Protección contra Tesorería Provincial de esta ciudad

Chillán, diez de octubre de dos mil dieciocho.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Ministro señor Christian Hansen Kaulen.

Chillán, diez de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO:

1°.- Que comparece el abogado Nicolás Miranda Larraguibel, en representación convencional de don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y recurre de protección en contra de la Tesorería Provincial de esta ciudad, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, edificios públicos, comuna de Chillán, por haber incurrido en actos positivos, arbitrarios e ilegales, que implican un desconocimiento, privación y perturbación de las garantías constitucionales del recurrente que denuncia, solicitando se admita a tramitación y en definitiva se restablezca el imperio del derecho accediendo a lo solicitado.

Explica que la recurrida pretende cobrar una deuda por concepto de impuesto territorial ascendente a la suma de $41.917.592 asociado a un inmueble cuyo avalúo fiscal es de $227.533.883, y menciona que en los procesos de cobro de deudas por concepto de impuesto territorial, y según expresa disposición legal, los predios asociados a dichos impuestos se entienden embargados por el solo ministerio de la ley.

Menciona que, bajo el amparo de las normas que cita, la recurrida tenía embargado un inmueble, por el solo ministerio de la ley, con cuya realización podía cubrirse varias veces la deuda, sus intereses, reajustes y eventuales sanciones y/o multas, pero que por resolución de 13 de febrero de 2018, la recurrida amplió el embargo sobre activos financieros del recurrente, indicando que dicho acto administrativo fue complementado, en sus fundamentos y motivaciones, por medio de resolución de fecha 28 de marzo de 2018, notificada al recurrente el 11 de agosto de 2018.

Añade que la resolución recurrida complementó, y en definitiva completó, para que produjese plenos efectos, la ampliación del embargo sobre los activos financieros del recurrente, lo que constituye actos arbitrarios e ilegales de la recurrida, lo que se fundamentó, motivó y justificó en causales que no tienen validez legal, en base a una alternativa más cómoda para la recurrida, expropiatoria e ilegal sin sustento jurídico, sosteniendo que la motivación y/o fundamentos que usó la recurrida para ampliar el embargo, no tienen asidero ni justificación legal, sosteniendo que la ampliación del embargo y sus fundamentos son actos arbitrarios e ilegales que conculcan las garantías constitucionales del recurrente.

Manifiesta en cuanto a los antecedentes generales del proceso ejecutivo, por resoluciones de fechas 10 de enero de 2017 y 12 de enero de 2018, emitidas por el Tesorero Provincial de Ñuble, en su calidad de juez sustanciador, ordenó el pago de las cuotas morosas, de los años indicados en su recurso, que corresponden al impuesto territorial que grava el inmueble individualizado con el rol de avalúo fiscal 111-22 de la comuna de Coihueco, detallando en la acción los números de los expedientes administrativos en que se funda la resolución, siendo todos de la comuna de Coihueco.

Explica que conforme a lo establecido en la inscripción del inmueble a fojas 68 número 164 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 1951, e inscripción especial de herencia de fojas 44 número 92 del mismo registro correspondiente al año 1956, el dominio de dicho inmueble corresponde a la sucesión de don nombre reservado, la que está compuesta por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado todos de apellidos nombre reservado.

Añade que la posesión efectiva de los bienes transmitidos por doña nombre reservado se concedió a su hija nombre reservado, inscrita a fojas 105 número 227 y la inscripción especial de herencia a fojas 105 vuelta número 228, ambas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 1961. A su vez, indica que la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de doña nombre reservado, que rolan a fojas 30206 número 29529 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005, se concedió a los herederos a quienes individualiza en el recurso, entre ellos el recurrente.

Menciona que la recurrida ordenó que se lleve a efecto las diligencias de notificación, requerimiento de pago y traba de embargo en contra de los bienes de nombre reservado con fecha 10 de enero de 2017 y 12 de enero de 2018, y refiere el artículo 173 del Código Tributario señalando que el inmueble se encontraba embargado en beneficio de Tesorería desde el acto del requerimiento, el cual no solo bastaba, si no que sobraba para pagar eventuales deudas, y que la recurrida por sí y ante sí amplió el embargo sobre activos financieros de su representado.

