BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con nombre reservado

Chillán, diez de Octubre de dos mil dieciocho.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Abogado Integrante señor Eduardo Peñafiel Peña.

Chillán, diez de Octubre de dos mil dieciocho.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Iván Arriagada Burgos en representación de Banco de Crédito e Inversiones, sociedad anónima bancaria, persona jurídica del giro de su razón social, RUT Social número 97.006.000-6, y a nombre de nombre reservado, nombre reservado y de Servicios Automotrices e Inversiones JEG Limitada, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, exponiendo que por escritura pública de compraventa y mutuo hipotecario de fecha 13 de julio del año 2018, Repertorio Numero 3826/2018, otorgada ante la Notaría de Chillán de don nombre reservado, los señores nombre reservado y nombre reservado, vendieron a Servicios Automotrices e Inversiones JEG Limitada el predio denominado Parcela Doce de la subdivisión del inmueble ubicado en sector nombre reservado, comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, denominado “Proyecto de Parcelación Rural Santa Cecilia”, de una superficie de 0,50 hectáreas o 5.000 metros cuadrados aproximadamente, amparada bajo la inscripción de dominio de fojas 3.236, número 2.409 del Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. Agrega que, en la misma escritura pública se dejó constancia que en el predio objeto de la venta se encuentran construidas dos casas habitacionales, una de 80 metros cuadrados y la otra de 70 metros cuadrados, las que cuentan con recepción definitiva municipal según certificados de regularización de permiso y recepción definitiva número 42 y número 43, ambos de fecha 5 de diciembre de 2017, de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de San Fabián.

Señala que en la escritura pública la compradora constituyó hipoteca de primer grado específica sobre el pedio Parcela Doce a favor del Banco de Crédito e Inversiones, con el fin de garantizar el fiel y pago de un mutuo hipotecario de dinero por la cantidad de 2.592 unidades de fomento, destinado por la compradora a pagar el precio de la compraventa a los vendedores, en el plazo y demás condiciones que indica el referido instrumento público, el que fue ingresado en el oficio del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos el 30 de julio del año 2018, anotándose en el Libro Repertorio bajo los números 4743, 4744 y 4745, para los efectos de practicar la respectiva inscripción de dominio a favor de compradora, las inscripciones de la hipoteca específica y de la prohibición de gravar y enajenar a favor del Banco, habiéndose pagado los derechos del Conservador en su totalidad, según boleta N° 287210 de fecha 30.07.2018, cuya copia acompaña.

Manifiesta que el Conservador de Bienes Raíces de San Carlos mediante sucesivos reparos, ha rehusado practicar las inscripciones a favor de la compradora y las inscripciones de hipoteca y prohibición de gravar y enajenar constituidas a favor del Banco de Crédito e Inversiones, basándose el primero de ellos, en que se omitió la declaración exigida por el artículo 7° del Decreto Ley 1939 para adquirir inmuebles en “zona fronteriza”, calidad que tiene la comuna de San Fabián, ante lo cual las partes, mediante escritura pública de complementación de fecha 8 de agosto del año 2018, declararon bajo juramento que los vendedores son de nacionalidad chilena, nacido en la República de Chile y la compradora, por medio de sus apoderados, que tiene su sede principal en Chile, que sus capitales y patrimonio son chilenos y que su administración y control son ejecutados por sus socios administradores don nombre reservado y por don nombre reservado, ambos nacidos en Chile y de nacionalidad chilena. Sin embargo, mediante escrito de rehusamiento de fecha 5 de septiembre pasado, el recurrido comunica formalmente a las partes contratantes que no practicará la inscripción de dominio a favor de la compradora y tampoco las inscripciones de hipoteca y prohibiciones a favor del Banco de Crédito e Inversiones, en razón de varios reparos que expresa. Así, uno de éstos, se encuentra basado en la presunta infracción al artículo 2 del Decreto Ley 3.516, sosteniendo que el recurrido incurre en error de hecho y de derecho, dado que en ninguna parte de la escritura de compraventa consta que las partes contratantes hayan cambiado el destino o uso agrícola del predio por el de uso habitacional, por lo cual el recurrido se asila en una apreciación o subjetividad propia, al estimar que en el contrato las partes habrían cambiado el uso del suelo de agrícola a suelo de uso habitacional. Tampoco consta que lo hayan autorizado las autoridades competentes en la materia, estimando que la sola circunstancia que dentro de la referida parcela se hayan construidos dos casas-cabañas, no lo transforma en un predio de uso agrícola o forestal a uno de uso habitacional, por lo que no corresponde ninguna declaración de las partes en tal sentido, como lo pretende el Conservador y, de ser así, ello significaría que todos los fundos ubicados dentro de la comuna de San Fabián estarían en la condición de predios de uso habitacional y no de uso agrícola, por tener más de una casa habitacional dentro de sus linderos, sea para el uso de sus dueños, sea para el uso de sus trabajadores, lo que resulta un absurdo.

