Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Chillán, cinco de marzo dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece don Hugo Leonet Vásquez Ibáñez, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjero N°NUM000, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, persona jurídica de derecho público dependiente del Ministerio del Interior, RUT N°RUT reservado, representado legalmente por su Director don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 05 de noviembre de 2025 –notificada, según indica, el 13 de noviembre de 2025– mediante la cual se declara el abandono del procedimiento y se ordena el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente, con la consiguiente caducidad de su permiso de residencia temporal, dejándola en situación de irregularidad migratoria y expuesta a sanciones, incluso de abandono del país.

Relata que la actora, atendida la grave situación política y económica de Venezuela, padeciendo hambre al comer sólo una vez al día junto a sus hijos y familiares cercanos, sufriendo escasez, discriminación social y económica, exclusión de beneficios sociales y agresiones verbales en la vía pública por adherentes al régimen, decidió emigrar de su país, vendiendo las pocas pertenencias que poseía para procurarse recursos, iniciando su periplo migratorio con destino final Chile. Expone que el 7 de julio de 2019 salió de Venezuela con sus dos hijos, debiendo permanecer en Perú por falta de recursos suficientes para ingresar a Chile por paso habilitado, situación que se prolongó por el cierre de fronteras durante la pandemia de Covid-19. Añade que, ante la xenofobia existente en Perú hacia los venezolanos y considerando que Chile enfrentaba mejor la crisis sanitaria, decidió ingresar a territorio nacional el 19 de febrero de 2022 desde Perú por un paso no habilitado, con pleno conocimiento de la irregularidad de la forma de ingreso, pero estimando que era la única vía para resguardar su salud y la de sus hijos, contando además con familiares en Chile que le proporcionarían alojamiento mientras obtenía un trabajo estable.

Señala que, una vez en Chile, la recurrente efectuó autodenuncia ante la Policía de Investigaciones en Chillán con fecha 30 de marzo de 2022, y que posteriormente, el 20 de junio de 2022, presentó solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada ante la autoridad competente, la que fue admitida a tramitación, otorgándosele una visa temporaria que fue aprobada el 10 de octubre de 2022, permitiéndole acceder a empleo formal. Precisa que comenzó a trabajar como asistente de ventas en la empresa Inversiones NTCHL Spa el 7 de noviembre de 2022, manteniéndose en dicho empleo hasta el 24 de octubre de 2025.

Relata que el 18 de noviembre de 2025 recibió un correo electrónico notificándole que, por Resolución Exenta N°NUM001, se ordenaba el archivo de su solicitud de refugio por abandono del procedimiento. Sostiene que, en el marco de dicho procedimiento, el Servicio Nacional de Migraciones afirma haberla citado a entrevista de elegibilidad mediante Oficio Ordinario N°NUM002 de 13 de mayo de 2025, otorgándole un plazo de siete días para reactivar la tramitación bajo apercibimiento de declarar el abandono, pero que tal comunicación nunca le fue notificada en forma efectiva, ni personal ni por carta certificada ni por medio electrónico idóneo, de modo que jamás tuvo conocimiento real de la citación ni del plazo, viéndose materialmente imposibilitada de concurrir a la entrevista o realizar gestiones dentro del término conferido. Destaca que la notificación posterior de la Resolución Exenta N°NUM001 sí fue enviada correctamente a su correo electrónico, lo que demostraría que sus datos estaban bien registrados en la plataforma del Servicio, de manera que las notificaciones anteriores, de existir, no habrían sido remitidas.

Indica que, una vez enterada del archivo de su solicitud, la recurrente agendó sucesivas citas ante la oficina del Servicio Nacional de Migraciones de Chillán, los días 20, 24 y 27 de noviembre de 2025, enfrentando ausencias por feriado o licencia médica del funcionario encargado de refugio, hasta que finalmente se le informó que debía remitir una carta explicativa a la Jefa del Departamento de Refugio y Protección Internacional, doña nombre reservado

nombre reservado, al domicilio de domicilio reservado. Explica que el 28 de noviembre de 2025 envió carta certificada exponiendo que nunca recibió las notificaciones relativas a la entrevista, sin que a la fecha del recurso hubiera obtenido respuesta alguna.

