Protección contra Agrícola y Frutícola Veneto Limitada

Chillán, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Ricardo Frez Figueroa, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien en representación de la Junta de Vecinos número nueve de Bustamante, Coihueco, nombre reservado número 65.042.280-5, representada por su presidenta nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y también en representación de nombre reservado, soltera, agricultora, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de Agrícola y Frutícola Veneto Limitada, nombre reservado número 76.032.290-3, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado y por nombre reservado, en su calidad de titulares y administradores del Plantel de Cerdo Santa Josefina, por su omisión sistemática y reiterada a dar cumplimiento a la sanción de clausura definitiva emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente hace más de un año, derivada de un procedimiento sancionatorio generado por diversos incumplimientos e infracciones graves de parte de dicho plantel de cerdos, lo que ha generado distintas afectaciones a los vecinos y habitantes de las zonas aledañas.

Para fundamentar su presentación el actor refiere latamente antecedentes históricos del Plantel de Cerdos Santa Josefina, referentes al establecimiento inicial, cambio de propietarios, expansión del plantel, incumplimientos e irregularidades, detallando antecedentes referentes a la primera sanción y revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, para luego abordar el procedimiento sancionatorio F-017-2016 y la determinación de la sanción de clausura definitiva del plantel de cerdos Santa Josefina, para finalmente plantear la omisión reiterada y dolosa a dar cumplimiento a la referida sanción de clausura definitiva, sosteniendo al respecto que, desde la dictación de la sanción de clausura definitiva con el complementario plan de cierre del Plantel de Cerdos Santa Josefina, notificada a los titulares del plantel el pasado 15 de mayo de 2018, han transcurrido más de 14 meses sin que a la fecha se hubiere dado cumplimiento a la sanción establecida por la SMA, entidad ante la cual se han hecho las gestiones pertinentes para buscar la efectiva implementación de la sanción de clausura. Sobre esto último postula que, en primer lugar, en el mes de agosto del año 2018 y en la misma causa de consulta que se había levantado al momento de la determinación de la sanción, la SMA frente a la negativa de acatar voluntariamente la sanción de clausura definitiva, una vez cumplidos los plazos dispuestos en el programa de cierre, solicitó que el Tercer Tribunal Ambiental accediera a autorizar facultades de imperio para que la SMA pudiera hacer efectivo y requerir el cumplimiento forzado de la sanción de clausura, petición la cual no fue concedida por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, por estimar que carece de las facultades para dotar de imperio una sanción administrativa. Posteriormente y en razón de lo anterior, en abril del presente año, la SMA nuevamente solicita al Tercer Tribunal de Valdivia el ejercicio de la facultad de imperio para hacer cumplir la resolución de clausura, a lo cual nuevamente no accedió, entregando una argumentada resolución, ordenando en definitiva que sin perjuicio de no dotarla de la facultad referida, la SMA oficie a Carabineros de Chile para que se haga cumplir la resolución sancionatoria. Sostiene que, aun cuando se dictaminó dicha resolución por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, y aun cuando la SMA ha realizado las gestiones y fiscalizaciones en terreno para intentar coordinar y concretar el cierre de dicha industria, dicho cierre no se ha concretado, encontrándose hasta el día de hoy plenamente operativo y funcionando, no habiendo interrumpido nunca su funcionamiento a pesar de que hace más de 14 meses les rige una sanción de clausura definitiva. También la recurrida argumenta la existencia de una mala fe de los representantes legales de la empresa; el desacato a las autoridades ambientales y la utilización maliciosa de herramientas legales para eludir la aplicación de la sanción de clausura definitiva, sosteniendo al respecto que la recurrida ha vacilado y alternado por distintas posturas frente a la sanción de clausura. Refiere que los recurridos en un primer momento se mostraron llanos a solucionar sus irregularidades, procediendo a reconocer sus falencias, proponiendo fórmulas para volver al cumplimiento, pero luego, y ante el fallo de tales fórmulas, y la concreción de la sanción de clausura, cambiaron, adoptando una postura totalmente distinta y contraria al cumplimiento, desconociendo el procedimiento en el cual ellos mismos habían sido parte activa, levantando una serie de aristas que tienen como único objetivo el dilatar o, en el mejor de los casos, buscar revertir la sanción de clausura, negándose explícitamente a cumplir la sanción. Luego de dos años en que los recurridos tuvieron todas las oportunidades de volver al cumplimiento y evitarse la sanción de clausura, la cual finalmente terminó concretandose en mayo del año 2018, al momento de ser requeridos de la implementación de las distintas medidas establecidas para el cumplimiento de la clausura definitiva, los recurridos mostraron una actitud totalmente temeraria y contraria al respeto de la potestad sancionatoria del Estado, presentado diversas acciones tales como solicitud de nulidad de notificación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, con fecha 26 de junio del año 2018, la cual fue rechazada por la SMA, recurso de protección, reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia como ante la Dirección Ejecutiva Servicio de Evaluación Ambiental, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley 19.300, destacando que de todos los procedimientos levantados por los recurridos en ninguno de ellos se ha logrado alguna resolución, aún siquiera de carácter provisorio, que establezca la suspensión de la sanción de clausura. Estima que a raíz de esta conducta totalmente temeraria y alejada del marco de la legalidad ambiental y el respeto de las instituciones del Estado, ha sido el Ministerio Público quien de oficio ha levantado una causa por la posible configuración del delito de desacato, recogido en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, solicitando además gestiones para que se les autorice a que personal especializado de la Bidema de la Policía de Investigaciones concurra hasta el recinto ya mencionado y proceda a verificar si a la fecha se mantiene en operación y asimismo determinar o comprobar si desde las instalaciones se estuviere produciendo afectación de aguas, napas o a las tierras colindantes.

