nombre reservado con nombre reservado

10 Chillán, diecisiete de Julio de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, trabajadora doméstica, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de su hijo nombre reservado, estudiante, en contra de don nombre reservado, Director de la Escuela N°7 particular Adventista de Chillán y en contra de nombre reservado, orientadora de dicho establecimiento, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado.

Sostiene que el pasado 13 de abril su hijo fue injustificadamente acusado por parte de los recurridos, de haber sido participe e instigador de una situación de abuso de índole sexual a una amiga y compañera de la escuela, nombre reservado por parte de otros compañeros, nombre reservado y nombre reservado, señalando que su hijo sólo fue un mero observador. Producto de ello fue sometido a un interrogatorio verbal totalmente ilegítimo y desproporcionado atendida su edad de 12 años, tratándole de culpable e incitándolo a redactar una carta de disculpas bajo presión, sin tener espacio a ser escuchado, y pese a negar el hecho.

Añade que la situación fue ventilada por la institución, dándola a conocer a todo el resto del curso de lo que supuestamente había sucedido, ejerciendo juicios sobre su hijo y hostigándolo por mensajes. Además, expresa, el colegio se constituyó como una especie de comisión especial, dictaminando un juicio al respecto, sin protocolo válido alguno, lo que se colige claramente por ejemplo, con el hecho de solicitar cartas de disculpas al respecto.

Plantea que la situación descrita ha causado un daño severo e irreparable a su hijo en su esfera psicológica, por verse juzgado por toda la comunidad estudiantil y pares, que sin lugar a dudas antes consideraba como su segunda casa o familia y su círculo de aprendizaje y protección fuera del hogar, siendo acusado, estigmatizado y juzgado vejatoriamente sin derecho a defensa o réplica alguna.

Añade que se le ha prohibido el ingreso al establecimiento escolar, producto de una supuesta orden de alejamiento en su contra (que no ha sido notificada a él ni a sus padres y que a ciencia cierta no puede encontrarse firme, siendo del caso destacar por cierto que es un menor de 12 años y producto de un tratamiento irracional se ve envuelta en esta compleja situación), orden de alejamiento surgida como consecuencia de la denuncia que hizo el colegio en contra de su hijo y los verdaderos involucrados, tratando de igual manera a Rafael con respecto a ellos, no obstante que del relato de la menor y de los padres de ésta lo juzgan no por su actuar material o físico, sino por no haber intervenido para evitar la situación, en sus palabras “por no defender a su amiga del otro niño”, por no ser lo “suficientemente hombre” y no tener el “cinturón bien ajustado”; es decir, equiparan la responsabilidad de su hijo con los otros acusados que realmente actuaron de forma material y física, pese a que reconocen que él no participó del abuso.

En cuanto al derecho afirma que la decisión sancionatoria es arbitraria y posee una naturaleza ambivalente que muestra un ejercicio de la autoridad escolar que no reconoce otra norma que el propio arbitrio, ya que el Reglamento de Convivencia del Establecimiento Educacional, no da cuenta de un procedimiento sancionatorio claro y que respete las consabidas exigencias constitucionales del debido proceso ni del derecho fundamental que asiste a todo niño a ser oído, según resguarda el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, habiendo únicamente una sucesión de acciones posteriores a la determinación que el Colegio ha adoptado de que se cometió una infracción y que no contienen ninguna instancia de discusión ni de apelación. Estima que subyace a la decisión del Colegio un profundo desconocimiento sobre el manejo ante situaciones de índole sexual, nacida de una profunda oposición a la educación sexual que tarde o temprano, la ausencia de ésta provoca estos lamentables comportamientos de pequeñas personas que el derecho ni siquiera les reputa voluntad propia y que terminan repercutiendo sobre la comunidad escolar toda, inclusive sobre no participes como ocurre en este caso.

Agrega que conforme al principio de legalidad no se concibe la aplicación de un castigo sin que la conducta que lo hace posible esté previamente tipificada, conjuntamente con la sanción aparejada a su contravención y el procedimiento destinado a comprobar su existencia y la participación de la persona por ello acusada y oída sobre el preciso particular. Plantea que el apartado 3 inciso 5º del artículo 19 de la Carta Fundamental se aplica extensivamente a todo procedimiento, aun a uno de carácter no jurisdiccional, cuanto más cuando conducente a la imposición de alguna clase de privación, situación que aquí acontece, haciendo presente que el artículo 25 de la Convención Americana sostiene que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen no solamente sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución nacional sino, también, por esa convención, aun cuando la violación sea cometida por una persona que actúa en ejercicio de sus funciones oficiales. Cita fallos de la Corte de Apelaciones Santiago, Rol 4105-2004 y Rol 1441-2012.

