nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Chillán, uno de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, a folio 1, comparece don nombre reservado, nombre reservado de Carabineros de dotación de la Sexta Comisaría de la Prefectura de Ñuble N°17, domiciliado en domicilio reservado, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representado por su General Director Don nombre reservado, por la comisión de diversos actos que han vulnerado sus derechos y garantías, infringiendo las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en el país así como la normativa internacional inherente a la protección de los Derechos Humanos, los que adolecen además, de arbitrariedad, toda vez que carecen de una debida motivación y justificación, sin que se haya cumplido el debido procedimiento legal, amenazando, lesionando y vulnerando el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que es titular en calidad de funcionario de dicha institución, al decidir su traslado a la 12 Comisaría de San Miguel en la Región Metropolitana.

Expresa que es funcionario de dotación de la 6ª Comisaría Chillán Viejo dependiente de la Prefectura Ñuble, con el grado de nombre reservado, y con fecha 27 de diciembre de 2024, le fue notificado del contenido de la Orden N°190, de 20 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección Nacional del Personal de Carabineros que dispone su traslado a contar del 2 de enero de 2025, a la 12ª Comisaría San Miguel dependiente de la Prefectura de Carabineros Santiago Sur, respecto de la cual presentó recurso de reposición por las perniciosas consecuencias que el traslado ocasionaría tanto para él como para todo su grupo familiar, siendo notificado el 29 de enero del presente año, del rechazo de dicho recurso.

En primer término, hace mención al escaso tiempo de permanencia en las distintas dotaciones en que se ha desempeñado desde su egreso del curso de formación, lo que no está en armonía con las normas que regula su situación, aspecto que le ha impedido establecerse, generar vínculos, y relaciones sociales, arraigarse, así como adquirir bienes y una vivienda, formar una familia, lo que resulta inusual en el ámbito institucional, sin que conozca otros casos similares, lo que le permite estimar fundadamente, que ha sido tratado de forma distinta a los demás integrantes de la Institución.

Plantea el deber legal que le asiste de proveer y cuidar a su madre y padre, que tienen enfermedades crónicas severas, y requieren de apoyo económico, emocional y acompañamiento, pero los reiterados traslados, en esta ocasión tan intempestivo, lo alejan significativamente de ellos.

Destaca que el proceso administrativo relacionado con su traslado, ha sido distinto al habitual que se adopta con los demás funcionarios, el que resulta contrario a normas expresas sobre la materia, como las contenidas en la Orden General N°2.707 de fecha 13.11.2019 que fija el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, que determina un plazo mínimo de cinco años de permanencia para realizar un traslado, sin embargo, en su caso, en un plazo de poco más de cinco años de egresado lo que ocurrió en el mes de julio de 2019, este es su cuarto movimiento, permaneciendo en promedio menos de dos años en cada dotación, es así que se ha desempeñado en la 62ª Comisaría de San Bernardo (Región Metropolitana), luego en la 4ª Comisaría Cauquenes (región del Maule), luego en la 6ª Comisaría Chillán Viejo (Región de Ñuble) y ahora la 12ª Comisaría de San Miguel (Región Metropolitana), lo que causa detrimento en su calidad de vida y la de su grupo familiar, no teniendo certeza respecto a su situación.

Luego de expresar, que no discute la facultad legal que poseen las Autoridades de la Institución para trasladar a su personal contenida en el art. 31 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.961 y menos su régimen diferenciado de la Administración del Estado, derivado de la estructura jerárquica, disciplinada y de su carácter militar, afirma que sus actuaciones deben ajustarse a los principios de legalidad y juridicidad, así como a los mecanismos establecidos en el Manual de Traslados del Personal de Carabineros ya citado, que expresamente somete a la institución a la Constitución Política de la República, a la Ley N° 18.575, N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y N° 19.880, debiendo observar, asimismo, los principios de "Continuidad de la función pública", "Transparencia y Publicidad" e “Interdicción de la arbitrariedad, por lo que al decidir sobre la ubicación del personal en cada cargo y/o función específica se debe decidir en base a los criterios de igualdad, equidad y objetividad, considerando el uso de variables técnicas de manera de asegurar la igualdad ante la ley. Refiere el contenido del Manual atingente a los acápites 4.1, 4.2 que transcribe, de cuyo contenido queda de manifiesto que en su caso se ha incumplido con el principio de interdicción de la arbitrariedad, pues no se han respetado los ciriterios orientadores de los traslados, esto es, igualdad, equidad y objetividad que aseguran el respeto a la igualdad ante la ley; sin que se pueda obviar la consideración a que las personas que integran la Institución tienen derechos, necesidades, sentimientos y dignidad, y son algo más que un número que puede ser movido para ajustar las cifras de una determinada Unidad, sin verificar su historial o analizar cuáles otros cumplen de mejor manera los requisitos.

