nombre reservado con COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGION ÑUBLE

Chillán, veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

1°.- Que comparece doña Miryam Ysabel Melgar Zeballos, abogada, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Ñuble y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar el pago del subsidio correspondiente a licencias médicas y negar la justificación del reposo médico de su representada, mediante diversas resoluciones dictadas por las recurridas, todo lo cual vulneraría las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N° 1, 2, 9, y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 23 de enero del año en curso, el recurrente tomó conocimiento de la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-186473-2024, de fecha 02 de diciembre de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, rechazó su reclamación interpuesta contra la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Ñuble dictada con fecha 24 de noviembre de 2024 respecto de la licencia Nº105746221-K, que rechazó en su momento la licencia médica presentada por el actor, extendida por un total de 31 días a contar del 02 de agosto de 2024, esgrimiendo como causal de rechazo “reposo no justificado”. A continuación, transcribe los motivos que la mencionada superintendencia tuvo para rechazar la solicitud: “Que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica Nº105746221-K, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 14-06-2024, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá́ del período previamente autorizado de 330 días.”

Agrega que la situación de salud que derivó en la incapacidad laboral del recurrente, comenzó a gestarse por problemas visuales que lo aquejan aproximadamente desde los 4 años de edad, y por los que padece de discapacidad moderada siendo la causa principal “sensorial visual” tal cual consta en su credencial de discapacidad. Recalca que el recurrente presentó ante los órganos recurridos dos certificados médicos extendidos por su médico tratante el oftalmólogo nombre reservado, con fecha 02 de septiembre de 2024 y 28 de octubre de 2024, los que refieren “Paciente con trasplante corneal en dos oportunidades con rechazo del injerto y disminución de AV de manera permanente que no puede mejorar. Es conductor. No tiene posibilidad de un nuevo trasplante”. Agrega que, debido a la pérdida de su visión, el recurrente ha padecido deterioros psicológicos graves.

Precisa que todas las licencias médicas otorgadas al recurrente, desde el comienzo de su enfermedad, fueron autorizadas e íntegramente pagadas, siempre entendiéndose fundadas en el diagnóstico y situación médica ya descrita. Sin embargo, a partir del mes de septiembre del año 2024 las recurridas las rechazaron, sin justificación alguna.

Cita normativa y jurisprudencia.

Concluye que tales hechos decisiones de las instituciones recurridas son ilegales, carentes de fundamento legal, y de toda racionalidad, constituyendo su actuar una vulneración al derecho a la vida, y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República, 2° Que, al informar este recurso, don Omar Blanchait Achondo, abogado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Ñuble, señala que el recurrente, presentó un periodo de reposo continuo, desde el 07 de septiembre del 2023 al 30 de noviembre de 2024, por la patología denominada “Trastornos específicos de la córnea” y de forma continua por “Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos”, agregando que el recurrente acumuló un total de 451 días de reposo, de los cuales la comisión ha rechazado los últimos 121 días, que corresponde a cuatro licencias individuales, tres por 30 días y una por 31 días, individualizadas por los folios N°105746221, N°106600566, N°108016380 y N°109511191, que se extienden desde el 02 de agosto del 2024 hasta el 30 de noviembre del 2024.

Al comienzo de su informe expone que el recurso habría sido presentado fuera del plazo de 30 días, por lo que solicita su rechazo por extemporáneo.

En cuanto al fondo de la acción, expone que el recurrente realizó su solicitud de pensión de invalidez, la cual fue procesada y rechazada con un 25%, con fecha ejecutoriada del 14/06/2024, por lo que de acuerdo a la normativa vigente (Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud), procede el rechazo de las licencias médicas continuas posteriores por igual diagnóstico, ya que se comprueba que no existe un menoscabo laboral que le impida cumplir sus funciones, justificando además, que el reposo no cumple un rol terapéutico, ya que la enfermedad fue calificada como irrecuperable.

Añade que es por ello, que la COMPIN procede a rechazar la LM N°105746221, ya que no se relacionaba en forma directa el diagnóstico con la enfermedad por la cual solicitó su pensión de invalidez, y posteriormente, ingresa las licencias continuas en temporalidad N°106600566, N°108016380 y N°109511191, pero con un diagnóstico completamente diferente, relacionado con salud mental.

Que, en cuanto a estas últimas licencias médicas, la Comisión realiza el rechazo en base a que el cambio repentino de diagnóstico, sumado a la no existencia de un reintegro laboral efectivo y la falta de entrega de informes que respalde el proceso patológico, no entregan datos suficientes para sustentar el proceso de reposo o como este incida en la recuperación del estado de salud, sin poseer a nuestro parecer un rol terapéutico.

Se debe señalar que el referido realizó el proceso de apelación, tanto en la Comisión, como en la Superintendencia, siendo en ambas instancias rechazada su solicitud, en base a los argumentos expuestos con anterioridad.

