Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

Chillán, quince de mayo de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Ñuble, representada legalmente por don nombre reservado

nombre reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en la falta de notificación del rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, lo que estima vulneratorio de las garantías previstas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de nuestra carta fundamental.

Como fundamentos de hecho del recurso interpuesto refiere que, como funcionaria administrativa de Carabineros de Chile, hizo uso de diversas licencias médicas por patologías obstétricas y de salud mental, las cuales fueron rechazadas por la COMPIN sin que se le notificara formalmente de tales resoluciones, incumpliendo las normas de la Ley N° 19.880.

Sostiene que, tomó conocimiento de los rechazos recién cuando su empleador le informó verbalmente de una deuda de $1.800.000 por pagos en exceso, habiendo actuado ella de buena fe al recibir sus remuneraciones sin sospechar de la situación administrativa. Expone que la omisión de notificación le impidió ejercer oportunamente su derecho a defensa y genera una afectación directa a su patrimonio.

En el derecho, junto con aludir a los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, y artículo 45 de la ley 19.880, refiere como vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finaliza, solicitando a esta Corte, acoger el recurso, de declare arbitrarias e ilegales las resoluciones administrativas recurridas por no haber sido notificadas oportunamente, y se ordene a la recurrida adoptar las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto, autorizando las licencias médicas ya singularizadas números:NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003. 2°.- Que, al informar, don nombre reservado, en representación de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble, solicita el rechazo de la acción interpuesta.

Expone que las resoluciones se ajustan a derecho, fundándose en criterios técnico-médicos: en el primer periodo (patología obstétrica) por falta de antecedentes que justificaran la extensión del reposo, y en el segundo (salud mental) por considerarse un reposo excesivo para ser tratado únicamente por un médico general sin informe de especialista.

Sobre la alegada falta de notificación, sostiene que, bajo el sistema de Licencia Médica Electrónica, es responsabilidad del usuario la revisión periódica del portal oficial "Mi Licencia Médica", según las directrices de la SUSESO en circular N°3896.

Añade que la recurrente tuvo conocimiento de los rechazos, configurándose una notificación tácita, pues interpuso un recurso de reposición administrativo por una de las licencias objeto del recurso en febrero de 2025. Argumenta que el derecho al subsidio es una expectativa y no un derecho adquirido hasta que la autoridad lo autoriza, por lo que el rechazo basado en la insuficiencia probatoria no vulnera garantías constitucionales.

Concluye, destacando que los rechazos se basaron en la falta de antecedentes médicos mínimos para justificar reposos prolongados, incumpliendo la carga de la prueba por parte de la recurrente; habiéndose cumplido con el procedimiento establecido, solicitando informes complementarios que no fueron proporcionados adecuadamente; por otro lado, las resoluciones se ponen a disposición de los usuarios de forma inmediata en los portales institucionales sumado a que la recurrente incluso apeló administrativamente, lo que confirma su conocimiento del sistema; en consecuencia no hay afectación al derecho de propiedad ni al debido proceso, pues el subsidio es una expectativa de derecho y existieron siempre las vías de impugnación técnica que la usuaria no agotó; por otra parte, sostiene que el acto administrativo de la COMPIN goza de presunción de legalidad y se basa en el juicio técnico de facultativos especialistas.

Por lo anterior, solicita tener por evacuado el informe, y rechazar en todas sus partes el recurso. 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, como se indicó la recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario la falta de notificación del rechazo de cuatro licencias médicas emitidas durante su embarazo y con posterioridad al parto, argumentando que solo habría tomado conocimiento del mencionado rechazo, una vez que su empleador, en el mes de octubre de 2025, le informara del reintegro que debía efectuar por un monto de $1.800.000. 7°.- Que, según se desprende de los dichos de la propia recurrente las mencionadas licencias tendrían las siguientes fechas de otorgamiento:

Licencia NUM000 (Otorgada el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro).

Licencia NUM001 (Otorgada el veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro).

Licencia NUM002 (Otorgada el veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro). Licencia NUM003 (Otorgada el dieciséis de enero de dos mil veinticinco). Correspondiendo las dos primeras a patologías obstetricias previas al parto y las dos últimas por diagnósticos de salud mental posteriores a este. 8°.- Que, de los antecedentes expuestos y en especial considerando la data de las licencias previas al parto resulta inverosímil que la recurrente no haya tenido conocimiento de su rechazo, sino hasta octubre de 2025, máxime considerando que, en febrero del mismo año, es decir, antes de la comunicación de su empleador, ella había apelado administrativamente de una licencia posterior.

Por lo demás, la propia recurrente manifiesta haber acudido personalmente a las oficinas de la Seremi Regional de Ñuble el 6 de noviembre de 2025 en donde se le habría entregado copias del rechazo, habiéndose formulado la presente acción de protección recién el 23 de diciembre de 2025. 9°.- Que, en relación con el fondo del asunto, según informó la recurrida las Licencias números NUM000 y NUM001 fueron rechazadas por faltas de antecedentes que justificaran el reposo los que no fueron aportados por doña nombre reservado.

Y, por otro lado, las licencias médicas referentes a salud mental habrían sido rechazadas atendido que el reposo se tornó excesivo para una patología tratada únicamente por médico general, sin acreditarse atenciones por especialista psiquiatra, limitándose la recurrente a adjuntar un certificado médico que daba cuenta de no tener hora para especialista. 10°.- Que, en lo que dice relación con las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral, la Excelentísima Corte Suprema ha emitidos fallos recientes con fecha 28 de enero de 2026, en autos Rol N°42.908-2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25. 11°.- Que, esta Corte seguirá los fundamentos de los fallos mencionados precedentemente. 12°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 13°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá las órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. 14°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la COMPIN la aprobación o rechazo de licencias médicas y a la SUSESO la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, teniendo además esta última, conforme con los artículos 2° y 3°, la calidad de organismo técnico de control. 15°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, fluye además que la recurrente no recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, conformándose con el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva, la que se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades, con arreglo al carácter técnico que ostenta. 16°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Claudio Arias Córdova.

No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, la Ministra señora Paulina Gallardo García y el Fiscal Judicial señor nombre reservado, por encontrarse ambos con cometido funcionario.

Rol N°1010-2025.- PROTECCIÓN.-