nombre reservado con GESTIÓN INMOBILIARIA G M LTDA

Chillán, diecisiete de enero de dos mil veinticinco Vistos:

1°.- Que, comparece nombre reservado, ingeniera comercial, domiciliada en la comuna de Chillán, interponiendo Acción Constitucional de Protección en contra del CONDOMINIO PUERTAS DE LANTAÑO, y de su administrador, GESTIÓN INMOBILIARIA G+M LIMITADA, representada por nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, por los actos ilegales cometidos, que constituyen una infracción a sus garantías fundamentales y constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República, por cuanto le ha privado y perturbado de su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales y su derecho de propiedad; todo lo anterior, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

En cuanto a los hechos, señala que el Condominio Puertas de Lantaño es un domicilio reservado de Copropiedad Inmobiliaria, ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Chillán, compuesto de 155 departamentos y 3 locales comerciales, unidades de dominio exclusivo; y 109 estacionamientos asignables en uso y goce exclusivo a las unidades de departamentos. El Reglamento de Copropiedad del Condominio consta de escritura pública de fecha 21 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, bajo el repertorio número 1544/2023, el que se inscribió a fojas 731, número 534 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 2023.

Señala que, de acuerdo con lo informado a los copropietarios, el Condominio es administrado por “Gestión Inmobiliaria G+M Limitada”, en calidad de administrador, a través de su representante legal nombre reservado. Por escritura pública de fecha 31 de octubre de 2023, otorgada en la Notaría de Chillán de don nombre reservado, bajo el repertorio 3053-2023, la recurrente adquirió el departamento 807 de la Torre A del Condominio Puertas de Lantaño, rol de avalúo servicio de impuestos internos, 2086-77, inscribiéndose el dominio a su nombre a fojas 148 vuelta, número 135 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 2024.

Expresa que el día 24 de octubre de 2024, a las 13.12 horas, vía correo electrónico le notifican a su casilla correo reservado, boleta denominada “liquidación por gastos comunes”, en cuyo detalle se identifica bajo el apartado “cobros del periodo”, el siguiente concepto: “INCUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8 REGLAMENTO: RUIDOS MOLESTOS”, cuya multa es igual a $199.086.

Cita el artículo 8° del reglamento de propiedad el cual dispone: “uno) Queda prohibido en consecuencia y no de manera taxativa, a los propietarios, arrendatarios, o usuario de unidades de departamentos, estacionamientos de uso y goce, y locales comerciales en cuanto le sea aplicable a su destino habitacional o comercial lo siguiente: letra e) Causar ruidos o ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás copropietarios y ocupantes de las unidades, en especial durante las horas que se destinan normalmente al descanso”.

En cuanto a las sanciones, dice que se encuentran dispuestas en el apartado noveno del reglamento, indicando lo siguiente: “Las infracciones contenidas en el artículo anterior serán sancionadas por el comité de administración con una multa equivalente a 3 unidades tributarias mensuales que se devengarán desde la fecha que se notifique al infractor la necesidad de reparar dicha infracción y hasta la fecha que efectivamente ello ocurra”. Por lo anterior y luego de revisada tal liquidación por gastos comunes procede a hablar verbalmente con la presidenta del comité de administración Sra. nombre reservado, a fin de conocer los hechos y fundamentos de tal curso de multa, indicando que ella desconoce los fundamentos, que no puede interceder ya que es la administradora nombre reservado quien aplica las multas.

Agrega que, luego de tratar de comunicarse con la administradora para conocer los fundamentos y detalles de tal curse de multa, le indica que se debía a que el guardia de seguridad había concurrido en dos oportunidades a su departamento pidiendo que bajara la voz y que ella se habría negado, sin aportar fecha ni hora de lo supuestamente sucedido. Fue en ese momento que recordó la recurrente que, tratando de asimilar la poca información que le había sido entregada por ella, que podría deberse a la noche del 24 de septiembre de 2024, que estando al interior de su departamento y manteniendo una conversación privada, en volumen moderado, se apersona por primera y única vez un guardia de seguridad, (desconoce su nombre porque no se le informó), quien indica que el volumen de la voz se percibía elevado, a lo que responde que no existe música prendida, que se encuentra en un espacio de privacidad, pero que de todas maneras bajara la voz, procediendo a cerrar la puerta y el guardia se retira.