Aclara que solamente pide que se actúe conforme a derecho, que se le permita permanecer un tiempo mínimo en una unidad o guarnición, como se hace con la totalidad del personal con el que ha interactuado, que en su gran mayoría permanece por más de diez años en un lugar, pudiendo así generar arraigo, establecerse, formar una familia, socializar, adquirir bienes. Además, comenta que las necesidades de seguridad deben ser satisfechas por las Instituciones creadas con esos fines, y en ese contexto, por supuesto pueden suscitarse urgencias y necesidades inmediatas de personal, no obstante, en su caso es su cuarto traslado en sus poco más de 5 años de servicios, lo que es difícil de sobrellevar, extraordinario, único, y vulnera garantías constitucionales.

A continuación, ahonda sobre el estado de salud de sus padres, ambos con enfermedades crónicas y severas según detalle que desarrolla, frente a lo cual sostiene que sobre su persona, permanece la obligación de cuidador y proveedor de todo lo necesario para la subsistencia de ellos y la atención diaria de sus padres, que tengan dificultades para mantenerse por sí mismos o si estos sufren patologías o afectaciones que no se lo permitan, deber de asistencia y cuidado que emana de los artículos 222 y 223 del Código Civil, así como del Derecho Internacional referente a las personas mayores, siendo él, el único apoyo económico y social con que cuenta su madre quien vive en su compañía. En cuanto a su padre, también de 64 años, refiere que se encuentra en un estado de salud aún más delicado, ya que desde el año 2022 es atendido en el Centro de Terapia Integral, Psiquiátrica y Psicológica por la Médico Especialista Psiquiatra Dra. nombre reservado por Depresión severa, con ideación suicida; es Técnico Paramédico y se desempeña en el Laboratorio del Banco de Sangre del Hospital Herminda Martín de Chillán, y su afectación comenzó cuando la madre enfermó y debió permanecer en cama por un tiempo prolongado, condiciones que constan en los documentos que acompaña.

En definitiva, dice que es deber del Estado dar protección y propender al fortalecimiento de la familia y bajo ese supuesto, una decisión de la autoridad no puede perturbarla ni afectarla; por lo que disponer su traslado inmediato a la Región Metropolitana implica la desintegración de este núcleo familiar, en que las especiales necesidades que poseen hacen muy complejo y prácticamente insalvable la obtención de las mismas redes de apoyo en el lugar de destino, resultando excesivamente oneroso para él; aspecto que afecta su propio estado emocional y eventualmente su desempeño. Situaciones familiares y personales que también se consideradas en el referido Manual de traslados, y fueron omitidas por la recurrida.

Menciona de manera extensa jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida en dictámenes 1897/2001, 12.154/2001 y 27.803/2006; 33.327/2008 y 72.452/2016; agrega jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el amparo que tiene la institución de la Familia por parte de la legislación positiva de nuestro país, en que la mera afectación consolida una lesión a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 3. Cita también, el Rol Nº 2867-15 de 12 de abril de 2016 que en lo pertinente resuelve "No sólo se reconoce la existencia de la familia como objeto de protección, sino que los esfuerzos deben encauzarse también hacia su fortalecimiento. Por cierto la protección y fortalecimiento de la familia están directamente relacionados con la integridad de las personas, tanto en su ámbito físico y psíquico, garantía consagrada en el art. 19, N° 1 de la C.P.R." Sigue con la mención a las normas internacionales referentes a la materia.

