrotrayendo su estado, de acuerdo al artículo 129 del Estatuto Administrativo, al momento de dictar la resolución que ordene instruir el sumario respectivo, fijando cada uno de los hechos sobre que recaerá o, a la etapa procesal que se estime conforme a derecho, o se adopte aquella medida que se estime ajustada a derecho. También solicita se acoja a tramitación la presente acción constitucional de protección en contra de la Contraloría Regional de Ñuble, representada por su Contralor Regional, ya individualizado, por el acto ilegal y arbitrario de haber tomado razón de la resolución número 00025, dictada por el Hospital recurrido, el 24 de noviembre de 2022, mientras se encuentra pendiente la resolución del reclamo de ilegalidad presentado por su parte, declarando la afectación del derecho de ejercer todos los recursos administrativos que dispone la ley en contra de la resolución de destitución, derecho que también es parte fundamental del derecho al debido proceso, disponiendo, a fin de restablecer el imperio del derecho, que se deje sin efecto el acto administrativo consistente en la toma de razón de la mentada resolución, o aquella medida que se estime ajustada a derecho.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que informando la abogada María Ester Cisternas Vásquez, por el Hospital Clínico Herminda Martin, señala en cuanto a los antecedentes del recurso que mediante Resolución Exenta N°8686 de fecha 26 de agosto de 2020 se ordenó instruir sumario administrativo a fin de verificar las posibles responsabilidades administrativas por denuncia de acoso sexual presentado por una funcionaria médica del Hospital Clínico Herminda Martin, expresando que el 04 de agosto de 2020 “sin previo aviso toma una “hilacha” de su ropa, ubicada en el bolsillo en relación a mama izquierda, presionando y tocando su cuerpo en dicha zona”. Sin perjuicio de ello, en el trascurso de la investigación, la fiscal fue recibiendo diversos relatos de declarantes que dan cuenta de otras conductas inapropiadas del inculpado.

Señala que durante la investigación se efectuaron entrevistas tanto a las funcionarias como al Dr. nombre reservado, a fojas 82, haciendo referencia a que habían más personas en el pasillo cuando interactuó con la denunciante, reconociendo el acercamiento, explicando que “ella tenía una lana de unos 5 cm. de largo que sobresalía perpendicular a su ropa, luego levantó la mano con ademán de sacar la hilacha, y la Dra. reacciona con gesto de rechazo con las manos y le dice ¿Pero Dr.?” agregando que no llegó a tocarla. En este contexto se procede a citar a otros funcionarios que se encontraban trabajando ese día o que pudiesen tener conocimiento de los hechos. A modo ejemplar, a fojas 174 consta que el Dr. de iniciales J.M indica haber presenciado que “estando presente una interna de enfermería el Dr. nombre reservado le comenzó a hacer preguntas de índole personal mientras operaba él como cirujano” y a fojas 175 expresa “mientras operaban un paciente grave con una obstrucción intestinal de origen tumoral e informándole al cirujano Dr. nombre reservado de la necesidad de acortar los tiempos quirúrgicos… el Dr. nombre reservado, se concentraba en tomar la mano reiteradamente de la interna invitándola a palpar el tumor...”. Por su parte, el Dr. de iniciales C.L comenta a fojas 177 que hace 6 o 7 años atrás observó que el Dr. nombre reservado tenía “acorralada contra la pared adentro del pabellón a una enfermera de la clínica Chillán” de iniciales M.J.A.S quien luego es citada a declarar, corroborando el relato y aportando antecedentes a fojas 195. En lo sucesivo, se constatan distintos relatos de situaciones inapropiadas relatadas por diversos funcionarios.

Por lo tanto, sostiene la abogada, concluida la investigación, el recurrente fue objeto de formulación de 4 cargos que fueron notificados: Primer cargo: Se reprocha haber infringido gravemente el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, esto es, el Principio de Probidad Administrativa, así como el artículo 84 letra l)del mismo Estatuto, que hace referencia a la prohibición de efectuar cualquier acto atentatorio contra la dignidad de los demás funcionarios, por haber realizado tocaciones en la mama izquierda de la funcionaria de iniciales J.F.D.E, el día 04/08/2020 en sector de pabellones quirúrgicos mientras ella estaba desempeñando su trabajo. Segundo Cargo: Se invocan las mismas normas señaladas en el cargo número 1, es decir, el artículo 61 letra g) y el artículo 84 letra l), ambos del Estatuto Administrativo, señalando como conducta reprochable el realizar comentarios lascivos y subidos de tono de índole sexual mientras la funcionaria de iniciales M.J.A.S estaba en su puesto de trabajo. Tercer Cargo: También se señala como infringida gravemente la disposición del artículo 61 letra g) y 84 letra l) del Estatuto Administrativo, al realizar tocaciones y manoseos no solicitados ni deseados de índole sexual a funcionaria de iniciales M.F.C.P mientras ella estaba en su puesto de trabajo. Cuarto Cargo: Infringir gravemente el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo y el artículo 84 letra l) del mismo cuerpo legal, al realizar tocaciones y manoseos no solicitados ni deseados, de índole sexual a la funcionaria de iniciales M.P.A.I mientras ella estaba en su puesto de trabajo.