Añade que la sociedad compradora está formada por dos socios, los vendedores nombre reservado y nombre reservado, lo que le hace concluir que en este caso no existe ningún propósito o intención de convertir en habitacional un predio que, por su naturaleza, ubicación y destino, es de uso y destino agrícola o forestal, la que tiene la calidad de parcela de agrado con una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, todo lo cual demuestra que cumple con todas las normas del Decreto Ley 3.516. Menciona que el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que, fuera de los límites urbanos establecidos en los planos reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, igual entendimiento al cual habría llegado el Notario Público de Chillán don nombre reservado, al autorizar el otorgamiento de la escritura pública de compraventa y mutuo hipotecario de fecha 13 de julio del año 2018.

Sostiene que causa sorpresa el referido reparo, si se considera que el predio tiene su origen en la subdivisión de un predio de mayor extensión, en el que sus antecesores ejecutaron el “Proyecto de Parcelación Rural denominado Santa Cecilia“, compuesto de 48 parcelas de agrado, aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de San Carlos con fecha 10 de enero de 2011 y con fecha 13 de enero del mismo año, respecto de la cual se han enajenado y transferido no menos de 21 parcelas, entre ellas, la parcela Doce, lo que consta del mérito de las subinscripciones practicadas al margen de la inscripción de dominio de fojas 2372 número 1250 del Registro de Propiedad del año 1991, del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, situación que por la vía del oficio que indica, busca acreditar que muchos de sus propietarios han construido viviendas de diversas superficies, lo que no ha impedido al Conservador recurrido practicar sin reparos las correspondientes inscripciones de dominio, sin perjuicio que el Servicio de Impuestos Internos asignó roles de avalúos a todas y cada una de las 48 parcelas antes señaladas, siendo la de la parcela Doce objeto de la compraventa, se le asignó el rol de avaluó número 350-91 de la comuna de San Fabián.

Indica que el recurrido efectúa también reparo basado en la supuesta presunción del inciso segundo del artículo 136 de la Ley General de Urbanismos y Construcciones, lo cual no es efectivo, en cuanto a que la venta de la parcela Doce sea a favor de una comunidad, pues consta del texto de la escritura pública de compraventa que la venta es a favor de una persona jurídica denominada Servicios Automotrices e Inversiones JEG Limitada, quien por medio de sus apoderados la adquiere para sí en forma exclusiva y no a favor de una comunidad, entidad aquella que por lo demás no está impedida por ley para adquirir predios, sean estos de destino agrícola, forestales, industriales , urbanos, etc., por lo que la presunción del inciso 2º del artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no es aplicable al predio en cuestión, el que cuenta con una urbanización mínima, según certificados de la DOM de la Municipalidad de San Fabián, estimando poco afortunada la referencia que en el reparo se hace al inciso 2º del artículo 136 de L.G.U.C. , toda vez que del texto completo de la referida norma legal se infiere que esa norma se refiere exclusivamente a construcciones de poblaciones, apertura de calles, formación de nuevos barrios, loteo o subdivisión de un predio, circunstancias que no se aplican en este caso. Precisa que la parcela se vende con una urbanización mínima, toda vez que cuenta con sus servicios básicos de agua potable y fosa séptica con alcantarillado particular, según reza el informe del tasador del predio y que, además, las dos casas o cabañas cuentan con recepción definitiva según certificados de regularización de permisos y recepción definitiva números 42 y 43, de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de San Fabián.

