nombre reservado con BANCO DE CHILE

Chillán, veinte de julio de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don Germán Eugenio Montenegro Acuña, abogado, en representación de don nombre reservado y recurre de protección en contra del Banco de Chile, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado.

El letrado relata que con fecha 13 de abril del presente año, la ejecutiva de la recurrida, doña nombre reservado, se contactó telefónicamente con su representado a fin de solicitar de manera informal, antecedentes para una revisión normal que efectúan a todos los clientes sobre los orígenes de sus movimientos de dinero, a lo que el recurrente respondió el mismo día, enviando vía correo electrónico carpeta tributaria de la empresa familiar “Latas Chillán Spa” de la cual es asesor, consultor, relator y gerente de administración y finanzas.

Señala que posteriormente, el 15 de mayo su representado consultó a la recurrida vía correo electrónico, cuál era la razón de tener bloqueado el cajero Express, dispuesto con la finalidad de realizar depósitos de dineros y documentos mercantiles por los clientes, siendo informado por la referida ejecutiva, que dicho bloqueo correspondía a que no se había informado los movimientos de la cuenta corriente del recurrente.

Agrega que el 16 del referido mes y año la mencionada ejecutiva le escribió a su representado vía correo electrónico, a fin de indicarle que enviaría a su domicilio una carta formal, con la solicitud de antecedentes de “Revisión de la relación comercial”, cuyo contenido transcribe en su presentación. Luego, el jueves 18 de mayo el recurrente envía vía correo electrónico, dos e-mail, explicando detalladamente los ingresos, los orígenes de sus movimientos de dineros, así como también antecedentes que acreditan que administra dos empresas familiares: “Latas Chillán Spa”, del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nº76736055-K, y la Empresa Individual de Responsabilidad limitada “nombre reservado Fábrica y Venta de Productos Metálicos Latas Chillán”, del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nº76046818-5, consignando en uno de sus e-mails, que es el gerente de administración y finanzas de la primera, además de poseer mandato general de administración, con las más amplias facultades que el derecho puede otorgar, lo que permite representarla y tomar decisiones, así como también realizar la administración de sus recursos, recibiendo una remuneración mensual. Junto a lo anterior, indica que también señaló que en razón de su profesión, realizó diversas asesorías, consultorías y relatoría de talleres, obteniendo ingresos económicos por dichas gestiones y además adjuntó 43 archivos, que detalla en su presentación.

El recurrente añade que el 24 de mayo del presente, la recurrida envió carta certificada al domicilio particular del recurrente, bajo la referencia “Término de Productos Bancarios”, cuyo texto transcribe. Destaca que la carta señala: “Atendido que no acompañó antecedentes solicitados o los acompañados al Banco no son suficientes para justificar económicamente las operaciones y transacciones a que se refiere nuestra comunicación enviada con fecha 16/05/2023”. A raíz de ello, agrega: “Ponemos término al Contrato de la Cuenta Corriente que se indica, como asimismo a sus productos asociados.”.

Estima el actor que lo expuesto da cuenta de una actuación arbitraria y abusiva por parte del recurrido, donde la arbitrariedad estaría dada por la ausencia de un fundamento racional, una manifestación del simple capricho del agente, contrario a la justicia, la razón o la lógica, que en el caso de marras se traduce en el cierre de una cuenta corriente con más de nueve años de antigüedad. Además, considera que tal decisión resulta ser carente de razonabilidad, ya que la recurrida tiene la información fidedigna de los antecedentes del recurrente. Añade que la ilegalidad en el actuar del recurrido queda en evidencia de forma manifiesta al transgredir lo dispuesto en los artículos 16, 1545, 1546 y 1566 del Código Civil.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales expresa que el proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional prevista en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política, ya que la actuación del recurrido afectó a su representado en su derecho a su integridad psíquica, pues la perturbación que le provocara el cierre de su cuenta corriente, herramienta de trabajo, que le permite recibir los abonos de sus ventas y realizar pagos a sus proveedores, lo deja en un estado de colapso indeterminado. También considera conculcada la garantía de igualdad ante la ley, ya que a su entender no puede el recurrido tratar en forma desigual a un cliente y con eso provocar además un perjuicio económico, además de discriminarlo respecto de otros clientes en igualdad de condiciones, que han recibido un mejor trato. Por último, considera conculcado el derecho de propiedad, pues como cliente, a pesar de tener claro que la decisión de cierre de su cuenta corriente puede ser unilateral, su representado se sentía dueño de ella.

