nombre reservado con nombre reservado

Chillán, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparecen nombre reservado y nombre reservado, quienes interponen Acción de Protección en contra de nombre reservado y nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en, cierre de local comercial arrendado, por vías de hecho vulnerando derecho a disfrutar del goce de los inmuebles arrendados, y/o poder retirar nuestras especies maquinarias e inmobiliario, afectando con ello la garantía constitucional del Derecho de Propiedad.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 13 de marzo 2017 nombre reservado celebró contrato de arrendamiento con el recurrido de un inmueble ubicado en domicilio reservado, dentro de este inmueble se encuentra: a) un local comercial de 40 metros cuadrados y b) una bodega de 18 metros cuadrados, el destino de este local es para la venta de bebidas alcohólicas y otros productos como bebidas, dulces y cigarros. A su vez, nombre reservado, el 5 de octubre de 2021 celebró contrato de arriendo con el recurrido el local comercial para comida rápida ubicado en Arturo Prat 205 de la comuna de Quillón, en la cláusula sexta establece que el contrato comenzará a regir el 5 de octubre de 2021 y será renovable automáticamente al no existir problema entre las partes. Los contratos están vigentes, ya que no ha sido solicitada la restitución de las propiedades de acuerdo con la normativa especial.

Añaden que el arrendador mediante “Carta de aviso” de fecha 16 de Mayo de 2023, indica “(…) según contrato de arriendo firmado el día 13 de enero de 2017, clausula sexta dice que: el no cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente instrumento, dará derecho a la parte arrendadora para poner término inmediato al presente contrato, cuando se trate de incumplimiento de la obligación de pagar la renta)” “dicho esto informo a ud. Que se pondrá término al contrato de arriendo a partir del 26 de mayo del presente año “para esta fecha deben estar cancelados todos los servicios básicos como luz, agua y saldos pendientes correspondientes a los meses de arriendo en mora que corresponden a febrero, marzo, abril y mayo, considerando también posteriores de servicios básicos que es de conocimiento de ambos que estos se generan con un desfase de 1 mes, el cual deben cancelarse a más tardar el día 15 de junio del presente.

Indica que los supuestos meses impagos lo pagaron a la cuenta de nombre reservado, ya que el arrendador nombre reservado dijo que por razones y problemas en su cuenta fueran depositados a esa cuenta lo cual no cuestionaron ya que se encontraban en Estados Unidos. Donde les llega de parte del arrendador nombre reservado un “informativo” que dice: “(…) que a partir del mes de Julio del 2022 los depósitos correspondientes a arriendo de local comercial hubicado (ubicado debió decir) en domicilio reservado, por el monto de $300.000 pesos, sean transferidos a la siguiente cuenta: nombre reservado, rut (…)”y a nombre reservado se le avisa mediante WhatsApp.

Luego, en mayo reciben un correo de la secretaria de nombre reservado quien dijo que ahora era él el dueño del local y que debían desocuparlo el 10 de junio o pondrían candados. El día 8 de junio el estudio jurídico Terra a través de su abogada contactó vía correo a Mario para ver una solución y una explicación ya que no podían cerrar los locales intempestivamente, sino a través de un proceso judicial y con una orden del Tribunal para realizar un lanzamiento. Correo que no fue contestado por el arrendador. El cual dice lo siguiente: “Según consta en contrato firmado el 3 de Enero del año 2017 usted es dueño de la propiedad Rol Avalúo 24-1 domicilio reservado. Al revisar los antecedentes de la propiedad (adjunto documento) consta en SII que la propiedad está a nombre de Inmobiliaria CV SPA. Nos gustaría entender si usted es el dueño de la propiedad ya que el contrato está a su nombre y no de la Sociedad. Es necesario suspender las amenazas y hostigamiento de desalojo en contra de nuestro cliente, realizadas por su persona a través de la señorita nombre reservado correo correo reservado, número telefónico teléfono reservado. Las materias de desalojo están establecidas en la Ley 21.461 y de acreditar deuda en rentas o gastos de servicios básicos, esperamos ser notificados como corresponde a través de su abogado o por la vía que el mismo contrato establece. Rogamos también nos explique del porque usted solicita a nuestro cliente que este transfiera desde Julio del 2022 a una cuenta de tercero indicado nombre reservado. Revisados los antecedentes del caso, creemos que hay situaciones que no se ajustan a derecho, y por lo mismo, le invitamos a realizar un acercamiento en esta gestión no contenciosa para llegar a un acuerdo antes de iniciar un conflicto legal si así lo estima”. Este correo jamás fue contestado.