Sostiene que la Resolución Exenta N°NUM001 es ilegal y arbitraria, por cuanto se habría dictado con infracción de los artículos 10, 11 y 41 de la Ley N°19.880, al no existir notificación válida del requerimiento previo ni del apercibimiento de abandono, privando a la recurrente de una oportunidad real y efectiva de cumplir con sus obligaciones procedimentales. Aduce que la declaración de abandono configura una sanción encubierta, aplicada de forma automática y desproporcionada, sin ponderación de las circunstancias del caso ni respeto del debido proceso, afectando su derecho de defensa. En su concepto, la omisión de notificar adecuadamente vulnera los principios de escrituración, celeridad, conclusivo y economía procedimental de la Ley N°19.880, así como los principios de eficiencia, eficacia y cooperación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo respeto ha sido destacado por la Excma. Corte Suprema en su jurisprudencia sobre procedimientos de refugio y deber de la Administración de instruirlos y concluirlos mediante actos fundados susceptibles de control jurisdiccional.

En cuanto a la admisibilidad, argumenta que el recurso se deduce dentro de plazo, pues se dirige contra una omisión ilegal y arbitraria de carácter permanente –la decisión de archivar por abandono sin notificación efectiva– que produce efectos continuados en el tiempo, de manera que la tesis de la conculcación permanente mantiene vigente el término de treinta días del artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Añade que la falta de constancia de un procedimiento regular y de un acto decisorio debidamente notificado vulnera, además, el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en instrumentos internacionales, al impedir el debido control jurisdiccional de la actuación administrativa.

Denuncia como conculcados los derechos garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política: N°1, en cuanto a la protección de la vida e integridad física y psíquica, por someterla a una situación de incertidumbre y precariedad migratoria que la expone a expulsión y afecta gravemente su estabilidad personal y familiar; N°2, igualdad ante la ley y prohibición de arbitrariedad, al haberse aplicado una medida gravosa sin fundamentación razonable, situándola en desventaja frente a otros solicitantes de refugio que sí han podido continuar sus procedimientos; y N° 3, derecho al debido proceso y proscripción de ser juzgado por comisiones especiales, ya que, a su juicio, la Administración habría adoptado una decisión que la condena, en los hechos, a la irregularidad sin sustanciar un procedimiento ajustado a las garantías mínimas del debido proceso administrativo.

Sostiene, asimismo, que el Estado incumple su deber de protección de la persona y la familia consagrado en los incisos cuarto y quinto del artículo 1° de la Carta Fundamental, al frustrar la regularización de la situación de la recurrente y de su núcleo familiar pese a que, en concepto de su defensa, cumple los presupuestos para el reconocimiento de la condición de refugiada.

Termina pidiendo se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 05 de noviembre de 2025 que ordenó el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, y se disponga que el Servicio Nacional de Migraciones desarchive dicha solicitud y continúe el procedimiento de refugio, otorgándole una nueva fecha de entrevista de elegibilidad dentro del plazo de treinta días o el que el Tribunal estime prudencial, dictando los actos administrativos que correspondan, con costas; solicitando además, en otrosí, orden de no innovar para que se suspenda toda consecuencia negativa, especialmente la caducidad de la visa temporaria asociada a su calidad de solicitante de refugio, mientras se resuelve la presente acción. 2°. - Que, al evacuar informe, el Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio de su abogado mandatario judicial don nombre reservado, en primer término, opone excepción de extemporaneidad del recurso, fundado en que éste fue deducido fuera del plazo fatal de treinta días que establece el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. Señala que lo que se impugna en autos es la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 5 de noviembre de 2025, que ordena el archivo de la solicitud de refugio de la extranjera, la cual fue puesta en conocimiento de la recurrente –como expresa y textualmente ésta reconoce en su propio libelo– con fecha 13 de noviembre de 2025, mediante Oficio Ordinario N° NUM003 remitido a través de Correos de Chile, de modo que a contar de esa fecha se inició el cómputo del plazo de treinta días corridos. Recalca que el recurso de protección fue interpuesto recién el 23 de diciembre de 2025, esto es, cuando el referido término se encontraba ampliamente vencido, no siendo aplicable en la especie la tesis de la conculcación permanente, toda vez que no se está ante una situación de demora o retardo en la resolución de un permiso migratorio, sino frente a un acto administrativo único, cierto y de efectos jurídicos inmediatos, cual es la resolución que archiva la solicitud de refugio.