Agrega que, respecto al reparo basado que el Banco de Crédito e Inversiones no habría acreditado las exigencias del artículo 7 del Decreto Ley 1939, sostiene que las prohibiciones a que se refiere la norma citada es aplicable sólo a personas de nacionalidad de países limítrofes y a las personas jurídicas con sede principal en países limítrofes o cuyo control efectivo se encuentra en manos de nacionales de países vecinos, cuyo no es el caso del Banco de Crédito e Inversiones, que es un ente de nacionalidad chilena.

Estima que la ilegalidad y arbitrariedad del Conservador se demuestra, especialmente, en que la parte final del escrito de rehusamiento, señala textualmente: “por lo expuesto, y mientras no se de la seguridad de que el inmueble objeto de la compraventa no se destinara a fines urbanos o habitacionales, y se cumpla con los requisitos legales, la inscripción requerida resulta legalmente inadmisible y en conformidad al art. 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, se rehúsa”. En relación con ello, el 7 de septiembre del año en curso, se le propuso al Conservador salvar todos los reparos mediante una nueva escritura pública de complementación, suscrita por todas las partes, sin embargo éste expresó que en su entender, “los vicios eran de nulidad”, por lo que definitivamente no podía practicar las inscripciones de dominio y de la hipoteca, salvo que ellas fueran ordenadas por un Tribunal de Justicia. Otro aspecto que demostraría la arbitrariedad sería el que los presuntos vicios, en opinión del Conservador, serían de nulidad absoluta, no obstante que es sabido que un acto o contrato debe reputarse plenamente válido mientras no se declare su nulidad por declaración de un tribunal de justicia, lo que no ha ocurrido en este caso y tampoco constar nulidad alguna en el título. Además, porque resulta ser un tanto vaga o muy genérica la frase empleada por el Conservador, al expresar que, “… y se cumplan con los requisitos legales”, preguntándose la recurrente ¿Cuáles son esos requisitos legales que deben cumplir además las partes? Asimismo, considera arbitraria la decisión del Conservador al no ser efectivos que las partes contratantes hayan cambiado el uso o destino agrícola del predio a uso habitacional, que se haya enajenando a favor de una comunidad, que el predio objeto de la venta no se encuentra urbanizado, no habiéndose dado en los hechos, los presupuestos fácticos ni de Derecho que hagan aplicable al Banco de Crédito e Inversiones, la norma contemplada en el artículo 7° del Decreto Ley 1939, con sus modificaciones. Finalmente, también considera un acto arbitrario de parte del Conservador, el hacer reparos en forma gradual en el tiempo y no de una sola vez, como sería de esperar, lo que genera incertidumbre en el actuar siendo ilegal y arbitrario su actuar, ya que su proceder ha impedido hacer la tradición del predio a favor de la compradora, como asimismo, la imposibilidad de practicar la inscripción de hipoteca en favor del Banco, imposibilitando del mismo modo poder formalizar la operación hipotecaria respectiva por un monto de U.F. 2.592, con un derecho real de hipoteca en el aire, concluyendo que se infringe la garantía constitucional del derecho de propiedad, previsto en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que perturba y priva el derecho de propiedad de los vendedores, al impedirles recibir el precio de la venta a que tienen derecho, la del comprador, quien se ha visto impedido de poder transferir el dominio del predio en su favor por faltar de la inscripción registral para perfeccionar la tradición y, además, y el derecho de propiedad del Banco de Crédito e Inversiones, con un mutuo aprobado y sin que hasta ahora haya podido inscribir su derecho real de hipoteca para cautelar el pago del mismo.

