nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Chillán, diez de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, por sí y en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Relata que su representado, con residencia definitiva en Chile, suscribió contrato de trabajo manifestando su voluntad de acogerse a la Ley N°18.156, manteniendo afiliación previsional en su país de origen. Con fecha 23 de diciembre de 2025 ingresó, a través del portal de AFP PlanVital S.A., solicitud de retiro de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida, verificando ese mismo día que la administradora requería certificado de afiliación al sistema previsional extranjero debidamente apostillado. Ante ello, dedujo reclamo el 7 de enero de 2026 ante la Superintendencia de Pensiones, recibiendo respuesta el 12 de enero de 2026 en que se confirmó la exigencia de apostilla, fundándose en normativa administrativa y en un oficio interpretativo que impone tal formalidad como requisito para acceder al beneficio.

Añade que acompañó contrato de trabajo, anexo previsional, cédula de identidad, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros vigente y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano. Sostiene que la ley sólo exige afiliación a un régimen extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, sin contemplar la apostilla como requisito, por lo que el oficio administrativo invocado no puede crear exigencias adicionales ni restringir derechos. La recurrida funda el rechazo de la solicitud de retiro exclusivamente en la supuesta “falta de apostilla” del documento presentado, exigencia que resulta arbitraria, carente de sustento legal y de imposible cumplimiento en la realidad actual, aceptar la exigencia de apostilla como condición de procedencia implicaría, en los hechos, modificar por vía administrativa el contenido y alcance de la Ley N°18.156.

Estima que la negativa de la recurrida, comunicada el 12 de enero de 2026, por no contar con apostilla del certificado de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera garantías constitucionales. Argumenta que la Ley N°18.156 sólo exige que el trabajador extranjero mantenga afiliación a un régimen previsional en su país de origen que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que dicha voluntad conste en el contrato o anexo respectivo, requisitos que fueron acreditados mediante constancia electrónica del sistema de previsión social de Venezuela. En consecuencia, la exigencia de apostilla no está contemplada en la ley, configurando una carga adicional carente de sustento normativo. La obtención de la apostilla resulta actualmente imposible debido a la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, situación que constituiría caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, por lo que no es admisible imponer una exigencia materialmente imposible de cumplir.

Lo anterior, vulnera las garantías constitucionales de su representado, en especial, la igualdad ante la ley, al haberse otorgado un trato desigual respecto de otros solicitantes en situaciones análogas, incorporando una formalidad no prevista por el legislador. Del mismo modo, el derecho de propiedad por cuanto los fondos previsionales constituyen bienes incorporales de titularidad del afiliado, cuyo retiro está expresamente contemplado en la Ley N°18.156 y en el Decreto Ley N°3.500, sin que la autoridad administrativa pueda establecer limitaciones adicionales no previstas en la normativa. Y por último la del artículo 19 N°26 de la carta fundamental, que prohíbe imponer requisitos que afecten la esencia de los derechos fundamentales.

Finalmente, cita jurisprudencia y pide a esta Corte acoger la acción cautelar ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

2°.- Que, al informar el abogado don VÍCTOR TABILO MARENTIS, en representación de la recurrida ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A, señala el 23 de diciembre de 2025 el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, la administradora determinó que la documentación no reunía las exigencias mínimas previstas en la normativa vigente, por lo que la solicitud no fue admitida a trámite, conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°21.750. Indica que ello no constituye un rechazo definitivo, sino que permite subsanar los antecedentes.

Explica que, tanto en el preingreso como en la presente causa, los documentos acompañados no acreditan los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y presentan deficiencias adicionales que impiden acoger la solicitud. En particular, la constancia electrónica de cotizaciones acompañada para acreditar afiliación previsional en el extranjero carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada y no demuestra cobertura real y efectiva respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni su mantención durante todo el período trabajado en Chile. Asimismo, el documento sólo consigna semanas cotizadas y una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolana, sin permitir verificar vigencia, extensión temporal ni cumplimiento íntegro de los requisitos concurrentes.

Afirma que la administradora debe aplicar criterios uniformes a todos los afiliados, evitando excepciones que generen trato desigual, y que la falta de acreditación suficiente, específica y vigente de cobertura previsional en el país de origen —sumada a la ausencia de legalización o emisión por autoridad competente— impide dar curso favorable a la devolución solicitada.

