Protección contra Compin de La Región Metropolitana

Chillán, once de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos: 1°.- Que, comparece el abogado Sebastián Caroca Colarte, en representación de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Ñuble, por el acto arbitrario e ilegal que vulneran las garantías previstas en los numerales 18 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistente en la resolución administrativa que confirmó el rechazo del pago de una licencia médica.

Señala que el 14 de julio de 2025, reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, debido a que la Compin Región Metropolitana, confirmó el rechazo por reposo no justificado de la licencia médica N° NUM000, extendida por 60 días a contar del 16 de mayo de 2025, mediante la Resolución exenta NUM001, de 27 de noviembre de 2025. Agrega que la Superintendencia arribó a dicha conclusión atendido a que el tiempo de reposo autorizado alcanzó los 750 días por la misma patología, concluyendo que las afecciones son de curso crónico, que provocan algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, el cual ya no contribuye a la recuperación ni se orienta al reintegro laboral del paciente. Considera que lo resuelto por la Superintendencia es infundado, carente de justificación médica y antojadizo, ya que se acompañaron los exámenes donde se declara expresamente la recuperabilidad de la patología.

En dicho contexto, señala que el recurrente es un trabajador de 67 años, que se desempeña como operador de maquinaria pesada en el rubro de la minería en la ciudad de Antofagasta, sin perjuicio reside en la comuna de Bulnes junto a su pareja. Añade que su trabajo le exige un estado físico y mental óptimo, que se traslada en cada turno al norte para cumplir con sus funciones laborales consistentes en instalaciones mecánicas y viales para distintas mineras. Respecto al diagnóstico de Polineuropatía, le fue diagnosticado en la red pública, a través de la unidad de neurología del Hospital Regional Herminda Martin de esta ciudad. Destaca que el acto arbitrario e ilegal consiste en el dictamen de rechazo del reposo, haciendo énfasis que ha sido la unidad de neurología la que ha intervenido durante todo el tratamiento y la que emitió las licencias médicas a través de la Dra. Marta Ruf, traumatóloga y médico cirujano, quien extendió cada uno de los reposos que fueron rechazados por la Compin y Suseso, decisión que cuestiona al no considerar los informes y certificados médicos acompañados en las respectivas reclamaciones antes los órganos administrativos.

Refiere que el reposo prolongado de licencia médica se debe a la gravedad de su diagnóstico, sin perjuicio, estima que no es su responsabilidad el tiempo de recuperación, aun cuando ha seguido cada una de las indicaciones médicas, asistir a las intervenciones kinesiológicas, de las cuales ha visto un progreso positivo al tratamiento, resultando potencialmente recuperable. Debido a ello, se acompañaron antecedentes que fueron incluidos en el expediente administrativo, tanto los informes del médico tratante como los de sus terapias complementarios y/o exámenes, sin embargo, indica que la responsabilidad del contenido de ellos recae en los profesionales que los emitieron y/o solicitaron, por lo que, el recurrente no tenía la capacidad técnica para influir en su elaboración y/o modificación, ya que ello constituiría un delito.

Estima que la justificación para el rechazo de la licencia médica es meramente nominal, contradictoria e injustificada, solo se señala que la afección produce un grado de incapacidad no modificable con el reposo y por tal motivo no correspondería acoger nuevas licencias. Considera que tal afirmación es categórica y sin respaldo científico, que no se realizó una investigación adecuada o aplicación de pericias para una resolución más precisa como las establecidas en el artículo 21 del D.S. No 3 de 1984, incumpliendo con ello lo exigido por la legislación vigente de fiscalizar a los médicos tratantes y asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos, lo que no se cumplió al rechazar la licencia médica sin una fundamentación adecuada transgrediendo el principio de legalidad.

En cuanto al derecho, señala que el rechazo es un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las garantías previstas en el artículo 19 N° 18 y 24 de nuestra Carta Fundamental, pues importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, consistente en ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral. Reclama además la falta de fundamentación de las resoluciones de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, así como el artículo 13 inciso 2º de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases generales del Estado.

