Protección contra JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CHILLÁN y en contra de la Jueza de dicho Tribun

Chillán, dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece MATÍAS JAVIER SALGADO GONZÁLEZ, abogado, deduciendo acción constitucional de protección, en favor de nombre reservado, ambos domiciliados en la comuna de Chillán, en contra del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CHILLÁN y en contra de la Jueza de dicho Tribunal, doña CLAUDIA ANDREA VERGARA PÉREZ por los actos ilegales y arbitrarios cometidos y que han significado la indebida exclusión de su representada de los juicios seguidos ante dicho Tribunal en las causas RIT P-1320-2024 y RIT A-6-2024, que corresponden a juicios ejecutivos de cobro previsional seguido por AFP Provida en contra de la Municipalidad de Chillán, por concepto de cotizaciones adeudadas a su representada y los cuales se había tenido como parte a su representada, permitiendo el ejercicio de actos procesales en resguardo de sus intereses; sin embargo, a partir de la solicitud de apremios incoada por esta, el Tribunal resolvió después de dos meses de tramitación no ha lugar a tener a su representada como parte, lo cual es una e vulneración a las normas legales establecidas en el Código de Procedimiento Civil que faculta expresamente a los terceros coadyuvantes a comparecer en aquellos juicios en que tengan interés actual, tal y como ocurre en el presente caso, por lo que la decisión del Tribunal configura un actuar ilegal y arbitrario que vulnera los derechos de igualdad ante la ley (Art. 19 N°2), la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Art. 19 N.º 3) y el derecho de propiedad (Art. 19 N.º 24) de su representada, consagrados en la Constitución Política de la República, de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expone.

Señala que su representada obtuvo sentencia de declaración de relación laboral en causa RIT T-42-2023, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, la que ordena a la I. Municipalidad de Chillán solucionar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud de doña nombre reservado, por todo el periodo de la relación laboral, esto es, desde el 25 de mayo de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta obligación de pago fue confirmada por esta I. Corte de Apelaciones en sentencia dictada en causa Rol 357-2023- Laboral, en contra de la cual la demandada interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, el que fue declarado inadmisible por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N.º 11.200-2024, por sentencia de fecha 17 de abril del año 2024.

Expresa que, afinada la sentencia declarativa, su parte interpuso reclamo de cobro ejecutivo previsional, respecto de A.F.P. Provida y Administradora de Fondos de Cesantía Chile III S.A., el que se tramitó ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en la causa RIT R-4-2024, informando las requeridas el inicio de las causas que indica en su recurso.

Agrega que con fecha 13 de agosto de 2024, actuando en representación de doña nombre reservado, mediante presentación efectuada en el cuaderno principal, compareció el recurrente y solicitó hacerse parte en la causa RIT A-6-2024, a lo que el Tribunal, presidido por su jueza doña Claudia Vergara Pérez, resolvió con fecha 14 de agosto “Téngase como parte y por acompañado el mandato judicial”; Además, en el mismo cuaderno principal, con fecha 15 de agosto de 2024 y ante la falta de pago de la ejecutada, solicitó apremios en su contra, a lo que la Jueza Sra. Vergara Pérez resolvió “A la solicitud de arresto: No encontrándose actualizada la deuda, no ha lugar.”.

Añade que, finalmente, con fecha 23 de septiembre de 2024, en el cuaderno de apremio, solicitó el apremio de arresto en contra del representante de la ejecutada, a lo que el Tribunal resolvió con fecha 27 de septiembre, “(…) dejar sin efecto la resolución de fecha 14 de agosto del año 2024 a folio 11 del cuaderno principal, que tuvo como parte a la trabajadora. En su lugar se provee: No ha lugar a tener como parte a la trabajadora doña nombre reservado”, resolución en contra de la cual su parte interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto no ha lugar por resolución del 07 de octubre de 2024, acto que da lugar al presente recurso de protección, al dejar la presente situación fuera del imperio del derecho, negándose al Tribunal recurrido a resolver conforme a la ley, como expone.