Señala que estos cargos fueron contestados en tiempo y forma a fojas 263 del expediente sumarial y se abrió término probatorio conforme fue solicitado, recibiéndose prueba ofrecida, según consta de fojas 272 a 286. Las principales defensas esgrimidas, con asesoría letrada, son haber excedido el plazo contemplado en la ley para formular cargos, falta de garantías de un proceso racional y justo e inexistencia de las infracciones que se alegan infringidas, sobre la base de que no se encuadrarían en la normativa y falta de pruebas. En ninguna parte de sus descargos se alega la falta de competencia de la Fiscal para poder formular más cargos ni tampoco se alega ausencia de declaración oportuna, siendo esa la oportunidad para efectuar todas sus defensas.

Indica que la fiscal del sumario evacúa su Vista Fiscal a fojas 287 a 297, tras el análisis de las múltiples diligencias realizadas, concluyendo que existe responsabilidad del Dr. nombre reservado, por lo que sugiere la destitución del mismo, de conformidad al artículo 121 letra d) en relación con el artículo 125 del Estatuto Administrativo. Tal propuesta se funda, esencialmente, en que tres de los cuatro cargos formulados cumplen con los requisitos exigidos por la Contraloría General de la República en cuanto a la especificidad y descripción de la conducta reprochada y se da por acreditada la responsabilidad del inculpado en los hechos, dado que respecto del cuarto cargo existen testigos presenciales directos del comportamiento inapropiado del inculpado, estimándose que se trata de hechos de alta gravedad y que afectan el clima laboral así como el funcionamiento del recinto.

Expresa que en virtud de lo anterior, compartiendo el análisis de la Fiscal y de Asesora Jurídica, mediante Resolución Exenta Nº14605 de fecha 23.11.2021, se aplica medida disciplinaria de Destitución a don nombre reservado, la cual fue objeto de recurso de nulidad, y reposición con apelación en subsidio la que, previo el análisis jurídico pertinente, se rechazó en todas sus partes. Respecto de esta resolución, se interpone recurso de protección en causa C-407- 2022, donde no se efectúa reclamo alguno sobre el fondo del sumario aún cuando se trataba de la aplicación de una medida disciplinaria. La Iltma. Corte de Apelaciones acoge el recurso con fecha 10 de mayo de 2022, únicamente ordenando “que el señor Director del hospital referido conceda dicho recurso para ante el superior jerárquico, esto es el Director del Servicio de Salud Ñuble, al que remitirá todos los antecedentes que sean pertinentes.”, lo cual fue confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 28 de junio de 2022.

Manifiesta que en cumplimiento de lo anterior se remiten los antecedentes al Servicio de Salud, el 05 de agosto de 2022, quien mantiene la sanción aplicada mediante Resolución Exenta 1C/N°4048 de fecha 16 de agosto de 2022, razón por la cual se emite Resolución número 25 de fecha 24 de noviembre de 2022, aplicándose la medida de destitución y ordenando la remisión de los antecedentes a Contraloría General de la República, lo cual es notificado al Dr. nombre reservado el 12 de diciembre de 2022. Esta última resolución fue tomada de razón por la Entidad Contralora con fecha 23 de mayo de 2023.

Alega además la letrada la falta de oportunidad del recurso de protección en contra del Hospital Clínico Herminda Martin y en ese sentido hace presente que en causa 407-2022 el acto impugnado era la resolución exenta N° 190 del 25 de enero del año 2022, y notificada con fecha 16 de marzo de 2022. Dicho acto administrativo resolvía recurso de reposición y apelación que se interpuso en contra de la Resolución Exenta N°14605 de fecha 23 de noviembre de 2021, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución por los hechos acreditados en el sumario instruido por Resolución Exenta N°8686 de fecha 26 de agosto de 2020, dejándola firme al no conceder recurso jerárquico por improcedente, al tratarse de un funcionario a contrata, tal cual lo indica jurisprudencia actual de la Corte Suprema Rol 114.641-2022. Y atendido a que el fondo del sumario no fue cuestionado por el recurrente en dicha oportunidad, se acogió el recurso solo en cuanto ordenaba conceder la apelación al Servicio de Salud Ñuble, por lo que la resolución inicialmente impugnada solo fue dejada sin efecto en el punto N°3, en aquello en que originalmente rechazaba el recurso de apelación, por lo que en lo demás el proceso se mantiene sin modificaciones.