Expresa que los hechos arbitrarios e ilegales que se cometen dicen relación con la amenaza, perturbación y privación del ejercicio legítimo de las garantías establecidas en el Art. 19° N°. 1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República, específicamente los derechos que protegen la “Igualdad ante la Ley”, “La igual protección en el ejercicio de sus derechos” y “La integridad física y psíquica” respectivamente, en efecto, y según se desprende del proceso administrativo relacionado con su traslado, informando en detalle las antedichas circunstancias no fue acogido su recurso de reposición. Ante aquello, asevera que, por la medida adoptada por la Institución Uniformada, se han vulnerado el Derecho a la integridad física y psíquica de él y sus padres; el Derecho de igualdad ante la ley, que consiste en tratar de la misma manera a las personas iguales y de manera distinta a los que se encuentra en situaciones distintas. Así entendida, la igualdad supone una distinción razonable entre quienes no se encuentren en las mismas condiciones, por lo que se ha considerado que la razonabilidad es el estándar con el que debe apreciarse la medida de igualdad o desigualdad. De esta manera, se ha concluido que la Constitución Política de la República no prohíbe las diferencias por sí solas -vale decir, no existe un derecho absoluto de igualdad-, sino que, lo que prohíbe son las diferencias arbitrarias, derecho conculcado a su respecto, cuando la institución policial uniformada no ha considerado las circunstancias personales y familiares comprobadas que le rodean, así como el hecho de que su traslado constituye el cuarto movimiento en menos de seis años, por lo que no está en las mismas condiciones que otros Carabineros que han sido trasladados y por lo tanto esa sola circunstancia obliga a aplicar un trato diferenciado. Además, refiere que se ha afectado el Derecho a la igual protección de la ley en ejercicio de sus derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, ya que pese a haber señalado con detalle en el recurso de reposición, lo intempestivo e inusual de sus traslados que resultaban contrario a las normas contenidas en el Manual de Traslados, y la afectación de salud de su grupo familiar, sus argumentos no fueron acogidos ni se fundamentó por parte de la recurrida el motivo de no observar dichas normas y ratificar su decisión de trasladarlo, constituyendo el recurso presentado, un mero trámite para finalizar el proceso administrativo.

Cita diversas sentencias de tribunales superiores que, en idénticas condiciones y circunstancias, han sido resueltos favorablemente a su postura, ejemplo Rol N° 28988-2021 de la Corte Suprema que revoca sentencia Rol 584-2021 de la CA de Concepción; Rol 375– 2022 y 777-2022 de la misma Corte; Rol 3985-2022 Corte de Apelaciones de Puerto Montt; Rol 9620-20212 Corte de Apelaciones de Temuco, entre otras.

Por último, pide se acoja el recurso, y se declare: a.- Que la notificación realizada por el mando de su Unidad, que en lo pertinente deniega la reposición y confirma el traslado dispuesto por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile (DIPECAR) desde la 6° Comisaría de Chillán Viejo hacia la 12ª Comisaría de San Miguel, constituye un acto dictado en contra de normas legales expresas, carente de fundamentación suficiente y que amenazan, perturban y privan el ejercicio legítimo de las garantías establecidas en el artículo 1° y Art. 19 N° 1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República, específicamente los derechos que protegen “La Familia”, “La integridad física y psíquica” y la “Igualdad ante la Ley”. b.- Que ordene restablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que se estime pertinente conforme al mérito de autos.

Acompaña al libelo: 1.- Informe de salud de la madre; 2.- Licencia médica por patología psiquiátrica del padre; 3.- Recurso de Reposición deducido; 4.- Acta de notificación del rechazo del recurso; 5.- Orden de Traslado N°190 de 20 de diciembre de 2024 y Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile.

Segundo: Que, a folio 10 informa don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto de la Prefectura de Ñuble, solicitando el rechazo del recurso. Refiere los antecedentes institucionales del recurrente y sus destinaciones, luego alude a la normativa relacionada con la materia de este recurso. En primer término cita el artículo 31 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que ''corresponde solo a la autoridad respectiva de Carabineros, destinar al personal en las diversos cargos y empleos, según las requerimientos de la función policial''. El Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, en su artículo 10 N°9, previene que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director. Agrega, su inciso segundo, que los concernientes al Personal de Nombramiento Institucional, calidad que detentan los recurrentes, serán dispuestos por la Dirección Nacional de Personal, por los Jefes de Zona y por los Prefectos, según corresponda, en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, indica, el nuevo Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, vigente hasta el 29.09.2025, definió, ordenó, reguló, coordinó, y resolvió la ejecución e implementación del proceso anual de traslado para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, disponiendo los procedimientos de rigor. Bajo este contexto y en torno a la prerrogativa esgrimida, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en sus Dictámenes N° 32.071 y 4.181, ambos de 2017, 35.593 de 2016; 25.116 de 2014; 3.263 de 2012; 34.098 de 2010 y 26.374 de 2000, ha sostenido que la Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y leyes a Carabineros de Chile.

