Protección contra Empresa Periodística La Discusión S

Chillán, siete de enero de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, quien recurre de protección en contra la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, representada doña nombre reservado, y por su periodista de la jurisdicción de Chillán don nombre reservado; en contra de Empresa Periodística La Discusión S.A, o Diario La Discusión representada legalmente por don nombre reservado; en contra de los portales de noticias Chillan Online (www.chillanonline.cl), y en contra de nombre reservado Carlos On Line (www.sancarlosonline.cl), fundado en que por un acto ilegal ejecutado por los recurridos se ha perturbado y amenazado el ejercicio de su garantía constitucional consagrada en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Respecto de los hechos manifiesta el recurrente que en causa rol 1520-2022, tramitada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes, y en la cual se encuentra en calidad de imputado, solicitó con fecha 25 de octubre pasado la revisión de las medidas cautelares a las que se encuentra sujeto, en razón de ejercer una actividad laboral en el norte del país, dicha solicitud fue rechazada en primera instancia y luego aprobada en segunda instancia por esta Corte en los autos 940-2024 Penal. Agrega que por resolución de fecha 6 de diciembre de 2022, dictada por la juez de la causa se decretó la reserva de la causa rol 1520-2022 de ingreso del Juzgado de Letras de Bulnes, la que se extiende a la carpeta electrónica rol 940-2024 Penal de esta Corte, quedando restringido el acceso a la información como a las actuaciones de la misma sólo a los intervinientes.

Expone que los recurridos accedieron a las causas antedichas, publicando información personal en medios de comunicación social el día 30 de octubre de 2024, por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial en su sitio web, así como en publicaciones de Chillan Online en su sitio web (www.chillanonline.cl), en su perfil de Instagram (@chillan_online) y en su perfil de Facebook (Chillan Online) efectuadas el día 30 de octubre de 2024; en publicación de Diario La Discusión en su sitio web (www.ladiscusion.cl) efectuada el día 31 de octubre de 2024; y en publicación de nombre reservado Carlos Online en su sitio web (www.sancarlosonline.cl) efectuada el día 31 de octubre de 2024.

Añade que el actuar de los recurridos es ilegal no solo porque contraviene los artículos 7° del Acta N° 44-2022 sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas, sino también porque ha contravenido los artículos 4° y 7° de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

En lo concerniente a la privación, perturbación y amenaza a la garantía afectada, esto es, la del numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresa que con el actuar de los recurridos vulneró su derecho al respeto y protección de la vida privada al dar a conocer de forma pública los motivos por los cuales solicitó la revisión de las medidas cautelares a las que se encontraba sujeto soslayando el sistema de reserva de carpetas electrónicas del Poder Judicial y privándolo, por consiguiente, de la protección de sus datos personales. Agrega que con los actos denunciados no solo se divulgaron antecedentes del recurrido, sino que también de su cónyuge, la que de acuerdo a los informado por la Dirección de Comunicación del Poder Judicial, se le vinculaba a hechos que no se encuentran probados y en los cuales tampoco tiene ninguna calidad procesal. Por su parte el medio de comunicación nombre reservado Carlos OnLine, recurrido de autos, publico que “nombre reservado fue acusado de recibir un soborno (…)”, dichos que son contrarios a la realidad, toda vez, que en su calidad de interviniente en la causa penal en cuestión no es de acusado sino de imputado y consta en autos que Fiscalía -a la fecha de las publicaciones- no ha presentado acusación alguna en su contra.

Termina pidiendo se declare que el actuar de las recurridas es ilegal; que se eliminen todas y cada una de las publicaciones realizadas por las recurridas a través de sus medios de comunicación social -sitios webs, redes sociales, formatos impresos, etc.- transmitieron al público la información personal de la carpeta electrónica reservada, en un plazo de 5 días contados desde que la sentencia se encuentre firme o en el más breve plazo que esta Iltma. Corte, tenga por bien decretar; que se ordene los recurridos que en lo sucesivo se abstengan de divulgar cualquier información personal del recurrente y su familia; y cualquier otra medida que esta Iltma. Corte, considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

Incorpora documentos a su presentación.

2°.- Que, por su parte los abogados María Angelica San Martin Alarcón y Cristian Hernán Sepúlveda Burgos, en representación del recurrido don nombre reservado informan que su representado es comunicador social y propietario del medio de comunicación digital www.sancarlinoonline.cl, el que fue constituido legalmente en el año 2014, e inscrito según ordinario N° 607 de 20 de junio de 2014, de la Gobernación Provincial de Ñuble región del Bio-Bio.