Con fecha 12 de diciembre de 2022 se le informa la aplicación definitiva de la medida disciplinaria de destitución, en virtud del rechazo del recurso de apelación por parte del Servicio de Salud Ñuble, según da cuenta Resolución N°25 de fecha 24 de noviembre de 2022, sin perjuicio de su envío a Contraloría General de la República para toma de razón, de la misma forma que la resolución impugnada en proceso de 2022.

Indica que el vicio que alega el recurrente, referido a la supuesta falta de congruencia entre el hecho que dio inicio al sumario y los hechos por los que termina formulando cargos la Fiscal, y la falta de nueva declaración, no fue oportunamente alegado en los descargos ni se solicitó nulidad por esta circunstancia. En efecto, de la lectura de escrito presentado se observa que se pide nulidad de lo obrado por, supuestamente, haberse excedido del plazo de 20 días contemplado por la ley y por una persecución al solicitar muchos antecedentes en opinión del letrado y no por falta de congruencia. Luego, procede derechamente a contestar los cargos, indicando que no hay acoso sexual en los términos del artículo 2, prescripción y falta de prueba. En el mismo escrito se solicita tomar declaración a tres funcionarias, a lo cual se accede. No se solicita una nueva declaración por parte del inculpado, existiendo libertad probatoria.

Sin perjuicio de lo anterior, habiendo sido notificado de una primera resolución que aplicaba la medida, y también de aquella que rechazaba su recurso de manera fundada, haciéndose cargo de las alegaciones que ahora reitera, el recurrente no alega vulneración de derechos por esta circunstancia, aún cuando se obró sobre la base que era el acto terminal del proceso siendo considerado así tanto por el recurrente como por la Iltma. Corte de Apelaciones, por lo que necesariamente debió haber sido objeto de debate en el recurso de protección anterior.

Sostiene que los vicios que ahora alega el recurrente se deben entender renunciados al no haber sido alegados en su oportunidad, pero además, se deben considerar que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo respecto de la resolución del Hospital Clínico Herminda Martín, al haber excedido con creces el plazo de 30 días desde que tuvo conocimiento de los hechos que ahora alega como vulneradores de derechos.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que el presente recurso alega como infracción al debido proceso una supuesta falta de congruencia entre el hecho que dio origen al sumario y los hechos por los que se formulan cargos, lo que parte de una premisa errada que es la supuesta obligatoriedad del Fiscal de ceñirse al hecho mencionado en la primera denuncia, porque la autoridad lo habría ordenado así, sin embargo, la competencia del Fiscal una vez instruido el sumario no proviene de la autoridad sino directamente de la ley.

En este sentido, el artículo 135 del Estatuto Administrativo ley 18.834 indica que “El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite.” Pues bien, conforme la jurisprudencia de Contraloría General de la República, el Fiscal no se encuentra limitado por el hecho que dio inicio al sumario, ya que si durante la tramitación del mismo observa otros hechos que pudiesen constituir infracción a obligaciones funcionarias, puede investigarlos. En este sentido se pronuncia dictamen N° 1.173, de 2013, indicando “En lo relativo a las facultades del fiscal para investigar los hechos materia del sumario, cumple con expresar que, según lo estipula el artículo 133, inciso primero, de la citada ley N° 18.883, la competencia de aquel es amplia, sin que esté limitada por los términos del acto que lo ordenó, por lo que puede pronunciarse sobre todas las irregularidades de que tome conocimiento en el curso de la indagatoria, conforme ocurrió en la especie”.

En ese sentido señala que la normativa es consistente entre sí, toda vez que el mismo artículo 129 del Estatuto Administrativo, contempla la hipótesis de que ni siquiera se tenga certeza de quien está involucrado en los hechos, disponiendo “Si designado el fiscal, apareciere involucrado en los hechos investigados un funcionario de mayor grado o jerarquía, continuará aquél sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de la investigación.” O el artículo 127 del mismo cuerpo legal, que regula expresamente la posibilidad que durante el curso de la investigación se constate una mayor gravedad de los hechos, lo que importa variación de lo inicialmente contemplado en la resolución que instruye la investigación sumaria, permitiendo que se eleve a sumario administrativo. En otras palabras, nombrado el Fiscal, su principal trabajo es investigar conforme los antecedentes que vayan siendo descubiertos. Interpretarlo de otra forma importaría eventualmente dejar hechos sin investigar o aumentar la dilación en la investigación de responsabilidades administrativas innecesariamente, perdiéndose tiempo y pruebas. Agrega que lo anterior ha sido reafirmado en dictamen N°48959 año 2015.