Termina solicitando que, de acuerdo con lo expuesto, artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 29 de marzo de 1977, se tenga por presentado recurso de protección en contra del señor nombre reservado, abogado, en su calidad de Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, y en definitiva se le ordene, dentro del más breve plazo, practicar las inscripciones de dominio en favor del comprador “Servicios Automotrices e Inversiones JEG Limitada” y las inscripciones de hipoteca y de prohibiciones en favor del Banco de Crédito e Inversiones, respecto del predio Parcela Doce de la subdivisión del inmueble ubicado en sector nombre reservado, comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, denominado “Proyecto de Parcelación Rural Santa Cecilia o, en subsidio, resolver, declarar y ordenar lo que en Derecho se estime prudente.

2°.- Que, informando la presente acción comparece el Conservador de Bienes Raíces de San nombre reservado, quien refiere que rehusó la inscripción de la escritura de compraventa, mutuo e hipoteca celebrada el 13 de julio pasado y complementada por otra de ocho de agosto último, en que nombre reservado y nombre reservado venden y transfieren a Servicios Automotrices e Inversiones JEG Ltda. la parcela Doce del sector La nombre reservado, comuna de San Fabián, por tratarse de un inmueble ubicado en zona fronteriza el que exige el cumplimiento de requisitos no considerados en la escritura, especificando que su fundamento se encuentra en elementos objetivos, considerando la normativa del artículo 2 del D.L. 3.516 de 1980, habiendo analizado conforme los antecedentes que describe la escritura de compraventa y la historia del predio que se vende y otros que se fueron trayendo al Conservador, se podía establecer que se respetaba la normativa, cuya conclusión estima ser el que no estaba acreditado que se respete o se vaya a respetar la normativa del artículo 2 de D.L 3516 de 1980, la que dispone que los titulares de derechos de los predios rurales deben respetar el destino agrícola, ganadero y forestal del inmueble, cambio de destino que puede producirse al comprar el predio o con posterioridad, pues la disposición alude a quienes bajo distintas formas jurídicas produzcan el resultado de ese cambio. En consecuencia, el predio rústico debe mantener su destino agrícola, ganadero o forestal, sin destinarlo a fines urbanos o habitacionales, salvo que exista autorización de un cambio de uso del mismo en los términos del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 46 de la Ley 18.755, no existiendo constancia alguna en tal sentido.

Manifiesta que existen elementos objetivos que fluyen de la escritura pública Repertorio Notarial 3.826, siendo estos: 1) Venta de un predio rústico, es decir ubicado fuera de los límites urbanos; 2) Constancia que declara la escritura de venta que en el predio existen dos casas habitacionales de 180 y de 70 metros cuadrados respectivamente, regularizadas en el año 2017, es decir, con posterioridad a la adquisición del predio por parte de los vendedores, que fue en el año 2013; 3) Regularización de construcciones que se hizo en conformidad a la Ley 20.898, y no en conformidad al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Manifiesta que este último precepto es el que permite, fuera de los límites urbanos, levantar construcciones para la explotación agrícola del inmueble o para vivienda del propietario y sus trabajadores, lo cual requiere permiso y recepción conforme a los artículos 116 y 145 de esta última ley; 4) El giro de la parte compradora, servicios automotrices e inversión, donde no aparece la actividad agrícola, y 5) Rol de avalúos 354-91 de San Fabián del predio que se vende, cuyo destino se indica como habitacional, no destino agrícola, considerando que, dado tales elementos objetivos, le pareció fundamental que las partes dieran seguridad en cuanto a que no se había cambiado o no se cambiará el destino agrícola del inmueble, velando así por el respeto de la normativa del artículo 2 del D.L 3.516, exigiendo tal seguridad y mientras no se diere, en su calidad de Conservador, estaba impedido de practicar la inscripción.

Manifiesta que en el rehusamiento añadió como antecedente la interpretación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo contendida en oficio Ordinario 0666 del 18 de Diciembre del 2017, que hace aplicable a la compraventas, como la que celebraron los vendedores en el año 2013, mediante la cual adquirieron el predio que ahora venden por la citada escritura Repertorio 3.826, la presunción del inciso 2o del artículo 136 de la L.G.U.C., en el sentido de que la venta sobre un predio no urbanizado a favor de una comunidad tiene por objeto la subdivisión del mismo sin la necesaria urbanización, según expresa, siendo que en la escritura del año 2013, que dio origen a la inscripción, no se hace referencia a las 2 casas habitacionales regularizadas en el año 2017 conforme a la Ley 20.898. Finalmente señala que el rol de avalúos N° 354-91 de la comuna de San Fabián, del predio que se vende, según catastro actualizado al 2 de agosto del 2018, establece su destino habitacional, por lo que concluyó que el aludido predio tenía un destino no agrícola.

