MANUFACTURAS EBLEN S.A. con nombre reservado

Chillán, nueve de septiembre de dos mil diecinueve.

Visto:

1° Comparece el abogado Pedro Matamala Souper, en representación de Manufacturas Eblen S.A., interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble representado por don nombre reservado, jefe de la Inspección Provincial y en particular en contra de la actuación de su funcionaria, doña nombre reservado, inspectora de la referida Inspección, a fin de obtener el resguardo de sus derechos constitucionales afectados por el acto ilegal o arbitrario consistente la fiscalización Región 16 Inspección 01 año 19 N° fiscalización 846, respecto de la trabajadora nombre reservado, a raíz de la cual se ha privado, perturbado o al menos se ha amenazado los derechos de su representada consagrados en el artículo 19 numerales 2°, 3° inciso quinto y sexto de la Constitución Política de la República de Chile.

Señala que la Sra. nombre reservado es trabajadora dependiente de su representada, la que se encuentra con fuero maternal hasta el mes de mayo de 2020, agregando que con fecha 17 de julio de 2018, se le comunicó a dicha trabajadora mediante carta el cierre del local de Los Ángeles en el que prestaba servicios, otorgándole diversas opciones para enfrentar la situación, sin embargo esta no entregó ninguna respuesta ante la propuesta, además de no prestar servicios por un largo período debido a licencias médicas, y a los descansos de maternidad a que tuvo derecho hasta el día 24 de julio de 2019, fecha en la cual se terminó su descanso post natal parental.

Posteriormente el día 25 de julio de 2019, la Sra. nombre reservado se presentó a prestar servicios en el local de Chillán de su representada, registró su asistencia y manifestó que se dirigiría a la Inspección del Trabajo, ya que negó todo acuerdo respecto de su situación, por lo que acto seguido presentó denuncia ante la recurrida. Ya el mismo día 25 de julio de 2019, su representada, a través de nombre reservado recibe un llamado telefónico de un funcionario que actúa en representación de la recurrida, que le comunica de la denuncia realizada por la Sra. nombre reservado en relación al cambio del lugar de trabajo, exigiéndole arribar a un acuerdo con la trabajadora, ya que en caso contrario se cursarían multas, al estimar que el traslado en cuestión constituiría una infracción de la legislación laboral, exigiendo el otorgamiento de un permiso con goce de remuneraciones. Es frente a la ante dicha situación que su representada se ve obligada a otorgar un permiso con goce de remuneraciones a la Sra. nombre reservado hasta el día 05 de agosto de 2019, una vez terminado el permiso la trabajadora se presenta a trabajar, marca asistencia, y luego se dirige a la Inspección, y así lo hace todos los días, hasta el 09 de agosto de 2019, en que presenta licencia médica.

Refiere que con fecha 09 de agosto de 2019, la recurrida notificó el inicio de procedimiento de fiscalización a la gerente de tienda, en dicha oportunidad, la Inspectora nombre reservado, reitera lo comunicado a través del llamado telefónico, reiterando la amenaza de cursar la multa respectiva por trasladar a la trabajadora amparada por fuero maternal, y reitera sus exigencias de llegar a un acuerdo con la trabajadora, u otorgar un permiso con goce de remuneraciones, hasta que termine el fuero de la trabajadora, ya que en caso contrario inevitablemente se cursará la multa respectiva. Es ante la negativa de su representada, que la recurrida a través de su inspectora, comunica que cursará la multa respectiva, y que se debe esperar que esta sea notificada, de manera tal que si se pretende subsanar esta situación, el empleador debe adoptar alguna de las medidas antes indicadas dentro del plazo de 15 días contados desde que se notifique la multa, ya que en caso contrario, se procederá al autodespido de la trabajadora.

Indica que la separación de la trabajadora no se realizó de forma ilegal, ya que su representada adopto todas las medidas tendientes a afrontar la situación con acuerdo de la trabajadora, comunicándole oportunamente los hechos y entregando alternativas, frente a lo cual la trabajadora no dio respuesta alguna, y que en caso alguno el traslado puede ser considerado ilegal, encontrándose plenamente justificado y dentro de la esfera de atribuciones que la ley otorga al empleador ya que en todo momento se ha respetado el fuero maternal de la trabajadora.

