nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL IGNANI LIMITADA

Chillán, siete de Julio de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparecen nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Chillán Viejo; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; y nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quienes de conformidad con lo prescrito por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurren de protección en contra de la Sociedad Educacional Ignani Limitada, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Para fundamentar su acción constitucional sostiene que mantienen un contrato de prestación de servicios con el recurrido, Sociedad Educacional Ignani Limitada, sostenedora del Colegio Sebastián School, precisando que, nombre reservado por su hijo nombre reservado Portales, alumno de 1º A, paga la mensualidad de $44.230; nombre reservado por su hija nombre reservado, alumna de 5to A, paga la mensualidad de, $44.230; nombre reservado por sus hijos nombre reservado y nombre reservado paga la mensualidad de $ 44.203; nombre reservado por su hija nombre reservado paga la mensualidad de $44.230; nombre reservado por su hija nombre reservado, alumna de Prekinder B, paga la mensualidad de $44.230; nombre reservado por su hija nombre reservado, alumna de 1º Básico A, paga la mensualidad $44.230; nombre reservado por su hija nombre reservado, alumna de 1º Básico A, paga la mensualidad de $44.230; nombre reservado por sus hijas nombre reservado, 2°Basico B y Giulina nombre reservado, Kinder A, paga la mensualidad de $44.650; nombre reservado por su hija nombre reservado, paga la mensualidad de $44.230 y nombre reservado por su hijo nombre reservado, Alumno de 1º B, paga la mensualidad de $44.230, cantidades a las cuales se le debe sumar el pago de matrícula, gastos de útiles y uniformes escolares. Añaden que producto de la crisis sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo del año en curso, las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a los estudiantes, haciendo presente que, según lo decretado por la autoridad correspondiente y ante la contingencia, a partir del lunes 30 de marzo de 2020 a las 22:00 horas, las ciudades de Chillán y Chillán Viejo entran en cuarentena obligatoria, lo que hace imposible continuar con la actividad educacional presencial en forma indefinida, sin que a la fecha exista respuesta certera por parte del establecimiento educacional recurrido. Manifiestan que en el contexto antes mencionado, se encuentra la relación contractual entre los 10 apoderados recurrentes y el Colegio Sebastián School, entidad educacional la cual debe entregar un servicio educacional el cual se regula por un contrato de prestación de servicios educacionales, que en forma resumida establece para el sostenedor la obligación de entrega del servicio educacional, en su establecimiento ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Chillán y la obligación de los apoderados, como contraprestación de dicho servicio, de pagar una matrícula y una anualidad por dichos servicios, haciendo presente que dicha anualidad es pagada en cuotas mensuales que se dividen en partes iguales desde los meses de marzo a diciembre del año 2020. Plantean que a la fecha, los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, indicando que el Colegio recurrido ha intentado implementar horas de clases online, modalidad la cual estiman no permiten la interacción alumno-profesor, pues se trata de un video grabado de escasos minutos y con poca explicación, no existiendo para el alumno la posibilidad de que pueda en el acto aclarar sus dudas, se envían vía mail, guías sin explicación alguna, envían tareas a realizar sobre materias que los alumnos no han aprendido y que difícilmente podrán realizar en la forma debida, y que dificulta también a los padres, sin contar los innumerables problemas de conexión que existen en las infructíferas clases vía videoconferencia. Denuncian en cuanto a las asignaturas, que éstas no se están impartiendo en la forma contratada ni se está haciendo uso de los textos que fueron adquiridos, así como tampoco se hace uso de la infraestructura del Colegio, sus laboratorios y dependencias como complejo deportivo etc., sosteniendo que ante la precaria retroalimentación por parte del Colegio recurrido, se han visto en la necesidad de recurrir a profesores particulares, para que refuercen todo lo no explicado por los profesores de sus hijos. Consideran que si bien se ha establecido que el servicio se prestará en forma virtual, con clases a distancia, como lo ha aconsejado la autoridad educacional, en su caso, y tal cual lo han detallado, ello no se puede considerar como una forma de dar cumplimiento con el contrato por el cual matricularon a sus hijos en el establecimiento recurrido y no obstante ello, se les continúa cobrándoseles las colegiaturas en forma total. Consideran que se está frente a una situación de incumplimiento contractual, que implica, al menos, estar en un escenario de discusión de las cláusulas del contrato en el ámbito de la relación de consumo que existe entre el establecimiento y los apoderados contratantes, no obstante lo cual el Colegio les ha manifestado que no está dispuesto a modificar las condiciones del contrato, pues a pesar de sus requerimientos al respecto, han tenido nula respuesta, y los cobros se mantienen, siendo el último pago cobrado el mes de mayo de 2020. Si bien los recurrentes reconocen que han existido reuniones con el objeto de negociar las condiciones en que se seguirán prestando los servicios y una adecuación a las condiciones de pago de los mismos, éstas no han sido fructíferas, circunstancia la cual los mantiene en una clara situación de indefensión, toda vez que el acceso a la justicia, desde la perspectiva de la crisis sanitaria, está totalmente disminuida ya que no es posible acceder a Notarios que autoricen poderes, la libertad de movilización está restringida, la atención personal en Tribunales de primera instancia se encuentra limitada, todo lo cual los llevan a sostener que iniciar una acción de lato conocimiento que implique amparar a los apoderados se encuentra totalmente perturbada, lo que la recurrida entiende y se ampara en ello para tomar las medidas que han indicado, transcribiendo los artículos 3 N° 1 y 23 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Los recurrentes sostiene además, que en la crisis sanitaria actual, la tecnología juega un rol fundamental, no existiendo en este aspecto igualdad de oportunidades para todos, ya que no todos los niños tienen acceso a internet, a imprimir el material enviado por el colegio y las empresas prestadoras del servicio no entregan una conexión acorde, como en su caso, lo cual se acrecienta por la no implementación, por parte del Colegio recurrido, un mecanismo que se adapte a la situación actual de emergencia sanitaria, donde el riesgo es inminente, realizando un servicios precario y falto de retroalimentación para con sus hijos y el resto del alumnado limitándose y restringiendo la educación.

