Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° R-01-UME-152970-2024 de fecha 29 de septiembre de 2024, que confirmó el rechazo de sus licencias médicas números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado y la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-131447-2024 de fecha 17 de octubre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, con el fin de restablecer el imperio del derecho y se le brinde la debida protección a sus derechos.

Para fundar su acción, señala, en síntesis, que desde el 20 de junio de 2018 trabaja en Ursus Trotter, es madre de dos niñas, Francisca de 17 años, que actualmente pertenece a la Ciudad del Niño e Isabella de 5 años, con diagnóstico de autismo grado 2.

Que fue diagnosticada con crisis de pánico y presentó su primera licencia médica por dicho motivo con fecha 19 de octubre de 2022, oportunidad en que experimentó crisis en un lugar cerrado y sin aire, oportunidad en que el psiquiatra le indicó que padecía de agorofobia a los lugares cerrados y a los ascensores.

Luego indica que el 20 de marzo de 2023, cuando se encontraba bien física y mentalmente, falleció su abuela, quién realizó las labores de madre pues la crio desde el mes y medio de vida, situación que fue muy dolorosa para ella y afectó sus crisis de pánico y su salud mental al máximo.

Refiere que en COMPIN comenzaron a cuestionar y a rechazar sus licencias médicas, lo que le provocó ansiedad y angustias en todo ámbito ya ello implicaba hacer más trámites y juntar más documentación para acompañarlas y llevarlas a la SUSESO, donde explicó todas las situaciones que la tenían con un nivel de mucho estrés, sin poder incluso valerse por sí misma por los cambios de medicamentos y sus fuertes efectos.

A continuación, indica que la SUSESO también rechazó las licencias médicas rechazadas por la COMPIN, y que le informaron que tenía 5 días hábiles para volver a presentar un recurso y acompañar nuevos documentos. Señala que el problema es que para pedir un informe médico debe agendar hora y ello sobrepasa los 5 días hábiles que tenía de plazo.

Agrega que pertenece al Consultorio Federico Puga de la Comuna de Chillán Viejo y que por su estado de salud la derivaron al Cosam Ñuble para su atención y que debe depender de otra persona para que la acompañe cada vez que hace trámites debido a todos los medicamentos nuevos que toma producto de la depresión y crisis que presenta, teniendo todos sus controles médicos al día.

Enfatiza que a todo lo anterior se suma que en estos momentos cursa un proceso de denuncia realizada por el Cosan Ñuble por abuso sexual hacia ella y su hija de 17 años.

Finalmente, pide a esta Corte que se tenga por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, para que adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección, ordenando que se modifiquen dichas resoluciones en orden a autorizar dichas licencias médicas.

A su recurso acompaña documentos.

2°.- Que, al informar la abogada Catalina Osses Obando, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicita en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea. Funda esta petición en los siguientes argumentos:

1.- Consta en el expediente administrativo código PAE R-55031-2024, con fecha 27 de marzo de 2024, que la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN, Región Metropolitana, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de agosto de 2023, por reposo no justificado. Conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-101044- 2024, de 26 de junio de 2024, previo estudio de los antecedentes del caso, resolvió: “el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados, entre los que se encuentra el Maestro Histórico de Licencias Médicas y el informe médico aportado, no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de 306 días de reposo ya autorizado. No se detalla compromiso de funcionalidad, fechas de ajustes de tratamientos farmacológicos o plan de tratamiento para reinserción laboral”. Así, la referida Resolución concluye que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”. b) Posteriormente, como consta en el expediente administrativo código PAE R136330-2024, con fecha 29/07/2024, la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, presentando un Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-101044-2024, de fecha 27/06/2024 a través de la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN, Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de agosto de 2023, por la causal de reposo no justificado. De tal manera, la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-131447-2024, de 20 de agosto de 2024, señala: “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Luego hace referencia a lo dispuesto en el artículo 59, de la Ley N°19.880, respecto al recurso de reposición. Luego indica que la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 27 de junio de 2024, por lo que tenía plazo hasta el día 04 de julio de 2024, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora, deduciendo esta acción proteccional fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, no pudiendo además alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Además, no se acompañan antecedentes que den cuanta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil. Razón por la cual el recurso de reposición interpuesto por la recurrente fue rechazado, por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido”.