Indica el recurrente que en la causa RIT P-1320-2024, con fecha 07 de agosto de 2024, actuando en representación de doña nombre reservado, mediante presentación efectuada en el cuaderno principal, compareció y solicitó hacerse parte, a lo que igual que en el caso anterior, el Tribunal presidido por la misma Jueza Sra. Vergara Pérez, resolvió con fecha 12 de agosto de 2024 “A la presentación por nombre reservado: A lo principal: Téngase como parte.”; Además, y atendido a que la ejecutada interpuso una excepción absolutamente infundada y con fines meramente dilatorios, solicitó al Tribunal dictar sentencia que resuelva las excepciones opuestas por la ejecutada, a lo que resolvió con fecha 02 de septiembre de 2024 “autos para resolver”. Sin embargo, pasaron más de 20 días sin que el Tribunal dictara sentencia, por lo que con fecha 23 de septiembre reiteró la solicitud para que el Tribunal dictare sentencia, resolviendo el rechazo de las excepciones opuestas, por resolución de fecha 26 de septiembre de 2024. Finalmente, por resolución de fecha 27 de septiembre de 2024, del mismo tenor que aquella del juicio relacionado mencionado en el punto anterior, el Tribunal resolvió: “(…) se deja sin efecto la resolución de fecha 12 de agosto de 2024 a folio 13 del cuaderno principal, que tuvo como parte a la trabajadora. En su lugar se provee: No ha lugar a tener como parte a la trabajadora nombre reservado.” resolución en contra de la cual su parte interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto no ha lugar por resolución del 07 de octubre de 2024, acto que da lugar al presente recurso de protección, al dejar la presente situación fuera del imperio del derecho, negándose al Tribunal recurrido a resolver conforme a la ley, como expone.

Sostiene el recurrente que doña nombre reservado fue trabajadora de la I. Municipalidad de Chillán entre el 25 de mayo de 1993 y el 31 de diciembre de 2022, calidad jurídica que fue declarada por sentencia dictada en la Causa RIT T-42-2023, ordenándose el pago de las cotizaciones previsionales y de salud por todo el periodo de la relación laboral, ya que éstas no fueron pagadas por su empleadora, siendo en consecuencia un derecho indubitado y debidamente incorporado en el patrimonio de su representada en cuanto titular y propietaria de las cotizaciones adeudadas.

Expone que es correcto el razonamiento del Tribunal en el sentido que la Ley 17.322 otorga la titularidad de la acción de cobro a la institución previsional respectiva, siendo precisamente estas instituciones las legitimadas activas para accionar e iniciar el juicio ejecutivo de cobro previsional; sin embargo es precisamente dicha titularidad la que permite que su representada comparezca en calidad de tercero coadyuvante y no como demandante, sin que la Ley 17.322 prohíba de manera alguna la comparecencia de la trabajadora. Es más, la reconoce expresamente en los artículo 25 Bis, inciso 1°, y no obstante aquello, son los artículos 13 y 23 del Código de Procedimiento Civil los que regulan la presente situación, en que su representada ostenta la calidad de coadyuvante, y por tanto goza de los mismos derechos que la parte demandante en este juicio, al tenor de lo siguiente Argumenta que, en cuanto al interés de su representada en este juicio, éste es evidente, toda vez que se trata del pago de las cotizaciones adeudadas por su empleador por sus casi 30 años de servicio, los cuales han sido determinados en un juicio de lato conocimiento seguido ante este Juzgado de Letras del Trabajo y respecto del cual la demandada se ha negado a dar cumplimiento en todas las instancias posibles, hasta el día de hoy e incluso frente distintos juicios ejecutivos interpuestos con este fin, haciendo presente que el incumplimiento de la demandada ha significado un grave perjuicio previsional para mi representada, quien actualmente se encuentra pensionada, percibiendo únicamente la pensión garantizada universal, por un monto de poco más de $200.000 pesos mensuales.

Manifiesta que, así las cosas, es evidente que su representada ostenta la calidad de coadyuvante y no existe fundamento legal ni fáctico alguno para desconocer la calidad de tal, por tanto la decisión del Tribunal es completamente ilegal, siendo además arbitraria, ya que dentro de los mismos procesos seguidos A.F.P. Provida esta parte compareció formulando peticiones que fueron resueltas sin mayor problema por el Tribunal, hasta que solicitó reiteradamente el apremio de arresto como una medida para compeler a la ejecutada a realizar el pago debido, ante lo cual el Tribunal resolvió caprichosamente dejar sin efecto la resolución que tuvo como parte a doña nombre reservado y en consecuencia la excluye del juicio, desconociendo su calidad de coadyuvante y los derechos que le otorga la ley a ella y a cualquier otra persona que reúna los requisitos para aquello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 23 del Código de Procedimiento Civil.

Señala el recurrente, que el actuar de la Recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de doña nombre reservado, establecido en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto establece una diferencia arbitraria al desconocer la calidad de coadyuvante de su representada y no permitirle ejercer sus derechos conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 23 del Código de Procedimiento Civil, sin motivo o fundamento alguno.