En relación con los hechos en que se funda el presente recurso exponen que con fecha 30 de octubre de 2024, su representado recibe un correo remitido por don nombre reservado, periodista encargado del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, informando respecto de las medidas cautelares ordenadas en contra del recurrente por esta Iltma. Corte de Apelaciones, en dicho extracto se informaba que el señor nombre reservado, estaba siendo investigado por el delito de soborno. Añaden que su representado desconocía que la causa era reservada, y publicó la noticia confiado en que el correo provenía del propio Poder Judicial, en cuanto al tenor de la publicación realizada por su representado solo se encuadró en lo referido a la modificación de las medidas cautelares y en ningún caso al fondo del proceso.

En lo referente al acto ilegal que se le imputa a su representado de haber ingresado al expediente electrónico de la causa 940-2024-Penal, esto no es efectivo toda vez que la información publicada provenía directamente del encargado de comunicaciones del mismo servicio. Ahora respecto de la libertad que su representado tiene para publicar noticias estas se funda en lo previsto en el artículo 19 N° 12 de nuestra Constitución Política de la República, que consagra la libertad de emitir opinión e informar, sin censura previa, de acogerse la solicitud impetrada se estaría privando a los medios de comunicación de informar de manera clara, oportuna y veraz. Por otro lado, el recurrente en su recurso expresa que su representado al informar uso el calificativo de acusado, atendido el carácter de no informar con un lenguaje demasiado técnico a las personas que lee dicho medio.

Expone los letrados en su informe que el recurso interpuesto vulnera los establecido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, así como también el artículo 1° de la Ley 19.733. Luego cita el inciso 1° del artículo 2 de la ley antedicha, así como lo expresado por el Tribunal Constitucional Rol N° 2860-2015, en el considerando noveno referente al significado del derecho a la honra .

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe ordenado.

3°.- Que, por su parte, el abogado don Claudio Andrés Cusacovich Vásquez, en representación del recurrido nombre reservado, evacua informe señalando que la actuación de su representado no ha sido arbitraria o ilegal, ya que este procedió con apegó al ejercicio de la libertad de prensa, toda vez, que lo informado a través de su portal se basó en lo comunicado con fecha 30 de octubre de 2024, por don nombre reservado, vía correo electrónico cuyo contenido daba cuenta respecto de la modificación de las medidas cautelares a las que quedó sujeto el recurrente.

Expone que la actuación de su representada se encuentra amparada en lo establecido en el artículo 1 de la Ley 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo y lo dispuesto en el artículo 19 N° 12 de nuestra Constitución Política de la República. Agrega que no existe vulneración de derecho alguno, al no infringir la reserva a la que refiere el recurrente, ya que sólo se comunicó una información derivada de la unidad de prensa del poder judicial.

En lo que denomina la improcedencia del recurso expresa el letrado que la acción constitucional no sería la vía idónea, en razón que la Ley 19.733, estipula procedimientos especiales para que los afectados por la información entregada por un medio de comunicación social puedan accionar. Añade que para la procedencia de la acción debe existir una privación, perturbación o a lo menos una amenaza derechos indubitados y preexistentes, pero acá no existe ningún tipo de vulneración ya que frente a la interposición de la presenta acción su representado prefirió borrar la publicación, por lo cual ésta ya no existe, y el recurso perdió oportunidad.

Termina pidiendo se rechace en todas sus partes el recurso interpuesto con expresa y ejemplificadora condena en costas.

4°.- Que, en representación de la recurrida Empresa Periodística La Discusión S.A., el abogado Jean Pierre Latsague Lightwood, evacua informe expresando la inexistencia de acto ilegal de su representada la que actuó amparada en el legítimo ejercicio de la libertad de información dando a conocer una de las aristas de un caso penal.

Señala que su representado procedió con apegó al ejercicio de la libertad de prensa, toda vez, que lo informado a través de su portal se basó en lo comunicado con fecha 30 de octubre de 2024, por don nombre reservado, vía correo electrónico cuyo contenido daba cuenta respecto de la modificación de las medidas cautelares a las que quedó sujeto el recurrente. En otras palabras, la información no fue obtenida mediante el acceso directo de su representada a la causa a cuyo respecto pesaba una causal de reserva sino por medio del propio poder judicial, practica que se ha mantenido por más de una década por parte de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. Agrega que su representada ha cubierto dicha noticia desde el inicio del proceso penal realizando alrededor de 17 publicaciones en diversas oportunidades, usando fuentes confiables de información de forma objetiva y con un criterio neutral, sin expresión de juicios de valor.