Por el contrario, manifiesta que el principio de congruencia sí es aplicable en relación a los cargos que se formulan y la sanción aplicada, toda vez que el Estatuto Administrativo así lo fija en su artículo 140 inciso 3, por lo que si se siguiera la teoría del recurrente, esta normativa debería indicar que nadie podría ser sancionado por hechos que no han sido considerados en la instrucción del sumario. En efecto, es de toda lógica que sea respecto de los cargos que se fije la congruencia ya que previo se ha desarrollado la investigación y se cuenta con los antecedentes necesarios para sustentarlos, lo que va en beneficio del derecho a defensa del inculpado, tal como ocurre en el proceso penal con la formalización. Cita jurisprudencia al efecto.

Alega además la ausencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en la actuación del Hospital Clínico Herminda Martin, ya que el artículo 11 inciso 2º y artículo 41 inciso 4º de la ley 19.880 establecen la obligación motivar y fundar las resoluciones que emite la Administración. El recurrente señala como acto arbitrario la dictación de la resolución número 00025, dictada por el Hospital Clínico Herminda Martin el 24 de noviembre de 2022, tomada de razón por Contraloría el 23 de mayo de 2023, por estimar que la destitución aplicada es ilegal al afectar el debido proceso en parte por la supuesta falta de congruencia de la que se hizo cargo en el punto anterior, y por falta de fundamento.

Sin embargo, sostiene que basta la mera lectura de la resolución impugnada para constatar que en ella se expresan tanto los fundamentos de hecho como de derecho, particularmente sobre el mérito de los antecedentes del sumario, los cargos formulados y la gravedad de las imputaciones, respecto de los cuales el recurrente siempre ha tenido conocimiento.

En efecto, la resolución hace expresa mención al informe jurídico contenido en Reservado N°166 de fecha 02 de noviembre de 2021 y expediente sumario dentro de los documentos tenidos a la vista para resolver, pero también efectúa una relación del proceso y se explicitan los argumentos para aplicar la sanción, resaltando la especificidad y descripción de las conductas reprochadas, respaldadas por el testimonio de funcionarios con conocimiento directo de lo ocurrido y el reclamante tuvo plena claridad acerca de las razones por las cuales se le ha impuesto la medida disciplinaria de destitución así como los antecedentes en los que se funda, intentando desvirtuarlas en sus distintas presentaciones. Por otra parte, estimar que la resolución que impone la sanción final debe reiterar de manera textual todos los antecedentes que ya obran en el proceso y que además, son de conocimiento del funcionario, es contrario a la eficiencia, eficacia y celeridad que debe guiar la administración pública.

Expone que, en cuanto a la sanción aplicada, los reproches que efectúa el recurrente se limitan a un desacuerdo con la ponderación de prueba efectuada por la autoridad, lo que es facultad exclusiva de ésta, reiterando que el acoso sexual es en esencia contrario a la dignidad de las personas, y se constata al realizar requerimientos de carácter sexual no consentidos, que amenacen o perjudiquen la situación laboral o sus oportunidades de empleo. Además, conforme al Protocolo de Manejo ante situaciones de maltrato, acoso laboral y acoso sexual en el Servicio de Salud Ñuble (Tercera Edición) de Julio 2017, vigente a la época de los hechos, desde una perspectiva de género, es una manifestación de abuso de poder y expresa la desigualdad en la distribución de éste, entre hombres y mujeres, en el ámbito laboral, y se ejerce sobre quienes carecen de él y se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que, de la aplicación armónica de esta normativa, se concluye que no se requiere un resultado concreto para dar por acreditado el acoso sexual, sino que basta la amenaza a la situación laboral a raíz de las conductas inapropiadas, particularmente considerando el cargo que detenta el inculpado.

Agrega que se debe tener presente que no es necesario acreditar acoso laboral o sexual para sancionar por infracción a la probidad, toda vez que la normativa esgrimida, art. 84 letra L, trata de una prohibición funcionaria consistente en “l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios”, lo que comprende conductas inapropiadas que afecten al funcionario y de la prueba rendida en el proceso, en su conjunto permite dar por plenamente acreditados los cargos, lo cual se evidencia del mérito del proceso, aun cuando el reclamante disienta.