Añade que nunca se comunicó con la recurrente el comité de administración, quienes serían los encargados de determinar los criterios y fundamentos para el curse de una multa, en este caso por ruidos molestos, y no la administradora del condominio; que por lo demás la información entregada por ella fue escueta. Nunca existió alguna instancia de mediación, a fin de explicar a la administración los fundamentos de tal arbitraria decisión unilateral aplicada y, por último, no se le mantuvo informada acerca del procedimiento a seguir en este tipo de casos, para seguir con su derecho a defensa. La multa que se le notifica considera el máximo de la sanción establecida en el reglamento de copropiedad igual a tres unidades tributarias mensuales, monto que aproximadamente cuadruplica lo que mes a mes paga por gastos comunes manteniéndome al día en el cumplimiento de dicho pago.

Más tarde, envió correo electrónico con fecha 4 de noviembre de 2024, solicitando respuesta por los fundamentos de la aplicación de multa al comité de administración y la administradora, la que indica: “Que el guardia dentro de sus facultades, y estando autorizado por la asamblea podrá grabar con el celular de garita, desde un área común en cualquier caso, para evidenciar un ruido que emane desde algún departamento y según el mismo reglamento “el pasillo”, deberá mantener un registro audiovisual como medio de prueba irrevocable que aquel residente está incumpliendo el reglamento de copropiedad, en donde se aplicará la multa establecida en el mismo, considerando reiteraciones y aumento de multa. El video tendrá una duración máxima de 5 minutos y podrá ser presentado como medio de prueba por tribunales. A falta de sonómetro, nuestro reglamento indica que todo ruido que provoque perturbación de la tranquilidad es un incumplimiento al reglamento, por lo que durante las horas de descanso no deben existir ruidos, risas, conversaciones fuertes, ladridos, maullidos, música o cualquier tipo de escándalo, emanación de ruido y todo lo que signifique que los residentes no puedan tener un descanso óptimo. La administración podrá pasar la multa correspondiente las veces que se incumpla esta norma de convivencia, y podrá aumentar su valor, dependiendo de la reiteración”.

Para finalizar, indica que: “la asamblea representada por su presidenta aprueba las normas de convivencia las cuales se pueden modificar en asamblea de copropietarios”.

Al revisar el acta de sesión que aprobó tales normas de convivencia, se percató la recurrente que sólo se encuentra firmada por la presidenta del comité de administración, sin conocer cuántos copropietarios dieron su consentimiento para aprobar tal norma de convivencia el día 31.05.2024, solicitando igualmente el listado de los asistentes a fin de saber si el acuerdo contaba con la aprobación de los copropietarios, correo electrónico que nunca fue contestado, desconociendo la recurrente si la citación a tal asamblea ordinaria contó con la asistencia de los copropietarios que representen, a lo menos por ley, el treinta y tres por ciento de los derechos en el condominio para constituirse, y de la mayoría absoluta de los asistentes en caso de adoptarse algún tipo acuerdo, tal cual lo establece el artículo 15 de la ley 21.442 de copropiedad inmobiliaria. Agrega que, de la sola lectura de la norma de convivencia, se visualiza que la administradora se arroga facultades que no le corresponden, como que es ella quien puede cursar multa y es la misma que en caso de reincidencia puede aumentar su valor.