Con respecto a las garantías fundamentales vulneradas con la omisión arbitraria e ilegal de la recurrida, los actores plantean que el proceder de ésta ha causado una afectación al derecho a la integridad física y psíquica de la persona, pues se ha producido una contaminación de aguas por filtraciones subterráneas de los desechos de la planta porcina, sosteniendo que los recurrentes y en general la comunidad de Bustamante, comunidad que se encuentra en las inmediaciones de dicha instalación industrial la cual no cuenta con implementos técnicos mínimos de manejo y tratamiento de riles, purines y otras sustancias propias del manejo de casi 8.000 cerdos, lo cual se ha traducido en una serie de afectaciones para los vecinos del sector de Bustamante en la comuna de Coihueco, quienes no cuentan con un sistema de agua potable y su acceso al agua para consumo humano pasa por sistemas de agua potable rural, pozos profundos y del agua que de los mismos canales de regadío ellos pueden acceder y utilizar para su consumo, recurso natural al cual no han podido acceder, por encontrarse ésta con una fuerte presencia de olores y manchas anormales y que evidencian un riesgo para su salud. En otras oportunidades, han evidenciado malestares y afecciones digestivas derivadas del consumo de verduras y hortalizas producidas para el autoconsumo, y que son regadas con aguas de regadío que emanan de canales subterráneos. Denuncia que desde el año 2012 a lo menos, el Plantel de Cerdos carece de una RCA que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de impermeabilidad y sanidad respecto de los procesos que se desarrollan en sus instalaciones. Por tanto, es mucho más factible que las afecciones y daños al medio ambiente se hubieren profundizado durante estos años, siendo a la fecha algo totalmente evidenciable por los vecinos, quienes han tenido que pasar un sinnúmero de episodios donde estas afectaciones y contaminaciones se exteriorizan. Plantea que por otro lado, el mal manejo de los procesos productivos del Plantel, sumado a la gran cantidad de animales que se caracterizan por su propia naturaleza, como una gran fuente de malos olores, desechos orgánicos, junto con el tratamiento de las especies que mueren dentro de las faenas productivas del Plantel, y la falta de herramientas y medidas de mitigación frente a las externalidades propias del plantel, han derivado en que en determinados momentos se hubieran evidenciado episodios de malos olores y presencia de moscas en sus viviendas, situaciones las que en la época de verano, impide que los habitantes de Bustamante pueden abrir sus ventanas por la gran cantidad de moscas presentes en sus viviendas, donde además los malos olores en una zona que se caracteriza por sus altas temperaturas, generan condiciones totalmente indignas e insalubres, que atentan directamente contra la integridad física de los vecinos y recurrentes. Considera que, además de las afecciones físicas que han evidenciado los vecinos, los recurrentes durante años han tenido que convivir con una industria irregular e ilegal, que a pesar de los constantes episodios de insalubridad se niega a cerrar, alterando las dinámicas familiares, las cuales se ven afectadas con cada episodio de daño de sus fuentes más esenciales de vida como lo son el agua y su alimentación, además de sus actividades productivas, lo cual genera una afectación a la emocionalidad de los vecinos, al ver contaminados elementos que son esenciales para su adecuada subsistencia y desarrollo, ocasionadas por personas inescrupulosas y que actúan al margen de la legalidad, llevando a generar una sensación de total desamparo y vulnerabilidad.