En ese sentido indica que habiéndose acreditado los hechos materia de los cargos y por tanto, la infracción grave a la probidad, la sanción no es desproporcionada. Por el contrario, aun cuando se trate de una situación que afecte a la probidad gravemente o varias, la autoridad se encuentra en la obligación de aplicar la sanción de destitución, por mandato legal conforme al artículo 125 del Estatuto Administrativo y en este sentido, aun cuando hubiese sido un solo cargo, como lo pretende erradamente el recurrente, al ser considerado grave de todas formas importaría su destitución. Así, atendida la gravedad de los hechos, los cuales vulneraron la dignidad de las funcionarias afectadas, la decisión adoptada por la autoridad es consistente con el principio de proporcionalidad.

De esta manera, si los cargos están debidamente sustentados en la evidencia acompañada en el expediente sumarial que se ha dado a conocer al recurrente en la oportunidad procesal correspondiente, y la resolución que aplica la sanción indica los fundamentos de hecho y derecho, siendo la sanción consistente con lo que la normativa legal mandata, difícilmente puede considerarse que hay una ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Hospital recurrido, con lo cual concuerda la entidad Contralora al rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Sr. nombre reservado, con fecha 30 de junio de 2023.

Finalmente, señala que en cuanto a la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales que habiéndose descartado una supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad de en el actuar de mi representado, se debe destacar que tampoco existe una vulneración de derechos fundamentales que amerite una acción cautelar de urgencia como lo es la presente acción constitucional, pues mediante el recurso de protección se puedan conocer materias cuyo análisis debe ser realizado a través de un juicio de lato conocimiento, por ejemplo, en el caso de indemnizaciones de perjuicios, toda vez que el legitimado activo debe ser titular de un derecho indubitado y además, porque el recurso tiene por objeto restablecer el imperio del derecho en situaciones que merezcan una cautela urgente al constarse vulneración de derechos fundamentales, y si bien lo reclamado dice relación con una supuesta infracción al debido proceso, simplemente no es tal. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República para avalar este punto.

Puntualiza que este proceso fue ordenado por autoridad competente, respetando las reglas que dispone el Estatuto Administrativo en cuanto a la tramitación de sumario en los artículos 126 y siguientes, y tras una exhaustiva investigación, donde espontáneamente distintos funcionarios comienzan a relatar diversas instancias de conductas inapropiadas por parte del recurrente, se decide por la fiscal formular 4 cargos, aun cuando existían otros hechos, precisamente por la necesidad de una debida fundamentación. En este sentido, cada uno de los cargos cumple con ser específico, congruente y basarse en antecedentes concretos, tanto respecto de sus circunstancias como de la época en que ocurrieron, indicando expresamente los elementos probatorios considerados, habilitando la debida defensa del inculpado. Tanto es así, que incluso se declaró la prescripción de uno de los hechos, conforme los antecedentes que obraban en autos, sumado a los propios descargos del inculpado.

Sostiene que del mérito de los antecedentes se desprende que el inculpado fue entrevistado, fue notificado de los cargos y tuvo acceso oportuno al expediente sumario a fin de que pudiese efectuar las defensas pertinentes al cargo formulado, explicando su versión de los hechos y solicitando la prueba que estimara relevante, lo que se demuestra en sus descargos a fojas 263, donde también solicita término probatorio y ofrece prueba, accediendo a ella en su totalidad y luego, ha ejercido todos los recursos que contempla la ley, los cuales han sido resueltos fundadamente. En consecuencia, se puede concluir que el recurrente siempre estuvo enterado de la totalidad de los antecedentes acompañados a la investigación, razón por la cual pudo defenderse con conocimiento de causa, así como los fundamentos otorgados por el Fiscal y que fueron detallados igualmente en el informe jurídico, el que hace referencia a cada uno de los hechos que se le imputan. Así, podemos afirmar que el Hospital lejos de infringir este derecho ha velado por su cumplimiento en cada etapa procesal.

Solicita por tanto tener por evacuado informe y rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, informando don Mario Quezada Fonseca, Contralor Regional de la Región de Ñuble, quien, luego de exponer los hechos, indica en su libelo que el presente recurso de protección se limita a estimar vulnerada la garantía del artículo 19 N° 3, inciso 5º de la Constitución Política de la República, sin dar explicación alguna acerca de cómo la entidad contralora se habría constituido en una comisión especial ni de la manera en que habría sido afectado dicho derecho constitucional por medio de lo actuado por esta la recurrida.

Hace presente que si lo impugnado por la vía de esta acción cautelar es la supuesta falta de pronunciamiento acerca del reclamo interpuesto por el actor, lo cierto es que el libelo ha perdido oportunidad pues, como ya se mencionó, mediante el oficio N° E362872, de 30 de junio de 2023, esta Contraloría Regional desestimó el reclamo del recurrente.