Agrega que no es dable concluir que exista un actuar ilegal por parte de su representada o una afectación de garantías constitucionales ya que no existió imputación alguna que pudiera vulnerar los derechos del recurrente, sino que su representada actuó en ejercicio de la libertad de informar garantizada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República. Agrega que de sostener lo contrario el recurrente esto debe ser discutido en un juicio de lato conocimiento y con apegó a lo dispuestos en la Ley 19.733.

Indica que su representada se limitó a informar sobre la situación procesal en la que se encuentra el recurrente, con motivo de la investigación formalizada en su contra por hechos que fueron calificados por el Ministerio Público como constitutivos de delito de soborno y atendido su cargo en la Municipalidad de Bulnes, es que la información dice relación con un hecho de claro interés público. Agrega que en nuestro ordenamiento jurídico se establece como regla general la libertad de informar y la excepción limitarla, cuando el legislador ha querido establecer límites, lo ha hecho expresamente, entenderlo de otra forma abriría la posibilidad a una censura previa, tal y como parece requerirlo el actor cuando en su petitorio al pedir que se abstengan de divulgar cualquier información personal de quien redacta y su familia.

En lo que denomina como no afectación de las garantías constitucionales denunciadas, manifiesta el recurrido que niega toda acción u omisión en la actuación de su representada que haya provocado alguna afectación de las garantías del recurrente, protegidas por nuestra Constitución Política de la República, lo anterior en razón que su actuar se sujetó a informar respecto de un noticia de alto interés público, y cuyo contenido es verídico, por lo que al no existir imputaciones injuriosas o denigrantes ni menos informaciones falsas que dañen el nombre de su persona, no puede estimarse como afectado el derecho a la honra. Agrega que tampoco es posible aplicar en la especie lo dispuesto en la Ley 19.628, invocada por el actor, toda vez que ante dichas trasgresiones se debe aplicar la ley que refiere el artículo 19 N°12 de la Constitución, que es la Ley de Prensa.

Termina pidiendo se rechace en todas sus partes el recurso interpuesto, con costas.

5°.- Que, a su turno, la recurrida Dirección de Comunicación del Poder Judicial representada por su directora doña nombre reservado, y por el periodista de dicha repartición don nombre reservado señalan que la unidad fue creada en el año 2002 por decisión del pleno de la Excma. Corte Suprema, que tiene como objetivo difundir el trabajo realizado por el Poder Judicial hacia la comunidad, y hacer más comprensible la labor que a diario desempeña la justicia en nuestro país, la que se encuentra representada en cada una de las jurisdicciones del país por un periodista cuya misión principal es coordinar la relación entre los medios de comunicación y tribunales.

Agrega que el artículo 289 del Código Procesal Penal, así como la Acta 79 -2001, dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 10 de enero de 2001, establece normas respecto a la publicidad en las audiencias en materia penal como a la presencia de los medios de comunicación en dichas audiencias. Agrega que la Dirección de Comunicaciones tiene como función redactar un comunicado con el contenido de las audiencias de interés de los medios de comunicación e interés institucional, el que será enviado a todos los medios de cobertura local y nacional si fuere necesario, para su publicación.

En cuanto a los criterios de publicación de noticias sobre hechos jurisdiccionales de interés público se centran en comunicar la actividad jurisdiccional de forma transparente y asertiva.

En lo concerniente al fondo del recurso expone que la Corte de Apelaciones de Chillán, revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Bulnes, respecto del recurrente, ordenado las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás coimputados en la causa. En ese sentido manifiesta la recurrida que al inicio de la tramitación de la causa se dictó la reserva de aquella por 40 días, no obstante, a contar del 6 de junio de 2023, el tribunal ordenó levantar el secreto de la investigación en la Fiscalía y en la carpeta judicial, lo que fue ampliamente difundido por medios de comunicación. Así las cosas, con fecha 30 de octubre de 2024, el periodista de la jurisdicción de Chillán, publicó tanto en el sitio web del poder judicial como en la intranet del servicio, la resolución dictada por esta Iltma. Corte, las que no contenían datos sensibles o que puedan considerarse como confidenciales respecto de la investigación. Añade que atendido lo relatado la se ha actuado apegado a las políticas establecidas para la publicación de noticias.

Continúa señalando que el actuar de la Dirección de Comunicaciones se enmarca en el ámbito de sus funciones, por lo que no puede ser entendido como una afectación a la honra del recurrente, sobre todo cuando el tenor de lo informado se expresa en forma condicional, respetando la presunción de inocencia que ampara al recurrente.