Agrega que, asimismo, el actuar de la recurrida vulnera a su representada en su derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y en su derecho a defensa jurídica letrada, toda vez que derechamente impide la debida intervención de esa defensa en las causas de cobro ejecutivo, lo que evidentemente la perjudica, ya que actualmente requiere tramitar con urgencia el pago de lo adeudado a fin de mejorar su situación como pensionada, debido a que recibe la pensión garantizada universal por un monto cercano a los doscientos mil pesos, siendo evidente su interés en obtener el cobro lo antes posible, con independencia del actuar de la ejecutante, toda vez que la acción ya fue interpuesta y el juicio se encuentra iniciado, sin que la intervención de su representada afectare de manera alguna la legitimación activa o el ejercicio de la acción ejecutiva.

Expresa que por su parte, es evidente que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad de su representada respecto de los montos que deben ingresar a las cuentas de su propiedad que son administradas por la AFP Provida, pero que en definitiva son propiedad de su representada, por lo que al impedir su comparecencia en calidad de coadyuvante, se está afectando su derecho de propiedad de dichos fondos, ya que se está impidiendo ejecutar aquellos actos procesales tendientes a la obtención del pago de lo adeudado, afectando así el derecho consagrado en el artículo 19 N.º 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, concluye que conforme a todo lo anteriormente expuesto, ha quedado en evidencia el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, vulnerando los derechos constitucionales de su representada y dejándola en una situación de impedimento absoluto para ejercer sus derechos a fin de obtener la ejecución de la sentencia y el pago de sus cotizaciones previsionales, sin que proceda ningún otro recurso respecto de esta situación, más que el presente recurso de protección, siendo esta la única vía idónea para resolver el presente asunto conforme a derecho y restablecer el imperio de la ley en resguardo de los derechos constitucionales de mi representada.

Por lo tanto, solicita se acoja el recurso.

2°.- Que, informa CLAUDIA ANDREA VERGARA PÉREZ, jueza destinada Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán señalando que, en ese Tribunal se tramitan las causas Rit A-6-2024 y P-1320-2024, ambas materias cobranza previsional, ejecutante AFP Provida, ejecutada Ilustre Municipalidad de Chillán, indicando que dichas causas tienen su origen en el RIT R-4-2024 materia reclamo previsional del artículo 4° de la Ley 17.322 que regula la cobranza judicial de la cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

Señala que, en lo referente a causa RIT R-4-2024, dicho reclamo fue presentado por el abogado Matías Salgado González, en representación de doña nombre reservado, obteniendo resultado positivo que significó en lo que respecta a la Administradora de Fondo de Pensiones, se iniciara la demanda de cobro previsional bajo los RIT A-6-2024 y P-1320-2024. Ello consta en certificación aparejada en dichos autos a folio 15, en tanto es certificado por ministro de fe de ese Tribunal, el inicio de dos acciones de cobro, por parte de la AFP Próvida y que se diferencian por los periodos de cotizaciones que en estas se persiguen. Al efecto certificó: “Que revisado el sistema informático de tramitación de causas de cobranza (SITCO), consta la efectividad que A.F.P. PROVIDA S.A., ha interpuesto demanda ejecutiva en el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, por el cobro de cotizaciones previsionales correspondientes al trabajador(a) nombre reservado, C.I. RUT reservado, adeudadas por el empleador I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN, RUT n° RUT reservado, por los períodos Mayo de 1993 a Febrero de 2006, el RIT asignado corresponde a la causa A-6-2024, ingresada al Tribunal con fecha 06 de junio de 2024, y por los períodos Marzo de 2006 a Diciembre de 2022, el RIT asignado corresponde a la causa P-1320-2024, ingresada al Tribunal con fecha 07 de junio de 2024. Chillán, dieciocho de julio de dos mil veinticuatro”.

Agrega que, presentadas ambas demandas en los RIT ya indicados, se les dio curso a su tramitación, ordenándose los respectivos requerimientos de pago sin que a la fecha conste en la historia de dichas causas su solución, en específico en causa A-6-2024, siendo la última resolución de fecha 11 de noviembre del año en curso, dando lugar a la práctica de la liquidación de crédito y en cuanto a la causa P-1320-2024, en su oportunidad la ejecutada opuso excepción de pago, se tramitó y se dictó sentencia desechando dicha excepción con fecha 26 de septiembre de presente año, sentencia que no fue objeto de recursos.