Señala que la existencia de una presentación efectuada ante la Contraloría General en virtud del artículo 160 del Estatuto Administrativo, no obsta a la toma de razón de una resolución, que en ese sentido el actor sostiene que la recurrida habría vulnerado el derecho a un justo y racional procedimiento al tomar razón del acto impugnado, pese a encontrarse pendiente de resolución el reclamo contra de dicho instrumento, toda vez que, a su juicio, la Institución de Control debió inhibirse de efectuar el referido trámite previo de juridicidad en virtud de lo dispuesto en el dictamen N° E220260 de 2022, de este origen. Sobre este punto, indica que el dictamen N° E220260, de 2022, de este origen, que invoca el actor, resolvió que es posible efectuar ante esta Contraloría General el reclamo contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.834, una vez que el proceso disciplinario haya sido afinado y dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto de término que aplique la medida disciplinaria.

Agrega el citado dictamen que, si el afectado reclama dentro de plazo, la entidad contralora deberá considerar la reclamación en el examen de juridicidad del acto administrativo en cuestión y del procedimiento que lo sustenta, como también el informe a que hace mención el inciso tercero del artículo 160 del Estatuto Administrativo, el que será requerido al servicio para que se refiera a las alegaciones planteadas por el inculpado en esa impugnación.

Indica que el referido pronunciamiento de la resolución del reclamo formulado en virtud del citado artículo 160, se materializará a través de la emisión del respectivo oficio que atienda esa consulta y, de forma separada, se tomará razón o representará el acto sancionatorio, teniendo a la vista, en ambos casos, los antecedentes referidos en el párrafo anterior.

En la especie, manifiesta que junto con la revisión del expediente sumarial completo -incluyendo, por cierto, la citada resolución-, se analizó el informe emitido por el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán con fecha 16 de febrero de 2023, lo que permitió tomar razón de dicho acto y, de manera separada, como lo señala el dictamen NºE220260, de 2022, pronunciarse acerca del reclamo, rechazándolo fundadamente.

Expresa que aceptar la interpretación planteada por el recurrente significaría reconocer que el ejercicio del control de legalidad que la entidad contralora realiza en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República y los artículos 1° y 10 y siguientes de la Ley N° 10.336, estaría supeditado al señalado reclamo del artículo 160 del Estatuto Administrativo y, en consecuencia, a la remisión de informes por parte de los servicios -dándole un efecto suspensivo a ambas circunstancias-, exigencias que no contempla la normativa que regula la materia y que dicho criterio ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, citando fallos al respecto.

Por lo que en consecuencia, agrega que es posible concluir que el principal argumento esgrimido por el actor para fundar su acción carece de sustento, lo que a juicio de esta Contraloría Regional bastaría para desestimarla en todas sus partes.

Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrida alega la improcedencia del recurso de protección en contra de la toma de razón atendido que lo requerido por el actor es dejar sin efecto dicho acto, resulta necesario reiterar que la intervención de la informante respecto de la resolución N° 25, de 2022, consistió en efectuar el control previo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 1° y 10 de la ley N° 10.336. Así las cosas, sostiene el recurso de autos resulta improcedente si por su intermedio se pretende impugnar la actuación de la Contraloría, efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales, de naturaleza constitucional y legal, cual es la de velar por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, a través del examen preventivo de legalidad.

Indica que la toma de razón constituye un trámite con motivo del cual la recurrida emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección. Por lo tanto, la solicitud del recurrente en orden a requerir a esta Corte que se deje sin efecto la toma de razón de la resolución en comento resulta improcedente, porque dicho control preventivo de legalidad es, como ya se mencionó, una función exclusiva de la Contraloría General de la República, la cual ejerció respecto del acto que se cuestiona. Cita jurisprudencia al efecto.

De esta manera, sostiene que no procede que por la vía del recurso de protección se impugne lo determinado por la informante en el ejercicio del control previo de legalidad que constitucional y legalmente le compete ejercer de forma exclusiva.

Hace presente además la improcedencia del recurso de protección en materia de sumarios ya que la determinación de la responsabilidad administrativa, el análisis de los antecedentes y la ponderación de la sanción aplicable son trámites que requieren discusión y prueba, que ya se verificaron en el procedimiento disciplinario que se impugna.

Destaca que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como pretende el peticionario, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos puedan hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se apliquen.

Finaliza señalando que la normativa que rige a estos procesos protege adecuadamente a los funcionarios afectos a sus disposiciones, en un régimen de pleno imperio del derecho.

4° Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es consignar que conforme al relato efectuado por el recurrente en su presentación, fluye de manera evidente que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario, respecto de la recurrida, Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, lo hace consistir primeramente en la circunstancia de que la Fiscal que tuvo a su cargo la investigación del sumario administrativo, no contaba con competencia y facultades suficientes para investigar, ni menos sancionar a su representado, aduciendo a este respecto que la Fiscal instructora solo estaba autorizada, y por ende, detentaba competencia sobre aquellos hechos que consignaba el decreto respectivo, y no sobre materias no comprendidas en la resolución inicial del sumario.

Refiere que lo anterior causó indefensión a su representado, afectando ilegítimamente su derecho a defensa, como asimismo, una grave vulneración constitucional al debido proceso, pues al no estar determinado ni conocerse los hechos a investigar, se impidió la posibilidad de diseñar una estrategia defensiva más efectiva, lo cual tuvo una influencia decisiva en el resultado del sumario, al aplicársele la medida disciplinaria de destitución.

Desde otro ángulo, sostiene asimismo que la resolución cuestionada carece de la debida fundamentación, principio jurídico éste que resulta imprescindible para considerar que se está en presencia de un procedimiento legal, justo, razonable y apegado al principio del debido proceso, vulneración ésta que se produjo, a su entender, por el hecho de que la resolución de destitución careció de la motivación suficiente, pues señala que la Fiscal se limitó a indicar que los fundamentos se encontraban consignados en el informe jurídico contenido en el Reservado Nº166 de fecha 2 de noviembre de 2021, limitándose a reproducirlo.

En otro orden de ideas, alega el impugnante la falta de pruebas suficientes para tener por acreditados los tres cargos por los cuales se le destituyó, referido al acoso a la Dra. nombre reservado, expresando que solo se contó con el relato de esta última, quien no tiene la calidad de testigo por lo que su relato sólo habría tenido valor y mérito suficiente en el evento de haber sido corroborado con otras pruebas independientes, lo que según el recurrente, en la especie no sucedió.

7º.- Que, previo a pronunciarse sobre las alegaciones contenidas en el motivo que antecede, corresponde primeramente referirse a la extemporaneidad alegada por la recurrida Hospital Clínico Herminda Martin, quien sostuvo que los vicios alegados por la recurrente deben entenderse renunciados al no haber sido invocados en su oportunidad, sosteniendo que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo respecto de la resolución atacada, al haber transcurrido con creces el plazo de 30 días desde que tuvo conocimiento de los hechos que ahora alega como vulneradores de derechos.

8º.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida en orden a que el recurso de autos sea declarado inadmisible por extemporáneo, ello no aparece así de lo actuado en este recurso, toda vez que la conducta y decisión de la recurrida en orden a mantener la sanción de destitución aplicada en la especie, se mantiene en el tiempo con todos sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación.

9º.- Que, en lo que respecta al fondo de la acción deducida, necesario es advertir que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 135 inciso 1º de la Ley 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, “El Fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se solicite”. Lo propio corrobora el artículo 133, inciso 1º de la Ley 18.883.- Que así las cosas, la Fiscal Instructora tenía plenas facultades y prerrogativas para conocer de los hechos que fueron puestos en su conocimiento en el sumario, descartándose en consecuencia ilegalidad y arbitrariedad en su accionar.

10º.- Que, desde otra perspectiva, y en cuanto el recurrente sostiene que la Resolución Nº00025, dictada por la recurrida es arbitraria, por estimar que la destitución aplicada es ilegal al afectar el debido proceso, atendida la falta de congruencia y fundamentación de la misma, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en la resolución atacada, toda vez que de su propia lectura y análisis fluyen de manera evidente y palmaria los fundamentos tanto fácticos como jurídicos en que se apoya, tornándola en una sanción consistente y acorde a la gravedad y envergadura de las imputaciones contenidas en los cargos.

11º.- Que, desde otra perspectiva y en lo que respecta a las otras alegaciones efectuadas por el recurrente, y conforme se ha conceptualizado en los motivos anteriores, se debe atender que para la procedencia del recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile. En armonía con ello, se debe dejar establecido que el ámbito de la acción cautelar descrita comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

12º.- Que, conforme a lo anteriormente señalado, es posible advertir de lo expuesto en sus respectivas presentaciones, tanto por el funcionario que recurre, como por el ente que impuso la sanción y que a su vez informa, ha quedado en evidencia la existencia de un procedimiento administrativo previo, afinado, sin recursos pendientes y con formulación de cargos, descargos, propuesta de sanción, entre otros múltiples trámites, todo lo cual es reflejo de un debido proceso legal. Frente a tal constatación y a la luz de los requisitos y fines de la presente acción, antes detallados, cabe preguntarse si resulta atendible venir a invocar el auxilio constitucional por la presunta transgresión de garantías fundamentales, si ha sido la propia ley y los reglamentos respectivos los que han establecido rigurosa y pormenorizadamente un procedimiento idóneo al efecto, por lo demás, utilizado en plenitud por quien ha recurrido, por lo que forzoso es concluir que la respuesta es negativa y desde ya se advierte, entonces, que no es ésta la vía propicia para alcanzar el efecto perseguido.