En cuanto al derecho, indica que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino una actuación ajustada estrictamente al marco normativo vigente. La decisión se funda en la Ley N°18.156, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano que, conforme al D.F.L. N°101 de 1980, al D.L. N°3.500 y a la Ley N°20.255, posee facultades de interpretación obligatoria para las Administradoras, cuyas instrucciones son vinculantes.

Enfatiza que la exención de cotizaciones previsionales de la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional que debe interpretarse restrictivamente, por cuanto altera la regla general de obligatoriedad de cotización. En tal contexto, la Superintendencia ha establecido un procedimiento preciso que exige la suscripción del formulario respectivo y la acreditación íntegra de los requisitos legales, incluyendo la certificación de afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, emitida por la autoridad competente y debidamente legalizada o apostillada. Asimismo, se exige que dicha cobertura sea real, vigente durante el período trabajado en Chile.

Luego cita jurisprudencia que respalda este estándar, incluyendo fallos de las Cortes de Apelaciones de Concepción, San Miguel y Valparaíso, así como decisiones de la Corte Suprema, que han sostenido que constancias electrónicas genéricas, declaraciones juradas o documentos no apostillados no resultan idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. También se descarta que eventuales dificultades logísticas para obtener la apostilla permitan a los tribunales alterar los requisitos establecidos por la normativa administrativa, en atención al principio de legalidad.

Más adelante postula que autorizar el retiro sin el cumplimiento íntegro de los requisitos podría generar un impacto fiscal no previsto, considerando el principio de universalidad del sistema de seguridad social y las garantías establecidas en la Ley N°20.255, razonamiento recogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Hace presente que el rechazo no implica pérdida de la propiedad sobre los fondos, los cuales permanecen en la cuenta individual del afiliado para financiar su futura pensión u otros beneficios conforme al D.L. N°3.500. Tampoco existiría vulneración actual del derecho de propiedad ni indefensión, por cuanto la no admisión a trámite es un acto subsanable que permite al interesado presentar nuevamente su solicitud con la documentación exigida, criterio respaldado por la Corte Suprema.

Afirma que no existe un derecho indubitado susceptible de protección cautelar, sino una mera expectativa sujeta al cumplimiento de requisitos legales no acreditados. Se concluye que el recurso de protección resulta improcedente al dirigirse contra un acto intermedio dentro de un procedimiento administrativo, existiendo vías ordinarias idóneas ante la propia administradora o ante la Superintendencia de Pensiones para resolver la controversia, no configurándose acto ilegal ni arbitrario que vulnere las garantías de igualdad ante la ley o derecho de propiedad.

Finalmente, pide se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni en forma de un acto, u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A., con expresa condena en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para resolver la controversia, debe recordarse que la Ley 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, al tenor de los artículos 1° y 7° de la citada norma, y que la interpretación de tales requisitos, no queda radicada en la Administradora de Fondos de Pensiones, sino en el órgano fiscalizador, constituido hoy en día por la Superintendencia de Pensiones, que a través de sus circulares, determina la forma en que deben acreditarse tales condiciones.

7°.- Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

8°.- Que -como ha sido destacado recientemente por la Excma. Corte Suprema-, la Superintendencia de Pensiones ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156, generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Así, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En el mismo sentido, el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, instruye que: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

9°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañado por el recurrente no es apto para dar por cumplido el requisito establecido por la Ley 18.156.

En tal sentido se ha resuelto recientemente por la Excelentísima Corte Suprema en sentencias de 18 de febrero del año en curso, dictadas en causas Roles 4399-2026, 4380-2026, 4383-2026, 3344-2026, 3348- 2026, precisando además que si bien la circunstancia de no existir relaciones consulares entre Chile y Venezuela puede dificultar el cumplimiento del requisito de legalizar o apostillar, establecido en la normativa en comento, “(...) no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

10°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, queda de manifiesto que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, pues se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 establecen para el retiro solicitado.

En consecuencia, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto en favor nombre reservado, contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Paulina Gallardo García.

Rol N°106-2026-Protección.

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