nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON

Chillán, quince de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

1°.- Que, comparece el abogado Juan Pablo González Montes, en representación de nombre reservado, chileno, casado, kinesiólogo, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble; nombre reservado, chileno, casado, mecánico industrial, con domicilio en domicilio reservado, región de Ñuble; y nombre reservado, chilena, separada, cosmetóloga, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble, quienes a su vez comparecen a nombre de sus vecinos y residentes del sector nombre reservado de Quillón y de los estudiantes y profesionales de la educación de la Escuela Laguna Avendaño de Quillón: nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, de 73 años de edad; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, de 77 años de edad; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, de 76 años de edad; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; Blanca E. Mella, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado A., C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, de 78 años de edad; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; nombre reservado, C.I. N°RUT reservado; y nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, interponiendo acción de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble; Sba Torres Chile SpA, R.U.T. N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, región Metropolitana y/o en Carmencita, N°25 comuna de las Condes, región Metropolitana; y en contra de la Ilustre Municipalidad De Quillón, R.U.T. N°RUT reservado, representada legalmente por su alcalde, señor Miguel Peña Jara, ambos con domicilio en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Quillón, Región de Ñuble, por el acto ilegal y arbitrario de los recurridos consistentes en la instalación de una antena o monoposte radomo simple de 30 metros de altitud, con la finalidad de instalar equipos radiantes camuflados para servicios comerciales de telefonía e internet, afectando las garantías contempladas en el artículo 19 N°1 en relación con el art. 19 N°9 así como las del artículo 19 N°8 inc. 2° y 19 N°24 todos de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, los recurrentes indican que su hogar se encuentra situado en Los Almendros, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble, donde existe una excelente relación de vecindad y donde se han establecido en sus “parcelas de agrado”. No obstante, con fecha 25 de mayo del presente año, se percataron que a pocos metros de sus hogares, en el inmueble ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble, propiedad de don nombre reservado, comenzaron la ejecución de una obra consistente en la construcción de una antena o monosoporte radomo simple, cuya proyección de altura será de 30 metros; tendrá como componentes equipos radiantes camuflados (antes ocultas); y su fin último, será la de prestar servicios a empresas dedicadas al giro de telefonía e internet a la empresa de telecomunicaciones “Sba Torres Chile Spa”.

Hacen presente que el recurrido nombre reservado mantiene un galón del tipo industrial; una cabaña dada en arrendamiento; acopio de maquinarias y vehículos todo terreno, lo cual da a entender el carácter comercial e industrial que se le ha dado al inmueble de domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble. Sumado a esto, según relato de los vecinos, el recurrido también se dedica a la extracción y venta de agua, las que extrae de los pozos profundos que mantiene en dicho inmueble, aumentando de esta manera, las faenas industriales en este sector habitacional. De esto último se enteraron el día 12 de junio del presente año, cuando fiscalizadores de la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble les tomaron declaración sobre una denuncia por esta conducta.

Refieren que les ha sido imposible obtener copia del expediente completo de la obra, pero pudieron apreciar que, según da cuenta Certificado de Informaciones previas, de fecha 23 de enero de 2019, el inmueble tiene el carácter de urbano; el uso del suelo permitido es “Zona Habitacional – Residencial excepto moteles, actividades productivas de carácter inofensivo, infraestructura de transportes, cuya altura máxima de construcción es 17, 5 metros. Según “Permiso de instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones”, emitido por Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Quillón, N°14, de fecha 17 de marzo de 2023 señala que se trata de la construcción de una torre de más de 12 metros de altura (régimen general) y especialmente, de forma arbitraria e ilegal no considera los instrumentos y declaraciones de voluntad como el acuerdo de los vecinos propietarios del área contigua al lugar donde se emplazará la torre; acuerdo adoptado por el Consejo Municipal; acuerdo por el uso del espacio público aéreo, entre otros.

Agregan que según señala el certificado de avalúo del inmueble ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, región de Ñuble, Rol de avalúo 107-157, este se trataría de un sitio eriazo, el cual piensan que muy posiblemente no ha regularizado o dado cuenta de las edificaciones ya mencionadas a la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Quillón.