También estima vulnerado el derecho de propiedad y al desarrollo de actividades productivas, pues gran parte de los vecinos de la zona de Bustamante son personas que se dedican a la pequeña agricultura, con una vocación a la producción de hortalizas y frutas para el autoconsumo, como también a la actividad productiva de berries y otros derivados, los cuales son cultivados para su producción de manera orgánica, existiendo incluso algunos pequeños productores que exportan parte de su producción al extranjero, actividad la cual consideran se ha visto afectada por las afectaciones que genera el Plantel Santa Josefina y respecto de las cuales los recurrentes no tienen forma de evitar, viendo afectado directamente su principal fuente de ingresos, desde que cuando las aguas se ven afectadas con restos de purines, riles y otras sustancias desconocidas, que contienen un fuerte olor propio de la actividad productiva desarrollada en el Plantel Santa Josefina, los productores se ven afectados, ya que se ven en el dilema de no regar sus plantaciones, o bien, de hacerlo con aguas “sucias” y lo que definitiva incide y afecta el resultado de la producción agrícola. Sostiene que en algunas ocasiones los propios productores han denunciado que han sentido hasta el sabor de sus productos alterados, con una acidez extraña e impropia de sus productos, lo que en definitiva significa un golpe a sus aspiraciones de llevar adelante una actividad productiva orgánica y constante en el tiempo. Finalmente también estiman afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo un deber del Estado el de velar por que ese derecho no se vea afectado, por lo que en los hechos, la omisión arbitraria e ilegal del Plantel de Cerdos Santa Josefina está atentando no solo contra una serie de garantías Constitucionales, como lo es el hecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que además, generando un incumplimiento a los deberes de los organismos del Estado en cuanto a propender a la protección del medio ambiente, ya que a pesar de que se dictaminó una sanción de Clausura, esta no ha podido ser implementada dado el desacato del Plantel Santa Josefina.

Finalmente y luego de referirse a la competencia los recurridos plantean que, para los efectos del cómputo de plazos de la acción de protección, es necesario mencionar que la privación, perturbación o amenaza de los derechos de los recurrentes a la fecha continúa verificando, no ha cesado y, por ende, es plenamente aplicable al caso la acción de protección, desde que la omisión arbitraria e ilegal que se denuncia apunta a la negativa injustificada y dolosa del Plantel Santa Josefina de acatar el cumplimiento de una sanción que se encuentra establecida y que resulta plenamente exigible, la cual se ha dilatado por más de un año, y que se continúa verificando hasta el día de hoy.

Termina solicitando que, en virtud de los argumentos expuestos, se acoja el presente recurso de protección, procediendo a determinar:

.- Todas las providencias que se estimen necesarias para que se pueda lograr la efectiva implementación y cumplimiento de la sanción de clausura definitiva que opera en virtud de lo establecido en la resolución exenta N°411 de la Superintendencia de Medio Ambiente.

.- Que se acoja dictaminar medidas preventivas e inmediatas orientadas a suspender las operaciones del Plantel de Cerdos Santa Josefina en el marco del plan de cierre que se contempla en la misma resolución que ordena la clausura definitiva del Plantel.

.- Que en definitiva se determinen las medidas de carácter permanente que aseguren el cierre de las operaciones del Plantel de Cerdos Santa Josefina, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en la resolución sancionatoria de la SMA.

.- En general, las medidas que se estimen conducentes para restablecer el imperio del derecho frente a los episodios de contaminación.