En cuanto al derecho los recurrentes consideran que los actos referidos constituyen un abierto acto de arbitrariedad e ilegalidad, en la medida que se aparta de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta contra la garantía constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, precisando que lo vulnerado en el caso de marras es el derecho de propiedad que emana del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre la recurrida y los recurrentes, estimando éstas que, del análisis de la normativa de la Ley 19.496 y de acuerdo al artículo 2 letra d, en lo que dice relación con las condiciones distintas a la calidad de la educación, claramente lo expuesto queda comprendido dentro de la Ley de Protección al Consumidor, haciendo presente que la regla general en esta materia sigue siendo aquella que consagra el artículo 1545 del Código Civil. Por lo anterior los recurrentes postulan que están frente a una situación abusiva por parte del proveedor recurrido, toda vez que, existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados ello no ocurre, por lo que, el comportamiento de la recurrida, a la cual le atribuyen un actuar arbitrario al mantener el cobro por sus servicios de educación e intentar modificar las condiciones de prestación de sus servicios educacionales, sin mediar una negociación, como el consentimiento de los apoderados, importa afectar directamente el derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva del patrimonio de cada uno de los contratantes, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que se ha prestado de un modo distinto a lo contratado. Asimismo los recurrentes plantean, en cuanto al derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 numeral 10 de la Carta Fundamental, que ha existido un atentado atendida la precaria entrega, limitación arbitraria y nula retroalimentación para con sus hijos por parte del Colegio recurrido, dejándoles en la más absoluta indefensión junto con todos sus compañeros de curso.

Termina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional Iganani Limitada, representada por doña nombre reservado, ambos ya individualizados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes declarando específicamente que:

-. La Sociedad Educacional Ignani Limitada, ha vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes.

-. Se debe suspender el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o acuerden con los apoderados contratantes nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados, todo con costas del recurso.

2°.- Que, informa el abogado Claudio Hernández Sotomayor, en representación de la Sociedad Educacional Ignani Limitada, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