Agregan que el día domingo 11 de mayo, sus trabajadores se encontraron con candados puestos, sin poder acceder a dichos inmuebles ni retirar la mercadería que tenían ni los alimentos perecibles, ni los muebles ni menos la maquinaria. Luego llegó la secretaría de nombre reservado quien les dijo a sus trabajadores que, por orden de nombre reservado, no podían ingresar a los locales arrendados. Se procede a llamar a carabineros, quienes no les permitieron ingresar a la propiedad ni sacar nada de ella, teniendo en cuenta que no existe orden judicial alguna que no les permita entrar y estando vigente el contrato de arriendo, por lo que nombre reservado estaría ejerciendo auto tutela tomado la justicia por sus manos no habiéndonos demandado ejerciendo un acto totalmente arbitrario y antijurídico.

Respecto del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, con fecha 13 de enero de 2017, señala que, si bien este tenía un plazo de un año se fue prorrogando por consentimiento de las partes hasta la fecha como se puede inferir de la carta de aviso Sostiene que nombre reservado a través de una conducta antijurídica de autocomposición y fuerza, ha impedido su derecho a usar tranquilamente de la cosa, evitando recurrir al tribunal que la ley ha establecido con anterioridad a fin de imponer su voluntad, reteniendo los bienes. El arrendador por su parte pretende evadir el procedimiento judicial establecido, normas de orden públicas establecidas con finalidad de orden social, no poniendo término al contrato de arriendo de forma que establece el ordenamiento jurídico. Respecto a nombre reservado, arrendatario de manera maliciosa y de mala fe aprovechándose que se encuentran lejos en otro país vendió el inmueble sin aviso y los obligó a transferir las rentas al nuevo dueño desconociendo éste hechos por lo que queda demostrada la mala fe con que operó. Luego envía carta de aviso donde dice que hay incumplimiento contractual en base a lo ya señalado.

Estiman que el actuar de los recurridos es ilegal y arbitrario, pues desconocen el contenido de la ley 18.101 la que establece las formas de poner fin a dicho vínculo. Y también a la legislación aplicable en nuestro código civil para el abandono de la propiedad como podría ser una acción de Precario respecto del nuevo dueño, Como asimismo, a lo establecido en artículo 73 de nuestra Constitución Política, norma que entrega a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer las causas civiles, de resolverlas y hacer ejecutar lo resuelto, lo que en la práctica equivale al ejercicio a la autotutela por parte del arrendador, por consiguiente los actos ejecutados atentan directamente contra el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, puesto que de forma unilateral sin fundamento alguno ha tomado la justicia por sus propias manos, despojándonos violentamente de la tenencia de nuestros locales comerciales y derecho sobre el inmueble arrendado, como asimismo la mercadería y maquinaria que estaban en dicho inmueble realizando un acto ilegal arbitrario, vulnerando la garantía constitucional establecida en el Art.19 N°3 inciso del mismo cuerpo legal.