Enfatiza que la motivación del acto administrativo de ampliación de embargo, se completó y fijó por medio de la resolución recurrida, que expresó claramente los motivos de la ampliación del embargo, por lo que ilustra el modus operandi empleado y resalta ciertos vicios de forma que había incurrido la recurrida, señalando que se configura una forma de actuar indebida e ilegal que desembocarían en la resolución arbitraria e ilegal recurrida, resaltando el hecho que los expedientes administrativos fueron acumulados el 12 de enero de 2018, preguntándose el recurrente por qué Tesorería no hizo lo mismo con el expediente administrativo 10076-2016, al no incluirlo en dicha acumulación, sin mayor fundamento, es decir, arbitrariamente. Luego añade que la ampliación del embargo de 13 de febrero de 2018 incluye una referencia a la orden de despachar el mandamiento de ejecución y embargo en contra del recurrente de 12 de enero de 2018, por lo que detalla que el expediente más antiguo es el 1004-1995, en el que la orden se dictó el 10 de enero de 2017, lo que entraría en contradicción con la acumulación que operó respecto de los expedientes administrativos, teniendo en cuenta que para ello la substanciación de todos ellos debiera encontrarse en instancias análogas conforme al artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, por lo que sostiene que la recurrida venía con anterioridad actuando de un modo inadecuado lo que culmina con la resolución recurrida.

Afirma que el acto administrativo de ampliación de embargo fue complementado con motivaciones y fundamentos diferentes a los originales, indicando que el 13 de febrero de 2018, la recurrida decretó la ampliación del embargo, sobre activos financieros del recurrente, a pesar de contar con un inmueble embargado por el solo ministerio de la ley suficiente para pagar la deuda, razonando que de forma vaga e imprecisa, la recurrida intentó justificar la ampliación del embargo en la suposición y especulación que realizar el inmueble era oneroso, por lo que por medio de resolución de 28 de marzo de 2018, notificada al recurrente el 8 de agosto de 2018, la recurrida complementó la justificación y motivación del acto administrativo de ampliación de embargo en razones de comodidad, las que no serían razones legales para permitir que se amplíe un embargo, y que en consecuencia, sostiene que las razones fueron una supuesta imposibilidad de determinar la ubicación y deslindes del predio y en la supuesta dificultad de traer al juicio a los comuneros.

Declara que el acto administrativo debe bastarse a si mismo y solo desde que está completo producirá sus efectos, indicando que debe ser entendido términos sencillos, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho de dicho acto. Refiere que la motivación es la esencia del acto administrativo y que el acto administrativo de ampliación de embargo recién logró completar su motivación, en la forma exigida por la Corte Suprema, una vez que se dictó la resolución recurrida que complementó la motivación de la ampliación de embargo. Al efecto, señala que la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado es la fuente primaria de la “motivación” como requisito del acto administrativo, la que emana de los artículos 8°, 11°, 16° y 41° de dicha norma, los cuales transcribe en su recurso, y al respecto cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre este punto. Concluye que la motivación, entendida como sus fundamentos de hecho y de derecho, es un elemento esencial del acto administrativo, y que sin el cual, el acto administrativo no puede producir plenos efectos.

Explica que un acto administrativo se entiende completo desde que reúne todos sus elementos y que solo ahí puede producir efectos, por lo que la motivación de dicha ampliación de embargo se completó con la resolución recurrida, en la que reflejó todos los fundamentos y motivos del acto administrativo de ampliación del embargo, momento en el cual el acto produjo efectos, lo que explica a través de jurisprudencia administrativa y lo enunciado por la Contraloría General República que refiere en su recurso, a fin de concluir que si el acto administrativo de ampliación de embargo fue objeto de una complementación en su motivación por medio de la resolución recurrida, que contenía motivaciones, razones, y elementos nuevos, distintos de los motivos originales (vagos e imprecisos), el acto administrativo de ampliación de embargo recién estuvo completo y habría de producir efectos con la resolución recurrida.