Asimismo, sostiene que la resolución materia del recurso, es ilegal, al ser contraria al ordenamiento jurídico vulnerando flagrantemente los artículos 3 y 40 de la Ley Nro. 19.880 Sobre Procedimiento Administrativo y el artículo 16 D.S nro.3 /1984 del Ministerio de Salud, al ser actos administrativos infundados tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, y desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basan las decisiones denegatorias ya que ellos en definitiva se omiten de plano.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por interpuesta acción de protección por haberse dictado la resolución exenta sin los fundamentos valederos, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el N° 18 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, declarando admisible la presente acción de protección y en definitiva acogerlo, ordenando se autorice y pague la licencia médica, todo con expresa condenación en costas. 2°.- Que, comparece el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social y alega primeramente su falta de oportunidad al haberse interpuesto una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos.

Al respecto, señala que el recurrente, sin estimar que existía un acto ilegal o arbitrario, reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, por el rechazo de la licencia médicas por la Compin Región Metropolitana, 14 de julio de 2025. De acuerdo con ello, el recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas, a más tardar, el mismo día en que reclamó ante su defendida, de tal forma que debiendo computarse el plazo fatal de 30 días corridos desde las citadas datas, la acción constitucional resulta manifiestamente extemporánea.

En cuanto al fondo, luego de referirse al marco legal regulatorio de la licencia médica, expone que el recurrente el 14 de julio de 2025 recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de la Compin de La Región Metropolitana, al haber confirmado el rechazo de la licencia médica N° NUM000, extendida por un total de 60 días de reposo a contar del 16 de mayo de 2025, por cuanto la referida comisión consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado por tratarse de un diagnóstico irrecuperable. Posteriormente, su representada, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM001, de 27 de noviembre de 2025, confirmó el rechazo de la licencia médica reclamada.

Estima que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia al confirmar por la resolución impugnada, debido a que jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Descarta un acto arbitrario o ilegal de su parte, por cuanto la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a lo previsto en el artículo 2, 3, 27 y 38 de la Ley N° 16.395, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar la licencia médica de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas, ajustándose rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

Añade que el recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de la Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de la licencia médica cuestionada, de acuerdo con los antecedentes médicos, y que además, dichos actos administrativos, exponen con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver la confirmación del rechazo, cumpliendo con los parámetros de fundabilidad y motivación exigidos tanto por el artículo 16 del reglamento de Licencias Médicas, como por los artículo 11, 16 y 41 inciso 4, de la Ley N° 19.880. Asimismo, reclama la ausencia de derechos vulnerados.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe solicitado y con su mérito, rechazarlo en todas sus partes, con costas. 3°.- Que a folio 13 se hizo efectivo el apercibimiento y se prescindió del informe solicitado a la recurrida Compin Región Metropolitana, trayéndose los autos en relación. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7º.- Que, como se indicó la recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta NUM001, de fecha 27 de noviembre de 2025, que rechaza la licencia médica número NUM000 extendida por 60 días a contar del 16 de mayo de 2025, estimando que la mencionada resolución carece de una adecuada fundamentación al estimar que la patología no es recuperable. 8°.- Que, por su parte la Superintendencia de Seguridad Social previo a informar respecto del fondo, alegó la extemporaneidad de la acción de protección. En cuanto a dicha excepción, esta será descartada atendido que la resolución que se impugna es de fecha 27 de noviembre de 2025 y la presente acción se interpuso con fecha 23 de diciembre de 2025, por lo que el recurso se ha interpuesto dentro del plazo de 30 días corridos. 9°.- Que, en lo que dice relación con el fondo del asunto, se debe considerar que sobre las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral, la Excelentísima Corte Suprema ha emitidos fallos recientes con fecha 28 de enero de 2026, en autos Rol N°42.908-2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25. 10°.- Que, esta Corte seguirá los fundamentos de los fallos mencionados precedentemente. 11°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 12°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá las órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. 13°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la COMPIN la aprobación o rechazo de licencias médicas y a la SUSESO la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, teniendo además esta última, conforme con los artículos 2° y 3°, la calidad de organismo técnico de control. 14°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que las recurridas se ajustaron al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades, con arreglo al carácter técnico que ostentan, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado, no apareciendo como una fundamentación aparente como alega la recurrente, atendido el extenso periodo previo autorizado al recurrente por la misma patología. 15°.- Que, la decisión de no disponer los exámenes complementarios previstos en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, cuando se estima por los profesionales médicos del servicio que los que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo. 16°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado Sebastián Caroca Colarte, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Metropolitana. Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 1014-2025.- PROTECCIÓN.