nombre reservado con UNIVERSIDAD DEL BIO BIO

Chillán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Abogado Integrante señor Gonzalo Barra Palma.

Chillán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO:

1°.- Que, comparece la abogada Paula Angélica Bustos Ríos en representación de doña nombre reservado, asistente social, con domicilio que indica y deduce recurso de protección en contra de la Universidad del Bío-Bío, persona jurídica de derecho privado, representada por don nombre reservado o quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en domicilio reservado, señalando que su representada en marzo del año 1998 ingresó a dicha institución para cursar la carrera de Trabajo Social, Licenciada en Trabajo Social, impartiéndose las clases en el Campus La Castilla de Chillán y que en el mes de diciembre de 2004 terminó sus estudios, tesis y aprobó el examen de grado, pidiendo desde esa fecha a la Universidad la entrega de su título profesional, lo que ha sido rechazado debido a la existencia de deudas pendientes con la universidad.

Indica que el 28 de agosto pasado su representada solicitó a su madre residente en Chillán, que concurriera a la Universidad del Bío-Bío a requerir su título y grado, pero se negaron, refiriendo que dicho título de Trabajadora Social se encuentra aprobado por cumplir con todos los requisitos académicos, sin embargo debe ir al departamento de cobranza a regularizar su deuda que corresponde a $28.292.540, valor nominal al 29 de marzo de 2005, deuda que estima está prescrita y cuya prescripción se ha solicitado en sede civil. También, su representada concurre el 13 de septiembre último y, en el Departamento de Títulos y Grados de la Universidad le dan similar respuesta.

Sostiene que la recurrida, con su actuar, ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, establecidos en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, pues no puede determinar unilateralmente negar la entrega a su representada del título obtenido, por existir deudas pendientes y no accionar para su cobro por la vías jurisdiccionales, conculcando la garantía de igualdad ante la ley al desconocer el trato académico de Trabajadora Social titulada que debe dársele a todos los que se encuentran en la misma situación, incluyendo el otorgamiento de los documentos respectivos. Asimismo, afecta su derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 565 y siguientes del Código Civil y en especial el artículo 583 del mismo código, en cuanto sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Además, estima infringido el artículo 11 inciso 4 de la Ley General de Educación N°20.320 que señala que el no pago de los compromisos contraídos por el alumno, por el padre o apoderado no podrán servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, lo que ocurriría en la especie al negarse la Universidad a entregarle el título de trabajadora social por mantener una deuda que a la fecha se encuentra prescrita y que vulnera las garantías constitucionales antes descritas.

Finaliza citando jurisprudencia y solicita que se acoja el recurso y, en definitiva, se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección en el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de la recurrente, disponiendo especialmente que la recurrida debe hacer entrega a su representada de su título de Trabajadora Social, todo ello, con costas.

2°.- Que, en representación de la Universidad del Bío-Bío, informa el abogado Nelson Sandoval Vásquez, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, refiriendo que la actora efectivamente estudió en la Universidad del Bío-Bío, Sede Chillán y que consta en los registros que dejó de pagar el arancel de matrícula, manteniendo una deuda que en la actualidad asciende a la suma de $33.430.570, según documento que acompaña, por lo que de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad sobre el otorgamiento de títulos y grados se le comunicó que era necesario que solucionara la situación de deudas pendientes con esa corporación, lo que no es un acto arbitrario ni ilegal, sino que se funda en las normas que rigen a la institución y que le son plenamente aplicables a la recurrente.

Agrega que la Universidad del Bío-Bío es una Institución de Educación Superior del Estado creada por Ley N°18.744, en cuyos Estatutos, fijados por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1989 del Ministerio de Educación, que conforme a su artículo 3°, para el cumplimiento de sus objetivos, se encuentra facultada para otorgar grados académicos, certificados, diplomas y títulos profesionales, extendiendo los instrumentos en que ellos consten, contemplando en su letra h) la facultad de dictar las ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones conducentes a la buena marcha de la corporación. Es en virtud de ello que la Universidad ha dictado dos Reglamentos de importancia en la materia, el Reglamento de Títulos aprobado por Decreto Universitario exento Nº 493 de fecha 13 de noviembre de 1989 y el Reglamento de Cobranzas de Aranceles de Matrícula, aprobado por Decreto Universitario Exento N°219 de 19 de enero de 1999 y sus modificaciones posteriores.