Manifiestan que la comunidad está compuesta por múltiples personas, muchas de ellas de la tercera edad y niños, además de esto, a menos de 100 metros aproximadamente del lugar de construcción de la antena y faena industrial del recurrido nombre reservado, se encuentra emplazada la “Escuela Laguna Avendaño De Quillón”, y que no se ha comunicado la existencia del proyecto a los vecinos y propietarios del lugar donde se está instalando la torre, pudiendo sólo informarles sobre lo sucedido cuando semanas atrás aumentó el flujo de personal, maquinarias y herramientas en la ya referida faena y que les preocupa la amenaza latente a los vecinos menores de edad y de la tercera edad, ya que son más vulnerables a todas las consecuencias que puede acarrear la instalación de la torre y demás actividades industrializadas de los recurridos, sin contar el impacto urbanístico y arquitectónico que provocará la instalación de la torre.

En cuanto al derecho, sostienen que los actos recién descritos, constituyen una violación de la denominada Ley de Antenas, específicamente a los artículos 116 bis E, 116 bis F, 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I, en cuya virtud fueron agregados a Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones; que ninguna de las exigencias legales allí establecidas ha sido cumplida; que no se envió carta certificada a ninguno de los propietarios del sector nombre reservado de Quillón, en el domicilio que éstos tienen registrado en el Servicio de Impuestos Internos, impidiéndose a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes, el ejercicio a presentar observaciones al proyecto o a oponerse a éste, de acuerdo a los derechos que les otorga la ley.

En ese sentido, expresan que la Ley 20.599 es muy estricta al sancionar el incumplimiento de las exigencias que debe contener la solicitud de permiso de instalación de torres y antenas establecida en el art.116 bis F prescribiendo que “el incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores acarreará la denegación del permiso de instalación quedará sin efecto de pleno derecho, si es que se hubiese otorgado”. Agregan que los actos también infringen lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 18.168 de Telecomunicaciones, modificado por el n° 1 del artículo 2 de la Ley 20.599 y lo dispuesto en la Ley 19.300.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas refiere infracción a lo dispuesto en el artículo 19 n° 1 de la Carta Magna, en relación con el n°9 de la misma disposición; además del artículo 19 n° 8, inciso 2, en relación con el artículo 19 n° 2 y el artículo 19 n° 24, inciso 2.

Finalizan solicitando a esta Corte acoger la presente acción en todas sus partes ordenando, como medida para restablecer el imperio del derecho: 1° Se ordene el desmantelamiento de la referida antena, así como las obras civiles que la instalación que esta implica, o en subsidio se ordene la paralización inmediata y permanente del funcionamiento de la antena mencionada y que dicha paralización se mantenga en forma definitiva; 2° Que se revoque el “Permiso de instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones”, emitido por Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Quillón, N°14, de fecha 17 de marzo de 2023, por su arbitrariedad e ilegalidad; 3° Dicte, además, cualquier otra medida que estime atingente para restablecer el imperio del Derecho y garantizar los derechos de los afectados; y 4° Que, se condene a los recurridos al pago de las costas de la presente causa.

2°.- Que, informan los abogados Eduardo Fuentes Heredia y Esteban San Martín Rodríguez, en representación de la Ilustre Municipalidad De Quillón, corporación edilicia representada legalmente por su Alcalde don Miguel Peña Jara, y sobre el permiso de instalación n°14 de 2023, de la Dirección de Obras Municipales referente a la antena objeto del recurso hacen presente lo dispuesto en los artículos 116, 116 bis E, 116 bis F, 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya que en el anotado marco jurídico, la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillón, con fecha 17 de marzo de 2023 otorgó el Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones N°14, que fue solicitado por la empresa concesionaria SBA Torres Chile SpA, para la instalación de una Torre Soporte de una longitud de 30 metros de altura, en un predio de propiedad de don nombre reservado ubicado en calle Los Almendros, nombre reservado, Rol SII 107-180 de la comuna de Quillón, dentro del radio urbano de la comuna, y dando cumplimiento a los requisitos legales aplicables, por tanto, la Dirección de Obras Municipales de Quillón actuó con estricto apego a la legalidad y fuera de toda arbitrariedad, pues el solicitante del permiso acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para la instalación de la torre soporte de antenas radiantes respectiva, siendo imperativo para dicha repartición municipal otorgar el permiso de instalación.