Prosigue diciendo que en esta directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor. Criterio también recogido por la jurisprudencia judicial que cita, Rol N° 32. 644-2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago. De este modo, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurse humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses corporativos y a las demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración, para ello, variables de carácter profesional y solo excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

En este sentido, el punto 2.4.1., del citado Manual, reconoce que las destinaciones del personal deben constituirse como un medio para ubicar, en cada cargo, al funcionario más idóneo en el cumplimiento de las tareas asignadas; el Capitulo II, numeral 2.1, del mismo cuerpo instructivo relativo a las consideraciones especiales para la toma de decisiones, precisa primeramente entre otras políticas institucionales, como obligación del personal de Carabineros, que todo miembro de la Institución, cualquiera sea su grado y escalafón, por el solo hecho de ingresar a sus filas, se compromete a prestar servicios en la guarnición que se estime necesaria, configurándose el deber de desempeñar sus obligaciones profesionales en forma eficiente en todo el territorio nacional respondiendo con ello, a la misión Constitucional asignada a la Institución, la que no puede quedar supeditada, ni sometida a la conveniencia de los funcionarios policiales.

Comenta que la afirmación reseñada, no es más que una consecuencia de la naturaleza militar, disciplinada y jerarquizada de Carabineros de Chile, construida sobre la base de la obediencia o el acatamiento, al tenor de lo estipulado en el artículo 2°, de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros. En el mismo sentido, la Orden General N°2.611, de fecha 31.10.2018, que aprobó la ''Metodología para la distribución de Recurso Humano y Vehículos en Unidades Policiales territoriales de Carabineros de Chile'', fija los parámetros que debe utilizar esa Dirección Nacional de Personal en la asignación de recursos humanos generadas a partir de los egresos de los Planteles de Formación y de cualquier otro mecanismo de disponibilidad de personal para distribución, como sucedió en la especie al Cabo 2do. nombre reservado, viéndose incluido al proceso denominado Plan Anual de Traslados, que obedece a aspectos técnicos establecidos en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile.

En ese contexto, el Departamento de Personal de Nombramiento Institucional (P.2), de la Dirección de Gestión de Personas, de acuerdo a su área de gestión y a la revisión de los antecedentes expuestos, se logra obtener que los informes presentados no ameritan innovar en la destinación ya otorgada, toda vez que, dicho movimiento obedece a las necesidades Institucionales de reducir déficit de personal y aumentar la oferta operativa, en la Unidad de destino, de acuerdo a su grado y trayectoria Institucional, teniendo presente que la 12a Comisaria ''San Miguel'', mediante la aplicación de la metodología para la distribución de recursos humanos. y vehículos en unidades policiales territoriales de Carabineros de Chile (Orden General) conforme a lo registrado en el sistema uvecalculo.carabineros.cl, mantiene categoría Comisaria tipo ''B'' y presenta un I.C.D.P. de 0,44, el cual se encuentra muy debajo del promedio Nacional (0,59), de igual forma cabe señalar que, el constante apoyo que le brinda a sus padres, esto no se vería afectado por el hecho de desempeñarse laboralmente en su nueva Unidad, por cuanto nada de lo ya dispuesto por la Institución impide la asistencia monetaria o el apoyo emocional de sus progenitores.