Afirma que la ampliación de embargo se motivó en causas no contempladas en el Código Tributario, que contempla causal de suficiencia económica para permitirla y no de “comodidad” como pretende la recurrida, agregando que la resolución recurrida complementó el acto administrativo de ampliación de embargo, y que las causas que motivaron y complementaron el acto administrativo no tienen fundamento legal y significan una desviación de poder de parte de Tesorería. Refiere el artículo 173, inciso primero del Código Tributario razonando que al tratarse de cobro de impuesto territorial, Tesorería desde que efectuó el requerimiento, en el mes de mayo de 2017, contó con el inmueble embargado a su favor, por el solo ministerio de la ley, reiterando el avalúo fiscal del Inmueble - $227.533.884-, el que supera varias veces la deuda, bastando y sobrando para pagarla, por lo que considera que la recurrida debía continuar adelante con el proceso establecido en los artículos 185 y 189 del Código Tributario para efectos de la subasta y remate del inmueble, vía Abogado Provincial y Juez Civil.

Sostiene que el actuar de la recurrida la cual sin justificación alguna que la ampare, amplía el embargo sobre activos financieros del recurrente se traduce en un acto arbitrario e ilegal en razón a que los motivos que la habrían justificado no son los que exige el Código Tributario, por lo que cita el artículo 174 inciso segundo del mismo cuerpo legal, refiriéndose a que exige y condiciona la ampliación del embargo a una condición específica, consistente en que exista justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir las deudas.

Sostiene que la resolución recurrida señala, con meridiana claridad, que no se cumplió la condición mencionada para proceder a ampliar el embargo, reiterando que los motivos y justificaciones fueron la supuesta imposibilidad de determinar la ubicación y deslindes del predio, y supuesta dificultad de traer al juicio a los comuneros, afirmando que la resolución es arbitraria e ilegal y que los hechos no califican dentro la hipótesis del artículo 174 inciso 2° del Código Tributario, que permitiría a la recurrida ordenar la ampliación del embargo a otros bienes del ejecutado.

Manifiesta de forma arbitraria e ilegal la recurrida vulneró garantías constitucionales del recurrente, y que su actuar es ilegal al realizarse fuera de las facultades reguladas en el Código Tributario, que le permitiera ampliar el embargo, únicamente, cuando existiese justo motivo de temer que el bien embargado no fuera suficiente para alcanzar a pagar la deuda, y que es arbitrario debido a que su conducta importa una vulneración del uso razonable de sus facultades legales al dirigirse derechamente a los activos financieros por razones de comodidad, por lo que resulta inentendible el razonamiento de la recurrida al considerar que el artículo 174 inciso 2° es aplicable al no existir un justo temor a que el embargo no alcance para satisfacer la deuda, teniendo en cuenta el avalúo fiscal del mismo.

En cuanto al derecho menciona afectadas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al configurarse un acto arbitrario e ilegal, causado por la intención de proceder en contravención al ordenamiento jurídico motivado por la intención de evitar un procedimiento que podría tomar más tiempo y tramitación; el derecho al debido proceso del artículo 19 N°3, indicando que se vio severamente debilitada la posibilidad del recurrido de defenderse frente al accionar arbitrario de la recurrida al rechazar la solicitud de subastar el inmueble, disminuyéndose las posibilidades de oponerse al actuar de Tesorería, al desempeñar ésta el papel de juez y parte, lo que constituiría un ejemplo irrefutable de como un órgano administrativo puede conculcar el derecho al debido proceso al actuar de cualquier modo que estime conveniente; el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 sobre sus activos financieros, constituidos por cuentas corrientes, cuentas de ahorros, fondos mutuos, saldos de cuentas, depósitos, operaciones, acciones y otros bienes embargables, todo hasta la suma de $41.450.358, refiriéndose a que el acto ilegal y arbitrario ejecutado por la recurrida ha privado a su representado el derecho a usar, gozar y disponer libremente de sus bienes.