En su informe el letrado señala que su representada, la Sociedad Educacional Ignani Limitada, es la corporación del establecimiento educacional Colegio Sebastián School de Chillán, y que los recurrentes son padres o apoderados de diversos alumnos del referido establecimiento educacional. Plantea que es un hecho de público conocimiento, que el país se encuentra sujeto al estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública por 90 días, el cual fue declarado mediante Decreto N°104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y publicado en el Diario Oficial con la misma fecha, cuyo fundamento es que “a partir del mes de diciembre de 2019, hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19”. Añade que de conformidad a la Resolución Exenta N°180 del Ministerio de Salud, de 16 de marzo de 2020, se dispuso, en su numeral 1°: “Suspéndanse las clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos semanas, a contar de hoy”, medida la cual fue renovada por Resolución Exenta N°215 del Ministerio de Salud, de 30 de marzo de 2020, la que dispuso, en su numeral 23°: “Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación, hasta el 10 de abril de 2020”, medida la cual declara, se mantiene vigente hasta el día de hoy por sucesivas resoluciones del Ministerio de Salud. Asimismo sostiene que, en concordancia con lo anterior, la Superintendencia de Educación dictó el Ord. N°540 de 17 de marzo de 2020 (que dispone medidas para asegurar la accesibilidad material al Sistema Educativo, como consecuencia de la medida de suspensión de clases relacionado con el COVID-19, decretada por el Ministerio de Salud), que, en lo pertinente, contempla la posibilidad de implementación de sistemas de clase a distancia y el Ord. N°621 de 25 de marzo de 2020 (que se pronuncia sobre exigibilidad de pagos como contraprestación del servicio educativo a raíz de suspensión de clases dispuesta por el Ministerio de Salud), que reconoce el carácter anual de los contratos de prestación de servicios educacionales y el derecho de los sostenedores a exigir el pago de las prestaciones acordadas. Añade que desde el Ministerio de Educación, se recibió el documento denominado Orientaciones Mineduc Covid-19 de 15 de marzo de 2020, que contempla, ya desde aquella data, un Plan de Aprendizaje Remoto. Manifiesta que desde el inicio de la suspensión de clases presenciales, la Dirección del Colegio dispuso una serie de acciones tendientes a darle continuidad al servicio educativo, así durante las primeras semanas (segunda quincena de marzo y primera de abril), fueron subidas a la página web del Colegio, materiales, fichas y diversos recursos pedagógicos para la realización de actividades pedagógicas por parte de los estudiantes de los niveles de jardín infantil a cuarto medio, información la cual fue comunicada a través de diversas Circulares e Informativos subidas a la web y a las diversas plataformas con las que cuenta el colegio, procediendo luego a detallar las acciones desarrolladas por la recurrida en los diversos niveles de educación con que cuenta el establecimiento educacional, haciendo presente que por parte del establecimiento educacional se están entregando los textos escolares a los alumnos a fin de apoyar las clases y también se han hecho entrega de los materiales que están en la Sala de clase de cada alumno, destacando que dada la condición económica de cada familia, el 25 de marzo se entregaron 44 tablets y el 5 de mayo otras 39 tablets, todas ellas en préstamo a cada alumno, a fin de facilitar el desarrollo educacional y acceso a los contenidos de cada alumno. A lo anterior agrega que también se ha entregado, el 2 de junio, 20 chips de internet para aquellos alumnos que tenían dificultades con acceso a internet, ello en el nivel de prekinder y kínder, destacando que con respecto al segundo ciclo y enseñanza media, desde el 18 de marzo de 2020 cada educadora sube en plataforma de Classroom, guías de trabajo, estableciéndose comunicación a fin informar los horarios de atención en línea mediante la plataforma, así como la entrega de 44 tablets a los alumnos que tengan problemas con el acceso a la plataforma Classroom, detallando igualmente otras acciones tendientes a lograr una normalidad en la entrega de los contenidos de enseñanza, destacando que, durante todo el período se ha mantenido fluida comunicación con los padres y apoderados a fin de mantener el proceso educativo, lo que se ha traducido en el envío, vía correo electrónico, de Circulares informativas que acompaña, haciendo presente que su representada, considerando las actuales condiciones económicas, implementó 55 becas que se denominaron Covid.

El letrado plantea que, en síntesis, los recurrentes alegan un incumplimiento de parte de su representada al contrato de prestación de servicios educacionales, en razón de que al día de hoy las clases no se realizan presencialmente, indicando sobre el particular que su representada está impedida, por fuerza mayor o caso fortuito, de realizar las clases de manera presencial, en atención a los actos de autoridad a que ha hecho referencia, por lo que no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la no realización de las clases le ha sido impuesta a su representada (por razones obvias) la cual ha debido cumplir con dicha orden, y por lo mismo, correspondería descartar la arbitrariedad, ya que no existe ni capricho ni ausencia de motivación en el pleno cumplimiento de la orden de autoridad impuesta, añadiendo que aun cuando su representada pudiera disponer la realización de las clases presencialmente, ello le está impedido, ya que los alumnos también están impedidos de asistir, por los mismos actos de autoridad referidos anteriormente, que configuran fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad al artículo 45 del Código Civil. Con relación a la argumentación de los recurrentes en el sentido que al no poder realizarse las clases de modo presencial su representada estaría inhibida de cobrar las prestaciones a que tiene derecho, el letrado sostiene que su mandante ha implementado un sistema de educación a distancia a través de la plataforma classroom, para todos sus estudiantes, al cual cumple con la legalidad que ha sido expresamente reconocida en los actos administrativos referidos. Finalmente indica que la Superintendencia de Educación, organismo regulador y fiscalizador de la educación en el país, ha reconocido expresamente el derecho de su representada a cobrar las prestaciones pactadas con los padres y apoderados a través de los correspondientes contratos de prestación de servicios. De esta forma, plantea, no puede calificarse de incumplimiento la actuación de su representada.