Expresa que en ambas causas la recurrente se hace parte, aceptando su intervención el Tribunal en RIT A-6-2024 a folio del 11 cuaderno principal y en causa RIT P-1320-2024 a folio 13 del cuaderno principal. Posteriormente, en causa A-6-2024, en folio 15 del cuaderno de apremio con fecha 27 de septiembre de 2024 y en causa P-1320 con fecha 27 de septiembre de 2024 en cuaderno principal a folio 23, se deja sin efecto las resoluciones que tuvieron como parte a la señora nombre reservado, sustentado en las facultades correctoras del procedimiento que contempla el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, explicando en dichas resoluciones que dado que la Ley 17.322, que regula la cobranza judicial de las cotizaciones adeudadas, la titularidad de la acción de cobro de éstas recae en la institución previsional que corresponda, y no en la solicitante, por lo que se dejaba sin efecto tenerla como parte. Luego de ello, en ambas causas la recurrente representada por su abogado interpone recursos de reposición siendo estos resueltos con idéntica resolución en causa A-6-2024 en cuaderno de apremio a folio 17 y en causa P-1320-2024 en cuaderno principal a folio 26.

La resolución en cuestión es las siguiente: “Visto y teniendo Presente: A lo principal: Atendido que conforme la Ley 17.322, que regula la cobranza judicial de las cotizaciones, la titularidad de la acción de cobro de cotizaciones recae en la institución previsional, esto es la legitimada activa en la presente acción, otorgándose por el legislador para el caso del trabajador la acción de reclamo del ejercicio de tales acciones a la instituciones previsionales dispuesta en artículo 4° de la ley en referencia, pero no concediendo la acción de cobranza judicial propiamente tal, y sin perjuicio de los derechos dispuestos en inciso tercero del artículo 4 bis de La Ley 17.322, se resuelve, no ha lugar al recurso de reposición interpuesto con fecha 01 de octubre de 2024. Al otrosí: Téngase por acompañado documento”.

Agrega que lo pretendido por la recurrente al hacerse parte y como lo expresa en sus presentaciones ante la falta de pago de las cotizaciones previsionales, efectúa presentaciones solicitando la liquidación del crédito, orden de apremio en contra del ejecutado, y es por ello que se hace la aclaración en la resolución en cuestión, dado que el legislador en materia de cobranza judicial concedió la legitimación activa para su cobro a la Institución previsional y no al trabajador, por ello creó dos acciones, la primera de ellas, la dispuesta en artículo 4° de la Ley 17.322, en la cual el trabajador o el sindicato o asociación gremial a que se encuentre afiliado, a requerimiento de aquél, podrá reclamar el ejercicio de las acciones de cobro de las cotizaciones de previsión o seguridad social por parte de las instituciones respectivas, sin perjuicio de las demás acciones judiciales o legales que correspondan, y con ello queda claro que la legitimación activa proceder al cobro propiamente tal de las cotizaciones adeudadas corresponde a la institución previsional, y más claro aquello si ha sido la misma recurrente que inició dicha acción por medio del requerimiento que fue tramitado en causa R-4-2024. La segunda de las acciones es aquella dispuesta en el artículo 4 bis de la Ley 17.322, en su inciso tercero, la que expresa lo siguiente: “Sin embargo cuando el juez constate y califique en forma incidental, en el mismo proceso y mediante resolución fundada, que la institución de previsión o seguridad social actuó negligentemente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales o de seguridad social y esta situación ha originado un perjuicio previsional directo al trabajador, ordenará que entere en el fondo respectivo, el monto total de la deuda que se dejó de cobrar, con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor”, citando el resto de la disposición en su recurso.

Luego de indica doctrina en apoyo a su tesis, expresa que en relación con la medida cautelar de retención de impuestos dispuesta en el artículo 25 bis de la Ley 17.322, que puede ser a petición del trabajador, como sustento para ser admitido como tercero coadyuvante, dicha medida no concede la acción de cobro propiamente tal, ya que la misma ley le otorga la naturaleza de una medida cautelar, y que la finalidad de la recurrente es el cobro de las cotizaciones impagas y que los terceros coadyuvantes según dispone el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, tienen los mismos derechos que concede el artículo 16 de idéntico cuerpo legal, esto es a cada una de las partes representadas por un procurador común, de manera que los que intervienen como tercero coadyuvante deben obrar por medio de un procurador común, conservado el derecho a hacer separadamente las alegaciones y rendir las pruebas que estimen conducentes cuando no se conformen con el procedimiento adoptado por el procurador común, pero sucede en la especie que el legislador en materia de cobranza judicial, ha dotado al trabajador de la acción del artículo 4 bis ya referido, esto es constatado incidentalmente un actuar negligente de parte de la Institución Previsional en el cobro de las cotizaciones, que es la que está llevando adelante la acción de cobro, es ésta última la que debe responder depositando los montos respectivos en el fondo del trabajador, y no dota al trabajador de acción en este procedimiento para proceda directamente con el cobro de las cotizaciones impagas.