Plantea que el rehusamiento no señala que la escritura de compraventa sea nula absolutamente, pues, de haber sido así, no habría señalado que mientras no se dé seguridad de que el inmueble no se destinará a fines urbanos o habitacionales y se cumpla con los requisitos legales, la inscripción resulta legalmente inadmisible, sosteniendo que la seguridad solicitada puede ser otorgada por varios medios, como mediante una escritura complementaria en que la parte compradora se obligue a mantener el destino agrícola del inmueble, a no destinarlo a fines urbanos o habitacionales o a no subdividirlo sin la autorización de los organismos correspondientes, prohibición que podría o debería inscribirse en el Registro de Prohibiciones del Conservador o por otras pruebas que pudieran rendirse en el procedimiento de reclamo del artículo 18 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, no recordando haber mantenido una conversación en los términos señalados por el recurrente.

Indica que, en cuanto a que el Banco de Crédito e Inversiones no ha probado los requisitos exigidos por el artículo 7 del D.L 1939, pues se trata de la adquisición del derecho real de hipoteca respecto de un bien raíz ubicado en zona fronteriza, San Fabián, por lo que debe cumplirse con el referido precepto para inscribir la compraventa con hipoteca y prohibición.

Agrega que resulta habitual que las partes interesadas se entrevisten con el Conservador, como ocurrió en la especie y, según lo que se analice, posteriormente acompañen documentos o efectúen diligencias que acuerden con el Conservador en aras de superar observaciones analizadas en la entrevista. Indica que ello así ocurrió en relación con el Certificado del 29 de agosto del 2018, emitido por Obras Municipales de San Fabián a nombre de uno de los vendedores, documento el cual entiende le fue acompañado y que adjunta a este informe, indicando que conversó con el abogado Iván Arriagada quién le propuso una solución 2 días después del rehusamiento del 5 de septiembre, respecto de la forma en que el Banco de Crédito probará los requisitos del Art. 7 del DL 1939.

Finalmente, sintetizando su presentación, estima su actuación ajustada a Derecho, estimando exigir, para la inscripción de la venta, se diera seguridad por los contratantes de la existencia o mantención del destino agrícola del inmueble, sin perjuicio que basta para el rehusamiento lo anteriormente expuesto, el rol de avalúo del inmueble indica que su destino es habitacional, no constituyendo ello un capricho ni un acto arbitrario, sino que se traduce en la manifestación del cumplimiento de un deber registral.

3°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

4°.- Que, la parte recurrente sostiene que el rehusamiento efectuado por el Sr. Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, al negarse a inscribir el contrato de compraventa y mutuo hipotecario de 13 de Julio de 2018, contenido en escritura pública suscrita ante el Notario Público de Chillán don nombre reservado, Repertorio 3826-2018, sería ilegal y arbitrario, afectando el derecho de propiedad, protegido en el numeral 24 del artículo 19 del Código Político, para terminar solicitando que se disponga que dicho Conservador en el más breve plazo practique las inscripciones denegadas o en subsidio se ordene lo que este Tribunal estime pertinente.

5°.- Que, de acuerdo con el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales son conservadores los ministro de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria, de prenda industrial, de especial de prenda y demás que les encomienden las leyes.

6°.- Que, por su parte el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, en su artículo 12 preceptúa: “El Conservador inscribirá en el respectivo Registro los títulos que al efecto se le presenten. Que de otro lado, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo estatuye que: El Conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones: deberá, no obstante, negarse, si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible; por ejemplo, si no es auténtica o no está en el papel competente la copia que se le presenta; si no está situada en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha dado al público el aviso prescrito en el artículo 58; si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente, o si no contiene las designaciones legales para la inscripción.