Sostiene que aceptar la tesis contraria implicaría dejar al entero arbitrio del recurrente la determinación del momento para accionar, relativizando un plazo que la normativa ha fijado como fatal y objetivo, lo cual desnaturalizaría la finalidad cautelar y urgente del recurso de protección. Cita, en apoyo de su postura, jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema, en particular la causa Rol N°115-2025 de este Tribunal, confirmada por el máximo tribunal en Rol N° 10.429-2025, en cuyo considerando quinto se ratifica el carácter fatal del plazo de treinta días contados desde la toma de conocimiento cierto del acto impugnado, declarando extemporánea una acción deducida luego de transcurrido con creces dicho término. En consecuencia, solicita que la acción sea declarada inadmisible por extemporánea, por no satisfacerse el presupuesto temporal exigido en el referido Auto Acordado.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el improbable evento de que no se acoja la excepción opuesta, el Servicio evacúa informe de fondo, pidiendo el rechazo del recurso por no configurarse acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales. En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la recurrente ingresó irregularmente al país por un paso no habilitado y que, con fecha 17 de mayo de 2022, presentó solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, la que fue formalizada, otorgándosele visa de residencia temporaria gratuita en calidad de solicitante, conforme a la Ley N°20.430 y su reglamento. Expone que, mediante Oficio Ordinario N°NUM002 de 13 de mayo de 2025, se la citó a entrevista de elegibilidad fijada para el 30 de julio de 2023 a las 11:30 horas, en el Departamento de Refugio y Protección Internacional, remitiendo la citación al último domicilio registrado por la extranjera en el Servicio, esto es, “El Volcán Block 641 N°641, Chillán”, y advirtiéndole expresamente que, si no pudiera concurrir, debía informar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la entrevista, bajo apercibimiento de declararse el abandono del procedimiento si, transcurridos siete días adicionales, no realizaba gestión alguna.

Indica que la entrevista de elegibilidad constituye un trámite esencial y obligatorio del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, de manera que la inasistencia y la falta de comunicación posterior de motivos de inasistencia configuran inactividad imputable al solicitante, que paraliza el procedimiento por más de treinta días, habilitando a la autoridad para declarar el abandono y ordenar el archivo, conforme a los artículos 33 de la Ley N°20.430, 44 y 52 de su Reglamento aprobado por Decreto N°837, y 43 de la Ley N°19.880. Afirma que, vencidos los plazos conferidos y ante la ausencia de diligencias de la recurrente, el Servicio dictó la Resolución Exenta N°NUM001 de 5 de noviembre de 2025, por la cual se declaró el abandono del procedimiento y se ordenó archivar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, reservando en el mismo acto los recursos administrativos procedentes.

Hace presente que la recurrente, con fecha 28 de noviembre de 2025, dedujo recurso administrativo de reposición en contra de la Resolución Exenta impugnada, recurso que –según informa– se encuentra en tramitación vigente a la época del informe. Sobre esa base, invoca el artículo 54 de la Ley N°19.880, que prohíbe ejercer en forma paralela igual pretensión ante la Administración y ante los tribunales de justicia, disponiendo que, interpuesta una reclamación administrativa, el plazo para ejercer la acción jurisdiccional se interrumpe y vuelve a contarse sólo desde la notificación de la resolución que la decide o desde que se entienda desestimada por el transcurso del plazo, debiendo la Administración inhibirse de conocer cualquier reclamación posterior si el interesado deduce acción judicial sobre la misma pretensión. En este contexto, sostiene que la posterior interposición del recurso de protección el 23 de diciembre de 2025 resulta improcedente mientras el recurso administrativo no haya sido resuelto o se entienda rechazado por el silencio, configurándose una vulneración directa de la prohibición contenida en el citado artículo 54 y desnaturalizándose el sistema de revisión de los actos administrativos.