Concluye que, por lo expuesto, que al corregir el procedimiento adoptando una medida que pretende evitar la nulidad de los actos del procedimiento, ajustándose a la especificidad de la acción que se ventila en el procedimiento de cobranza y considerando a los legitimados para incoarlas como dispone la ley 17.322, no resulta ilegal ni arbitrario su proceder conforme ya se ha expuesto.

En consecuencia, solicita se rechace el recurso por las razones ya expuestas.

3°.- Que, al analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, a fin de resolver la presente acción constitucional, cabe señalar que la recurrente sostiene, en síntesis, que el tribunal y la jueza recurrida han vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de doña nombre reservado, establecido en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto establece una diferencia arbitraria al desconocer la calidad de coadyuvante de su representada y no permitirle ejercer sus derechos conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 23 del Código de Procedimiento Civil, sin motivo o fundamento alguno, teniendo presente que en un inicio se le admitió tenerla por parte, pero posteriormente, a partir de la solicitud de apremios incoada por esta, el tribunal resolvió después de dos meses de tramitación, dejar sin efecto a tener a su representada como parte, lo que constituye la arbitrariedad denunciada.

7°.- Que, a este respecto, y como ya ha señalado esta misma Corte con anterioridad en la causa rol 653-2024, “…conforme a la jurisprudencia reiterada de la Excelentísima Corte Suprema, se ha asentado el criterio general de que esta acción constitucional no procede en contra de resoluciones judiciales y que, estando una controversia sometida al imperio del derecho, no procede, entonces, otorgar amparo constitucional, tal como lo reitera el fallo Rol 62.128 2023, de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro, dictado por el máximo Tribunal de la República” (Considerando 9° del fallo).

8°.- Que, de lo expuesto, resulta que el recurrente ha intentado la presente acción constitucional en contra de una resolución judicial, esto es, en contra de la resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán que ha decidido, en uso de sus facultades de corrección, dejar sin efecto la resolución que tuvo a la recurrente como parte en los juicios ejecutivos de cobro previsional que indica, explicando en dichas resoluciones que, dado que la Ley 17.322 que regula la cobranza judicial de las cotizaciones adeudadas, establece que la titularidad de la acción de cobro de éstas recae en la institución previsional que corresponda y no en la solicitante, no procedía mantenerla como parte.

9°.- Que, en atención a lo antes señalado, lo que procedía era la interposición de recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios si fuera el caso, frente a la resolución judicial que le causaba agravio a la recurrente, pero no la interposición de un recurso de protección, que es una vía cautelar extraordinaria de protección de derechos fundamentales indubitados, que no ha sido instituida para alzarse en contra de resoluciones judiciales, ya que es la propia ley la que establece un sistema recursivo frente a tales decisiones y no este arbitrio constitucional extraordinario.

10°.- Que, por último, y solo a mayor abundamiento, tampoco es posible advertir que, de manera patente e indubitada, se hayan afectados derechos fundamentales del recurrente por una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, por cuanto, como aquella explica en su informe, la razón por la cual dictó las resoluciones judiciales que dejaban sin efecto las que tuvieron por parte a la recurrente en los juicios ejecutivos de cobro previsional, se fundaron en un interpretación jurídica acerca de la titularidad de un tercero en las acciones ejecutivas referidas, puesto que señala la recurrida que el legislador en materia de cobranza judicial, ha dotado al trabajador de la acción del artículo 4 bis de la Ley 17.322 para resolver su problema, esto es, si se ha constatado incidentalmente un actuar negligente de parte de la Institución Previsional en el cobro de las cotizaciones, ésta última deberá responder depositando los montos respectivos en el fondo del trabajador, pero no dota al trabajador de acción en este procedimiento para proceda directamente con el cobro de las cotizaciones impagas. Si bien, esta última conclusión pudiera ser opinable u objetable jurídicamente por el agraviado, la vía para resolverlo es el ejercicio de los recursos ordinarios o extraordinarios que le franquea la ley, pero no la acción de protección que no ha sido diseñada para resolver esta controversia según se ha dicho.

11°.- Que, en consecuencia, siendo precisamente una resolución judicial el acto impugnado mediante el recurso interpuesto, la que ha sido librada en el desarrollo de un procedimiento legalmente tramitado, que está siendo conocido actualmente por el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, no resulta posible que sea aquella impugnada por esta vía, razón por la cual la acción cautelar que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Matías Javier Salgado González, en favor de nombre reservado en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán y en contra de la Jueza de dicho Tribunal, doña Claudia Andrea Vergara Pérez Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma la Ministra señora Érica Pezoa Gallegos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N°1053-24 PROTECCIÓN.