Añade que la recurrida alegará en su defensa que su actuar se encuentra enmarcado dentro de las facultades y derechos que le otorga la ley, pero a su entender el actuar de ésta es abusivo, arbitrario, y discriminatorio, no habiendo mediado aviso previo alguno ni una nueva solicitud de acompañar otros antecedentes, ya que resulta claro que los acompañados, a juicio del Banco recurrido, no son suficientes para justificar económicamente las operaciones y transacciones de los abonos efectuados en la cuenta corriente durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023, los cuales ascienden a la suma de $349.521.000.

El letrado sostiene que la Corte Suprema en fecha reciente, rechazó un recurso de reclamación interpuesto por el recurrido, Banco de Chile, y confirmó la resolución de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que le aplicó una multa de 800 Unidades de Fomento por reportar tardíamente operaciones sospechosas. Expresa, que a su entender, lo que debió efectuar la recurrida era acreditar las operaciones y transacciones de los abonos que ha recibido en su cuenta corriente y haber puesto a disposición, esta cuenta corriente, del Ministerio Público, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Finaliza solicitando a esta Corte acoger el presente recurso y declarar que la conducta del recurrido es ilegal, arbitraria y discriminatoria, hacia el recurrente; ordenar al recurrido que cese en su conducta ilegal, arbitraria y discriminatoria, restableciéndose el imperio del derecho en el sentido de dejar sin efecto el cierre de la cuenta corriente, y de los productos asociados, que se harían efectiva el 7 de junio de 2023, según la carta enviada en fecha 24 de mayo del presente año; y, condenar en costas a la recurrida.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que el abogado Benjamín Jordán Astaburuaga, en representación del Banco de Chile, informa solicitando el rechazo del recurso.

En primer término el letrado expone que la recurrida, el Banco de Chile, se encuentra facultada contractual y reglamentariamente para cerrar unilateralmente la cuenta del recurrente y los productos asociados y que el procedimiento aplicable a tal efecto se encuentra estipulado y regulado. Detalla que la cláusula contractual que regula el cierre unilateral de la cuenta corriente, así como la instrucción expresa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, para incluirla en los contratos, deriva de que este contrato es una convención de aquellas que son denominadas “intuito personae”, en que la confianza del Banco en su cliente es fundamental. Por esta precisa razón el contrato puede terminar en cualquier tiempo, por voluntad unilateral del Banco o del cuenta correntista, voluntad que en modo alguno puede confundirse con arbitrariedad.

Expresa que el carácter “intuito personae” fluye de la circunstancia de celebrarse el contrato en consideración a la calidad de las partes; especialmente, en cuanto a la solvencia y actividad ejecutada por el cuenta correntista, que los Bancos deben considerar al momento de abrir una cuenta, de acuerdo a las normas dadas por la Comisión de Mercado Financiero; y de los motivos que la ley contempla para su término, previstos en el artículo 611 inciso 2º del Código de Comercio, aplicables en la especie por mandato del artículo 9 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

El letrado destaca que el contrato de cuenta corriente celebrado con el recurrente con fecha 20 de enero de 2014, en su cláusula décimo segunda, letras h), i) y j) (que transcribe), establece la facultad del Banco para poner término en forma unilateral al contrato de cuenta corriente y los productos asociados a la misma.