Finalmente, en mérito de lo expuesto y lo prescrito en el artículo 20 en relación con el artículo 19 N°3 inciso cuarto y N°24, todos de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección y sus modificaciones, piden a esta Corte tener por interpuesto recurso de protección en contra de nombre reservado y nombre reservado, ya individualizados en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en impedir usar la propiedad arrendada, dado que bienes de mi propiedad permanecen al interior de la propiedad arrendada y eventualmente con el riesgo de perderlos, ya que pueden ser trasladados a un lugar incierto y, además, se amenace por vías de hecho mi derecho a disfrutar del goce de la bodega arrendada, ordenar el cese de los actos violentos que impiden el uso del bien arrendado y/ o cualquier otra medida cautelar que Usía Ilustrísima estime adecuada para restablecer mi derecho de propiedad afectado como se ha expuesto, acogerlo a tramitación, pedir el informe de estilo, y en definitiva, acogiéndolo restablezca el imperio del derecho, ordenado la restitución de la propiedad arrendada al arrendatario con todos las maquinarias que ha provisto para el giro del rubro, todo bajo apercibimiento legal y costas del recurso o en su defecto permitirnos el ingreso para hacer retiro de nuestras especies dando un plazo prudente para ello.

2°.- Que, al informar el presente recurso, nombre reservado, pide que se rechace la acción cautelar interpuesta, por no ser efectivos los hechos imputados, todo ello con expresa condena en costas, fundado en que no tiene ni ha tenido relación alguna con los hechos que en concreto se ventilan ya que la persona individualizada en autos no corresponde al nombre del suscrito y no conoce a las personas Recurrentes del presente Recurso de Protección ni es dueño de las propiedades en comento. Asimismo, desconoce que haya algún pago que hayan hecho a su persona.

Agrega que fue notificado por Carabineros de Chile en domicilio donde ejerce sus actividades laborales como cualquier ciudadano y se ha visto en la obligación de evacuar el presente informe a fin de evitar ser sancionado por la autoridad judicial, desconociendo como persona natural cualquier relación personal con los Recurrentes.

Finalmente, solicita, en mérito de lo expuesto, y no existiendo acto arbitrario o ilegal alguno, ni garantías constitucionales vulneradas, tener por evacuado informe y, en su mérito, rechazar el presente recurso de protección, por las causales antes señaladas, con costas.

En un otrosí, señala que en razón de lo expuesto en lo principal interpone institución de falta de legitimación pasiva por no existir vínculo alguno ni relación entre los recurrentes, su persona y los hechos ventilados en el presente Recurso de Protección.

Pide tener deducida excepción de falta de Legitimación pasiva, acogerla de plano y rechazar con costas la pretensión y argumentaciones de la contraria.

3°.- Que, al informar la presente acción el recurrido nombre reservado, que rechace la acción cautelar interpuesta, por no ser efectivos los hechos imputados, todo ello con expresa condena en costas.

Indica que el 13 de marzo de 2017 celebró contrato de arrendamiento con don nombre reservado recurrente en autos por un inmueble ubicado en domicilio reservado que tendría como uso de local comercial y bodega. Pasado el tiempo y con fecha 16 de mayo de 2023 envió carta certificada y notificada por Notario Público de Quillón don nombre reservado en el domicilio del recurrente avisando el término del contrato de arrendamiento, por incumplimiento del mismo en 3 meses de canon de arriendo y cobros de luz impagos, momento en que es informado que ambos recurrentes nombre reservado Y DOÑA nombre reservado, no se encontraban en el país desde hacía 3 meses por lo que al dirigirme al lugar arrendado me encuentro a otras personas ocupando el lugar, quienes no entregaron información de quienes eran ni tampoco decían ser trabajadores de los recurrentes, ni menos tener contrato de trabajo. Posteriormente intentó infructuosamente comunicarme con ambas partes lo que fue imposible.

Añade que pasados aproximadamente 30 días, estando notificados los arrendatarios del término del contrato de arrendamiento por incumplimiento del mismo, estando ellos ausentes y su propiedad siendo ocupada por otras personas, hizo uso de su derecho de propiedad y de las facultades que le otorga el dominio y cerró la entrada de la propiedad a fin de evitar que esta fuera ocupada por desconocidos, y los bienes muebles que se encontraban dentro de esta fueran objeto de hurto o robo.