6°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

7º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

9°.- Que, de acuerdo con los antecedentes que se han incorporado, corresponde indicar que lo objetado por el recurrente es la publicación por diversos medios de comunicación respecto de su situación procesal como imputado en una causa penal, la que en su concepto se encuentra reservada.

10°.- Que, en primer término corresponde indicar que la causa penal rol 940-2024 de ingreso de esta Corte de Apelaciones, que se hace referencia y en la cual se dictó la resolución que fue publicada por diversos medios de comunicación, no presenta el carácter de reservada, y si bien lo estuvo en la primera etapa del procedimiento penal, a contar del 6 de junio del año 2023 ya no tiene tal carácter y por tanto es de libre acceso al público, pues al haberse dejado sin efecto la reserva de los antecedentes, ya no pertenece a los criterios de excepción a la publicidad establecidos en el artículo 7° del Acta 44-2022 de la Excelentísima Corte Suprema.

11°.- Que, en el caso de marras la conducta de la recurrida Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, se limitó a publicar en el portal institucional la resolución que se refiere a la causa seguida en contra del recurrente, pues como lo informó, presenta interés para el público de los medios de comunicación, pues entre los imputados de la causa rol 1520-2022 de ingreso del Juzgado de Letras de Bulnes, se encuentran personas que desempeñaron una alta función pública u ocuparon un cargo de autoridad, donde se hace particularmente relevante la transparencia y publicidad de las decisiones que adopten o hayan adoptado los tribunales de justicia.

Por esta razón, resulta adecuado la labor primordial encomendada a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial cual es contribuir a la difusión de la labor de los tribunales de justicia, no pudiendo sino entender comprendida en dicha labor la recopilación y difusión de decisiones judiciales de interés y entre las cuales se encuentra, por cierto, la pronunciada por esta Corte, respecto del recurrente.

12°.- Que, sin perjuicio de lo dicho, no cabe duda que nuestra Constitución le asegura al recurrente el respeto y protección de su vida privada y honra a su persona y familia, y la protección de sus datos personales, según se desprende del tenor del artículo 19 N°s 4 y 24. Sin embargo, tales derechos no son los únicos que involucran el acto atribuido a las recurridas. En efecto, siendo todos éstos, comunicadores en diversas plataformas de difusión, debe tenerse presente que también su actividad está amparada por la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, a la luz del artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, y su ejercicio regulado en la Ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. En consecuencia, frente a una colisión de derechos, en este caso concreto, entre la honra y la de informar, esta Corte deberá ponderar los intereses en disputa, para determinar cuál debe prevalecer o ceder ante el otro.

13°.- Que, frente al dilema descrito, cobra relevancia que las publicaciones en cuestión únicamente dan cuenta, como ya se ha dicho, de una resolución judicial dictada en un proceso penal no tiene el carácter de reservado, por lo que solo cabe concluir que prima la libertad de información por sobre la eventual vulneración del derecho a la honra e imagen de don nombre reservado, toda vez que las publicaciones acompañadas, no aparecen realizadas con el sólo ánimo de difamar o injuriar a una persona, sino que, como se señaló, dan a conocer hechos de interés público vinculados con un proceso penal.

14°.- Que, en esta materia, se debe señalar que este arbitrio judicial, no puede convertirse en una modalidad para materializar una censura previa ni limitar la libertad de expresión, existiendo los mecanismos legales en procedimientos de lato conocimiento para hacer efectivas expost las responsabilidades penales y civiles por los delitos y abusos que, eventualmente, se hayan perpetrado en el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del número 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y las normas establecidas en la Ley N° 19.733, mediante la difusión de información injuriosa o calumniosa obtenida de una labor periodística irresponsable o imprudente.

15°.- Que, así las cosas, estos sentenciadores no adquieren convicción de la existencia de una ilegalidad en la conducta de las recurridas, la que tampoco pueden calificar de arbitraria, toda vez que su proceder no resulta caprichoso y, por el contrario, encuentra un fundamento racional en las funciones encomendadas a la Dirección de Comunicación del Poder Judicial, como organismo cuya función es la difusión de las decisiones judiciales, en cuanto a publicación del material entregado por ésta, todo lo cual impone necesariamente el rechazo de la acción planteada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso interpuesto por don nombre reservado en contra la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, representada doña nombre reservado, y por su periodista de la jurisdicción de Chillán don nombre reservado; en contra de Empresa Periodística La Discusión S.A, o Diario La Discusión representada legalmente por don nombre reservado; en contra de Chillan Online representado por don nombre reservado y en contra de nombre reservado Carlos Online, representado por don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Fiscal Judicial Subrogante Gabriel Hernández Sotomayor.

Rol N° 1081-2024 PROTECCIÓN.