13º.- Que, la razón principal de lo afirmado con antelación, en cuanto a la improcedencia de la acción de protección como remedio para una presunta vulneración verificada en el marco de un sumario administrativo, radica en que los derechos fundamentales, en su gestación, surgieron como una garantía de los ciudadanos frente a la potestad del Estado, es decir, aparecieron como una forma de protección en la relación “vertical” que se produce entre el ente estatal y el ciudadano. En esa virtud, es de toda trascendencia que la legislación administrativa haya tomado tantos resguardos, precisamente ante el complejo vínculo del Estado frente a la persona, en particular cuando esta última además se encuentra al servicio de aquél en un rol de funcionario público, quien como tal debe someterse a su autoridad no sólo como ciudadano, sino además como trabajador. Por ese doble sometimiento es que la fórmula seguida por el ente administrativo es tan reglada y en detalle controlada.

14º.- Que, en armonía con lo anterior, se ha resuelto de manera sostenida por la Excma. Corte Suprema, afirmando: “Que es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar como se postula en la especie- que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades”.

15º.- Que, en virtud del criterio antes transcrito, enfocarse en consideraciones en torno a posibles arbitrariedades e ilegalidades o abocarse al examen de presuntas conculcaciones de derechos, se muestra como un ejercicio estéril cuando lo que en realidad ha perseguido el recurrente es precisamente obtener una nueva revisión del mérito de la sanción aplicada a su representado como fruto de un procedimiento legalmente y reglamentariamente tramitado, que concluyó con la medida disciplinaria de destitución fundada en la Resolución Exenta Nº00025, de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por el Hospital recurrido sólo aduciendo un parecer discrepante en torno al juicio de proporcionalidad recaído en la magnitud de la misma, atendidas las circunstancias invocadas, sin que de la revisión de los antecedentes se desprenda de modo manifiesto que aquella haya estado cimentada en el mero capricho de la funcionaria que llevó a efecto el sumario, al estar refrendada incluso por la Contraloría Regional de Ñuble, o que haya exorbitado el margen de sus competencias y atribuciones.

16º.- Que, conforme con lo antes reflexionado, se estiman no configurados los presupuestos que se requieren para que sea procedente la presente acción, por tratarse de un asunto de mérito no revisable por esta vía, lo que conduce a que el presente arbitrio deba ser desestimado, conforme se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

17º.- Que, por otra parte, y en lo que dice relación al reproche que el recurrente efectúa al accionar de la Contraloría Regional de Ñuble, sostiene que ésta habría actuado ilegal y arbitrariamente al tomar razón de la Resolución Nº00025 mientras aún se encontraba pendiente el reclamo de ilegalidad, vulnerándose de este modo, y a su criterio, el artículo 19 Nº3 inciso 5º de la Carta Fundamental, al afectarse el derecho de recursividad, ello no se advierte de los antecedentes del recurso, toda vez que la recurrida sólo se ha limitado a dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado y en la Ley 10.336. Por lo demás, es útil consignar que el reclamo de ilegalidad fue rechazado por Contraloría Regional mediante Oficio E362872, de fecha 30 de junio de 2023, por lo que desde esta perspectiva el recurso, y en esta parte, ha perdido oportunidad.

18º.- Que, en el orden de ideas antes expresado, y a mayor abundamiento, resulta útil señalar que el trámite de “Toma de Razón” está ordenado en el inciso 2º del artículo 49 bis de la Ley Nº18.695, de suerte que es un deber legal de la recurrida efectuar el examen de legalidad, actuación ésta que en consecuencia se hizo por imperativo legal, y que constituye un trámite de competencia exclusiva y excluyente de la Contraloría, y que, por tal motivo, no puede ser objeto de revisión judicial a través de la acción que la Constitución Política de la República contempla en su artículo 20, de manera que en estas circunstancias este capítulo de alegación también será desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado don Carlos Gerardo Astorga Bernales, en representación de don nombre reservado, en contra del HOSPITAL CLÍNICO HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN, representado por su Directora doña nombre reservado, y en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE, representada para estos efectos por el Contralor Regional de Ñuble, don Mario Quezada Fonseca.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

No firma su redactor, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

R.I.C. 1144-2023-PROTECCIÓN.