En relación con las cuatros destinaciones distintas en un corto periodo de tiempo, expresa que la regulación de los tratados del personal de Carabineros y el deber de cuidado a su madre y padre con enfermedades crónicas y severas, hace presente que la decisión de trasladar al Cabo 2do. nombre reservado, tuvo por fundamento la circunstancia que la autoridad competente pueda, luego de un proceso de evaluación de la situación fáctica institucional y de las necesidades que como consecuencia de ello se generen, adoptar una decisión de traslado del personal que estime pertinente, configurándose, tal determinación, en una cuestión de mérito propia de la esfera institucional y de su prerrogativa otorgada por ley. Lo anterior, por lo demás, es plenamente concordante con las observaciones dispuestas por la Contraloría General de la República, al refrendar la imposibilidad de pronunciarse sobre aquellos hechos que justifican la decisión adoptada o las razones de conveniencia u oportunidad ponderadas por la autoridad, sobre la materia.

Que, en lo que atañe a la determinación del traslado de los recurrentes no es más que el reflejo de la misión encomendada por el legislador en la materia. Asimismo, debe considerarse que el Manual de Traslados, anteriormente citado, en su Capitulo II ''Consideraciones especiales para la toma de decisiones'', señala en punto 2.4.1.- ''Aspectos Profesionales'', que dentro de los aspectos profesionales a considerar para la determinación de un traslado, se encuentra la evaluación de la permanencia de un Carabinero en un determinado cargo y/ o lugar de trabajo, considerando aquellos tiempos de permanencia desarrollados en el citado Manual.

Luego, el Capitulo IV ''Tiempos de Permanencia'', precisa que desde la perspectiva institucional de recurso humano, la permanencia del personal en diferentes cargos y/ o guarniciones, se relaciona, entre otros aspectos, con su grado jerárquico, competencias, antigüedad y rendimiento personal, lo cual hace necesario establecer tiempos mínimos y máximo de permanencia tanto en aquellas situaciones generales, como en aquellos casos especiales. Sin embargo, en consideración a lo señalado por el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile aprobada por Orden General N°3220, que en lo pertinente indica textualmente lo siguiente: ''Al respecto, los tiempos mínimos y máximos determinados en el presente Manual de Traslados, tanto para las Zonas de tratamiento económico especial como para el resto de las guarniciones del país, serán siempre referenciales y, por tanto, quedaran supeditados a las resoluciones que finalmente determine la Dirección Nacional de Personal, ya sea para atender necesidades atingentes a la función operativa, o bien, cuando las medidas administrativas determinen la conveniencia de promover nuevos destinos del personal'.

Sostiene que con el mérito de lo expuesto, es posible colegir que el raciocinio que justificó la adopción de la medida instruida se fundada en necesidades propias de la labor institucional, para una administración, con la necesidad de satisfacer interese institucionales como es la finalidad de garantizar la presencia nacional, la seguridad y el orden público dentro del territorio. Lo esgrimido supone una determinación sobre la base de consideraciones objetivas, que excluyen toda posibilidad de arbitrariedad o trato discriminatorio, al resguardarse, tras esa decisión, la función de vigilancia radicada en Carabineros de Chile, conforme a lo indicado en la ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros.

Menciona asimismo, que todos los funcionarios de Carabineros de Chile, cualquiera sea su Escalafón y grado, al integrarse a Carabineros de Chile, asumen el compromiso de prestar sus servicios en cualquier cargo o destinación, naturaleza móvil propia de una Institución cuyo cometido constitucionalmente asignado, es la preservación del orden público y dar eficacia al derecho a través de los servicios que en ese sentido se puedan desplegar, lo que depende, en una esencial medida, del correcto, eficaz y necesario manejo de su recurso humano. En este sentido se han pronunciado los Tribunales de alzada, manifestando que las condiciones de salud de los familiares, no es impedimento para el traslado de un funcionario de Carabineros, citando sentencias de distintas Corte de Apelaciones del País.

Comenta que el traslado fue dispuesto a través de un acto administrativo formal, al igual que la reposición resuelta, encontrándose plenamente fundado en virtud de las consideraciones ya señaladas. Hace ver que en el proceso de traslado del personal de Carabineros, se observan diversos principios de la Administración Publica, dentro de los cuales se encuentra la Interdicción de la Arbitrariedad, que implica que al adoptar la decisión de ubicar en cada cargo y/ o función especifica; se actúa bajo criterios de igualdad, equidad y objetividad, por medio de la utilización de variables técnicas enmarcadas en la legislación y reglamentos vigentes de manera de asegurar la igualdad ante la ley, todo lo cual fue plenamente observado en el proceso de traslado del recurrente, respecto de quien se cumple todos los requisitos que propician su traslado, no habiéndose, por la Autoridad Institucional, incurrido en alguna arbitrariedad, sino que por el contrario, se ejerció una prerrogativa enmarcada en la ley y reglamentación vigente al respecto, a la cual por cierto se encuentran obligados todos los miembros de Carabineros de Chile.