Solicita que, en razón de lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas, artículos 3, 12, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5, 19, numerales 1, 3, 10 y 26 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y artículo 46 de la Ley 20.370, se tenga por interpuesto dentro de plazo la acción constitucional de protección a favor de nombre reservado, menor de edad, en contra de los recurridos anteriormente individualizados, ordenando retirar la arbitraria e ilegal sanción de que el menor no pueda ingresar al establecimiento; que no se dé a conocer ni se siga dando a conocer la carta escrita por el menor, toda vez que lo pone en situación de ser tratado como culpable de un hecho que no ha sido decretado por ninguna entidad válida; que los recurridos se abstengan en lo sucesivo de emitir juicios o adoptar medidas en el sentido de involucrar al menor recurrente, sin perjuicio de adoptarse las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informan don nombre reservado, en su calidad de Director de la Escuela N°7 Particular Adventista de Chillán y doña nombre reservado, orientadora de la Escuela N°7 Particular Adventista de Chillán, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En primer términos los recurridos proceden a entregar antecedentes relativos a los hechos que han motivado la presente acción constitucional, sosteniendo que el pasado 21 de abril la alumna A.T.V.R en una conversación con la orientadora del establecimiento, profesora nombre reservado, devela haber sido tocada en sus partes íntimas (senos y vulva) por sobre la ropa, por su compañero G.A.B.L y su compañero R.A.L.S (hijo de la recurrente) le habría tocado la entrepierna por sobre el buzo del colegio, por debajo de la mesa.

Añaden que la alumna A.T.V.R relata que el 13 de abril pasado, en hora de clases de música, estaban en un momento en donde ella pudo conversar con sus compañeros de puesto G.A.B.L y R.A.L.S, de pronto G.A.B.L le toca la rodilla de la pierna izquierda y A.T.V.R le dice “saca tu mano” él contesta “no, si te gusta” luego R.A.L.S por debajo de la mesa de enfrente a la alumna le toca la pierna derecha y la aprieta, en ese momento A.T.V.R le dice “ya paren” y R.A.L.S le dice a G.A.B.L “sigue tocándola” y comienza a tocar la pierna desde la rodilla a la zona inguinal y toca la vulva de A.T.V.R, por encima de la ropa, ella reacciona y le dice “ ¡me tocaste! y el G.A.B.L le contesta ”te gusta que te toque” y ella le contesta “a dónde” en ese momento los compañeros hacen sonidos guturales y A.T.V.R se siente mal, le duele su estómago, la cabeza, y siente náuseas y ganas de vomitar, G.A.B.L la abraza y pasa a tocar su seno en ese momento A.T.V.R, Valenzuela se para y les dice “los voy a acusar “ y al pararse un compañero la empuja hacia adelante y ella cae poniendo sus manos en el suelo, se sentía tan mal que al llegar ante el profesor sólo pide permiso para salir por náuseas.

Evidentemente, a partir de la develación que realiza la alumna y en sujeción a lo que establece el Reglamento de Convivencia Escolar y sus respectivos protocolos de actuación y según con los antecedentes que contaba el establecimiento, se procedió a la apertura del protocolo a los tres estudiantes, por “Situación de Abuso con connotación Sexual” y, tal como allí se señala, se realizan entrevistas preliminares, que en ningún caso constituyen un interrogatorio. Se entrevista al alumno G.A.B.L, el cual reconoce haber tocado la pierna de la alumna A.T.V.R y él pensando que le daban cosquillas le siguió apretando la pierna hasta el muslo y si tocó las partes íntimas de A.T.V.R su compañera fue casualidad. El alumno R.A.L.S, niega haber tocado la pierna en ese contexto y que no lo ha realizado en ese contexto o en otro. Ante lo dicho por los estudiantes varones, sus relatos no fueron cuestionados, en ningún caso. No obstante, esto no obsta a que igualmente informaran al Tribunal de Familia lo ocurrido, ya que así lo establece su normativa interna, y en ese contexto se realiza la denuncia al Tribunal de Familia de Chillán, el día 4 de mayo, aperturándose la causa Rit: P-975-2023, con la finalidad de buscar apoyo para los estudiantes implicados.