Termina solicitando, en consideración a lo expuesto, tener por deducida la acción de protección, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla, restableciendo el imperio del derecho, adoptando todas aquellas medidas que estime imprescindibles para garantizar el ejercicio adecuado de los derechos vulnerados y en particular i) Declarar que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal que produce una perturbación y una privación de los derechos de igualdad ante la ley, del debido procedimiento y de propiedad, de don nombre reservado, ordenando cesar en dicha conducta y disponer de los medios necesarios y adecuados para que se reestablezca el imperio del derecho, en particular, (a) ordenando el alzamiento de los embargos recaídos sobre los activos financieros que fueron objeto de la ampliación de embargo ordenada por Tesorería por medio de resolución de fecha 13 de febrero de 2018, complementada por resolución de 28 de marzo de 2018, notificada al recurrente con fecha 11 de agosto de 2018; (b) ordenar a la recurrida adoptar las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho en caso de que, producto de los embargos malamente ejecutados por la recurrida, y actos posteriores de esta última, el recurrente haya sufrido algún perjuicio, disminución, pérdida o alteración de cualquier tipo o naturaleza, de sus activos financieros, ordenando la restitución de los mismos en caso de ser necesario; ii) Ordenar a la Tesorería Provincial de Chillán de abstenerse en lo sucesivo de privar, amenazar y turbar el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del Recurrente; y iii) Condenar expresamente en costas a Tesorería. A su recurso, acompaña documentos.

2°.- Que informa el recurso el Tesorero Regional de Ñuble don nombre reservado, solicitando su rechazo con costas, explicando previamente una serie de errores o imprecisiones del recurso pues la Ley entregó al Servicio de Tesorerías la misión de cobrar administrativa y compulsivamente las obligaciones tributarias y los créditos del Sector Público que no han sido pagados dentro de plazo, tarea que normada en el Código Tributario, Código de Procedimiento Civil y también en la Ley de Administración Financiera del Estado, en el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en leyes especiales y generales y, obviamente, en la Constitución Política del Estado y Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.

Precisa que el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, se encuentra regulado en el Código Tributario, artículo 168 y siguientes y se trata de un procedimiento judicial de cobro de impuestos morosos, en que el Tesorero Regional o Provincial asume la calidad de Juez Sustanciador, es decir, no se trata de un procedimiento de carácter administrativo, sino que de un procedimiento judicial, razón por la cual no le son aplicables las disposiciones de la Ley 19.800 sobre procedimiento administrativo, ni tampoco se trata de un acto administrativo de ampliación de embargo, sino que de una resolución judicial de ampliación de embargo, a la que no le son aplicables los requisitos de los actos administrativos. Añade que el artículo 171 inciso 2° del Código Tributario previene que “Practicado el requerimiento en alguna de las formas indicadas en el inciso precedente, sin que se obtenga el pago, el recaudador fiscal, personalmente, procederá a la traba del embargo... ”, es decir, para que los inmuebles con deuda de impuesto territorial se entiendan embargados por el sólo ministerio de la ley no basta con la existencia de la deuda, sino que es necesario que se haya practicado el requerimiento de pago en algunas de las formas indicadas en el artículo 170 del Código Tributario y en la especie, para que se produjera el embargo por el solo ministerio de la ley era necesario que se notificara y requiriera de pago a todos los propietarios del inmueble, esto es, a todos los miembros de la sucesión de don nombre reservado y tal como señala la resolución de 10 de enero de 2017, de algunos de los herederos no se tiene información, siendo imposible para ese Servicio practicar la notificación y requerimiento de pago y, consecuentemente, embargar y subastar el inmueble rol 111-22 de Coihueco.

Destaca que ante la imposibilidad de notificar a todos los herederos, es evidente que una forma legítima en que el servicio recurrido podía obtener el pago de la deuda, era dirigiendo la ejecución en contra de algunos de los herederos en su calidad de codeudor solidario, conforme al artículo 26 de la Ley 17.235 sobre impuesto territorial, que dispone que cuando una propiedad raíz pertenezca a dos o más dueños en común, cada uno de ellos responderá solidariamente del pago de los impuestos, sin perjuicio de que éstos sean divididos entre los propietarios, a prorrata de sus derechos en la comunidad. Añade que esa resolución se dictó con fecha 10 de enero de 2017 y fue debidamente notificada al ejecutado, quien incluso designó mandatario en el expediente y opuso excepciones, las que fueron declaradas inadmisibles por ser extemporáneas.