Menciona que la Inspección Provincial del Trabajo, se excedió en el ámbito de sus atribuciones y potestades, y asimismo se atribuyó facultades propias y exclusivas de los tribunales de justicia, debiendo haberse abstenido de intervenir en la especie, ya que el fuero maternal de que goza la trabajadora no se extiende al cambio del lugar de trabajo, y actuando la recurrente en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 12 del Código del Trabajo, además la recurrida no agota su conducta ilegal en la sola amenaza e imposición de multa administrativa, sino que exige la reparación de la supuesta infracción y amenaza con un supuesto autodespido.

Menciona que el acto recurrido en virtud del Recurso de Protección, es el procedimiento de fiscalización realizado por la recurrida región 16, Inspección 01, año 19, N° fiscalización 846, que fue antecedido por un llamado telefónico, oportunidades en las cuales la recurrida, realiza una serie de exigencias respecto de la Sra. nombre reservado, cuestionando la modificación del lugar de trabajo, todo bajo la amenaza de imponer la correspondiente sanción administrativa, y luego de auto despido de la Sra. nombre reservado.

En cuanto a la normativa aplicable, hace mención a los artículos 201, 174, y 12 del Código del Trabajo, agregando que la recurrida con su actuar ha afectado las disposiciones constitucionales y legales del artículo 76 de la Constitución Política de la República, el artículo 1º y 5° y 108° del Código Orgánico de Tribunales y artículo 420 del Código del Trabajo, normas que fueron desatendidas por la recurrida al atribuirse facultades exclusivas y excluyentes de los tribunales de justicia Agrega que conforme lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución de la República, los actos en comento son nulos, toda vez que el actuar de la recurrida ha vulnerado la normativa vigente, excediendo el ámbito de su competencia, quebrantando los principios de Legalidad y Juridicidad, en cuya virtud ningún órgano o persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por la Constitución o las leyes, lo que fue transgredido en la especie.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, hace mención al Artículo 19 N° 2, N° 3 inciso 5°y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, procediendo a hacer mención de diversa doctrina y jurisprudencia.

Finaliza solicitando tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble, representada por don nombre reservado, jefe de la referida Inspección Provincial, y en particular en contra de la actuación de la Inspectora doña nombre reservado, acoger los fundamentos de su presentación, declarando que el actuar de la parte recurrida es arbitrario y/o ilegal, que ha privado, perturbado o al menos amenazado las garantías constitucionales que se han señalado como conculcadas, ordenándose el cese de los actos vulneratorios y declarando que se suspendan todos los efectos de los actos impugnados en forma completa, ordenando a la Inspección Provincial del Trabajo, que se inhiba de seguir conociendo del asunto, y que en definitiva se declare que se deja sin efectos todos los actos impugnados descritos en su presentación, o se adopte cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho, que se estime pertinente en el caso, y se condene en costas a la contraria.

2°.- Que, informa por la parte recurrida don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Ñuble- Chillán, solicitando el rechazo de la acción constitucional impetrada, con costas, por cuanto carece en forma y fondo de los fundamentos que ameriten sea por acogido.

En primer término la recurrida hace referencia a la legalidad de la actuación por la que se recurre, refiriéndose a la competencia de la Inspección del Trabajo para fiscalizar, detallando que la recurrente para arribar a la conclusión de la falta de competencia parte de un supuesto equivocado (que la autoridad administrativa, en síntesis, habría resuelto una materia propia del ámbito de los Tribunales de Justicia). Añade que el acto el cual se pretende impugnar por esta vía, no presenta de modo alguno la característica de arbitrariedad, toda vez que ha sido dictado en cumplimiento del mandato legal contenido en la letra a) del artículo 1° del DFL N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, obedeciendo su dictación a un acto de fiscalización de la ley del trabajo destinado a velar por el cumplimiento de ésta y la constatación de hechos mediante la fiscalización de rigor, la cual ha finalizado con multa N° 8335.2019.65 de fecha 21 de agosto 2019, por no dar cumplimento al contrato de la trabajadora nombre reservado, al alterar unilateral y discrecionalmente la cuidad de prestación de los servicios, siendo trasladada desde la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de Chillán, hecho verificado en los días 25 y 26 de julio, 6 y 8 de agosto del año en curso, por lo que no aprecia cómo podría estimarse arbitrario el acto recurrido, pues la finalidad de una fiscalización, que es objeto del presente recurso, ha sido el fiel y cabal cumplimiento por parte de su representado del mandato legal contenido en el artículo 1° letra a) de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, haciendo presente que carecen de importancia en esta sede jurisdiccional las afirmaciones de la recurrente en orden a desvirtuar la convicción a que arribó la fiscalizadora, pues hoy en día existe una resolución de multa administrativa, según resolución de 13 de agosto, de este Tribunal de Alzada por el cual no se hizo lugar a la orden de no innovar,.