Continúan señalando que el 9 de mayo el Tribunal de Familia notifica al establecimiento la medida cautelar que decreta la prohibición de acercamiento y de todo contacto tanto presencial, remoto o virtual de los NNA, G.A.B.L, R.A.L.S a la NNA A.T.V.R, a su domicilio ubicado en domicilio reservado metros y en cualquier lugar en el cual éstos se encuentren y frecuenten, medida la que se ordena colocar en conocimiento de Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, medida la cual se decreta hasta la fecha de la audiencia preparatoria (19 de julio del 2023), y bajo el apercibimiento del artículo 94 de la Ley 19.968, es decir, en caso de infracción o incumplimiento se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para efectos de lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Añade que en la resolución judicial que decreta la mencionada medida se ordena al establecimiento educacional tomar todos los resguardos a fin de cumplir la medida cautelar en los términos ordenados. Manifiestan que dicha medida, así como cada paso del protocolo, se informó a la madre de los estudiantes varones y con la notificación realizada por el Tribunal, añadiendo que como establecimiento están trabajamos en un plan de apoyo a los estudiantes que tenían prohibición de acercamiento a su compañera A.T.V.R, para que puedan continuar con su proceso de formación escolar sin interrumpir sus actividades pedagógicas debido a la medida cautelar entregada por dicho Tribunal.

Señalan a continuación que el día 24 de mayo la Dirección del establecimiento notifica a la apoderada nombre reservado sobre la resolución del Tribunal de Familia, el cual consistía en que su hijo no podría estar a menos de 100 metros de la alumna que dio origen a dicho protocolo, no por determinación del establecimiento, sino por una medida cautelar entregada por el Tribunal de Familia, se le exhibe la notificación realizada al establecimiento y se lee en conjunto con la apoderada. En dicha entrevista se decidió, de común acuerdo y en conjunto siempre con la apoderada, que el proceso de aprendizaje continuaría con la entrega de materiales para su estudio en el hogar, las evaluaciones serian adecuadas pedagógicamente y se entregaría un horario en la jornada alterna para rendir las evaluaciones o actividades solicitadas por los docentes. También se designó un día a la semana (lunes) para que el evaluador del establecimiento pueda resolver las preguntas y dudas de los estudiantes. Todo esto en un contexto de apoyo a las familias y al aprendizaje de los estudiantes involucrados, haciendo presente que dicha medida regirá hasta la fecha de audiencia que será el día 19 de julio del presente año.

Resaltan los recurridos que la prohibición de acercamiento respecto a la estudiante, en ningún caso se comunicó como una medida sancionatoria para ninguno de los dos estudiantes, ya que el Reglamento no les autoriza para aplicar una sanción tan extensa ni mucho menos, los estudiantes fueron tratados como culpables. En el caso en comento, se verificó la aplicación de los pasos del protocolo y fue el Tribunal de Familia quien bajo la potestad de imperio que le subyace dicta dicha medida, por lo que, tampoco como establecimiento tenían la facultad de elegir o no qué medida aplicar, sino que es la autoridad judicial de quien emanó la decisión.

Además, expresan que con motivo de la declaración de la alumna A.T.V.R, se procede a la apertura de un protocolo para entregar apoyo a todos los involucrados, protocolo el cual contempla la realización de entrevista a los estudiantes, donde cada uno de ellos relata lo ocurrido desde su punto de vista y vivencia experimentada. En ese contexto R.A.L.S, declara que G.A.B.L habría tocado la pierna de su compañera y que él lo sabía, R.A.L.S, le pide a G.A.B.L que no la moleste más, y G.A.B.L no le dice nada. R.A.L.S, relata que él no le toco las piernas ni el “poto de su compañera”.

Enseguida añadieron que dichas declaraciones ocurrieron en la oficina de la orientadora del Colegio, donde existió privacidad y tranquilidad al momento de relatar los hechos, no existiendo en ningún momento un interrogatorio verbal desproporcionado. Añaden que, como establecimiento, están facultados para tener estas entrevistas con los estudiantes con el fin de conocer lo ocurrido, más no se indaga más allá de lo que se devela en el momento, ya que tal acción no ésta contemplada en el Reglamento.

Afirman que el establecimiento en ningún momento ha divulgado información a la comunidad educativa, ya que es un proceso interno que solo lo conoce el Departamento de Convivencia Escolar, por lo que si los estudiantes se enteraron de lo ocurrido, se trató de los relatos realizados por los propios estudiantes involucrados, pero no fue ningún miembro del personal que entregara la información a los estudiantes o apoderado.

Señalan desconocer la razón por la cual la recurrente señala que el establecimiento se constituyó en una comisión especial para dictaminar un juicio ya que el estudiante no fue sancionado por lo ocurrido, se realizó un plan de apoyo para el estudiante, lo cual está estipulado en el protocolo de acción con el fin de reflexionar sobre sobre la consecuencia de sus actos.