Añade que, en virtud del recurso administrativo presentado, los efectos de la Resolución Exenta N°NUM001 se encuentran suspendidos de acuerdo con el artículo 44 de la Ley N°20.430, pudiendo la extranjera solicitar prórroga de su visa de solicitante de refugio, de modo que no existiría, al tiempo del informe, un escenario de irregularidad migratoria ni una amenaza actual de expulsión, descartándose así la afectación de garantías denunciada en el recurso. Respecto de las alegaciones sobre falta de notificación de la entrevista de elegibilidad, manifiesta que la citación fue válidamente remitida al domicilio que la propia recurrente registró ante el Servicio, recordando que el artículo 33 de la Ley N°20.430 impone al solicitante el deber de comunicar todo cambio de domicilio dentro de treinta días, facultando dicha actualización tanto en el Departamento de Refugio y Protección Internacional como en la dirección regional correspondiente.

Precisa que, de conformidad con el artículo 46 de la Ley N°19.880, las notificaciones por carta certificada se entienden practicadas desde el tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos de Chile, de manera que no puede hacerse recaer en la Administración las consecuencias de la eventual omisión del interesado de mantener actualizado su domicilio.

En cuanto al derecho, el Servicio sostiene que ha actuado en estricto apego a la Constitución, a la Ley N°20.430, a su Reglamento y a la Ley N°19.880, cumpliendo con las etapas del procedimiento de determinación de la condición de refugiado –formalización de la solicitud, otorgamiento de visa temporaria, citación a entrevista esencial, advertencia de apercibimiento, declaración de abandono y archivo– en los términos previstos por la normativa. Hace valer que el archivo de la solicitud y la consiguiente caducidad de la visa de residencia temporaria se ajustan a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Decreto N°837, por cuanto la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de refugio constituye causal de caducidad de la visación otorgada en tal calidad, sin perjuicio de la suspensión de efectos derivada de la interposición oportuna del recurso administrativo. Sostiene, por ende, que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales de la recurrente, desde que la decisión cuestionada se funda en normas precisas que regulan el abandono del procedimiento por inactividad del interesado y en el incumplimiento de los deberes de colaboración y cooperación que pesan sobre los solicitantes de refugio.

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe, solicitando desde ya el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por ser extemporáneo y, en subsidio, por no concurrir acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible al Servicio Nacional de Migraciones que vulnere las garantías del artículo 19 de la Constitución Política protegidas por el artículo 20, con expresa condena en costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, el arbitrio constitucional interpuesto se funda en la alegación de la recurrente en orden a que el Servicio Nacional de Migraciones, mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 5 de noviembre de 2025, que declara el abandono del procedimiento y ordena el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, habría incurrido en una omisión y actuación ilegal y arbitraria, al disponer dicha medida sin que se le hubiera notificado de manera real y efectiva la citación a entrevista de elegibilidad ni el apercibimiento de abandono del procedimiento, vulnerando con ello sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, así como el deber de protección de la persona y la familia del artículo 1° de la Carta Fundamental. A su turno, el órgano recurrido sostiene, en síntesis, que el recurso resulta extemporáneo, por cuanto la actora reconoce haber tomado conocimiento de la resolución impugnada el día 13 de noviembre de 2025, habiendo deducido la presente acción el 23 de diciembre del mismo año, fuera del plazo fatal de treinta días que establece el Auto Acordado que regula la materia, y que, en subsidio, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, desde que la recurrente fue válidamente citada a entrevista en el domicilio que había registrado, incumplió sus deberes de colaboración y, además, interpuso recurso administrativo de reposición contra la misma resolución, cuya tramitación ha suspendido los efectos del acto y la eventual caducidad de su residencia. 7°. – Que, corresponde en primer lugar hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad planteada por la autoridad recurrida. El plazo de treinta días para interponer la acción de protección, establecido en el numeral primero del Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, tiene carácter fatal y constituye un presupuesto de admisibilidad de la misma. Al respecto, se advierte una inconsistencia en el libelo de la recurrente, quien en su relación de hechos afirma haber tomado conocimiento del acto impugnado mediante correo electrónico el 18 de noviembre de 2025, no obstante que en su petitoria y en el cuerpo de su recurso reconoce expresamente que la Resolución Exenta N° NUM001 le fue notificada el 13 de noviembre de 2025 , fecha que coincide con lo informado por la recurrida mediante el Oficio Ordinario N° NUM003.