En este sentido, a juicio de esta parte recurrida, no resulta procedente el que se emplee la acción de protección de los derechos y garantías constitucionales, en forma subsidiaria o como en este caso, como una eventual última instancia de reclamo o apelación, cuando las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo, no le han dado a la recurrente los resultados esperados.

Cita jurisprudencia.

Termina solicitando que se declare inadmisible o rechace la Acción de Protección interpuesta por el recurrente, por haber sido ejercida de forma por demás extemporánea, con costas.

Luego añade que en el caso de ser no ser considerado extemporáneo, hace presente lo dispuesto en el Art. 16 del D.S 3/84, establece que: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”

Además, la conducta administrativa de la COMPIN, se ha regido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de La República y por el artículo 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, artículos 3, 41 y demás normas pertinentes de la ley N° 19.880, indicando en la notificación del rechazo la procedencia recursiva en contra de la resolución y ante que institución administrativa debe interponerse. Por ende, no existe acto arbitrario e ilegal alguno respecto de las resoluciones que rechazan las licencias médicas reclamadas.

Señala que COMPIN ha regido su actuar de acuerdo a la normativa legal vigente, ajustando los procesos a las atribuciones que la Ley y otros cuerpos legales le confieren. Cabe señalar también que la instancia administrativa para solicitar la revisión de los antecedentes le corresponde a nuestro superior jerárquico técnico, a saber, la Superintendencia de Seguridad Social, requerimiento que fue realizado y resulto aprobado nuestro actuar.

Advierte que el Recurso de Protección se interpone en contra del rechazo de las licencias médicas, aduciendo que se habría vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 numerales 1º, 2º, y 24 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, los hechos descritos refieren a los requisitos de trámite y pago de una licencia médica, lo que en definitiva dice relación con aquella garantía establecida en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es decir, “El Derecho a la Seguridad Social”, expresamente excluido de la acción de protección. Resulta manifiesto que la garantía que tiene relación con los objetos del presente recurso, es una de las que, precisamente, no se encuentra amparada por el ejercicio de la Acción de Protección, y es por eso que esta vía no resulta procedente para resolver la materia de autos.

Así mismo, cabe tener presente que los hechos descritos en la presentación de autos y las peticiones que se formulan al tribunal exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida a su carácter cautelar, y considerando además que según se desprende de la propia narrativa del recurso y de los antecedentes acompañados, no se ha agotado por la parte recurrente la vía administrativa, sin justificar una situación de emergencia, ni un derecho indubitado que permita omitir el procedimiento establecido en la ley.

Añade que el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, en su artículo 194 contempla la existencia de un procedimiento administrativo especial, que se aplica a casos de rechazos de licencias médicas. Dicho procedimiento, se encuentra explicitado en el D.S. N°3, del Ministerio de Salud del año 1994 y en la circular número 71 del año 2003, de la Superintendencia de Salud. Sostiene que ésta resulta la vía idónea para debatir la materia objeto de estos autos, toda vez que corresponde al procedimiento que se encuentra expresamente establecido por ley. Estima que las últimas modificaciones legales en materia de licencias médicas, en particular la ley 20.585, del 11 de mayo de 2012, ha fortalecido a nuestra institución (COMPIN) y, en último término, de la Superintendencia de Seguridad Social para evaluar y resolver de forma más rápida, correcta y eficiente respecto de las licencias médicas de los trabajadores. Carece de todo sentido dotar estándares, mayores potestades y procedimiento de resolución a los órganos encargado de la Seguridad Social para, finalmente, saltar toda aquella normativa mediante la Acción de Protección que, esencialmente desformalizado, busca poner fin a situaciones de vulneración constitucional flagrante, hecho que no ocurre en autos, dado que el recurrente ha ejercido su derecho a impugnar nuestra resolución en sede administrativa, lo que en definitiva no se acogió.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

3° Que, informa el abogado Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, que la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 12 de febrero de 2025, en circunstancias que el Sr. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 28 de octubre de 2024, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-165099-2024, de fecha 22 de octubre de 2024, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Ñuble, que rechazó la licencia médica N° 105746221-K, extendida por un total de 31 días, a contar del 02 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 14-06-2024, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25%, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 330 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-186473-2024, de 02 de diciembre de 2024.

Ahora bien, según se advierte de la presentación efectuada a este Servicio por el Sr. nombre reservado, acompañado en autos, aceptó estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico, aportando su casilla de correo electrónico.

En ese sentido, al momento de dictar la Resolución Exenta N° R-01-IBS-186473- 2024, de 02 de diciembre de 2024, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por el recurrente, notificación que se realizó el mismo 02 de diciembre de 2024, según consta en el correo electrónico de notificación, adjunto en autos.