Que respecto de la situación de la recurrente 1, doña nombre reservado, señala que el 5 de octubre de 2021 celebró contrato de arriendo con la sociedad comercial FAST FOOD Y DELIVERY SpA Rut: RUT reservadopor local comercial para comida rápida ubicado en Arturo Prat 205 de la comuna de Quillón, encontrándome con la sorpresa que la propiedad aun después de fecha del inicio de contrato de arrendamiento, y con conocimiento de la empresa arrendataria no tiene elementos mínimos para funcionar como agua potable (impaga), ni tampoco se apersonó su representante legal por lo que en razón del principio de seguridad decidió cerrar dicho local hasta que se obtuviera dicha autorización de la autoridad de salud respectiva. Todo lo anterior en razón y beneficio de los habitantes de la comuna de Quillón y de la negativa del arrendatario a hacerse cargo del problema del que por cierto estaba en pleno conocimiento.

No obtuvo respuesta del representante legal de la misma o de algún socio, solo llegó una carta de acercamiento por parte de un “estudio jurídico” que desconoce, quienes le solicitaron cesar en su actuación, no teniendo ninguna certeza de a quienes representan ni menos un documento o mandato que así lo acredite.

Por lo anterior es que cabe entender que los recurrentes se desentendieron la obligación contractual que tienen, alegando posteriormente en sede superior de justicia, siendo esta incompetente para conocer por las reglas especiales que rigen la ley de arrendamiento.

Destaca que la acción tutelar debe enmarcarse sobre el supuesto de lo incoado por lo recurrentes esto es el articulo 19 numero 3 y 24 del mismo, los que no encuentran cabida en dicho recurso ya que existe un contrato de arrendamiento, incumplido, desconocido por los recurrentes y reclamado en instancia errónea pues si existiera diferencia de interpretación de los contratos de arrendamiento incorporados como prueba en el libelo de la presentación estos debieran reclamarse en instancia civil, tal y como lo ejemplifican los recurrentes. Por lo anterior es, anticipar la prueba por su parte en una instancia que no corresponde probar ya que existe norma expresa que indica como reclamar las diferencias existentes en contratos de arrendamiento. Por tanto, el presente recurso de protección carece de fundamento, prueba y derecho para ser invocado en sede procesal de La Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Hace presente que está dispuesto a entregar bajo inventario o acta los bienes muebles que se encuentren dentro de la propiedad en comento dentro del plazo prudente con el fin de concluir y terminar las diferencias incoadas en el presente recurso como cualquier otro derecho que los recurrentes pretendan reclamar en juicio diverso, todo ello en razón de la buena fe que este recurrido ciudadano entrega ante la Ley.

En conclusión, sostiene que el acto no puede ser calificado de contrario a derecho, como lo pretende él y la recurrente, desde el momento que se han cumplido todos los requisitos que esta parte ha establecido en los contratos involucrados e incorporados en el líbelo, careciendo de fundamento las imputaciones de ilegalidad efectuadas por la parte recurrente. Tampoco puede ser considerado arbitrario o caprichoso, ya que, los recurrentes acompañaron en su presentación, existen instrumentos como sendos contratos de arrendamientos incumplidos y esta parte solo ha hecho uso del mínimo derecho que me asiste para proteger la propiedad.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto, y no existiendo acto arbitrario o ilegal alguno, ni garantías constitucionales vulneradas, tener por evacuado informe y, en su mérito, rechazar el presente recurso de protección, por las causales antes señaladas, con costas.

4°.- Que informando Carabineros señala que se constituyeron en el local comercial ubicado en domicilio reservado de Quillón, constatando que se encuentra cerrado de sus puertas y ventanas con candado y protecciones, aparentemente hace largo tiempo.

5°.- Que la parte recurrida de nombre reservado acompaño boleta de Essbio y Frontel correspondientes al local ubicado en Arturo Prat N° 205 de Quillón, donde aparece la existencia de una deuda de $ 2.178.000 y $ 869.300 respectivamente.