En la especie, aun cuando esta Corte considerara como fecha de inicio del cómputo el día 18 de noviembre de 2025 por ser la más favorable a la actora, el arbitrio constitucional interpuesto el 23 de diciembre de 2025 resulta igualmente extemporáneo. Como ha sostenido la jurisprudencia, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa y tiene un "carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes" (I.C.A. de Santiago, Rol 49053-2019). Doctrinalmente, como refiere el fallo indicado, este término se caracteriza por ser "un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, y no ampliable" (Mosquera y Maturana), lo que impide que la voluntad de los intervinientes altere el hito de su vencimiento (I.C.A. de Santiago, Rol 49053-2019). Habiendo transcurrido 35 días corridos desde la data más favorable, se ha superado con creces el plazo perentorio ya referido. 8°.- Que la tesis de la conculcación permanente que invoca la recurrente ha sido acogida de manera excepcional por la jurisprudencia, particularmente en situaciones en que el agravio deriva de la inactividad prolongada de la Administración. Sin embargo, dicha hipótesis es diversa a la que aquí se presenta, en que la propia actora reconoce la existencia y notificación de un acto terminal del procedimiento —la Resolución Exenta N° NUM001— dictado por la autoridad competente, que resuelve el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada. Aceptar que, pese a existir un acto regular y formalmente notificado, el plazo pueda ser desplazado indefinidamente bajo el argumento de los efectos permanentes, implicaría vaciar de contenido el límite temporal del Auto Acordado y dejar entregado al capricho del interesado el momento de interposición de la acción constitucional. Esta rigurosidad se justifica, como señala la jurisprudencia, en la necesidad de "poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante" (I.C.A. de Santiago, Rol 49053-2019).

La naturaleza expedita, sumaria y de urgencia que caracteriza al recurso de protección exige que el plazo se cuente desde que el interesado conoce del agravio real a sus derechos esenciales. 9°. - Que, a lo anterior se suma que la propia recurrente ha hecho uso del recurso administrativo de reposición previsto en la Ley N°19.880 en contra de la Resolución Exenta N°NUM001, el cual se encuentra pendiente de resolución, generando, conforme a la normativa especial de refugio, la suspensión de los efectos del acto impugnado y, en particular, la caducidad de la visa de residencia temporal. Tal circunstancia revela que el ordenamiento jurídico ha provisto mecanismos específicos de revisión y corrección de eventuales vicios del procedimiento de refugio, frente a los cuales el recurso de protección aparece, en este estadio, como una vía paralela y extraordinaria que no puede reemplazar la competencia primaria de la Administración para conocer y resolver las impugnaciones que se deducen en su propia sede. 10°.- Que, en mérito de lo reflexionado, esta Corte concluye, en primer término, que la presente acción fue interpuesta el 23 de diciembre de 2025, esto es, fuera del plazo de 30 días establecido en el numeral 1 del Auto Acordado N 94- 2015 sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, este resulta ser extemporáneo, tal como lo expuso la recurrida en su informe, alegación que será acogida, y, en segundo lugar, que ha sido deducida, además, mientras se encuentra pendiente de resolución un recurso administrativo de reposición interpuesto por la propia recurrente en contra de la Resolución Exenta N°NUM001, lo que infringe la prohibición de ejercer igual pretensión simultáneamente ante la Administración y los tribunales de justicia, prevista en el artículo 54 de la Ley N°19.880, razones por las cuales el arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, por extemporáneo y por haberse deducido existiendo una reclamación administrativa pendiente sobre la misma pretensión, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

R.I.C. 1013-2025-Protección.-