Expresan que se constató que el solicitante dio cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 116 bis E y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcción, incorporados por la Ley 20.599 -denominada “Ley de Antenas”-, normas legales que establecen los requisitos y presupuestos para el otorgamiento de los permisos de instalación por parte de las Direcciones de Obras Municipales. En tal sentido indican que el inciso sexto del artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece los requisitos esenciales para el otorgamiento del permiso de instalación de una torre de más de 12 metros de altura, como el caso de marras, transcribiendo la norma y señalando la forma en que el solicitante de la torre, cumplió cada una de las exigencias establecidas.

Manifiestan que es menester señalar que de la mera lectura de lo expuesto por los recurrentes aparece que incurren en una confusión conceptual pues por un lado señalan que la torre, por tener una altura máxima de 30 metros, infringe las normas sobre altura máxima de edificación aplicables a la Zona Habitacional del Plan Regulador Comunal -donde se emplaza la torres- a lo cual debe señalarse que el artículo 116 bis F párrafo cuarto establece expresamente que las torres como la de la especie, es decir, de más de 12 metros de altura, “deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 116 bis E, con los distanciamientos establecidos en la Ordenanza General de la presente ley y, en caso de emplazarse en áreas urbanas, les será aplicable, adicionalmente, el régimen de rasantes que establezca el plan regulador respectivo, o en su defecto la Ordenanza General de esta ley.”, por tanto, atendida norma especial y expresa no les resultan aplicables las normas sobre altura máxima de edificación (art 1.1.2 de la OGUC).

Agregan que los recurrentes formulan diversas alegaciones genéricas referentes a un eventual incumplimiento de normas aplicables a áreas de protección, particularmente a Zonas de Interés Turístico, debiendo hacer presente que la zona donde se ubica la instalación de la torres no tiene tal calidad y por tanto no resultan aplicables tales normas; por otro lado se refieren a la normativa ambiental, particularmente a las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente para dictar normas sobre la calidad o emisión de ondas electromagnéticas, y aducen un eventual incumplimiento al Sistema de Evaluación Ambiental, sin embargo, la normativa aplicable, no incluye esta clase de proyectos como aquellos que deban ingresar a un procedimiento de evaluación ambiental. Sostienen que los recurrentes alegan que la torre a instalar se ubica a una distancia inferior a la mínima exigida por el artículo 116 bis E inciso sexto, pero según lo determinado por la Dirección de Obras Municipales de Quillón, la torre se emplaza a una distancia entre los 300 o 400 metros (según la forma de medición que se efectúe) del Establecimiento Educacional Municipal Escuela Laguna Avendaño, por lo cual, teniendo presente que la torre tiene una altura de 30 metros, dicha distancia cumple con el distanciamiento mínimo legal de 120 metros correspondiente.

Enfatizan que la actuación de la Dirección de Obras Municipales de Quillón se apega íntegra e irrestrictamente al ordenamiento jurídico y está exenta de arbitrariedad, por cuanto dicha repartición ha ejercido las funciones que la ley le atribuye, en orden a recepcionar y resolver una solicitud de instalación de torre soporte de antenas radiantes de telecomunicaciones según la normativa aplicable al efecto (arts. 116 bis E y siguientes de la LGUC), y previa verificación de la totalidad de antecedentes presentados que permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y pago de los derechos municipales respectivos ha otorgado el Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones N°14 de fecha 17 de marzo de 2023, por tanto, ningún derecho fundamental de los recurrentes ha sido conculcado, infringido, amagado ni amenazado.

Finalizan solicitando a esta Corte se rechace íntegramente la acción constitucional impetrada, con expresa y ejemplar condenación en costas para los recurrentes.