6°.- Que la recurrente acompaño la inscripción de dominio de 22 de Junio de 2022, en el Conservador de Bienes Raíces de Bulnes, donde consta que nombre reservado vendió a nombre reservado, quien adquirió para Inmobiliaria CV 1 SpA, la propiedad ubicada en El Roble N° 402, Quillón.

7°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

8°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

10º.- Que primeramente cabe anotar, que si bien se recurrió en contra de nombre reservado.U.T. RUT reservado, (a quien se notificó), pero informó nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, al coincidir el número de R.U.T., no cabe más que concluir que se trata de la misma persona. Además el informante aseguró desconocer todo tipo de antecedentes respecto de los hechos denunciados y no conocer a los intervinientes, cuestión que se descarta claramente con el documento acompañado a folio 13 de estos autos, pues, no obstante haber obrado allí, en su calidad de representante legal de una persona jurídica, es evidente que sí conocía al otro recurrido y también que su representada sí adquirió uno de los inmuebles respecto de los cuales discurre el recurso, lo que lleva a desechar su alegación de falta de legitimación pasiva, según se dirá.

11º.- Que en cuanto al fondo, resulta pacífico y en todo caso se demostró documentalmente, que el recurrente nombre reservado y la recurrente nombre reservado (esta última, en representación de Soc. Com. Fast Food y Delivery Spa) celebraron contratos de arrendamiento con el recurrido Herrera por locales comerciales ubicados en el Roble 402 y Prat 205, ambos de Quillón, en los años 2017 y 2021, respectivamente. Asimismo, este último reconoció en su informe, que cerró ambos locales, para proteger sus propiedades por estar, el primero abandonado (con los arrendatarios fuera del país y a cargo de terceros desconocidos que no decían actuar por ellos) y el otro, sin condiciones sanitarias mínimas (por no tener acceso al agua, en razón de una elevada deuda, impaga).

12º.- Que la acción recién descrita, vale decir el cierre de los locales, por sí y ante sí, constituye una acción de autotutela no amparada por el derecho, pues, al existir los contratos referidos, no le estaba permitido al arrendador, disponer unilateralmente el cierre, hecho que les ha provocado a los recurrentes un impedimento para acceder a sus locales y, además recuperar todos los bienes que allí se encontraban, por ende, de ejercer efectivamente su derecho de propiedad sobre estos.

13°.- Que no obstante lo recién expuesto, teniéndose presente que el cierre referido habría ocurrido, según los actores, en mayo pasado, es decir hace casi 3 meses y que la presente acción es estrictamente cautelar, y que además existe un procedimiento idóneo para discutir todas las acciones que pudieren estimarse procedentes, no cabe aquí y en estas circunstancias, ordenar la restitución pedida de los inmuebles. Por otro lado no puede obviarse que el inmueble ubicado en domicilio reservado se encuentra transferido por parte de nombre reservado a Inmobiliaria CV 1 SpA.

14°.- Que distinta es la situación de los bienes muebles que se encuentran al interior de los locales arrendados, desde que aquellos además que podrían perecer o estropearse, son de dominio de los recurrentes (y no arrendados) sin que exista razón para que se dilate su devolución. Ello sin perjuicio de haberse allanado el recurrido Herrera a su restitución.

15°.- Que en cuanto al otro recurrido, nombre reservado, al no haberse demostrado una conducta concreta que haya afectado a los actores, desde que el cierre, como ya se dijo, fue obra de Herrera, sólo cabe rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el aludido recurso interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto, se ordena que este último deberá devolver, debidamente registrado en un acta, todos los bienes muebles pertenecientes a los recurrentes, y que se encuentren en los locales ubicados en domicilio reservado, ambos de Quillón, en el plazo de cinco de días.

Se rechaza en lo demás, el aludido recurso y también en lo que dice relación a nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Guillermo Arcos Salinas ROL 1077-2023-PROTECCION.