Indica que además de no reconocer la recurrente la multa y de nunca informarse por el comité de administración ni verbal ni expresamente los fundamentos y criterios utilizados para cursarla, más allá de eso, existen otras irregularidades cometidas de base y que resulta necesario que se destaquen. En primer lugar, se desconoce por qué la administradora, quien no está facultada por ley para cursar la multa ni tampoco de aumentar su valor en caso de reincidencia, de igual manera insiste en su conducta. Cabe preguntarse entonces ¿En base a qué criterios se impone esta multa? ¿Fundado en qué? No existen respuestas sobre la materia.

Sostiene la recurrente que se carga a su cuenta por gastos comunes de manera automática, sin fundamento alguno; la administradora le impone una multa igual a 3 unidades tributarias mensuales, sosteniendo que, en la práctica, nombre reservado, en representación de la administración, conduce y opera el condominio de forma antojadiza, manteniendo una actitud distante que implica no mediar ni escuchar los fundamentos de los copropietarios y que podría haber evitado la interposición de este recurso de protección; que ejerce sin limitaciones funciones ejecutivas, legislativas y judiciales en el condominio, concentrándolas todas ellas, por sí y ante sí, pero sin que nadie la haya mandatado para eso.

Argumenta que la Sra. nombre reservado se ha constituido en una comisión especial; y siendo la recurrente afectada en su derecho de propiedad, se infringe lo dispuesto en el artículo 19 números 24 y número 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, norma ésta última que prescribe: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Añade que la administradora se arroga facultades para conocer de causas civiles, fallarlas y hacer ejecutar lo juzgado, en infracción a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.

Posteriormente manifiesta que el artículo 19 de la Ley de Copropiedad dispone que: “El administrador o subadministrador podrá desempeñarse a título gratuito u oneroso, debiendo mantener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, a que se refiere el Título XIII de la presente ley”. Si se revisa el mentado Registro –a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo- se podrá observar que nombre reservado registra inscripción sólo desde el mes de octubre de este año, por lo que, a priori, se trata de una persona que no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley para administrar condominios antes de esa fecha, siendo absolutamente carente de todo sentido la aplicación de multa impuesta el 24.10.2024 y que refiere a supuestos hechos ocurridos el 24.09.2024.

Otro punto importante que destaca es que en el reglamento de copropiedad, si se analiza lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio, número Dos), se designan como administrador y representante, respectivamente, a Grupo Emsegur Chile SpA y nombre reservado. Aclara la recurrente que, como copropietaria del Condominio, jamás se le ha notificado un cambio de administrador ni de representante, por lo que es pertinente preguntarse sobre la suficiencia de las facultades con las que obraban Gestión Inmobiliaria G+M Limitada y nombre reservado hasta por lo menos el mes de octubre de 2024.

Enfatiza además la recurrente que el artículo 20 de la Ley de Copropiedad establece el catálogo de facultades que poseen los administradores de condominios quedando de manifiesto que la administradora debió pedir al Tribunal competente que aplicara alguna sanción por la eventual infracción a la Ley o el Reglamento de Copropiedad, pero no puede ella, por sí y ante sí, establecer normas, declararlas incumplidas, imponer sanciones y cobrarlas. Ello importa un actuar ilegal y de autotutela, que excede el marco normativo de sus atribuciones, que perturba y afecta sus garantías fundamentales de no ser juzgada por comisiones especiales – artículos 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución–; y su derecho de propiedad –artículos 19 N° 24 de la Constitución-.

Expresa además que el artículo Décimo Cuarto del Reglamento de Copropiedad prescribe que “el administrador deberá mantener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, a que se refiere el Título XIII de la ley veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos”, cuestión que nombre reservado está en cumplimiento recientemente en el mes de octubre de este año, y no con anterioridad, que es cuando ocurrieron los supuestos hechos que darían lugar a la aplicación de la multa y se dio lugar a la supuesta aprobación de normas de convivencia.

Luego cita normas constitucionales y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que procedería la presente acción de protección a fin de que se otorgue la debida protección a sus derechos conculcados.

