Protección contra actuación ilegal y arbitraria de la autoridad recurrida

Chillán, diez de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1°.- Que, comparece el abogado don Adrián Alberto Bascuñán Navarrete, quien en representación de doña nombre reservado, C.P.R. Grado 13°, cédula de identidad NUM000, de dotación de la 6ta. Comisaría de Carabineros Chillán Viejo (SU), domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, en contra de la actuación ilegal y arbitraria de la autoridad recurrida, INSTITUCIÓN CARABINEROS DE CHILE, Rut RUT reservado, representado por su General Director Don nombre reservado

nombre reservado, RUT NUM001, con domicilio en domicilio reservado, (en adelante el Recurrido) por el acto arbitrario derivado de la JEFA DE ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE, General de Carabineros doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, que culminó con la Destitución de su representada del cargo de Personal Contratado por Resolución (C.P.R.) de Carabineros de Chile.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que la presente acción se dirige específicamente en contra de la Resolución Exenta NUM002, de fecha 24 de noviembre de 2025, dictada por la autoridad recurrida, que resolvió NO DAR LUGAR al Recurso Jerárquico, confirmando la medida administrativa de Destitución. El acto fue notificado a su representada el 25 de noviembre de 2025, por lo que el recurso es oportuno, solicitando su acogimiento.

Desde otro ángulo, señala que el acto terminal de destitución, al ser producto de un procedimiento viciado y una decisión manifiestamente desproporcionada e irrazonable, vulnera gravemente las garantías fundamentales de la recurrente establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 08 de octubre de 2024, su representada fue sometida al Test de Detección de Drogas de Abuso en Orina, resultando positivo a Cocaína (Benzoilecgonina). Tanto la muestra screening como la contramuestra confirmaron la presencia de este metabolito con concentraciones de 33.3 nanogramos por mililitro (ng/mL) y 36.1 ng/mL, respectivamente.

Seguidamente, y como consecuencia de lo anterior, se ordena la instrucción del correspondiente sumario administrativo, al que se le asigna el NUM003, y la Vista Fiscal de fecha 18 de noviembre de 2024 propuso la medida disciplinaria de Destitución, fundándose en una infracción grave al régimen disciplinario y al Principio de Probidad Administrativa (Art. 52 Ley N°18.575), e invocando la agravante de "Mal comportamiento anterior" basada en una única sanción de Censura de enero de 2024.

Hace presente que en el proceso se alegaron y aportaron pruebas de descargo que generaban una duda razonable sobre el consumo intencional o efectivo, manifestando que días antes de la toma de muestra había concurrido a un servicio de urgencia por Faringitis Aguda y se le indicaron medicamentos, algunos de los cuales, como el Metamizol Sódico, han sido asociados a la posibilidad de arrojar falsos positivos en test de drogas. Incluso más, se adjuntó un examen particular de orina realizado en Clínica Andes Salud el 24 de octubre de 2024 (16 días después de la toma de muestra oficial), el cual arrojó resultado NEGATIVO a cocaína. No obstante, lo anterior, la Jefatura de Carabineros rechazó la defensa.

Indica que la alegación de falso positivo fue desestimada como una "afirmación irresponsable" por no presentar la receta médica, señalando que no era obligación del Fiscal revisar el historial clínico, y además el examen privado NEGATIVO fue descartado por "no tener mayor mérito probatorio" al haber sido realizado 16 días después.

Manifiesta que el acto terminal de Destitución, al ser producto de un procedimiento viciado y una decisión manifiestamente desproporcionada e irrazonable, vulnera gravemente las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3 inciso 5°, y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, Igualdad ante la ley; Derecho a la Igual Protección de la Ley en el Ejercicio de los Derechos y Respeto y Protección a la Honra, respectivamente, configurándose la ilegalidad y arbitrariedad del acta administrativo al infringir el debido proceso y el principio de proporcionalidad, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional respecto de sanciones expulsivas.

Desde otro punto de vista, sostiene que la sanción de Destitución es la medida disciplinaria más gravosa y debe ser idónea, necesaria y proporcionada.