Explica que el primer reglamentos establece la forma y requisitos que deben cumplir los alumnos a fin de obtener un título profesional, donde deben presentar una solicitud que da inicio a la formación de un expediente de titulación y se incorporan diferentes documentos esenciales para otorgar el título de que se trate, uno de los cuales es un certificado de no tener deudas pendientes con la Universidad o tenerlas debidamente documentadas. (Artículo 14, en relación con el artículo 4). Por su parte el Reglamento de Cobranzas de Aranceles de Matrícula establece en el N° 6 de su Párrafo II que los alumnos egresados de la Universidad deben pagar todas las deudas contraídas con la Universidad, al contado, antes de iniciar sus trámites de titulación, pudiendo excepcionalmente documentar dicha deuda. Agrega que este último no hace distinción respecto del origen de la deuda que se tenga con la Universidad para establecer como requisito previo a la entrega del título su solución o documentación.

Sostiene que, además, se debe tener presente que entre las partes se perfeccionó un contrato de servicios educacionales, que fue ratificado año a año por la recurrente al matricularse en esta corporación y cursar las asignaturas correspondientes a su carrera, relación contractual en que solamente la Universidad recurrida cumplió con su obligación de prestar el servicio, por lo que la recurrente, dada su calidad de incumplidora, no está habilitada para exigir la entrega del título respectivo, pues el artículo 1.552 del Código Civil dispone que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debido, lo que denota que no hay arbitrariedad ni ilegalidad, lo que relaciona con jurisprudencia que señala, conforme a la cual una Universidad puede exigir el pago de las sumas adeudadas por conceptos de arancel y matrícula a fin de entregarle el título a un recurrente por ser el contrato de servicios estudiantiles es conmutativo.

Estima que no existe vulneración de garantías constitucionales al exigir el cumplimiento de las normas antes señaladas, menos las señaladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que se refieren a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, respectivamente, dado que el otorgamiento de un título profesional por parte de la Universidad del Bío-Bío constituye la culminación de un proceso administrativo formal, reglamentado por el Decreto Universitario exento N°493 de 13 de noviembre de 1989 y que se inicia precisamente con la solicitud que el estudiante hace en la oficina correspondiente de la Dirección de Admisión y Registro Académico, el cual tiene como uno de sus objetivos acreditar el cumplimiento de todos los requisitos académicos exigidos en la correspondiente malla curricular del programa o carrera de que se trate, pero no es el único, pues a todos los estudiantes de la Universidad se la aplica la misma, de modo que mal podría constituir una discriminación en contra de la recurrente. Tampoco puede considerarse que ella tenga incorporado en su patrimonio el título profesional que invoca y que, por lo tanto, la Universidad al no entregárselo esté atentando en contra de su derecho de propiedad, siendo el otorgamiento de un título profesional es un proceso en el cual los estudiantes deben acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos y, mientras ello no ocurra, no puede señalarse que la Universidad se encuentra obligada a entregar dicho título y que la recurrente tenga un derecho incorporado en su patrimonio, susceptible de ser protegido por la presente acción constitucional. Además, la afirmación de vulnerarse la Ley General de Educación en su artículo 11 inciso cuarto, no es efectiva, ya que esa disposición regula aspectos de educación básica y media, siendo ajena a la enseñanza superior, conforme la evolución de las normas sobre educación en los últimos años, fue por la Ley 18.962, que se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, conocida como LOCE, mediante el D.F.L. N°1 del año 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LOCE y, posteriormente, cuando se dicta la Ley General de Educación Ley 20.370, se deroga, en su artículo 70, aquella, pero expresamente deja vigente el título III de la misma que es el que contiene las normas referentes a la educación superior, entonces la Ley 20.370 si bien representa una nueva institucionalidad para la educación al derogar la LOCE solo en lo referente a la Educación General Básica y Media, pero mantuvo la normativa respecto a la Educación Superior que no ha sufrido alteraciones.