Para finalizar, hace presente un punto relevante, en cuanto a que no es primera vez que la recurrida a través de su administradora comete estas faltas y/o irregularidades. Durante este año en el mes de junio, Condominio Puertas de Lantaño, y de su administradora, Gestión Inmobiliaria G+M Limitada, representada por nombre reservado, fueron condenadas por incurrir en arbitrariedades cometidas contra otra copropietaria del condominio, situación en que también se impuso una multa, arrogándose facultades que no le corresponden y sí le correspondían al comité de administración, según lo resolutivo por sentencia definitiva de fecha 19 de agosto de 2024, rol causa 765 año 2024 ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, acogiendo ese recurso de protección.

En consecuencia, solicita se acoja la presente acción constitucional.

2°.- Que, informa el abogado Claudio Felipe Ignacio Cofré por su mandante Gestión Inmobiliaria G+M LIMITADA R y Condominio Puertas de Lantaño, solicitando se rechace el recurso de protección interpuesto, en atención a los fundamentos de hecho y derecho que indica.

Luego de exponer una breve síntesis de la acción interpuesta, señala la recurrida que es pertinente advertir que, como la misma parte recurrente propietaria de la unidad A-807 reconoce en su presentación, efectivamente se le cursó una multa de 3 UTM por parte del comité de administración en virtud del cumplimiento al reglamento de copropiedad en su artículo 8°, que hace referencia a lo que son los ruidos molestos o perturbaciones a la comunidad. Dicho artículo, se encuentra también bajo un apartado de norma de convivencia, según lo permite la misma ley de copropiedad en su artículo 8° letra b), procedimiento acordado por los copropietarios en asamblea ordinaria de fecha 31 de mayo de 2024 en el siguiente tenor: “RUIDOS MOLESTOS: Cuando un residente provoque un ruido molesto, una perturbación a la tranquilidad del demás residente, el cual provenga desde su departamento o en alguna área común, según consta en el artículo octavo del reglamento de copropiedad: USO DE LAS UNIDADES Y PROHIBICIONES: Letra c) realizar cualquier actividad que pueda significar para los demás copropietarios molestias, ruidos, emanaciones de cualquier tipo y otras perturbaciones. Letra e) causar ruidos o ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás copropietarios y ocupante de las unidades, en especial durante las horas que se destinan normalmente al descanso”.

También indica que la asamblea aprueba la siguiente norma de convivencia: Que el guardia, dentro de sus facultades y estando autorizado por la asamblea, podrá grabar con el celular de garita, desde un área común, en cualquier caso, para evidenciar un ruido que emane desde algún departamento, y según lo establecido en el mismo reglamento, el "pasillo", deberá mantener un registro audiovisual como medio de prueba irrevocable que aquel residente está incumpliendo el reglamento de copropiedad, en donde se aplicará la multa establecida en el mismo, considerando reiteraciones y aumento de multas.

Dice que, a falta de sonómetro, el reglamento indica que “todo ruido que provoque perturbación de la tranquilidad es un incumplimiento al reglamento, por lo que durante las horas de descanso no debe existir ruidos, risas, conversaciones fuertes, ladridos, maullidos, música, o cualquier tipo de escándalo, emanación de ruido y todo lo que signifique que los residentes no puedan tener un descanso optimo.”

Agrega la recurrida que la asamblea ordinaria de fecha 31 de mayo de 2024 contó con el quorum exigido por el artículo 15 de la ley 21.442 para constituirse.

También señala que el artículo 5 de la ley 21.442 dispone: “5°.-Todo copropietario deberá incorporarse en el registro de copropietarios a que se refiere el artículo 9° y estará obligado a asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado, según establezca el reglamento de copropiedad. Con el objeto de facilitar la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios, estos últimos deberán consignar sus correos electrónicos y sus respectivos domicilios en el registro de copropietarios.” Así las cosas, la recurrente estaría incumpliendo una obligación legal al no asistir a las sesiones respectivas estando debidamente citada conforme lo establece la ley N° 21.442.