La autoridad recurrida, al confirmar la Destitución, actuó con arbitrariedad al aplicar la sanción de forma automática y rígida, ignorando la obligación legal de ponderar las circunstancias que mitigan la responsabilidad:

En efecto, aduce que su representada registra 14 años de servicio efectivo en la Institución, habiendo obtenido la máxima calificación de Lista Uno de Méritos en los años 2022 y 2023, por lo que ignorar 14 años de servicio intachable y calificaciones superiores, para aplicar la sanción más gravosa por una falta que se funda en una muestra con bajas concentraciones de metabolitos y que está rodeada de una prueba negativa contradictoria, resulta en un trato irracional, injusto y desproporcionado, ya que la destitución anula la carrera profesional y el derecho de propiedad sobre el cargo. El principio de proporcionalidad exige que se consideren las circunstancias atenuantes, y el rechazo de la autoridad a considerar la hoja de vida para "aminorar" la sanción constituye una clara manifestación de arbitrariedad.

Por lo antes razonado, pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la actuación ilegal y arbitraria de la Jefa de Zona de Carabineros Ñuble, manifestada en la Resolución Exenta NUM002 de 24 de noviembre de 2025, acogerlo a tramitación y, en definitiva: 1. Acoger el Recurso de Protección y declarar que la Resolución Exenta NUM002 de 24.11.2025, la Resolución Exenta NUM004 de 07.08.2025 y el Dictamen NUM003 de 03.06.2025 son actos ilegales y arbitrarios. 2. Como consecuencia, se ordene a la autoridad recurrida DEJAR SIN EFECTO la medida disciplinaria de Destitución y se disponga el sobreseimiento administrativo de la C.P.R. nombre reservado, reincorporándola inmediatamente a sus funciones con el pleno reconocimiento de su calidad funcionaria y derechos remuneracionales. 3. Ordenar el pago de todas las remuneraciones y emolumentos devengados desde la fecha de su destitución (24 de diciembre de 2025) hasta su reincorporación efectiva 4. Subsidiariamente, en el evento de que el Tribunal estime que la falta se encuentra acreditada, se ordene a la autoridad recurrida retrotraer el procedimiento a la etapa de aplicación de la sanción, debiendo dictar un nuevo acto administrativo que imponga una medida disciplinaria distinta a la Destitución, que sea proporcional a la gravedad de la falta y ponderando debidamente los 14 años de servicio en Lista Uno de Calificación como atenuantes relevantes. 5. Todo lo anterior, con expresa condena en costas a la recurrida. 2°.- Que, informando don nombre reservado, General (J) de Carabineros de Chile, Director de Justicia, Auditor General, refiere que conforme al texto de la acción deducida, la funcionaria contratada por Resolución (C.P.R.) nombre reservado, de dotación de la 6ta. Comisaría Chillán Viejo, dependiente de la Prefectura de Carabineros de Ñuble, recurre de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director, don nombre reservado

nombre reservado, por la dictación de la Resolución Exenta NUM002, de fecha 24 de noviembre de 2025, dictada por la Jefatura Zonal Ñuble de la Institución, a cargo de la General Doña nombre reservado, que resolvió NO DAR LUGAR al Recurso Jerárquico y CONFIRMÓ la medida administrativa de Destitución de la funcionaria, sosteniendo que con dicha decisión se habrían vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el art. 19 N°2: “Derecho de igualdad ante la Ley”; N°3 inciso 5°, que establece que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”; y el N°4, sobre el “Respeto y protección a la honra”, de la Constitución Política de la República.

Indica el letrado que el artículo 7 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, faculta a la Dirección General para contratar en forma temporal, cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente.

Refiere que el artículo 57, numeral 6), de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (CPR)aprobada mediante Orden General N°1957 de 18.08.2010, establece como causal de término de contrato del personal, “la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, establecida en el artículo 59 N°2).

Por su parte, el Dictamen N°13.838 del 18.04.2024, de la Contraloría General de la República concluye que al personal Contratado por Resolución (C.PO.R.), le es aplicable la normativa legal y reglamentaria de Carabineros.

Desde otra perspectiva, indica que la acción entablada carece de legitimidad pasiva respecto d la autoridad recurrida, toda vez que dirige su acción en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile, no obstante que el acto recurrido proviene exclusivamente de la Jefatura de Zona Ñuble de Carabineros, organismo habilitado para pronunciarse respecto de la instancia recursiva, de manera que la actora dirigió su acción en contra de una autoridad distinta a la que emite el acto recurrido, y que sería el acto fundante de los padecimientos alegados, por lo que no existe otra opción que declarar el rechazo de la acción.

En otro capítulo de alegación, necesario es advertir que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente, lo que no es posible vislumbrar en el caso de marras.