Señala que la resolución que ordenó el embargo de bienes de propiedad del recurrente, de fecha 13 de febrero último, fue notificada el 1 de marzo del mismo año, mismo modo que la resolución de 13 de marzo pasado, que se limitó a ordenar al Banco de Chile la remisión de los fondos embargados, la que fue notificada el mismo día de su dictación, por lo que mal podría el ejecutado alegar desconocimiento pues al 5 de marzo de 2018, sus representantes presentaron un escrito solicitando la condonación del 100% de los intereses de la deuda y suspender la imputación de los vale vista producto del embargo trabado, misma fecha con la que se presentó una tercería de dominio por el mismo ejecutado, fundada en que el dinero retenido no era su propiedad sino que estaban en su cuenta en razón de su cargo, por lo que ambas presentaciones permiten concluir que el ejecutado tenía conocimiento de la ejecución en su contra, como también de la traba de embargo. Agrega que el 6 de marzo último, se solicitó el remate del inmueble rol 111-22 de la comuna de Coihueco a fin que con el producto del remate se pague la deuda de impuesto territorial y, nuevamente, refiriéndose al embargo decretado, se solicitó suspender la imputación del vale vista, demostrando que a pesar de lo señalado en la presentación, la oportunidad en que se tomó conocimiento del juicio, 30 de mayo de 2017 y de la traba de embargo, 13 de febrero de 2018, es muy anterior a la fecha de presentación del recurso, que además de infundado, resulta absolutamente extemporáneo, ya que se ha formulado una vez que se han imputado los vale vista a la deuda y han transcurrido todos los plazos para impugnar ninguna de las resoluciones que por este recurso se señalan como ilegales y arbitrarias, sin que se haya hecho valer recurso alguno ni se haya hecho presente ningún defecto de forma en la tramitación, de modo que es evidente que lo que se persigue con su interposición es usarlo como una segunda instancia.

Refiere sobre la acción u omisión ilegal o arbitraria que exige el artículo 20 de la Carta Política, estimando que el Servicio de Tesorerías ha actuado no solo conforme a la normativa legal vigente, sino que teniendo fundamento su obrar en el cumplimiento estricto de una de las funciones que la ley le asigna y atendido el mérito de los antecedentes que obraban en su poder, conforme disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, de modo que nada tiene de ilegal ni de arbitrario el que el servicio ejerza sus atribuciones y dirija la ejecución en contra de uno o más de los codeudores solidarios y embargue bienes, pues en caso contrario infringiría tales deberes de resguardo del patrimonio fiscal y la custodia de los fondos públicos.

Finaliza señalando que no advierte cómo la Tesorería Provincial de Nuble, hoy Tesorería Regional de Ñuble, al actuar dentro de las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, podría haber vulnerado la garantía del derecho de igualdad, debido proceso y propiedad del recurrente, motivos por los que, conforme las normas que cita, pide tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar el recurso con costas.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentesprotegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que en primer termino y en cuanto a la extemporaneidad alegada por el recurrido es dable indicar que de los antecedentes acompañados por el recurrente al interponer la acción de protección aparece que con fecha 8 de agosto del actual recibió comunicación por parte de la Tesorería General de la Republica respecto del proceso de ejecución que da origen al recurso, lo que permite concluir que la acción ha sido interpuesta dentro de plazo, razón por la cual, la alegación de extemporaneidad debe necesariamente ser desestimada.