2°.- Que, rola en autos informe evacuado por la Municipalidad de Coihueco a través de su Alcalde Carlos Chandía Alarcón, quien en orden a informar si el Plantel de Cerdos recurrido se encuentra funcionando en la comuna y cuenta con toda su documentación y permisos al día hace presente que, si bien el referido plantel porcino se encuentra ubicado en el sector Bustamante de la comuna de Coihueco, el funcionamiento de dicho establecimiento y la legalidad de sus permisos y documentación es algo que escapa de su competencia, por no ser una actividad que se encuentre gravada a tributo municipal, citando y transcribiendo al respecto el artículo 23 de la Ley sobre Rentas Municipales DL N° 3.063 y artículos 2 y 3 del Decreto N° 484/1980 que establece el Reglamento para la aplicación de los artículos 23° y siguientes del Título IV del DL N° 3.063, de 1979, para concluir que, del tenor de las normas transcritas, resulta que la actividad desarrollada por el Plantel de Cerdos "Santa Josefina" es una actividad primaria - crianza o engorda de animales-, no sujeta a control administrativo ni tributario del municipio.

No obstante lo expuesto advierte que, como municipio, han colaborado permanentemente con los vecinos afectados, precisando que desde el año 2017 a la fecha han presentado reclamos y solicitudes de información a los servicios competentes, particularmente a la Superintendencia de Medio Ambiente, quien de acuerdo a resolución del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, de fecha 5 de abril de 2019, es la que se encuentra mandatada a oficiar a Carabineros de Chile para hacer cumplir su resolución sancionatoria de clausura total y definitiva y cualquier otra medida cautelar necesaria para dicho fin.

A su presentación adjunta copia de los documentos que obran en su poder sobre la materia.

3°.- Que, rola en autos informe evacuado por el Superintendente del Medio Ambiente (S) nombre reservado, quien refiere que con fecha 5 de abril de 2018, con la dictación de la Res. Ex. N° 411 ("resolución sancionatoria"), su representada dio término al procedimiento sancionatorio Rol F-017-2016, sancionando a la empresa Agrícola y Frutícola Véneto Limitada con la clausura total y definitiva del plantel de cerdos Santa Josefina, en razón de la operación ilegal de dicha instalación desde el año 2012, sin contar con su respectiva resolución de calificación ambiental, debiendo hacerlo. Añade que el día 19 del referido mes y año la SMA elevó en consulta al Tercer Tribunal Ambiental, la Res. Ex. N° 411/2018, en razón de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la SMA, conforme a lo establecido en el artículo 17 N° 4 de la Ley N° 20.600, la que fue autorizada, mediante resolución dictada por dicho tribunal, el 9 de mayo de 2018. Manifiesta que, en forma posterior a la dictación de dicha resolución, la empresa presentó Reclamo de ilegalidad ante el Tercer Tribunal Ambiental contra la resolución sancionatoria (causa rol R-66-2018), el que fue declarado inadmisible; Recurso de protección deducido ante la Corte de Apelaciones de Chillan, rol 388-2018, rechazado por dicha Corte; Recurso de protección deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago rol 62.146-2018, también rechazado, cuya sentencia fue apelada ante la Excma. Corte Suprema, y se encuentra pendiente de resolución; Reclamo de ilegalidad ante el Tercer Tribunal Ambiental contra la resolución que requiere el cumplimiento de la sanción de clausura, otorgando un plazo para presentar un plan, bajo apercibimiento de recurrir a la fuerza pública (causa rol R-4-2019), el que fue rechazado por dicho tribunal, mediante sentencia de 16 de agosto de 2019; Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, rol 7042-2019, el que fue declarado inadmisible mediante resolución de 22 de agosto de 2019, acciones las que demostrarían la negativa categórica del plantel porcino a cumplir con una sanción que fue impuesta hacer más de un año y que se encuentra firme. En tal sentido indica que su representada recurrió, en virtud del principio de coordinación que rige el actuar de los órganos de la administración, a organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero ("SAG"), para que en virtud de sus competencias y teniendo en cuenta que el plantel de cerdos se encuentra en la actualidad funcionando de manera ilegal, procediese al cierre del área de inseminación de la planta porcina, y a la suspensión del otorgamiento de los formularios de movimiento animal a la recurrente, mediante la dictación de la Res. Ex. N° 284/2019 y Res. Ex. N° 345/2019, del SAG, diligencias las cuales califica de imprescindibles y que constituyen pasos claves a seguir, con miras a la ejecución íntegra de la sanción de clausura del plantel, en condiciones sanitarias seguras y evitando cualquier impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Sostiene que, a pesar de su proceder, a través de la presentación de acciones judiciales en distintas sedes, además de una constante negativa a clausurar el plantel, la empresa ha dilatado por más de un año el cumplimiento de la sanción impuesta, reconociendo que lo alegado por la recurrente es efectivo, en cuanto la empresa ha demostrado absoluta reticencia a cumplir con la sanción, sin perjuicio de las acciones ya detalladas, por lo que considera que la presentación de la comunidad obedece a una realidad cierta que ha obligado a la autoridad a agotar todas las vías para lograr el cierre, incluso con auxilio de la fuerza pública, precisando sobre este último punto que, luego del fallo del Tribunal Constitucional, la empresa se acercó a su representada vía reuniones de lobby, en las que se le indicó que el plantel debe cerrar, presentando ésta un programa de cierre el cual transcribe, plan el cual fue aprobado mediante Res. Ex. N° 1261 de 2 de septiembre de 2019, con los alcances y observaciones que indica.

