Protección contra su representado

Chillán, dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°.- Compareció en auteos el abogado don Alex Vitorio Flores Gatica, en representación de FLoFac Servicios Industriales Limitada, del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección contra el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, representado por su directora doctora nombre reservado, o quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que su representado se adjudicó la Licitación ID: 4701-27-LE16 por “Convenio Mantención Preventiva y Reparación de Autoclaves MATACHANA” por resolución Exenta N° 5681 de 30 de Junio de 2016, que por Resolución Exenta N° 1244 de fecha 13 de Noviembre de 2017 se aplicó a la recurrente multa de 66 UTM, que por Resolución exenta N° 13.163 de 29 de noviembre de 2017 se certificó que la resolución que aplicó la multa se encontraba firme y ejecutoriada y que dicho convenio, (el señalado en numeral 1) venció con fecha 30 de junio del 2018, según las Bases Administrativas Licitación respectiva.

Añade que con fecha 9 de septiembre de 2024, 7 años después, la recurrida Hospital Clínico Herminda Martin, solicitó a FloFac Servicios Industriales Limitada, por medio de asignación directa y respectiva orden de compra N° 1057509-11542-SE24, prestación de servicios, los que fueron prestados a conformidad de la mandante recurrida y respecto de los cuales se emitió la factura 1927 con fecha 10 de septiembre de 2024 por la suma de $4.165.000.- Indica que dicha factura fue cedida en Factoring a Servicios Financieros Progreso S.A. con fecha 11 de septiembre de 2024, según consta en documento tributario que acompaña a su recurso y que, con fecha 10 de octubre de 2024 su representada recibe email de Factoring Progreso (Servicios Financieros Progreso S.A. ) comunicando que la Factura 1927, cedida a dicha institución, fue pagada por el Hospital Clínico Herminda Martin de Chillan, no en su totalidad ya que se efectuó el descuento del valor de la multa ascendente a $3.100.152.- Sostiene que dicha factura fue emitida por servicios prestados según orden de compra N° 1057509-11542-SE24 de fecha 9 de septiembre de 2024 del Hospital Clínico Herminda Martin, y adjudicada a su representada por trato directo, cuestión completamente distinta a la Licitación ID: 4701-27-LE16.

Enfatiza que en este contexto no procedía el descuento de multas cursadas en convenios o licitaciones diversas. Que según las propias Bases Administrativas de la Licitación ID: 4701-27- LE16, en su página 8, en el acápite Multas, señala: El o los adjudicatarios serán sancionados por el Hospital con el pago de multas, por atrasos en la entrega o término del servicio, las cuales se harán efectivas a través de descuentos en el respectivo pago o garantías de pago anticipado o de fiel cumplimiento.

El letrado señala que dichas bases, en el acápite sobre procedimiento de aplicación e impugnación de multas, pagina 9, literal g, dispone: Una vez ejecutoriada la Resolución fundada del Director del Establecimiento que aplica la sanción, se procederá a descontar y/o retener de las sumas que deban pagársele al adjudicatario en la factura en que recayó la sanción o en cualquiera otra derivada de la misma licitación.

Plantea que es necesario recordar que en derecho público solo se puede hacer todo lo que este expresamente permitido y es más, aun cuando estuviéramos bajo un estatuto privado, el Código Civil restringe las obligaciones a lo pactado.

Reitera que el descuento de una multa se restringe solo a aquellas facturas emitidas a propósito de una misma licitación, no pudiendo por ende afectar aquellos documentos tributarios o estados de pago que se emitan a propósito de una licitación o contratación directa diversa. Así la recurrida a propósito de una multa generada en licitación ID: 4701-27-LE16 del año 2017, efectúa un descuento en el pago de factura generada a propósito de una contratación directa según orden de compra N° 1057509-11542-SE24 de fecha 09-09-2024. 19, es decir, en una prestación de servicios con 7 años de diferencia.

Según el recurrente el actuar de la recurrida además, impide a su representado la defensa jurídica frente a dicho cobro arbitrario e ilegal, toda vez que habiendo transcurrido los plazos de prescripción de dicha multa, FloFac Servicios Industriales Limitada podría haber interpuesto la excepción de prescripción respectiva, lo que a todas luces constituye un acto arbitrario e ilegal, que afecta derechamente el patrimonio de la recurrente.

Enfatiza que el referido acto es arbitrario e ilegal y configura una vulneración al derecho de propiedad de su representada, derecho consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política De La República, pues la recurrida Hospital Clínico Herminda Martin, ha privado a la recurrente de un monto de 66 UTM en forma arbitraria e ilegal y que actualmente la empresa de Factoring exige a su representada el pago del monto descontado arbitrariamente por la recurrida.