7°.- Que en cuanto al fondo de la acción deducida, es preciso indicar que don Nicolás Miranda Larraguibel en representación de don nombre reservado ha interpuesto recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial de Ñuble, por cuanto en el marco de los procesos de cobranza de Impuesto Territorial y se ha despachado mandamiento de ejecución y embargo, respecto de los activos financieros del recurrente, solicitando a este tribunal acoga el recurso de protección y resuelva ordenar el alzamiento de los embargos recaídos sobre los activos financieros que fueron objeto de la ampliación de embargo ordenada por Tesorería; ordenar a la recurrida adoptar las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho en caso de que, producto de los embargos malamente ejecutados por la recurrida, y actos posteriores de esta última, el recurrente haya sufrido algún perjuicio, disminución, pérdida o alteración de cualquier tipo o naturaleza, de sus activos financieros, ordenando la restitución de los mismos en caso de ser necesario; ordenar a la Tesorería Provincial de Chillán de abstenerse en lo sucesivo de privar, amenazar y turbar el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del Recurrente; y condenar expresamente en costas a Tesorería.

8°.- Que la recurrida al informar, sin discutir las circunstancias que condujeron al embargo a que se refiere el recurso, dio cuenta de haber actuado conforme a derecho de acuerdo al procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero.

9°.- Que, examinando los antecedentes rol 1004-1995, cobranza judicial, caratulado Fisco con nombre reservado, consta que por resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, el señor Juez Sustanciador de Ñuble y Tesorero Provincial de Ñuble doña nombre reservado, ordenó dirigir la ejecución en contra del demandado y ejecutado don nombre reservado, en calidad de codeudor solidario del impuesto territorial que grava el bien raíz rol de avalúos fiscal n°111-22 de la comuna de Coihueco, para obtener el pago de las deudas morosas del referido impuesto y que dé cuenta la nómina de deudores morosos, ordenando al efecto la formación del correspondiente cuaderno separado de cobro que rolaban bajo el mismo rol n°1004-1995, 1002-1996, 1004-1998, 1003-2000, 502-2004, 507-2006, 505-2007, 505-2008, 2002-2009, 2057-2010, 10025-2011, 10027-2012, 10005-2013, 10071-2014, 10022-2015, 10023-2016-1176-2016 todos de la comuna de Coihueco. Todas estas causas están acumuladas por resolución de 12 de enero de 2018..

10°.- Que del mismo expediente que se tiene a la vista ya individualizado en el motivo precedente, consta que por resolución de 18 de abril de 2017 dictada por el juez sustanciador subrogante don nombre reservado, ordenó requerir de pago y trabar embargo sobre bienes suficientes de propiedad del deudor, necesarios para el curso progresivo de la demanda, del contribuyente y ejecutado don nombre reservado.

Consta a fs. 28 de en dichos antecedentes que el demandado y ejecutado con fecha 16 de mayo de 2017 fue notificado y requerido de pago conforme lo ordenado en resolución de 18 de abril de 2017 dictada en el expediente 10025-2011, notificó y requirió de pago doña nombre reservado recaudador fiscal. Por lo tanto, en la especie se está frente a un juicio ejecutivo de obligación tributaria de dinero contemplada en los artículos 168 y siguientes del código tributario.

A fs. 18 de los antecedentes tenidos a la vista consta que con fecha 30 de mayo de 2017, el ejecutado opuso la excepción de prescripción extintiva, la que fue declarada improcedente por extemporánea por sentencia definitiva de 14 de septiembre de 2017 según consta a fs. 43 de dichos autos.

Dicha sentencia definitiva fue notificada por correo electrónico registrado por el contribuyente en el Servicio de Impuestos Internos con fecha 12 de enero de 2018 según consta a fs. 49 de los autos tenidos a la vista.

En contra de este fallo no se dedujo recurso alguno.

11°.- Que, el juicio ejecutivo tributario es de características especiales, en que el tesorero provincial (regional) no actúa como órgano administrativo sino que como juez sustanciador y por ende dentro de sus facultades jurisdiccionales que le son propias (artículo 170 inciso primero del código tributario), y en tal calidad despacha mandamiento de ejecución y embargo detentando por lo tanto las facultades para pronunciarse sobre la ejecución. Así las cosas, la ley 19880 sobre procedimiento administrativo, no le es aplicable en el juicio ejecutivo reglado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Tampoco es un acto administrativo las diligencias relativas al embargo normadas en el referido cuerpo legal.