Finalmente sostiene que, a su entender, la presente acción constitucional debería ser acogida, ordenando a la empresa el cumplimiento del programa de cierre aprobado, por cuanto su presentación, no asegura el cumplimiento, desde que la recurrida tiene un historial de incumplimiento de sus compromisos y, en consecuencia, no existe seguridad absoluta que la empresa cumpla con el nuevo programa de despoblamiento orientado a cumplir con la sanción de clausura del plantel.

4°.- Que, informa por la recurrida, Agrícola y Frutícola Veneto Limitada, el abogado Gumercindo Quezada Blanco, quien solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

En primer término sustenta su petición en una supuesta extemporaneidad de la acción constitucional, la que fundamenta en el hecho que la recurrente señala en su libelo que la omisión sistemática y reitera de dar cumplimiento a la sanción de clausura definitiva emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente hace más de un año. Precisa que la referida resolución fue notificada el 15 de mayo del 2018, por lo que desde su fecha hasta la presentación del recurso ha transcurrido más de un año.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción constitucional por estimar que los hechos no son ciertos y el recurso carece de peticiones concretas. Sin perjuicio de lo anterior sostiene que la acción constitucional carece de sentido y lógica, y no es más que una de las tantas actuaciones arbitrarias y antojadizas de un pequeño grupo de personas destinadas a impedir, como ya lo han hecho, el ejercicio de una legitima actividad económica que daba trabajo a un numeroso grupo de personas del sector. Manifiesta que el lugar donde se encuentra emplazado el plantel de propiedad de su representada se ha caracterizado por el desarrollo de dicha actividad económica, la generación de planteles de cerdo, en tanto actividad agropecuaria y, en dicho contexto, a partir de la década de los años 60 se comenzó a gestar la actual actividad de crianza y de consolidación de un plantel de producción de cerdos denominado “Santa Josefina”, el cual ha funcionado como tal desde el año 1970, cuando su antiguo propietario, nombre reservado, tecnificó aún más las actividades que por varios años se venían desarrollando. Posteriormente y, de manera específica, a partir del 12 de marzo del año 2004, el fundo donde dicho plantel funcionaba pasa a propiedad de la Sociedad Agrícola y Frutícola Veneto Limitada, actual dueño y productor de la planta de cerdos Santa Josefina, cuyos socios han seguido profundizando en la implementación de nuevas tecnologías para la administración del plantel y la cría seleccionada de cerdos. Sin embargo, en el último tiempo ha sido recurrente la actitud de un grupo de personas, que no representan a la comunidad toda, quienes se han empeñado en dificultar el desarrollo de la legitima actividad, habiendo tratado su representada de cumplir con todas las exigencias que le fueron imponiendo, partiendo en sus inicios con un pequeño grupo de cerdos, para llegar al día de hoy al plantel tecnificado y con manejo altamente profesional, que operaba en el lugar. Reconoce que actualmente se encuentra en un plan de despoblamiento, plan aprobado por la autoridad, sujeto a un riguroso control de la misma, haciendo presente que su representada sólo se ha limitado a ejercer los legítimos derechos que las leyes y la Constitución le entregan.