3°.- Que informa Juan Carlos Flores Rivas, abogado, en representación de SBA Torres Chile SpA, manifestando que su representada ha dado estricto cumplimiento al procedimiento administrativo regulado en el artículo 116 bis letra F de la Ley General de Urbanismo y Construcción, procedimiento esencialmente reglado, por cuanto el solicitante debe acompañar todos los documentos, permisos de otros órganos públicos e informes correspondientes, no teniendo opción de cumplir solo alguno de los requisitos allí estipulados. En ese sentido señala que la Dirección de Obras Municipales respectiva debe, dentro del plazo de 15 días hábiles, otorgar el permiso -si de acuerdo con los antecedentes acompañados-, la solicitud de permiso cumple con lo dispuesto en la LGUC, o denegándolo, en cuyo caso, el interesado puede reclamar ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de conformidad con el artículo 118 de la LGUC, de este modo, para que la Dirección de Obras Municipales confiera el permiso para la instalación de antenas, es necesario que el interesado acompañe todos los documentos regulados en el artículo 116 bis F de la LGUC, puesto que, en caso contrario la Dirección de Obras Municipales rechazará la solicitud de permiso.

Agrega que dieron cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos estipulados en el procedimiento, detallándolos.

En cuanto al derecho, alega la falta de legitimación activa, señalando que el recurso de protección no es una acción popular, que los recurrentes nada señalan sobre su legitimación activa para comparecer e iniciar una acción de protección en contra de SBA, así como tampoco el agravio personal y determinado sufrido por los hechos arbitrarios y/o ilegales que se denuncian. Agrega que la doctrina actual reconoce que el recurso de protección no ostenta la calidad de una acción constitucional popular, sino que exige que sea interpuesto por el afectado o lesionado en sus derechos constitucionales, a nombre propio o mediante representante, citando al efecto jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema.

Hace presente que la protección no es la vía idónea para el caso de autos por cuanto existe un procedimiento especial en la Ley General de Urbanismo y Construcción. El artículo 116 bis F de la citada norma establece los medios de impugnación respecto de los conflictos jurídicos que se produzcan como consecuencia de la solicitud de un permiso para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, en ese sentido, sostiene que el artículo 116 bis F de la LGUC permite a los vecinos y comunidades participar activamente en la tramitación del permiso para la instalación de infraestructura, mediante el Concejo Municipal respectivo y le impone como carga al solicitante del permiso acompañar un certificado emitido por Correos de Chile, que acredite la comunicación por carta certificada, enviada con una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud, a la junta de vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes.

Así las cosas, señala que con fecha 18 de enero de 2022, la informante envió mediante Correos de Chile a la junta de vecinos y a los propietarios de todos los inmuebles afectados, que además consta en el expediente copia de publicación de extracto en Diario Hoy x Hoy de fecha 4 de febrero de 2023, que da cuenta del proyecto de antena, con una antelación superior a 15 días a la solicitud de permiso. Añade que el mismo precepto dispone que una vez enviada la carta certificada, los propietarios que se encuentren dentro del área descrita en esta letra podrán formular a través de la respectiva Dirección de Obras al Concejo Municipal, por escrito, y previo informe de la junta de vecinos respectiva, las observaciones que estimen convenientes acerca del proyecto de instalación de la torre hasta treinta días corridos después de practicada la comunicación respectiva, debiendo optar sea por una obra de compensación o por una torre armonizada con el entorno urbano y la arquitectura del lugar. De esta manera, el recurso de protección, no es la vía idónea para reclamar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, sino que el procedimiento específico se encuentra regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ley General de Telecomunicaciones Nº 18.168, de 1982. En este punto, cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Manifiesta que los recurrentes no detallan ni explican cómo la instalación de una antena -que ha cumplido con el procedimiento administrativo de rigor-, tal como lo ha señalado la I. Municipalidad de Quillón en su informe al presente Recurso de Protección, afecta el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad, agrega que los recurrentes no explican ni precisan el agravio constitucional, esto es, no argumenta cómo la instalación de una antena que ha cumplido con todos los trámites administrativos priva, perturba o amenaza los derechos constitucionales a la vida, la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad.

Sostiene que respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los recurrentes no explican qué variable ambiental se vería amenazada por la instalación de una antena de telecomunicaciones, sobre todo, si la empresa SBA Torres SpA, ha cumplido con el procedimiento administrativo regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Cita un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Finaliza solicitando tener por evacuado informe y en definitiva rechazar con costas la presente acción constitucional de protección.