El letrado alega la improcedencia de la acción de protección, ya que ésta está destinada a amparar un derecho indubitado y en la especie, no se ha acreditado, de modo alguno, la existencia de un derecho a la suspensión temporal de la ejecución de un contrato o el derecho a acordar nuevas condiciones contractuales, que es lo que la recurrente pretende. Es más, plantea, los antecedentes del recurso llevan a concluir que no existe tales derechos y por lo mismo no es posible el acogimiento del presente recurso de protección, toda vez que éste no es la vía adecuada para obtener la declaración de derechos, más aun dubitados, sino la tutela a un derecho indubitado, que en la especie no se presenta. Asimismo, el letrado considera que la acción de protección resulta ser improcedente, dado que a través de ella se persigue una declaración de derechos y la presente acción constitucional no es la vía adecuada para discutir un eventual cumplimiento o incumplimiento contractual, situación en la que hay debate entre las partes y, por lo mismo, requiere de las oportunidades para que ellas puedan plantear debidamente sus acciones y excepciones y, por supuesto, ofrecer y rendir la prueba que estimen adecuadas a sus derechos.

Además el letrado planteó que su representada ha considerado debidamente la situación económica de los padres y apoderados, habiendo propiciado para ello soluciones, como lo ha sido la implementación de un proceso de examen personalizado de la situación de aquellos que manifestaren dificultades, así como también la entrega de 55 becas denominadas Covid a las familias más desvalidas, estimando que no ha existido por parte de su representada un incumplimiento contractual, ya que se encuentra ausente el factor de imputación, precisamente por presentarse fuerza mayor o caso fortuito y por cuanto su representada ha cumplido cabalmente el contrato de prestación de servicios educacionales, desde que a partir del 17 de marzo de 2020, habilitó el uso de la plataforma google classroom, la que ha sido ampliamente utilizada y para aquellos alumnos que contaban con dificultades de acceso procedió a la entrega física del material impreso, habiéndose procedido a asignar a cada docente y alumno, de un correo propio y una clave de acceso más un tutorial de funcionamiento, acceso el cual destaca se permitió, primeramente y de manera progresiva a los docentes, junto con un período de marcha blanca, para luego otorgárselos a los estudiantes también, con un período de marcha blanca, habiendo además entregado el material y la habilitación de los estudiantes de manera gradual, contando el establecimiento con un encargado de computación en cada uno de los cursos de la plataforma y horarios a los docentes para responder dudas y realizar los procesos de retroalimentación.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, disposiciones citadas y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por informado el presente recurso de protección y, en definitiva, se le rechace en todas sus partes, con costas.

A su informe la recurrida acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, primeramente, cabe anotar, que en el recurso no existe explicitado un acto u omisión contra la cual se recurra, lo que autoriza desde ya al rechazo del mismo, por incumplir lo establecido en el artículo 1 del Autoacordado del Máximo Tribunal sobre la materia. En efecto, debe recordarse que en esta sede se exige explicitar el acto o la omisión que se tilda de ilegal o arbitraria, y de ahí se sigue que exista un determinado plazo, contado desde aquél, para su interposición, no resultando admisibles, en este estadio de emergencia, alegaciones generales de incumplimiento contractual, como las formuladas 7°.- Que, a mayor abundamiento, de acuerdo a lo que se extrae de las posiciones planteadas por las partes, existen diferentes visiones de lo que debe entenderse por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato celebrado por ellas, cuyo objeto es la prestación de servicios educacionales para los hijos de los actores, entendiéndose, por unos, que ello implicaba el desarrollo de clases presenciales, lo que no se cumple con la metodología implementada a partir de la crisis sanitaria reinante y, por la otra, que dicho servicio se entrega dentro de las condiciones permitidas luego de la dictación de diversas resoluciones por la autoridad administrativa que limitaron las clases presenciales, satisfaciéndose tal obligación en la forma en que se ha hecho.

8°.- Que, conforme a lo anterior, no existe duda que las diversas interpretaciones esbozadas por las partes constituyen un conflicto con relevancia jurídica, cuya resolución no es posible alcanzar por esta vía cautelar de derechos preexistentes, pues se pide la constatación de un incumplimiento de obligaciones contractuales del proveedor de los servicios educacionales pactados y, en su consecuencia, se disponga la modificación de la forma de cumplimiento de la obligación correlativa, lo cual implica un pronunciamiento declarativo que solo puede darse previa tramitación de un proceso de lato conocimiento, donde los involucrados efectúen sus planteamientos y aporten la prueba necesaria para su acreditación, decidiéndose en definitiva la controversia suscitada, motivos que llevan a estimar que la acción constitucional resulta improcedente para los fines propuestos, debiendo ser desechada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional Ignani Limitada.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro titular señor Guillermo Arcos Salinas.

R.I.C.: 1017-2020-PROTECCIÓN.-