Estima que ninguna de las garantías constitucionales denunciadas, han sido vulnerada por sus mandantes, reiterando lo ya expuesto en orden a que ésta, con fecha 27 de agosto del 2019, presentó ante la Superintendencia del Medio Ambiente un programa de cierre programado del plantel, el cual contiene todas las medidas necesarias para despoblar el plantel, incluido un plan de contingencia y uno de emergencia que incluye identificación de aquellas situaciones que tenga asociados riesgos al medio ambiente o la población, las que el mismo documento describe y los planes de contingencia para cada unió de las situaciones identificadas, estimando que su presentación y aprobación sería prueba suficiente que por parte de su representada, no ha existido incumplimiento alguno respecto de la sanción que le fuera impuesta y que motiva el presente recurso y que ésta no ha infringido las garantías constitucionales indicadas, pues de lo contrario jamás se habría aprobado el aludido programa de despoblamiento.

Termina solicitando se tenga por cumplido lo ordenado, rechazando, en su oportunidad el presente recurso de protección, con costas.

A su informe acompaña documentos.

5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

6°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que, los recurrentes estiman que se han vulnerado los derechos contenidos en los artículos 19 N°1, 8, 21, 24 de la Constitución Política de la República con la omisión arbitraria e ilegal consistente en no dar cumplimiento a la sanción de Clausura definitiva emitida por la Superintendencia de Medio Ambiente hace más de un año, por su parte los recurridos indican que no hay garantías vulneradas, que no existido una renuencia a cumplir la sanción impuesta, sino que simplemente se han deducido acciones y defensas permitidas por ley.

9°.- Que, en primer término se constata que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no es de aquellas garantías protegidas por el presente arbitrio, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que no será considerada a efectos del análisis del recurso.

10°.- Que, de los antecedentes que se han acompañado, apreciados conforme a la sana crítica se puede constatar lo siguiente:

a) El Plantel de Cerdos Santa Josefina se encuentra emplazado en la comuna de Coihueco.

b) Con fecha 5 de abril de 2018 se da fin al procedimiento sancionatorio rol F1-017-2016, con la dictación de la Res- Ex. N°411 en la cual se sanciona a la recurrida con la clausura total y definitiva del plantel de cerdos Santa Josefina.

c) Con fecha 9 de mayo de 2018 el Tercer Tribunal Ambiental autoriza la sanción aplicada por la ya mencionada Res. Ex. N°411 d) Con posterioridad a dicha autorización la recurrente presentó una serie de acciones judiciales, la última de ellas fue declarada inadmisible el 22 de agosto del actual.

e) Con fecha 27 de agosto del actual, la recurrida presenta ante la Superintendencia del Medio Ambiente un programa de cierre, el cual fue aprobado con fecha 2 de septiembre del actual y que consiste, en resumen, en un progresivo despoblamiento de la población de animales mediante su comercialización y traslado, con la condición de que con fecha 1 de abril de 2020 no puede quedar ningún animal dentro del plantel.

11°.- Que, existiendo entonces un programa de cierre aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a que ha existido una demora considerable en cuanto al cumplimiento de la sanción impuesta, considerando que el último recurso fue declarado inadmisible el 22 y el plan de cierre fue presentado el 27 de agosto del actual, solo se puede concluir que la recurrente esta llana a cumplir con dicha sanción, atendido además que la actividad que realiza no es de aquellas que puedan clausurarse en forma inmediata.

12°.- Que, en consecuencia, al encontrarse en etapa de cumplimiento, no se aprecia la omisión arbitraria e ilegal denunciada, por lo que el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Ricardo Frez Figueroa en representación de la Junta de Vecinos número nueve de Bustamante y también en representación de nombre reservado, en contra de Agrícola y Frutícola Veneto Limitada, todos ya individualizados.

Notifíquese.

En su oportunidad, desde cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Titular don Darío Silva Gundelach.

R.I.C. 1132-2019 PROTECCION