4°.- Que, en idénticos términos informa Diego Abogabir Egaña, abogado, en representación de don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

5º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que la primera alegación de las recurridas es la falta de legitimación activa de los recurrentes.

Sobre el particular debe señalarse que el legitimado para deducir la acción de protección es el agraviado en el ejercicio del derecho del cual es titular y que la constitución ampara por esta vía, y cualquier persona en su nombre, quien podrá interponerla en favor del derecho afectado y con la aquiescencia de su titular. En el mismo sentido, según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, la acción de protección no es una acción popular.

En la presente causa, comparecen nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado quienes recurren por sí y “a nombre de nuestros vecinos y residentes del sector nombre reservado DE QUILLÓN y de los estudiantes y profesionales de la educación de la ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO DE QUILLÓN”, y a continuación señalan nombres y cédulas de identidad de cuarenta y dos personas.

Respecto de tales personas no se acompañó ningún antecedente tendiente a acreditar por un lado que forman parte de los vecinos y residentes del Sector nombre reservado de Quillón o de los estudiantes y/o profesionales de la educación de la Escuela Laguna Avendaño de Quillón, y por otro, que se trate de los titulares de los derechos que se estiman conculcados. En consecuencia, acogiéndose la alegación de falta de legitimación activa respecto de los grupos referidos por los comparecientes y de las cuarenta y dos personas individualizadas en el cuerpo del recurso, se denegará la protección solicitada.

En consecuencia, las siguientes consideraciones se refieren a la acción constitucional enderezada por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en resguardo de sus derechos.

9°.- Que la parte recurrente funda su acción en que la recurrida habría infringido la normativa de instalación de antenas, en especial el artículo 116 bis E y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece una serie de exigencias al efecto, destacando que tratándose de la instalación de una antena de más de 12 metros, ubicada en sector urbano, se requiere “permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva”, trámite que habría realizado la recurrida -al decir de la recurrente- sin cumplir debidamente los requisitos correspondientes, entre ellos dar aviso a los vecinos del sector.

10°.- Que el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su inciso primero establece: “Toda torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de más de doce metros de altura, incluidos en ello sus antenas y sistemas radiantes, instalada por concesionarios, requerirá permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva”. El inciso cuarto agrega que: “Las instalaciones a que se refiere el presente artículo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 116 bis E, con los distanciamientos establecidos en la Ordenanza General de la presente ley y, en caso de emplazarse en áreas urbanas, les será aplicable, adicionalmente, el régimen de rasantes que establezca el plan regulador respectivo, o en su defecto la Ordenanza General de esta ley”

A su turno, el inciso sexto del artículo precitado, señala que a la solicitud de permiso de instalación se deberán acompañar los siguientes antecedentes: a) Solicitud de instalación, suscrita por el propietario o propietarios del inmueble donde se efectuará la instalación y por el concesionario responsable de la torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones; b) Proyecto firmado por un profesional competente en el que se incluyan los planos de la instalación de la torre, los cuales deberán graficar el cumplimiento de los distanciamientos mínimos y las rasantes a que se refiere este artículo. Dicho plano deberá ser firmado por el propietario o copropietarios del inmueble donde se efectuará la instalación y por el concesionario responsable de la misma o su representante legal. Asimismo, el proyecto deberá acompañar una memoria explicativa que indique las medidas de diseño y construcción adoptadas para armonizar la estructura con el entorno urbano y con la arquitectura del lugar donde se emplazan. Tal memoria explicativa no será requerida cuando el diseño de la torre se encuentre entre aquellos incluidos en el catálogo o nómina que al efecto haya dictado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, previo informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que podrá considerar las características urbanas y naturales de las distintas regiones del país; c) Presupuesto del costo total del proyecto, considerando, entre otros, estructuras, sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, equipos, sala de equipos, sistemas anexos y rentas por arriendos; d) Proyecto de cálculo estructural de la torre, incluidas sus fundaciones, con su respectiva memoria de cálculo y planos de estructura, que señale la capacidad de soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, elaborado y suscrito por un profesional competente. El proyecto deberá acreditar que la capacidad de soporte antes señalada permitirá la colocalización de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de, a lo menos, otro concesionario en las mismas condiciones si la infraestructura fuera menor de 30 metros o tres cuando se trate de estructuras de más de 30 metros; e) Certificado emitido por Correos de Chile, que acredite la comunicación por carta certificada, enviada con una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud, a la junta de vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes. Los inmuebles que se encuentren en la situación antes descrita deberán singularizarse en un plano autorizado ante Notario.