Finaliza indicando que su posición ha sido ratificada recientemente por la Excelentísima Corte Suprema como por esta Corte, en las sentencias que cita por lo que, en definitiva debe rechazarse el recurso en todas sus partes por improcedente, con expresa condenación en costas y, en subsidio, para el improbable caso que se acoja el presente recurso, pide se efectúe la misma declaración realizada por la Excelentísima Corte Suprema y por este Tribunal, en el sentido que la recurrente debe documentar las deudas que tiene con la recurrida, en forma previa a la entrega del título.

Acompaña a su recurso los documentos que singulariza en el primer otrosí de su presentación.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, no existe controversia en orden a que la recurrente actualmente adeuda arancel de matrícula a la recurrida y que ésta a su vez, le requirió la solución de dichas deudas para el otorgamiento de su título profesional, por lo que para la decisión que se pide habrá de determinarse si tal exigencia resulta ajustada a Derecho y la razón.

7°.- Que, apreciando tales circunstancias y antecedentes incorporados a la causa, se estima que negativa de la entidad recurrida a llevar a efecto el procedimiento para la obtención del título profesional de la recurrente constituye una conducta arbitraria, desde que, como fuera afirmado y reconocido por las partes en sus escritos y ante estrados, cursó estudios y egresó de la carrera de Trabajo Social en la Universidad del Biobío, Sede Chillán, siendo la deuda que mantendría con tal casa de estudios el único motivo que subyace en la decisión, lo que se traduce en que la actuación que se reprocha por el presente arbitrio aparece desprovista de una adecuada fundamentación racional, deviniendo en injusta, en el entendido que la satisfacción de la obligación que se pretende por la institución recurrida posee vías claras e idóneas de solución a través de las acciones judiciales correspondientes, las cuales no constan haberse ejercido. Ello, sin perjuicio, de apreciarse que la deuda que se pretende respecto de la actora, se encuentra pendiente por un gran período de tiempo, lo que, además, la transformaría en una acreedora poco diligente que aspira a proveerse de mecanismos de cobro distintos de aquellos que la legislación común contempla.

8°.- Que, tal comportamiento vulnera la garantía fundamental prevista en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, que la recurrente tiene respecto de los títulos y certificados a emitir por los estudios cursados en la referida universidad, habiendo cumplido con los requisitos académicos para ello y que permita la tramitación administrativa en orden a la obtención del título profesional que la Universidad recurrida le niega.

9°.- Que, en el mismo sentido, la conducta adoptada por la recurrida evidencia un trato discriminatorio hacia la actora, al privarle de la posibilidad de tramitar la documentación que necesita para los fines que reclama, si se observa en relación con otros participantes de la misma carrera o respecto de alumnos de la misma Universidad que tengan similar situación académica, quienes, al no ser deudores de ella, tienen la posibilidad de acceder a la tramitación administrativa negada, lo que atenta contra la garantía contenida en el número 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

10°.- Que, por otro lado, no se accederá a la petición de la recurrida en cuanto a que se documente la deuda, teniendo presente que tal situación se solicita como garantía de la obligación que se alega como pendiente, lo cual no resulta procedente, primero, porque ello habrá de ser fruto de las negociaciones que las partes libremente acuerden y no convertirse en fuente de aquella obligación este procedimiento cautelar de garantías fundamentales y, segundo, haberse expuesto y reconocido ante estrados, que existe un proceso civil radicado en el 2° Juzgado Civil de esta ciudad, Rol 4111-2018, donde se pide por la actora la prescripción de la deuda reclamada.

11°.- Que, por último, cabe señalar que las normas reglamentarias invocadas por la recurrida para justificar su actuar, en ningún caso pueden ansiar tener la jerarquía necesaria como para poder oponerse a aquellas de rango constitucional que se estiman vulneradas, resultando el actuar de la recurrida arbitrario e ilegal, de modo que, dándose en la especie los presupuestos necesarios para adoptar las medidas que permitan restablezcan el imperio del derecho en el caso particular, el presente arbitrio será acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por la abogada Paula Angélica Bustos Ríos en representación de doña nombre reservado, en contra de la Universidad del Bío-Bío y se ordena que esta institución debe entregar el título profesional a la recurrente, siempre que ésta haya cumplido con todos los requisitos académicos para su obtención.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Gonzalo Barra Palma.

ROL 1138-2018-PROTECCION