12°.- Que de lo expuesto aparece que el mismo asunto que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos se encuentra hoy ventilada ante el Tesorero Provincial de Ñuble en su calidad de juez sustanciador, en el expediente administrativo de cobranza de Impuesto territorial n°1004-1995 Coihueco, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos. De esta forma, y encontrándose la situación controvertida bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar. En el mismo sentido la Excma. Corte Suprema se pronunció en los autos 4018-2017 recurso de protección por sentencia de 19 de febrero de 2018.

13°.- Que en lo que dice relación con la ampliación de embargo, que en concepto de recurrente es improcedente por cuanto no se cumple con lo dispuesto en el artículo 174 inc. 2° del Código Tributario, tal alegación no es posible plantearla en un recurso de protección como quiera que dicha actuación es de naturaleza jurisdiccional administrativa y por ende solo el tribunal que conoce la controversia jurisdiccional es el órgano competente para pronunciarse al efecto. Todo ello, además conforme a lo señalado en el fundamento precedente de este fallo.

Ahora bien y teniendo en consideración que las actuaciones jurisdiccionales efectuadas al amparo de las disposiciones legales de los artículos 168 y siguientes del Código Tributario relativo al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero (Código Tributario libro III, título V) son de naturaleza jurisdiccional y en ningún caso de índole administrativa, no es posible que por esta vía esta Corte ordene el alzamiento de los embargos recaídos sobre los activos del deudor solidario en un procedimiento ejecutivo de índole jurisdiccional, que han sido objeto de la ampliación de los embargos ordenados por el juez tributario por medio de la resolución de fs. 50 de 13 de febrero de 2018 y complementada por resolución de 28 de marzo de 2018 a fs. 138 del expediente de cobro ejecutivo rol 1004-1995 que se tuvo a la vista.

14°.- Que, por otra parte, es del caso señalar que en cuanto a la acción u omisión ilegal o arbitraria que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es menester señalar que aun cuando tales vocablos no son sinónimos, tanto la arbitrariedad como la ilegalidad implican una contrariedad con el derecho, son ambas antijurídicas.

Lo ilegal consiste en una contravención formal con el texto legal y lo arbitrario en una ausencia de fundamento racional.

En la especie y sin perjuicio de lo dicho el Servicio de Tesorería actuando por medio del juez sustanciador ha actuado dentro del marco legal que le es propio conforme lo dispone los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, por ende no es arbitrario ni caprichoso.

15°.- Que, finalmente, es del caso advertir que conforme lo dispone el artículo 190 inc. 2° del código tributario, las normas contempladas en el título I del libro III del Código de Procedimiento Civil, relativas al juicio ejecutivo, son supletorias en lo que fuera compatible con el carácter administrativo del procedimiento ejecutivo tributario. Entre tales normas está el artículo 456 inc. 2° del Código de Procedimiento Civil, que en lo pertinente dispone que el haber recaído el embargo sobre bienes de difícil realización será siempre justo motivo para la ampliación. Este es el argumento esgrimido por el recurrido en su calidad de juez sustanciador en resolución de 13 de febrero de 2018 escrita a fs. 50 y siguientes del expediente tenido a la vista.

Por otra parte, también es necesario tener presente que la resolución de 13 de febrero de 2018 de fs. 46 y siguientes dictada por el juez sustanciador y que decretó la ampliación del embargo, una vez requerido de pago el deudor no fue objeto de recurso alguno, razón por la cual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie a virtud del artículo 190 inciso 2° del Código Tributario, dicha resolución se encuentra firme o ejecutoriada, como fuera que a las normas del juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil le son aplicables las reglas comunes a todo procedimiento del libro primero del citado cuerpo legal.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Nicolás Miranda Larraguibel en representación de don nombre reservado en contra de la Tesorería Provincial de Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Christian Hansen Kaulen.

No firma el Ministro señor Darío Silva Gundelach, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

ROL 1078-2018-PROTECCION