2.- Consta en el expediente código PAE R-130614-2024, con fecha 29 de julio de 2024 la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN, Región Metropolitana, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 225 días a contar del 14 de diciembre de 2023, por reposo no justificado.

Añade que la Resolución Exenta N°R-01-UME-152970-2024, de 29 de septiembre de 2024, concluye que: “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Indica que esta conclusión se basó en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 306 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al que se encuentre afiliada o en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda”.

3.- Finalmente, con fecha 04/10/2024, la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, presentando un Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-131447-2024, de fecha 20/08/2024 a través de la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN, Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 21/08/2023, por la causal de reposo no justificado. En consecuencia, consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-162715- 2024, de 17 de octubre de 2024, que: “en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna y que al igual que el recurso anterior ya señalado se presentó fuera de plazo.

Agrega que de acuerdo a lo anterior, la Sra. nombre reservado tenía conocimiento cierto del hecho de que el recurso administrativo de reconsideración que interpuso por sus licencias médicas, había sido rechazado, con anterioridad al plazo pertinente para interponer la Acción de Protección, pues había sido notificada a su correo electrónico correo reservado. Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico.

4.- Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, el recurrente, si estimaba que las Resoluciones Exentas de mi representada adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir de protección, tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de las mismas, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, manifiesta la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, el dictamen que resolvió administrativamente el reclamo interpuesto por la Sra. nombre reservado referido a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, a lo menos, se produjo más allá de 30 días y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 11 de noviembre de 2024, en contra de la recurrida, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula y cita jurisprudencia de distintas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema.

Luego solicita se rechace la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado por haber sido ejercida de forma extemporánea, con expresa condena en costas.

En subsidio de lo anterior alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el 18 artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta; solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

Finalmente, en subsidio de todo lo anterior informa derechamente sobre el fondo del asunto indicando que resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador. Señalando que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, y respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado Licencia médica. Luego desarrolla lo pertinente a dichas materias.

Luego se refiere a se tuvo a la vista la ficha clínica informada por profesionales del Servicio con fecha 28 de septiembre de 2024, con el objetivo de motivar sustancialmente el rechazo de las licencias médicas. Las que luego se ser transcritas en el informe, se señala que los fundamentos de la resolución fueron: “IMT MG CESFAM, sin síntomas de gravedad clínica, sin funcionalidad, sin fechas ajustes farmacológicos, sin hora tomada con psiquiatra. Sin plan de tto(sic) posterior a 10 meses de reposo ya acogido. Sin antecedentes clínicos que avalen mayor reposo. Se sugiere rechazar”.

Conforme a lo anterior, plantea que el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico. De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que era procedente su rechazo.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia. Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, como bien se conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a la recurrida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad. Señala que, respecto al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez(COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud(FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Sostiene que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas. Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la recurrida, pues para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, los dictámenes impugnados de arbitrariedad contienen los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en los respectivos expedientes administrativos, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Cita nuevamente jurisprudencia, Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema.

4.- Ausencia de derechos vulnerados. Estima que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado (sic), dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto la recurrente ni siquiera ha efectuado una reclamación administrativa por el rechazo de sus licencias médicas. Sostiene que su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado (sic) siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia de Seguridad Social haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud.

En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo 34 y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. Para avalar su postura cita fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015.

Finaliza señalando que, dado que la recurrida no ha emitido ningún acto administrativo que se pronuncie sobre el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, considerando además que hasta la fecha no ha realizado ante la Superintendencia de Seguridad Social ningún tipo de reclamación, no es posible haber afectado ninguna de las garantías que indica como vulneradas, ni por acción ni por omisión.

Termina solicitando, en subsidio de la anterior petición y para el improbable evento que no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por la recurrente, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, no se puede perder de vista que la acción constitucional para ser viable tiene que cumplir con los requisitos previstos tanto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, en el Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema que regula esta materia. En lo específico que interesa para el caso en estudio, resulta pertinente traer a colación al artículo 1° del referido Auto Acordado, el cual, establece el plazo fatal para la interposición de este recurso, estableciendo lo siguiente:

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido su efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. “ 7°.- Que conforme a lo anterior es un hecho cierto que el plazo para deducir la acción de protección es un plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

8°.- En ese orden de ideas, aparece como importante tener en consideración cuál es el acto emanado de la Superintendencia de Seguridad Social respecto del cual se recurre, el que conforme a la acción impetrada es la Resolución Exenta emanada de la SUSESO de fecha 17 de octubre de 2024, que rechazo el recurso de reconsideración por encontrase éste agotado.