Termina solicitando a esta Corte que acoger el recurso en todas sus partes declarando que: 1. Se deje sin efecto el descuento por concepto de multa aplicada por la suma de $3.100.152 y en consecuencia sea pagada a Factoring Progreso, el monto total de la factura N° 1927 emitida por la recurrente, con fecha 10 de septiembre de 2024 por un monto original de $4.165.000.- y cedida a la empresa de factoring mencionada el 11 de septiembre de 2024; y 2. Que se condene en costas al Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán.

A su recurso acompañó documentos.

2.- Que, informando el recurrido, a través de su abogada doña Sandra González Ibarra, señala que el recurrente reclama en términos generales, que el Hospital Clínico Herminda Martin, presuntamente al pagarle una factura por bienes o servicios prestados durante el año 2024, le habría aplicado un descuento por concepto de multa pendiente de pago, cursada en licitación de periodo anterior, estimando que con ello se habría excedido en el ejercicio de sus facultades, vulnerando su derecho de propiedad.

Al respecto indica que en el mes de abril del año 2020 la Dirección de Presupuestos (DIPRES) dictó los Oficios Circulares N° 8 y N° 9, que acompaña a su informe, que vinieron a establecer para las instituciones públicas (con la excepción del Congreso Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público), un sistema de pago centralizado de facturas electrónicas, llevado adelante por la DIPRES, en coordinación con Tesorería General de la República (TGR), Chilecompra y el Servicio de Impuestos Internos, comprendiendo los pagos de las obligaciones con proveedores por adquisición de bienes y prestaciones de servicios a dichas instituciones, devengadas en la plataforma Sistema para la Gestión Financiera del Estado II, SIGFE II. En términos operativos, SIGFE II es la plataforma informática básica desde la que se identifican los documentos pendientes de pago de los diversos Ministerios y Servicios Públicos, a objeto de garantizar una eficiente y oportuna gestión de los pagos, conforme a la Ley N°21.131 de pago a 30 días.

Añade que, desde aquella fecha, la DIPRES (Dirección de Presupuestos) no transfiere dineros a los servicios para que realicen los pagos, reuniendo en consecuencia todas las facturas y programando los mismos a través de la Tesorería General de la República, de acuerdo a las fechas de vencimiento respectivas. Así las cosas, la institución que efectúa y materializa los pagos a los proveedores, corresponde a la Tesorería General de la República, mediante el sistema centralizado dispuesto por la DIPRES.

Plantea que en el proceso de pago referido, cada Documento Tributario mantiene aparejada una orden de pago, mediante una plataforma central (PPC) que administra los plazos de vencimiento de cada documento y gestiona las visaciones de los programas de caja respectivos y en este sentido, todos los documentos tributarios electrónicos registrados en forma directa al SIGFE, dan origen a órdenes de pago que activan el flujo centralizado mediante transferencia electrónica de fondos, a efectos de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 8 de la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, en el que se indicaba expresamente que los pagos debían efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos.

La letrada enfatiza que en virtud de diversas actualizaciones de la plataforma referida, durante el mes de mayo del año 2022 se incluyó dentro del proceso de mantención de la misma, el reflejo de las multas aplicadas a los proveedores sobre Documentos Tributarios Electrónicos y posteriormente en el mes de julio del año 2022, el traspaso de las multas para el correspondiente nuevo ejercicio fiscal de cada Servicio, con la finalidad de dar continuidad a la eventual contabilización del pago de DTEs (Documentos Tributarios Electrónicos) afectos a dichas multas.

Luego explica que, dentro de esta última actualización, se incluyeron igualmente las multas no asociadas a un DTE de gastos, caso en el cual la plataforma las relaciona automáticamente a otros DTE del mismo proveedor en operaciones en régimen del nuevo ejercicio, realizando el descuento de aquellos DTEs con valores iguales o mayores a la multa. Así las cosas, encontrándose correctamente ingresada en la contabilidad de su representado, la multa cursada a la recurrente, como Ingreso por Percibir, en virtud del no pago de la misma, se fue traspasando en cada ejercicio fiscal, mientras paralelamente se continuaron realizando gestiones de cobranza por parte del Hospital Clínico Herminda Martín, sin que la recurrente efectuara el pago de la multa.