Manifiesta que la cláusula precitada establece tanto la facultad del Banco para proceder al cierre de la cuenta, como el procedimiento para llevarlo a cabo, el que fue cumplido, tal como señala el propio recurrente.

Añade que la facultad concedida al Banco para cerrar unilateralmente la cuenta corriente en cualquier tiempo, también está contemplada como una de las condiciones generales que según la Comisión de Mercado Financiero debe contener todo contrato de cuenta corriente. Por consiguiente –afirma- al haber ejercido tal facultad, no puede existir, por un lado, una ilegalidad, como a grandes rasgos sostiene el recurrente, como tampoco aquella que relata en su recurso referida a los artículos 16, 1545, 1546 y 1566, todos del Código Civil, precisamente porque las partes de antemano en el contrato referido y por su mutuo consentimiento, acordaron que el Banco de Chile ostentaría esta facultad de poner término unilateral al contrato unificado de productos.

Sostiene que la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre ellas, la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, exigen un comportamiento activo y previsor a los bancos e instituciones financieras, que los obliga a actuar en forma preventiva, evitando que puedan ocurrir las conductas en ellas referidas y sancionadas. En ese sentido, como directriz de la aplicación de tales leyes, la Superintendencia del ramo, hoy CMF, dictó la Circular 3435, que se encuentra en el Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas y que indica en lo pertinente que: “[…] los bancos deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus clientes, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que éstos realizan. Asimismo, deben interiorizarse sobre los fundamentos en que se apoyan esas operaciones cuando no sean concordantes con el giro o profesión del cliente o, aun siéndolo, parezcan desmedidas o inusuales, sea por su monto, su frecuencia, o sus destinatarios, en el caso de transferencias de fondos.”

Asimismo, expresa que el sistema de prevención de lavado de activos está fundado en el concepto de “conozca a su cliente”, que obliga a los bancos e instituciones financieras a tener pleno conocimiento de dónde provienen los dineros y activos que depositan sus clientes, debiendo recabar todos los antecedentes necesarios para justificarlos. En este entendido, indica que existe un deber legal, que obliga a los bancos e instituciones financieras a actuar positivamente en la prevención de las conductas referidas en esas leyes, evitando que ellas puedan ejecutarse a través suyo.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que los bancos no deben calificar las conductas de sus clientes, pues dicha tarea es exclusiva de los tribunales de justicia y los órganos de administración de la justicia, pero sí deben actuar en forma preventiva, sin necesidad de comprobar las sospechas. Dentro de estas actividades preventivas, se establece el cierre de las cuentas.

Finalmente el letrado expone que cierre de la cuenta obedece a que el recurrente incurrió en las causales de término del contrato establecidas en las letras h), i) y j) de la cláusula duodécima, puesto que, a pesar de los requerimientos efectuados por el Banco, no proporcionó satisfactoriamente los antecedentes e información necesaria para que este último disponga de un adecuado conocimiento de las actividades que desarrolla el Sr. nombre reservado y, por lo mismo, es posible concluir que realizó operaciones o transacciones que no se encontraban revestidas de razonabilidad económica o jurídica, al no acreditar satisfactoriamente y en la oportunidad requerida, el origen de los fondos depositados en la cuenta. Además, su representada requería de los antecedentes que fueran solicitados, toda vez que no mantenía información actualizada sobre la actividad y nivel de ingresos del recurrente, sino que solo tenía aquella que el Sr. nombre reservado proporcionó como estudiante universitario de la Universidad de Concepción, para obtener la tarjeta de crédito y, en consecuencia, celebrar el contrato de cuenta corriente, manifestando que la sola pretensión de justificar los movimientos de su cuenta en la actividad e ingresos de terceros, importa por sí misma una grave infracción al contrato, destinado únicamente a recibir los ingresos del Sr. nombre reservado, por ser intuito personae y la imposibilidad absoluta de la obligación del Banco de conocer a su cliente, pues la cuenta corriente es utilizada por terceros a quienes el Banco no conoce.