Que, finalmente el artículo 18 dispone que: “La parte perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el Conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda”.

7°.- Que, es posible constatar que el citado Reglamento contempla el procedimiento que ha de seguirse cuando el Conservador de Bienes Raíces se niega a inscribir un título, que se traduce en que la parte agraviada con el rehusamiento, puede reclamar de ello a la justicia ordinaria, que resolverá sin más trámite, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, salvo que se formule oposición por legitimo contradictor, en cuyo caso el negocio se hace contencioso.

8°.- Que, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que es al Juez señalado en el artículo 18 del Reglamento a quien compete pronunciarse sobre la negativa y; en particular, sobre la concurrencia o no del supuesto de ilegalidad que justifica la inadmisibilidad de la inscripción. Al efecto se transcribe considerado undécimo de sentencia de 06 de Enero de 2015, en autos Rol 8411-2014: “Que, a lo anterior es dable agregar, que la misma ley ha encomendado a los tribunales la competencia para pronunciarse acerca de la concurrencia de la situación de ilegalidad advertida a propósito del requerimiento de 18 de julio de 2011 y si dicha ilegalidad justifica mantener la negativa del Conservador de Bienes Raíces, lo que se desprende del claro tenor del artículo 18 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces. Y en la resolución a adoptarse necesariamente debe examinarse la legislación vigente y aplicable al caso, para lo cual debe integrarse -en el ejercicio de la jurisdicción propia de los jueces de la República- toda la normativa que regula la materia y, especialmente, aquella que contempla las consecuencias jurídicas aplicables a la situación de que se trate, por cuanto la decisión de no transformar la anotación presuntiva que no era tal en inscripción se ubica dentro del examen que en la sentencia impugnada debe realizarse acerca del requerimiento cuya transformación en inscripción no operó, resultando acorde con las facultades del tribunal respectivo”.

9°.- Que, en igual sentido encontramos la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 24 de Diciembre de 2015, Rol 19.782-2015, cuyo considerando noveno dispuso: “Que, a lo anterior se debe agregar, que la misma ley ha encomendado a los tribunales la competencia para pronunciarse acerca de la concurrencia de aquella situación de ilegalidad advertida por el Conservador de Bienes Raíces y si dicha ilegalidad justifica mantener la negativa de este auxiliar de la administración de justicia, lo que se desprende del claro tenor del artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. En el marco del procedimiento aludido precedentemente, los Tribunales de Justicia están obligados a analizar la negativa desde el punto de vista de la legislación vigente y aplicable al caso, para lo cual debe integrarse -en el ejercicio de la jurisdicción- toda la normativa que regula la materia y, especialmente, aquélla que contempla las consecuencias jurídicas aplicables a la situación planteada, por cuanto la decisión de rechazar la inscripción conservatoria del título en el Registro de Propiedad, conllevará en la práctica la ineficacia formal y material del mismo…”.

10°.- Que, a partir de lo expuesto por la parte recurrente y lo informado por el Sr. Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, queda en evidencia que al no estar establecido indubitadamente el derecho que estiman conculcados los mismos, puesto que existe una discrepancia en cuanto al cumplimiento de la normativa legal asociada a los predios rústicos, el recurso de protección no es la vía idónea para dilucidar la cuestión esgrimida, por lo que deberá ser rechazado, sin perjuicio de las acciones que pueda impetrar el afectado ante el tribunal que corresponda, a partir del procedimiento establecido en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, el que permite discutir el fondo de la controversia, así como la aportación de los elementos probatorios que permitan al Tribunal en último término dilucidar si el rehusamiento se funda o no en causal legal y resolver en consecuencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el aludido recurso interpuesto por el Banco de Crédito e Inversiones por sí y a favor de nombre reservado, nombre reservado y de Servicios Automotrices e Inversiones JEG Limitada, en contra del Conservador de Bines Raíces de San Carlos don nombre reservado.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Eduardo Peñafiel Peña.

R.I.C.: 1113 – 2018 – PROTECCIÓN.