Que, respecto a la carta de disculpa se encuentra enmarcada en el plan de apoyo donde el alumno manifiesta como se sintió él y las emociones que pudo haber sentido su compañera. El trabajo fue realizado de forma correcta y no se le impuso ninguna idea, palabra o frase por algún funcionario.

De otro lado relatan que el 9 de mayo durante una entrevista para abordar el aspecto emocional de R.A.L.S, éste señala claramente y se aprecia que no presenta mayores inconvenientes emocionales por lo ocurrido, ya que no tiene problemas para dormir, o relacionarse con sus compañeros, no se siente triste en sala o en su casa, no tiene problemas con su compañero G.A.B.L y a su compañera A.T.V.R la ignora. Nadie le desagrada en la escuela.

Agregan que durante el protocolo se entrevistó al docente de música donde ocurrieron los hechos, el cual señala que durante la realización de la clase no pudo observar nada de lo ocurrido, incluso cuando A.T.V.R, solicita permiso para ir al baño ella no le comenta lo ocurrido al docente, razón por la cual no fue posible tomar acción en el mismo momento ya que no supo el docente lo ocurrido en la sala de clases.

Por lo expresado consideran que no puede prosperar el presente recurso, por cuanto no ha existido en la especie ilegalidad o arbitrariedad alguna, como tampoco se ha vulnerado ninguna garantía constitucional de la otra parte recurrente, siendo su acción un intento por revocar la decisión del Tribunal de Familia.

Solicitan se tenga por evacuado el informe requerido, y que el recurso interpuesto sea rechazado íntegramente, con costas.

A su informe acompañan documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que lo alegado por la recurrente, en síntesis, es que su hijo fue ilegalmente acusado de haber acosado a una compañera de curso, junto a otros dos alumnos, lo que es falso, pues se mantuvo pasivo. Además, protesta por haber sido ilegalmente interrogado, sin un debido proceso, y por prohibírsele el ingreso al establecimiento por una supuesta resolución judicial, no notificada. Todo ello constituye a los recurridos en una comisión especial.

7º.- Que, los recurridos, por su parte, refieren que la víctima denunció haber sido acosada, entre otros, por el hijo de la actora, lo que motivó una entrevista preliminar que no constituye interrogatorio, y lo fue dentro de un protocolo iniciado al efecto. Además pusieron los hechos en conocimiento del Tribunal de Familia, que dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento de los denunciados con la víctima, por lo que, con acuerdo con la actora, al niño Rafael, se le entregaron contenidos para continuar estudios en su casa, mientras durara la medida, no existiendo una sanción del colegio.

8º.- Que primeramente, cabe anotar, que según consta de los documentos acompañados por la recurrida, con fecha cinco de mayo pasado, en autos rol 975-2023 del Juzgado de Familia de esta ciudad, se dictó, hasta la audiencia de 19 de julio próximo, la medida cautelar, la prohibición de acercamiento, del hijo de la actora a la niña A. V. R., a su domicilio y cualquier lugar que se encuentren, en un radio no menor a 100 metros. Se ordenó al establecimiento educacional tomar todos los resguardos para cumplir la medida.

9º.- Que de la lectura de la resolución referida, si bien se constata que no existe una prohibición expresa al hijo de la actora para ingresar al establecimiento educacional, (aunque pudiera desprenderse) cabe complementarla, con el documento de veinticuatro de mayo último, en el que las partes de autos, acuerdan que éste reciba material educativo para trabajar en su casa y asista a evaluaciones presenciales en horarios alternos. Es decir, la madre, que es quien recurre, al firmar dicho documento, lo valida y acepta, no resultando admisible que ahora reclame y le atribuya al colegio una prohibición de ingreso que ella acordó y consintió, por lo cual se desestimará lo sostenido por la recurrente en este aspecto.

10º.- Que, en cuanto al hecho supuesto de haberse obligado al menor a suscribir una carta de disculpas, y a la divulgación de los hechos a la comunidad educativa, se trata de cuestiones no acreditadas en autos, por lo que cabe también el rechazo de esos alegatos.

11º.- Que, por último, en lo que dice relación con el supuesto interrogatorio ilegal al que se habría sometido al niño de autos, se dirá que sólo aparece que se le entrevistó, medida que parece razonable atendida su edad y la gravedad de los hechos denunciados.

Y además no aparece una decisión de término del colegio sobre el asunto, por lo que malamente podría infraccionarse el debido proceso si no se demostró que éste exista, más allá de la diligencia de entrevista.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, el interpuesto por doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y de doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

ROL 1018-2023-PROTECCION.-