Sostiene que de lo anteriormente expuesto, se desprende en primer término, que no es su representado quien efectúa los pagos a proveedores, sino la Tesorería General de la República en virtud de un sistema de pago centralizado de facturas electrónicas y en segundo lugar, es posible concluir que aquello no obedece a una decisión del Hospital Clínico Herminda Martin, sino al cumplimiento de instrucciones emanadas de la Dirección de Presupuestos, mediante una plataforma que funciona de manera automatizada, no pudiendo estimarse en consecuencia, que el recurrido se haya excedido en el ejercicio de sus facultades, toda vez que no ha efectuado descuento alguno a la recurrente, por lo que malamente podría establecerse que el acto que denuncian como arbitrario o ilegal (descuento de multa), haya sido ejecutado por el recurrido, ni tampoco, que tenga la calidad denunciada.

Concluye señalando que la recurrente no ha negado la existencia de la multa, ni tampoco ha dado cuenta de haber efectuado el pago de la misma, por lo que cabe concluir, que no existen antecedentes que avalen su hipótesis de haberse afectado sus derechos constitucionales, toda vez que carece de un derecho indubitado respecto a los hechos que plantea, existiendo otros medios para clarificar aquello, puesto que la presente acción cautelar no constituye una instancia para aclarar hechos, ni constituir, ni declarar derechos, sino para proteger derechos libres de controversia, no siendo esta tampoco la vía idónea para resolver disputas derivadas de un proceso de licitación.

Finalmente pide rechazar íntegramente el recurso interpuesto en contra de su representado, Hospital Clínico Herminda Martin.

A su presentación acompañó documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del examen de la acción de protección deducida, aparece que el recurrente ataca como actuación de la recurrida, que a propósito de una multa generada en licitación ID: 4701-27-LE16 del año 2017, efectuó un descuento en el pago de una factura generada a propósito de una contratación directa según orden de compra N° 1057509-11542-SE24 de fecha 9 de septiembre de 2024, es decir, en una prestación de servicios efectuada con 7 años de diferencia, impidiendo a la recurrente la defensa jurídica frente a dicho cobro, lo cual sería arbitrario e ilegal, toda vez que habiendo transcurrido los plazos de prescripción de dicha multa, su representada podría haber interpuesto la excepción de prescripción respectiva, lo cual habría afectado derechamente el patrimonio de FloFac Servicios Integrales Limitada.

7°.- Que, el recurrido a su vez, plantea que él no efectúa los pagos a proveedores, sino la Tesorería General de la República en virtud de un sistema de pago centralizado de facturas electrónicas dispuesta por la DIPRES desde abril del año 2020.

A su vez, indica que la multa pendiente de pago por la recurrente, cursada en licitación de periodo anterior, fue correctamente ingresada en la contabilidad de su representado, como Ingreso por Percibir, en virtud del no pago de la misma y se fue traspasando en cada ejercicio fiscal, mientras paralelamente se continuaron realizando gestiones de cobranza por parte de su representado, sin que la recurrente efectuara el pago de la multa.

Por lo expuesto, concluye que el descuento reclamado no obedece a una decisión del Hospital Clínico Herminda Martin, sino al cumplimiento de instrucciones emanadas de la Dirección de Presupuestos, mediante una plataforma que funciona de manera automatizada, no pudiendo estimarse en consecuencia, que su representado se haya excedido en el ejercicio de sus facultades, toda vez que no ha efectuado descuento alguno a la recurrente.

8°.- Que, en el presente caso no ha resultado demostrado que el recurrido Hospital Clínico Herminda Martín haya efectuado alguna actuación u omisión que pueda ser catalogada de ilegal o arbitraria y que afecte las garantías que la recurrente denuncia como vulneradas. En efecto, no existe una afectación manifiesta de las garantías constitucionales de la recurrente, que deban ser resueltas por vía cautelar, máxime si se considera que quien efectúa los pagos a los proveedores es la Tesorería General de la República en virtud de un sistema de pago centralizado de facturas electrónicas dispuesta por la DIPRES, mediante una plataforma que funciona de forma automatizada, sin que se transfieran dineros a los servicios para que realicen los pagos, reuniéndose en consecuencia todas las facturas y programando los pagos a través de la Tesorería General de la República, de acuerdo a las fechas de vencimiento respectivas.

Por lo anterior, es dable concluir que no es posible dar por acreditados los presupuestos fácticos de la acción constitucional deducida respecto del Hospital Clínico Herminda Martin y que, por lo demás, las peticiones que se formulan a su respecto, exceden el ámbito cautelar del presente arbitrio.

9°.- Que, de lo que se viene exponiendo y razonando, es posible concluir que no se está ante un derecho indubitado y que no se advierte vulneración a las garantías fundamentales indicadas en el recurso y que requieran ser protegida por esta acción de protección.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por el abogado Alex Vitorio Flores Gatica, en representación de FloFac Servicios Industriales Limitada en contra del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado hoy.

ROL CORTE N° 1009-2024 - PROTECCION,