Añade que, en cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso y al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, aquello no tiene ningún fundamento plausible toda vez que consta en Acta de Reunión de Asamblea de fecha 31 de mayo de 2024, que los copropietarios acordaron lo que consta en el punto anterior de su presentación. Además, en el reglamento de copropiedad en su artículo noveno señala expresamente en “SANCIONES, que “Las infracciones cometidas en el artículo anterior serán sancionadas por el comité de administración con una multa equivalente a tres Unidades Tributarias Mensuales, que se devengarán desde la fecha en la que se notifique al infractor la necesidad de reparar dicha infracción y hasta la fecha que ello efectivamente ocurra”.

Manifiesta que, con copia de la multa aplicada a la recurrente quién además es reincidente, aquella se encuentra firmada por la presidenta del comité de administración.

Luego de citar una jurisprudencia y normas del reglamento de copropiedad, sostiene que queda fehacientemente acreditado que la multa fue aplicada por el comité de administración a propuesta del administrador actuando dentro de las facultades que la ley, el reglamento de copropiedad y los copropietarios le han conferido. Además, dicha multa se ha dejado anotada en el libro de novedades del Condominio Puertas de Lantaño, así como en el casillero personal de la recurrente. Como se señaló anteriormente, la recurrente es reincidente en este tipo de conductas sancionadas por el reglamento de copropiedad ya que en dicha oportunidad se le hizo una condonación parcial de la multa. Por último, cabe mencionar que el reglamento de copropiedad, bajo el alero de la ley N° 21.442, indica que en el reglamento se pueden “Establecer las conductas que constituyen infracciones al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables, pudiendo calificarlas según su gravedad”.

Por otra parte, la recurrida cita normativa que justifica acordar un reglamento de copropiedad y la parte recurrente siempre tendrá su garantía al debido proceso garantizada toda vez que el título VIII de la ley 21.442 sobre “Fórmulas de Resolución de Conflictos” señala en su artículo 44 lo siguiente “Artículo 44.- Serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley Nº18.287 y, en subsidio, a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, las contiendas que surjan en el ámbito del régimen especial de copropiedad inmobiliaria establecido en esta ley y que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y la asamblea de copropietarios, el comité de administración o el administrador, o entre estos mismos órganos de administración de la copropiedad inmobiliaria, relativas a la administración o funcionamiento del condominio, para lo cual estos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias..”. Sostiene el recurrente que lo anteriormente expuesto no deja lugar a dudas de que la administración del Condominio no se ha constituido en una comisión especial ya que ha actuado con apego estricto al ordenamiento jurídico nacional, no vulnerando garantía constitucional alguna de la recurrente, no siendo más que un intento de impugnar la multa impuesta por el comité de administración por vía de una acción constitucional de protección, lo que a todas luces es totalmente improcedente.

En cuanto al requisito establecido en el artículo 19 de la ley 21.442 respecto a la inscripción que su representado Gestión Inmobiliaria G+M LIMITADA debe tener vigente en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, señala que con fecha 26 de marzo del 2024 se publicó el Reglamento del Registro Nacional de Administradores de Condominios, y desde ese día, existe un plazo de 18 meses para que los administradores se incorporen al registro. La administración del Condominio Puertas de Lantaño es una persona jurídica, quien está representada por nombre reservado ya individualizada, dentro de los requisitos que establece el Reglamento del Registro Nacional de Administradores, que al efecto indica que las personas naturales que representan a entidades jurídicas deben estar inscritas en el registro y posteriormente pueden inscribir a sus empresas.