De tal manera, existe la certeza que el Sr. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 02 de diciembre de 2024, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Por otra parte, si bien el recurrente señala haber sido notificado del acto el día 23 de enero de 2025, únicamente acompaña copia de la citada resolución, sin que conste la supuesta notificación en la fecha señalada, por lo que no es posible desvirtuar la notificación efectuada por este Servicio, de la forma ya descrita.

Por tanto, el plazo para la presentación de la acción de autos venció el 01 de enero de 2025, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 12 de febrero de 2025 esto es, largamente fuera de plazo.

Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto al fondo, informa que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Continúa señalando que, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Agrega que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 24 de septiembre de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Ñuble, rechazó la licencia médica N° 105746221-K, extendida por un total de 31 días, a contar del 02 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, el paciente inicia su Primer Trámite de Pensión de Invalidez el 01-03-2024, el que se encuentra rechazado, con Menoscabo de la Capacidad de Trabajo, de 25 %. El paciente, por empeoramiento de su Enfermedad de Base y/o nueva Enfermedad, puede realizar un Nuevo Trámite de Pensión de invalidez, si este Trámite le resulta favorable, con Menoscabo de la Capacidad de Trabajo igual o mayor al 50 %, puede reconsiderar Licencias Médicas rechazadas. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-165099-2024, de 22 de octubre de 2024.

Ahora bien, el Sr. nombre reservado se presenta por segunda vez, con fecha 28 de octubre de 2024, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME- 165099-2024. Respecto a ese reclamo, este Servicio cumplió con informar que el reposo prescrito no se encuentra justificado, debido a que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 14-06-2024, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 330 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-186473-2024, de 21 de diciembre de 2024.

Por su parte, los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: R1Paciente de 53 años, Conductor., 330 DIAS AUT, Otros edemas de la cornea, SOL. 31 DIAS DD. 02/08/2024, Oftalmologia.IM de septiembre 2024, indica que el paciente es Conductor y que NO tiene posibilidad de un nuevo Trasplante. Dict. Ejecutoriado el 14/06/2024: MCT 25% Acta Comisión Medica Visión anormal 2° a rechazo de injerto corneal OD: en ojo derecho se realizaron 2 trasplantes de córnea (1989 y 2011), no recuerda nombre de patología. En agosto 2023 inició con ojo rojo derecho, ardor ocular, disminución de AV y epifora. Fue evaluado por oftalmólogo CAE HHM, se diagnosticó rechazo de injerto corneal, se indicó Prednisona 60 mg/d VO y Prednisona colirio 1 gota. c/1h. En control de sept/23 se constata excelente evolución (según registro de atención), se ajustó tto a Prednisona 10 mg/d y Prednisona colirio 1 gota c/6h, lágrimas artificiales y cloranfenicol 1 gota a c/8h, SA c/6h y lente de contacto OD (para evitar irritación) *IC Oftalmología: AV ODI 0/0 y 0.9/1. CV ODI 0/440. Injerto corneal opaco y pesudofáquico OD, OI normal. Conclusión: menoscabo combinado de AV y CV de 25%.TPI RECHAZADO, LM POSTERIOR. RECHAZAR.”. Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir. Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, prosigue, la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Hace presente que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, considera que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, advierte que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, concluye que no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

Termina solicitando el rechazo del recurso.

4°.- Que, en relación a la extemporaneidad, las particularidades fácticas del caso en cuestión, y las garantías afectadas, permiten establecer que los actos reprochados, producen una afectación permanente de las garantías del recurrente, por lo que estima que su interposición ha sido oportuna.

5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, en la especie según dan cuenta los documentos acompañados al presente recurso la recurrente busca dejar sin efecto la Resolución exenta N° 81-24-001379 de fecha 19 de enero de 2024 y Resolución exenta N° 81-24-002329 de fecha 14 de febrero de 2024 ambas de la COMPIN, resoluciones que rechazan la licencia médica N°4-167570186 por un total de 14 días, por estimar que dichas resoluciones carecen de fundamento y no ponderan los informes médicos acompañados por su parte.

8º.- Que, en base a lo expuesto habrá de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. ”

9º.- Que, de los antecedentes aportados las recurridas aparece que la decisión de la Comisión Médica recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de la licencias médica objeto de este recurso, no se apoya en ninguna evaluación del recurrente destinada a verificar su actual estado de salud, de manera de poder determinar que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido.

10º.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de la licencia médica concedida por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Miryam Ysabel Melgar Zeballos, en representación de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región del Ñuble y de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto, a que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Ñuble deberá disponer que se encargue un nuevo informe médico, en los términos del artículo 21° del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, acerca de la dolencia que da cuenta el recurso del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, como asimismo que tal informe cumpla con los parámetros exigidos por la propia recurrida Superintendencia de Seguridad Social, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente arbitrio constitucional.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Baltazar Guajardo Carrasco.

No firman el ministro señor Arias ni el magistrado señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal el primero y por haber cesado en el cargo de ministro suplente el segundo.

Rol N° 112-2025 PROTECCIÓN.