En consecuencia, teniendo presente que el actuar no cuenta con un derecho indubitado, cabe colegir por una parte, que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee como consecuencia de ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto supuesto fáctico que tampoco se verifica-, de modo que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

Expresa que la acción cautelar deducida protege la permanencia en el cargo público, mientras no se configure una causal legal de separación, y que la destitución del cargo obedece a la acreditación de sumario administrativo de la falta, por lo que la recurrente no detenta un derecho de propiedad sobre su cargo.

Finalmente, en virtud de lo expresado solicitado el rechazo del recurso argumentando como principales defensas la legalidad y razonabilidad de la de la Zona Cabineros Ñuble, en ejercicio de facultades legales expresas, además de la inexistencia de vulneración de las garantías constitucionales invocadas, la falta de un derecho indubitado que ampare la pretensión del actor. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye de manera evidente y palmaria que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente en contra de la recurrida por el acto arbitrario derivado de la JEFA DE ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE, General de Carabineros doña nombre reservado, que culminó con la Destitución de su representada del cargo de Personal Contratado por Resolución (C.P.R.) de Carabineros de Chile. 6°.- Que, por su parte la recurrida señaló en su informe que la medida disciplinaria de destitución le fue aplicada a la actora por la dictación de la Resolución Exenta Resolución Exenta NUM002, de 24 de noviembre de 2025, dictada por la Jefatura Zonal Ñuble de la Institución, que resolvió NO DAR LUGAR al Recurso Jerárquico, CONFIRMANDO la medida administrativa de Destitución del empleo, por lo que la recurrida considera que no ha existido actuación arbitraria o ilegal ni vulneración alguna a las garantías constitucionales de la recurrente, máxime que la medida adoptada se ajustó a la legalidad y razonabilidad. 7°.- Que, del análisis cronológico de las actuaciones administrativas que constan en autos, se verifica que la sanción de destitución fue propuesta inicialmente en contexto de un sumario administrativo que resolvió no dar lugar al Recurso de Reposición, y con fecha 25 de noviembre de 2025, se le notificó la resolución que rechazó dicho recurso jerárquico, confirmando la medida de destitución de doña nombre reservado, lo que se materializó mediante la Resolución Exenta NUM002 de 24 de noviembre de 2025. 8°.- Que, en consecuencia, resulta claro que la resolución precedentemente aludida no constituye un acto administrativo autónomo e independiente, sino una resolución de carácter formal que rechazó un recurso de reposición por haberse agotado previamente las instancias previstas en la normativa reglamentaria. Así, no existe en el presente caso un nuevo acto ilegal o arbitrario actual que justifique la intervención de esta Corte mediante la presente acción cautelar. 9°.- Que, por otra parte, es criterio reiterado de nuestros tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso. La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo. 10.- Que, además, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que impongan medidas disciplinarias, a través de los recursos contemplados en el propio Estatuto Administrativo o Reglamentario, y, eventualmente, mediante acciones contencioso-administrativas ante los tribunales competentes. En este sentido, la existencia de un procedimiento disciplinario regulado y finalizado mediante resoluciones que agotaron la vía recursiva correspondiente, impide que la presente acción de protección pueda prosperar, atendido su carácter subsidiario y excepcional. 11°.- Que, por consiguiente, y habiendo sido tramitado el procedimiento administrativo conforme a las normas legales aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente, y sin evidenciarse en autos un acto administrativo actual de naturaleza ilegal o arbitraria que justifique el otorgamiento del amparo solicitado, esta Corte estima que no concurren los requisitos para acoger la presente acción constitucional. 12°.- Que, conforme lo razonado en los motivos precedentes, es posible advertir que la resolución atacada no es arbitraria, ilegal o infundada, advirtiéndose además que la institución recurrida ha actuado en el ejercicio de sus facultades y dentro del ámbito de sus competencias, motivo por el cual esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, circunstancia ésta que lleva necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, contribuye al rechazo de la acción intentada la falta de legitimación activa respecto de la recurrida, toda vez que la acción se intentó contra la Dirección General de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, en tanto que el acto por el cual se recurre proviene exclusivamente de la Jefatura Zonal Ñuble, en un contexto de un sumario administrativo, organismo habilitado para pronunciarse respecto de esta instancia recursiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por el abogado don Adrián Alberto Bascuñán Navarrete, en representación de doña nombre reservado, en contra de la INSTITUCION CARABINEROS DE CHILE.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL 1016-2025-PROTECCIÓN.