Menciona que la facultad del Mando de Carabineros de Chile de efectuar los traslados de los funcionarios de la Institución se ejerce teniendo en consideración la idea de evitar la disgregación familiar y la preeminencia del principio protector de la familia, consagrado en nuestra Carta Magna, y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Por la razón anterior, en el proceso de traslados se adoptan las decisiones teniendo en consideración los aspectos personales de los funcionarios, los cuales, en el caso particular del recurrente, si bien fueron ponderados, se estimó que finalmente ellos no obstaban al traslado. Por consiguiente, cabe concluir que los traslados son dispuestos teniendo presente que, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, respetando plenamente las garantías constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna, encontrándose el actuar de Carabineros de Chile ajustado a derecho. A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República, en sus dictámenes Nros.34.159 de 2017 y 89.676 de 2015, entre otros, precisa que el principio de igualdad ante la ley ''(... ) importa una igualdad de trato para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, en tanto que tal derecho se vulnera cuando se realiza una discriminación arbitraria, lo que no ocurre en la especie, por cuanto la regulación normativa aplicada afecta a todos los funcionarios de Carabineros de Chile que se encuentran en la misma condición jurídica .

Por todo lo que se ha expuesto, concluye que la decisión institucional cuestionada, se ejecutó con estricta sujeción de lo dispuesto en la normativa aplicable, no advirtiéndose ilegalidad, ni arbitrariedad alguna en las acciones ejecutadas por Carabineros de Chile. Por otra parte, resulta necesario señalar que la acción impetrada por el recurrente es de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria, sumarísima, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene el recurso interpuesto, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio, presupuesto que en el caso particular no se verifica, toda vez que la decisión adoptada, en la especie, se encuentra amparada por la normativa vigente, no estándose en presencia de un actuar arbitrario, de la autoridad, ni existiendo vulneración alguna a los derechos esgrimidos por el recurrente.

Por lo tanto, el actor no cuenta con un derecho indubitado que reclamar, al no existir la conculcación de las garantías esgrimidas, por lo que se estima que resulta improcedente la acción constitucional impetrada, toda vez que no se verifican sus presupuestos básicos, a saber, ilegalidad y/ o arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, por lo que cabe colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo. Reitera que no se advierten vicios de legalidad ni irregularidad alguna asociada al traslado del Cabo 2do. nombre reservado, ajustándose plenamente a derecho. La destinación tuvo lugar en cumplimiento de una finalidad estrictamente policial, cual es el resguardo de la misión estratégica entregada por el legislador a Carabineros de Chile, por lo cual afirma, el recurso no puede prosperar.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta oportuno consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, a la luz de lo recién expuesto, esta acción de cautela de derechos constitucionales, constituye una vía extraordinaria destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Sexto: Que, el recurrente señala como acción ilegal y arbitraria la decisión de la superioridad en orden a trasladarlo desde su actual lugar de trabajo en la 6 Comisaría de Chillán Viejo donde se desempeña con el grado de nombre reservado, a la 12 Comisaría de San Miguel, en la Región Metropolitana, decisión contenida en la Orden N° 190 Dipecar de 12 de diciembre de 2024, acto que, no obstante, haberse impugnado aludiendo a situaciones personales, familiares, de legalidad y arbitrariedad del acto, fue confirmada, infringiéndose con ello las garantías previstas en el artículo 19 N° 1,2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, como primera cuestión cabe señalar que el artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, prescribe “Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial”. En el marco del ejercicio de esa prerrogativa, en el caso que nos ocupa, el alto mando de Carabineros determinó el traslado del Sr. nombre reservado hacia la Región metropolitana, según se lee del texto de la Orden 190 que se adjunta a la carpeta, mismo documento que en su preámbulo, da cuenta de los fundamentos jurídicos en los que se apoya, esto es, el ya nombrado artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el artículo 10 del Decreto N° 625 sobre Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros beneficios, y la Orden General 2707 que aprobó el Manual de Traslado para el Personal de Carabineros, de los que emana la potestad para disponer la ubicación de sus funcionarios según los requerimientos de la función policial, a lo que añade, la referencia a la jurisprudencia de la Contraloría de la República, en cuanto a esclarecer que, recae sobre la autoridad la evaluación y determinación de la oportunidad y utilidad de ordenar la medida, sin que pueda ser limitada por la conveniencia de quienes son destinados, pues su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que el objetivo perseguido por esta medida es optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política y las leyes al citado organismo.