Al respecto, debe dejarse establecido que el plazo de deducción de esta acción debe contarse desde que se dicte la última de las decisiones administrativas que se pronuncien sobre el asunto sometido a su conocimiento, es decir, el plazo sólo principia una vez que la Superintendencia de Seguridad Social se pronunció respecto del último de los recursos y esa resolución se puso en conocimiento de la solicitante.

9°.- Que, la acción en estudio se dedujo con fecha 11 de noviembre pasado, desprendiéndose con toda claridad y certeza que el recurso se interpone dentro del plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado que regula la materia, todo lo cual permite colegir, mediante una simple operación aritmética, que el recurso ha sido ejercido en forma oportuna, circunstancia suficiente para rechazar la petición del recurrido de declarar el presente arbitrio extemporáneo.

10°.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción constitucional de protección formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, se rechaza la misma, dado que la garantía que se desprende estima vulnerada no es aquella del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino aquellas comprendidas en el numeral 1 del derecho a la vida y la del número 24, el derecho a la propiedad.

12°.- Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que la actora Sra. nombre reservado dedujo acción de protección contra las Resoluciones Exentas N°R-01-UME-152970-2024 de 29 de septiembre de 2024 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social que rechazó las licencias médicas números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado y la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-131447-2024 de fecha 17 de octubre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas números RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, que confirmaron el rechazo de las licencias médicas por considerar el reposo injustificado.

Al respecto la recurrente señala cuando recurrió ante la SUSESO para apelar respecto de las licencias rechazadas por la Compín, estas fueron rechazadas y la resolución otorgaba 5 días hábiles para volver a apelar (sic) pero como se atiende en el sistema público, Consultorio Federico Puga de la Comuna de Chillán Viejo, y luego Cosam Ñuble dada su situación de salud, no pudo acompañar al recurso de ante la SUSESO nuevos informes ya que las horas se deben agendar y ellas sobre pasan los 5 día hábiles que le indicaron en la resolución, quedando sin posibilidad de acompañar nuevos antecedentes.

En conclusión, indica que debido a que la SUSESO confirmó el rechazo de las licencias médicas; ella ha deducido esta acción en su contra, por considerarla ilegal y arbitraria.

13°.- Que, la ausencia de justificación del reposo, invocado como único argumento para denegar las licencias médicas, no se condice con el informe del médico tratante de la recurrente, quien ha instruido el periodo de descanso objetado en virtud de los efectos del cuadro de salud que afecta a la recurrente, y la imposibilidad de retorno a la actividad laboral que desempeñaba con antelación al impedimento que la aqueja.

Además de los antecedentes allegados por la recurrida, consta que la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias médicas RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraban justificadas. Esta conclusión se basó en que el tiempo de reposo autorizado, alcanzó 306 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de cuso crónico , las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través de la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones AFP, al que se encuentra afiliada o en el Instituto de Previsión Social (IPS) según corresponda.

14°.- Que, de esta manera, el razonamiento expresado en el acto denunciado resulta insuficiente para justificar el rechazo de las licencias médicas, tornándolo en ilegal al infringir el deber de motivación estatuido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, tenido en especial consideración que la Institución recurrida cuenta con los recursos humanos y técnicos para determinar el real estado de salud de la paciente, previa realización de los exámenes de rigor, facultad que no consta haya ejercido. Al no realizar tal evaluación, en el caso en estudio, se afecta injustificadamente el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente.

15°,. Que, sin embargo, no resulta posible acceder a la pretensión esgrimida por la recurrente, pues el pago del subsidio por incapacidad laboral temporal requiere la constatación técnica de la insuficiencia que la patología produce en la capacidad laboral de la recurrente, asunto que, en las circunstancias del caso concreto, no es posible advertir.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de La Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto, se ordena a ésta última repartición practicar los exámenes médicos necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente y contar con fundamento técnico, para dictar luego la resolución que corresponda, conforme a derecho respecto de las licencias médicas objeto del presente recurso.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona.

Rol Corte Protección N°1065-2024