Respecto a lo señalado precedentemente, la recurrida expresa que nombre reservado realizó el trámite de inscripción con fecha el 4 de abril del 2024, en donde el día 1 de julio, indican que está observada, ya que el curso de administración de condominios de nombre reservado es del año 2018 -un curso de 35 horas- y la nueva ley indica un curso con “materias requeridas” en donde en un principio estas materias no estaban en las certificaciones antiguas. Por lo que, el plazo, para poder estar inscrita es de 18 meses contados desde su publicación. Actualmente la representante de Gestión Inmobiliaria G+M Limitada se encuentra inscrita desde octubre de 2024 habiendo aprobado el curso de 97 horas efectuado en Learning Group.

Adicionalmente la recurrida argumenta que no se está ante derechos indubitados citando jurisprudencia al efecto, y por otra parte, cita la recurrida normas que justifican el cobro de gastos comunes por el administrador del condominio.

También argumenta que el título VIII de la ley N°21.442 de Copropiedad Inmobiliaria establece fórmulas de resolución de conflicto que podrían suscitarse como bien establece el artículo 44 de la ley N° 21.442 que señala “Artículo 44.- Serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley Nº 18.287 y, en subsidio, a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, las contiendas que surjan en el ámbito del régimen especial de copropiedad inmobiliaria establecido en esta ley También…” Además de lo anteriormente señalado el párrafo 2 de este título en comento de la ley de copropiedad inmobiliaria además faculta a someter el conocimiento de las controversias señaladas en el artículo 44 de la ley en comento a un juez árbitro.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe solicitado y, con su mérito se sirva rechazar el recurso de protección, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, la recurrente en síntesis, sostiene que se le ha impuesto una multa de manera arbitraria e ilegal por cuanto se le ha cargado a su cuenta por gastos comunes, la multa de manera automática, sin fundamento alguno, sin explicar en base a qué parámetros arribó a ese monto y sin darle la posibilidad de defenderle; que el monto de la multa es desproporcionado (3 UTM) en relación a sus gastos comunes que promedian los $53.603 y $53.682; y que la liquidación por gastos comunes no fue efectuada por el comité de administración como indica la ley sino que por Gestión Inmobiliaria G+M Limitada y nombre reservado. Finalmente alega que el administrador no tenía su inscripción vigente en el Registro Nacional de Administradores de Condominios al momento de los hechos. En cambio la recurrida sostiene que la multa de 3 UTM por parte del comité de administración se impuso en virtud del cumplimiento al reglamento de copropiedad en el artículo 8° que hace referencia a lo que son los ruidos molestos o perturbaciones a la comunidad, norma aprobada por la asamblea de copropietarios; que dicha multa está fundada y la recurrente además ya es reincidente; y por otra parte, se cumplió con la normativa desde que se acredita con la documentación que acompaña, que la multa sí se encuentra aprobada por el Comité de Administración, ya que está firmada por la presidenta de dicho comité, y por lo tanto, se aplicó por el referido órgano a propuesta del Administrador, actuando dentro de las facultades que la ley, el reglamento de copropiedad y los copropietarios le han conferido. Además, actualmente la representante de Gestión Inmobiliaria G+M Limitada se encuentra inscrita desde octubre de 2024 habiendo aprobado el curso de 97 horas efectuado en Learning Group.

7°.- Que, de acuerdo a lo recientemente relatado, el presente arbitrio constitucional no se erige como la vía adecuada para resolver la controversia planteada por la recurrente, en atención a que el recurso de protección es una medida cautelar extraordinaria y de urgencia para proteger derechos fundamentales cuya existencia se encuentre indubitada, lo que no se aviene con lo reclamado por la recurrente, ya que impugna una multa que estima arbitraria e ilegal sin fundamento alguno; que es desproporcionada en relación a lo que paga por gastos comunes; y que la recurrida no cumplió con la normativa en cuanto a que debía ser impuesta por el comité de administración y firmada por el administrador, todas cuestiones que fueron expresamente rebatidas por la recurrida quien sostuvo precisamente lo contrario, esto es, que la multa está fundada en el reglamento debidamente aprobado por la asamblea de copropietarios, su monto es el que indica el reglamento y que fue impuesta por el comité de administración a propuesta de la administración, cumpliendo con la normativa vigente. Tales cuestiones deben ser objeto de discusión y eventualmente prueba entre las partes involucradas en un juicio de fondo, en las que todas tengan derecho a formular sus alegaciones y descargos, no siendo la acción de protección la sede idónea para ventilar tales cuestiones. Así por lo demás, lo ha resuelto esta Corte en fallo Rol 56-202.