Octavo: Que, esa primera aproximación al asunto, desde ya descarta, que la que se discute, sea una destinación carente de fundamentación, al igual que la que recae sobre el recurso de reposición interpuesto, pues, aunque lleva razón el funcionario recurrente, en cuanto que la institución debe considerar, no solo aspectos técnicos, de racionalización y eficiencia de los recursos disponibles, sino que también ha de sopesar para adoptar esas resoluciones, las condiciones personales, familiares, y sociales del destinatario de la medida, respetando siempre y en todo caso el procedimiento administrativo dispuesto para la resolución del conflicto, lo que en ningún caso, puede anteponerse al bien común y al cumplimiento de las funciones que la misma carta fundamental y ley orgánica le reconoce.

Muestra de lo expresado, es que, por ejemplo, en el Capítulo II del Manual de Traslados se especifica bajo el acápite “Obligación del Personal de Carabineros de Chile” que todo miembro de la institución por el hecho de ingresar a ella se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República. Leyes y Reglamentos, a Carabineros de Chile, ateniendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente Manual.

Noveno: Que, en lo referente a los tiempos mínimos de permanencia que le asiste al personal de carabinero, como seguridad o garantía de no ser cambiado de lugar o función, y que se esgrime como causa de una posible discriminación arbitraria por parte de la autoridad en el caso del Sr. nombre reservado, es menester precisar, que la regulación, previo a reconocer la necesidad de establecer tiempos mínimos y máximos de permanencia del personal en los diferentes cargos y/o guarniciones, agrega que éstos, serán siempre referenciales, y en todo caso, estarán supeditados a las resoluciones de la Dirección Nacional de Personal sea para atender a las necesidades atingentes a la función operativa, o bien, cuando medidas administrativas determinen la conveniencia de promover nuevos destinos del personal. Misma idea que se refleja al disponer que la garantía de respetar en su caso los tiempos mínimos, está condicionada por las necesidades del servicio debidamente fundadas y/o disponibilidad presupuestaria (Capítulo IV 4.1).

Décimo: Que, del contenido de la resolución de la reconsideración pedida por la recurrente acompañada a folio 10, se advierte que, en el presente caso, han sido precisamente aquellas situaciones o necesidades especiales del servicio, que han servido de base a la destinación y por cierto, al rechazo de la vía administrativa, pues si bien se tuvieron en cuenta por la autoridad, los antecedentes familiares del Sr. nombre reservado éstos no tuvieron la fuerza necesaria para hacer variar la orden 190, pues “las necesidades institucionales de reducir el déficit de personal y aumentar la oferta operativa en la unidad de destino, de acuerdo a su grado y trayectoria institucional….”, lo ameritan, asunto debidamente explicado tanto en los hechos como en el derecho.

Undécimo: Que, de lo dicho, se puede concluir que no se verifica la existencia de un acto ilegal o arbitrario apto para vulnerar de las garantías constitucionales invocadas por el actor, que pueda ser subsanado a través de este recuso de urgencia, o que esta Corte pueda subsanar mediante medidas correctivas, pues la decisión de traslado fue adoptada por la autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, en las que ha hecho prevalecer el interés público por sobre el particular del servidor, amén de no existir circunstancias extraordinarias que lo ameritaran. Tampoco se puede dejar de considerar que quienes ingresan a Carabineros de Chile se comprometen, conforme a la normativa que rige la institución, a acatar las destinaciones y desempeñar las funciones que se les encomienden, según las necesidades del servicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra suplente Carolina Vásquez Epuñan.

Rol N° 104-2025 Protección.

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