La recurrida también descarta cualquier amenaza, privación o perturbación a las garantías constitucionales aludidas por la recurrente, sosteniendo que el procedimiento de fiscalización número 1601.2019.846, no amenaza el derecho de propiedad del recurrente, ya que el derecho de propiedad asegura a los particulares la posibilidad jurídica de usar, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales e incorporales, siempre y cuando, el uso, goce y disposición de dicho derecho, se realice conforme a la ley. De ello se desprende, que, para ser afectado un derecho garantizado por la Constitución, éste no puede ser ejercido vulnerando la ley. Asimismo, no ha existido atentado ilegítimo alguno respecto del derecho de propiedad con motivo del procedimiento de fiscalización ya citada, sosteniendo que al día de hoy, producto de la fiscalización y su hecho infraccional constatado, se encuentra con resolución de multa N° 8335.2019.65 y solo a mayor abundamiento dicha sanción se encuentra plenamente sustentada en los antecedentes de hecho recabados con motivo de la respectiva fiscalización. Su dictación, por lo demás, en ningún caso se alejó de los parámetros razonables de la fiscalización administrativa y, más aún tuvo como base el mandato legal de investigar los hechos denunciados y sancionar si procediere, en concordancia con las instrucciones de este Servicio.

Plantea que actualmente, el procedimiento de fiscalización se encuentra con resolución de multa administrativa N° 8335.2019.65, la cual ha sido legalmente notificada el 2 de agosto de 2019, en contra de la cual la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 503 del mismo cuerpo legal, por lo cual considera que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados, estimando que la presente acción constitucional no es la vía idónea para resolver una materia derivada de la interpretación de la normativa laboral vigente.

También la recurrida sustenta su petición de rechazo de la presente acción en la falta de requisitos constitucionales para su interposición, efectuando un análisis jurídico tendiente a desvirtuar las alegaciones de la contraria al estimar que ellas carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, puesto que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, se rechace la presente acción constitucional, con costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que la recurrente reclama en respecto de desarrollo del proceso de fiscalización realizado por la recurrida, la cual, y con posterioridad a la interposición de este recurso, concluye con la imposición de la multa n°8335.2019.65 de fecha 21 de agosto último.

7º.- Que, el procedimiento de fiscalización que concluye con una resolución que aplica una multa por parte de la Inspección del Trabajo, tiene establecido un procedimiento específico en la legislación laboral para su impugnación. Así, puede reclamarse directamente ante el juez del Trabajo (artículo 503 del Código del Trabajo), o deduciendo primeramente una reconsideración administrativa, que en el caso de un resultado desfavorable, puede reclamarse también ante el juez Laboral (artículos 511 y 512 del Código del Trabajo).

8º.- Que, entonces, existiendo una vía específica para controvertir la sanción impuesta, en la que las partes disponen de un contradictorio para acreditar sus pretensiones, sólo puede concluirse que la presente no es la acción idónea para dilucidarlo, pues, carecería de sentido el procedimiento laboral a que se ha hecho referencia. Lo anterior, especialmente, si se considera, que se discuten aspectos eminentemente fácticos, que requieren de un probatorio para esclarecer. En efecto, se controvierte se ha dado cumplimiento al contrato de doña nombre reservado en cuanto a la alteración de la ciudad en que presta servicios encontrándose con licencia de post natal.

9º.- Que en atención a lo recién concluido, sólo cabe desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don Pedro Matamala Souper en representación de Manufacturas Eblen S.A, en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Chillan, representada por don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 1112-2019-PROTECCION.

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