Finalmente, si bien el recurrente alega que esta Corte ha resuelto de una manera distinta en el fallo Rol 765-2024, lo cierto es que en esa oportunidad pudo constatarse una ilegalidad clara, patente e indubitada, consistente en que se impuso una multa directamente por la administración sin haber sido sancionada por el comité de administración, lo que no aconteció en estos autos, o al menos aquello está en discusión, por cuanto, en este caso concreto, la multa aparece solicitada por el comité de administración y firmada tanto por ella como por el administrador, lo que permite concluir que no se está frente a derechos indubitados afectados, sino que controvertidos o discutidos por todos los involucrados, lo que determina que la presenta vía constitucional no se alza como el instrumento idóneo para resolver el conflicto.

8°.- Que, por otra parte, tampoco este arbitrio constitucional es la vía idónea para resolver el asunto controvertido, ya que la ley 21.442 contempla la vía adecuada para conocer acerca de las controversias que se susciten entre los copropietarios del condominio y los órganos de la administración de la copropiedad, al prescribir en su artículo 44 que “Serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley Nº 18.287 y, en subsidio, a las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, las contiendas que surjan en el ámbito del régimen especial de copropiedad inmobiliaria establecido en esta ley y que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y la asamblea de copropietarios, el comité de administración o el administrador, o entre estos mismos órganos de administración de la copropiedad inmobiliaria, relativas a la administración o funcionamiento del condominio, para lo cual estos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias”. Además, el artículo 46 agrega que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, las contiendas a que se refiere dicho precepto podrán someterse a la resolución de un juez árbitro, en cualquiera de las calidades a que se refiere el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales.

De lo recientemente dicho es posible concluir que el conflicto que plantea el recurrente en relación a la imposición de una multa debe resolverse mediante el correspondiente reclamo ante el juzgado de policía local o el arbitraje, y no por la presente vía constitucional.

9°.- Que, teniendo en consideración todo lo señalado precedentemente, el recurso de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Condominio Puertas De Lantaño, y de su administrador, Gestión Inmobiliaria G+M Limitada, representada por nombre reservado.

Se previene que la Ministra señora Gallardo, concurre al rechazo del recurso teniendo especialmente presente que en el caso de marras no se acreditó la existencia de un acto arbitrario o ilegal toda vez que la recurrida justificó el cumplimiento de los presupuestos que la habilitan para sancionar pecuniariamente a la residente, quien, según dispone el inciso final del artículo 8 de la Ley N°21.442, se encuentra obligada al cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Copropiedad.

Además, no comparte lo expresado en el párrafo primero del basamento 7° y en el motivo 8°, toda vez que si bien la normativa sectorial considera instancias judiciales de carácter controversial para la resolución de los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley que regula el régimen de copropiedad inmobiliaria, nuestro ordenamiento jurídico contempla el recurso de protección como un recurso extraordinario destinado a proteger derechos fundamentales de las personas, que busca la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, situación que eventualmente pudiera verificarse entre quienes habitan y/o administran condominios, en cuyo caso, este Tribunal de Alzada -como ocurrió en causa RIT N°765-2024- está facultado para arbitrar las medidas preventivas o reparatorias pertinentes, criterio que además sostiene la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de fecha 25 de septiembre de 2024 dictada en Recurso de Protección N°20.206-2024.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas, y de la prevención, su autora.

No firma la Ministra señora Érica Pezoa Gallegos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso, ni el Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas, por no haber integrado hoy.

Rol N°1099–2024 PROTECCIÓN