Por consiguiente, señala que el solo hecho de pretender justificar los movimientos de la cuenta – cuestión por lo demás no lograda – en los supuestos ingresos de terceros, constituyen antecedentes que por sí mismos impiden conocer debidamente al cliente. En suma, afirma que las transacciones ejecutadas en la cuenta corriente del Sr. nombre reservado, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por éste no revestían ninguna razonabilidad, constando además que la cuenta era utilizada por terceros de los cuales no tiene su representada conocimiento alguno, por lo que se procedió al cierre de la misma conforme a las facultades contractuales y legales respectivas, todo lo cual excluye la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas.

Sostiene que al existir razonabilidad y legalidad en la decisión adoptada por el Banco, no es posible la existencia de vulneración del derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a su derecho de propiedad, como alega el recurrente.

Solicita se tenga por evacuado el informe requerido y, con su mérito, se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que para resolver la presente controversia, se debe tener presente, por un lado, lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 B de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.

Dicha norma dispone que: “Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente: (…) b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor”.

Por su parte, el contrato de cuenta corriente celebrado entre el recurrente y el Banco recurrido, con fecha 20 de enero de 2014, establece en su cláusula 12ª lo siguiente: “Adicionalmente las partes acuerdan que el Banco podrá poner término al presente contrato anticipadamente y en cualquier momento, en el evento que se produjere, por parte del Cliente, uno o más incumplimientos de las obligaciones que por el presente instrumento contrae. Asimismo, el Banco estará facultado para poner término anticipado a este contrato en los siguientes casos: […]”

h) si el Cliente no proporcionare al Banco los antecedentes e información para que este último disponga de un adecuado conocimiento de las actividades que desarrolla el Cliente o de sus ingresos; o de la razonabilidad entre esas actividades e ingresos y las operaciones, transacciones o depósitos de cualquier naturaleza que el mismo Cliente efectúe o mantenga en el Banco. Para estos efectos el Banco deberá requerir al Cliente por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días;

i) si el Cliente realizare operaciones o transacciones que no se encuentren revestidas de razonabilidad económica o jurídica, o que se aparten del marco de las actividades habituales del mismo Cliente, considerado en todo ello la frecuencia, monto y/o terceros que intervengan en estas operaciones;

j) si el Cliente no acreditare el origen de los fondos depositados, entregados o puestos a disposición del Banco por cualquier causa, ante el requerimiento que éste le formule;”.

7°.- Que, las alegaciones de las partes y los documentos acompañados, permiten dar por establecidos los siguientes hechos:

a) El Banco de Chile, mediante carta de fecha 16 de mayo de 2023 solicitó al recurrente los antecedentes que se relacionen y justifiquen los abonos que éste ha recibido en su cuenta corriente durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023, que ascienden a $ 349.521.000.

En dicha misiva se indicaba además: “Hacemos presente a usted la relevancia que tiene el requerimiento materia de la presente, especialmente en el marco de nuestra revisión de la relación comercial que mantenemos con usted, de manera tal que no disponer de los antecedentes requeridos o si los antecedentes acompañados no permiten justificar económicamente ante el Banco las operaciones y transacciones antes individualizadas, podría significar el término de la relación comercial que mantiene con el Banco de Chile. Agradeceremos que dentro de los próximos 5 días hábiles bancarios nos haga llegar la totalidad de la información solicitada”.

b) El recurrente contestó dicha solicitud remitiendo los antecedentes que dan cuenta de que administra las empresas familiares Latas Chillán SPA y la empresa Individual de Responsabilidad Limitada nombre reservado Fabrica y venta de productos metálicos Latas Chillán SPA y gerente de administración y finanzas de la primera, recibiendo una remuneración mensual.