11°.- Que, de los antecedentes aportados por las recurridas, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, en especial de la documentación acompañada a folio 16, consta que la empresa SBA TORRES CHILE SpA procedió a la a instalación de una Antena o monoposte radomo simple de 30 metros de altitud para equipos radiantes, en el inmueble ubicado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Quillón, de esta región, de propiedad del recurrido nombre reservado, contando para ello, la empresa recurrida, con la autorización del dueño del predio en que aquella se instaló, según se indica en Escritura Pública de Poder Especial de 15 de diciembre de 2021, otorgada en Quillón, en la 2ª Notaría de Bulnes, y declaración jurada y autorización del mismo, acompañada en estos antecedentes.

Asimismo, se acompañó carta en que se adjuntan antecedentes a la solicitud de permiso de instalación de antena, en que la recurrida SBA Torres Chile SpA acompaña a la Municipalidad las respectivas autorizaciones y planos exigidos por la ley.

12°.- Que, a más de lo anterior, consta de los antecedentes acompañados, y del mérito del informe evacuado por la Ilustre Municipalidad de Quillón, que con fecha 14 de marzo de 2023, el Director de Obras de la municipalidad señalada, resuelve otorgar el permiso de instalación de la Torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de Telecomunicaciones, referida al presente recurso de protección, mediante un Acto Administrativo, tramitado previo cumplimiento de los requisitos legales.

13°.- Que, de la normativa expuesta y de los documentos que obran en el presente recurso, no es posible dar por establecido que la empresa recurrida haya infringido la normativa legal, puesto que se encuentra acreditado que SBA Torres Chile SpA ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 116 bis F de la de la Ley General De Urbanismo y Construcciones, conforme fue constatado por el funcionario al que corresponde otorgar el permiso conforme a la ley.

Al efecto, los documentos acompañados por los recurrentes consistentes en capturas de pantalla de seguimientos de cartas remitidas por correos de Chile, no permiten concluir que no se haya cumplido con el requisito de la letra e) del artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues en ellos no se contienen datos que permitan vincular aquellos a alguno de los recurrentes o a sus domicilios ni menos restar validez al procedimiento seguido ante el ente municipal.

Del mismo modo, no se divisa actuación ilegal o arbitraria de parte de la Municipalidad recurrida ni del dueño del predio en que se emplaza la antena, desde que aquella obró dentro del ámbito de sus atribuciones, conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción y éste, legítimamente y sin que exista prohibición al respecto, dispuso de un predio de su propiedad, autorizando la construcción de la antena.

En consecuencia, no es posible dar por establecida la ocurrencia de un acto u omisión, de carácter ilegal o arbitrario, atribuible a los recurridos.

14°.- Que, a mayor abundamiento, sin perjuicio de invocar los derechos o garantías constitucionales que estiman conculcados, los recurrentes no explican, de manera precisa, de qué forma el supuesto acto arbitrario e ilegal imputado perturba o amenaza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad de los recurrentes.

En efecto, los recurrentes fundan su pretensión en que las torres celulares afectan de diversas maneras el amplio concepto de vida, integridad física y psíquica y la salud de las personas, refiriendo informes y estudios indeterminados, a los que se les reconoce poco éxito; y en un daño a largo plazo, que tampoco precisa o determina.

En síntesis, no habiéndose acreditado que mediante el acto respecto del que se reclama se haya generado alguna privación, perturbación o amenaza a algún derecho fundamental de los recurrentes, la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en su favor y a nombre de sus vecinos y residentes del sector nombre reservado de Quillón y de los estudiantes y profesionales de la educación de la Escuela Laguna Avendaño de Quillón, contra de nombre reservado, SBA Torres Chile SpA e Ilustre Municipalidad de Quillón.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

Rol N° 1093–2023 PROTECCIÓN.