También adjuntó los antecedentes tributarios de dichas sociedades y sus liquidaciones de sueldo, certificado de pago de cotizaciones previsionales y comprobantes de pago de licencias médicas.

c) El Banco de Chile, mediante carta de fecha 24 de mayo de 2023, comunicó al recurrente lo siguiente: “Atendido que no acompañó antecedentes solicitados o los acompañados al Banco no son suficientes para justificar económicamente las operaciones y transacciones a que se refiere nuestra comunicación enviada con fecha 16/05/2023, por medio de la presente informamos a usted(es) que ponemos término a los contratos que a continuación se singularizan mediante la indicación del número correspondiente al respectivo producto”.

8°.- Que, del tenor de la cláusula 12ª del contrato de cuenta corriente celebrado entre el recurrente y el banco recurrido (transcrita en el motivo 6° de este fallo) se puede concluir que las partes contemplaron la posibilidad de que la entidad bancaria ponga término al contrato de cuenta corriente, previo cumplimiento de los requisitos que allí se expresan.

9°.- Que conforme a los hechos asentados en autos, el Banco recurrido cumplió con requerir al cliente los antecedentes relativos a las actividades que este desarrolla y a sus ingresos, a fin de determinar la razonabilidad entre éstos y las operaciones, transacciones y depósitos que efectúa y mantiene en el Banco.

Luego, el Banco comunicó al recurrente que los antecedentes acompañados no fueron suficientes para justificar económicamente las operaciones y transacciones por él realizadas, y por las cuales le requirieron la información, esto es, la existencia en su cuenta corriente de abonos por la suma de $ 349.521.000, durante el período que va desde abril de 2022 a marzo de 2023; y en virtud de ello, la institución puso término al contrato.

Asimismo, al informar el presente recurso, el Banco detalla que los antecedentes acompañados por el actor se referían a sociedades de las que no es parte el cuentacorrentista y con las que el Banco no ha celebrado ningún contrato; añadiendo que las liquidaciones de sueldo de don nombre reservado, por $ 2.020.000 mensuales no justifican en modo alguno las cantidades de dinero depositadas en su cuenta corriente.

10°.- Que, conforme a lo señalado precedentemente se puede constatar que el banco recurrido puso término al contrato de cuenta corriente suscrito con el actor en uso de las facultades contempladas en éste y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Del mismo modo, se pudo verificar que el banco ha dado suficiente justificación de su decisión, pues ha quedado claro que el cuentacorrentista, que celebró un contrato denominado “Contrato unificado de productos de personas”, justificó el saldo existente en su cuenta corriente con la actividad comercial que desarrollan sociedades de las que él no es parte y con las cuales el Banco de Chile no ha celebrado ningún contrato.

Finalmente, no puede dejar de considerarse que el banco recurrido, conforme a lo prescrito en el artículo 3° de la Ley 19.913 se encuentra obligado a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que advierta en el ejercicio de sus actividades; y la misma ley entiende como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente (…)”

En el mismo sentido, las instituciones bancarias se encuentran obligadas a dar cumplimiento a las directrices emanadas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, que entre otras impone como obligación no delegable del banco identificar y conocer a sus clientes, como una herramienta orientada a la prevención y gestión eficaz de los riesgos a los que está expuesta la entidad.

11°.- Que, conforme a las consideraciones precedentes, no se avizora la actuación ilegal o arbitraria que se denuncia como vulneradora de garantías constitucionales, pues la decisión del banco de poner término al contrato de cuenta corriente celebrado con el recurrente se encuentra debidamente fundada y fue adoptada después de un análisis de los antecedentes remitidos por el cliente, dando con ello cabal cumplimiento al contrato, a la ley 19.496 sobre protección de derechos del consumidor y a las directrices emanadas de la Comisión para el Mercado Financiero, conforme lo prevé la Ley 19.913.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado Germán Montenegro Acuña a favor de don nombre reservado, en contra del Banco de Chile S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

No firma el Ministro señor Guillermo Arcos Salinas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por encontrarse con permiso el día de hoy.

ROL 1031-2023-PROTECCION