Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado don Alexis Patricio Paredes Aguilera, en representación de don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por doña nombre reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en dictar resolución administrativa que confirma el rechazo de pago de licencias médicas, por lo que considera vulneradas las garantías previstas en ellos numerales 1 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Expone que el recurrente, inició un cuadro clínico el año 2024, fecha en que fue diagnosticado por varios facultativos, fundadamente, entre otros con protrusiones discales posteriores en L4-L5 con marcada rasquiestenosis y moderada estenosis foraminal L4-L5 y L5-S1 bilateral. Iniciado tratamiento médico y al día de hoy, en lista de espera de neurocirugía.

Señala que pese a lo expuesto, la Superintendencia de Seguridad Social, rechazó en instancia administrativa el pago de las licencias médicas extendidas al recurrente Nºs NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005 extendidas por un total de 143 días a contar del 04 de mayo de 2025, mediante la Resolución Exenta Nº NUM006 de fecha 22 de noviembre de 2025, ahora recurrida, la cual se limita a señalar que se confirma el rechazo de las licencias médicas Nºs NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, antes referidas por “reposo no justificado”, conclusión basada en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable.

Sostiene que dicha conclusión es derechamente improcedente, ya que la raquiestenosis de su representado es tratable a través de una cirugía que actualmente se encuentra esperando, pudiendo volver a trabajar una vez sea dado de alta, tornando por tanto la resolución en un acto arbitrario e ilegal, al prescindir de las conclusiones de los médicos tratantes pese a estar claras en los informes y, lo que es más grave, sin indicar las razones o fundamentos fehacientes por los que los mencionados informes no le permiten establecer la procedencia del pago de las licencias médicas extendidas al recurrente, es decir, sin dar razón congruente de su decisión, lo que inevitablemente la hace devenir en arbitraria.

Los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación del recurrente, pues no podía someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante, la gravedad de los diagnósticos médicos, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia ante el no pago de los subsidios a que dan derecho las licencias en cuestión.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, o por quién la subrogue o reemplace legalmente, admitirlo a tramitación y, previos los trámites legales de rigor, en definitiva, se sirva acogerlo, declarando: 1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad del recurrente nombre reservado establecidas en los Nº 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política; 2.- Que, como consecuencia de lo referido, se aprueban y ordena el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral derivados de las licencias médicas Nºs NUM000, NUM001, NUM002, NUM007, NUM004 y NUM005, extendidas a favor del recurrente, o bien, la declaración que se sirva efectuar en igual sentido; 3.- Sin perjuicio se adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas. 2°.- Que, comparece la abogada Romina Ugalde Apablaza, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social y alega primeramente la improcedencia de la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, luego de referirse latamente al marco jurídico regulatorio de la licencia médica, expone en detalle el historial administrativo de las licencias médicas del recurrente, concluyendo que los dictámenes impugnados, referidos a las licencias médicas reclamadas, se encuentran debidamente fundados conforme a los elementos de juicio evaluados, atendido a que el actor registra un total de 666 días de reposo laboral previamente autorizados, quien reclama el rechazo de 143 días adicionales de reposo, prescritos por médico general institucional. Los informes médicos acompañados son de carácter escueto y se limitan a consignar la existencia de un cuadro de dolor lumbar calificado como intratable, sin detallar la evolución clínica, el compromiso funcional actual ni un plan terapéutico estructurado orientado al reintegro laboral. Tampoco se consigna una fecha probable de alta (FPA) ni se describen medidas de manejo conservador implementadas durante el período reclamado.

Añade que consta que el recurrente fue evaluado por Neurocirugía en septiembre de 2025, instancia en la cual se plantea una eventual resolución quirúrgica del cuadro; sin embargo, dicho antecedente no permite, por sí solo, justificar la mantención de reposo laboral, toda vez que no se acredita la realización de un plan terapéutico activo ni la necesidad clínica de reposo continuo mientras se define una eventual intervención. Asimismo, se acompaña un examen imagenológico de abril de 2024, el cual resulta extemporáneo respecto del período de reposo reclamado y no permite establecer cambios evolutivos que justifiquen una nueva extensión del reposo. No se acreditan, además, tratamientos de kinesioterapia ni otras medidas terapéuticas realizadas durante la vigencia de las licencias médicas impugnadas.

Hace presente que el recurrente cuenta con un trámite de pensión de invalidez ejecutoriado con fecha 22 de febrero de 2024, en el cual se determinó un 14 % de menoscabo de la capacidad de trabajo, asociado al diagnóstico M54.5. Si bien dicho pronunciamiento reconoce la existencia de lesiones de carácter crónico e irreversible, concluye expresamente que éstas no alcanzan la entidad suficiente para acceder a una pensión de invalidez en los términos previstos en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980. En este contexto, resulta especialmente relevante que el período de reposo reclamado sea posterior a la fecha de ejecutoria del trámite previsional, lo que refuerza la improcedencia de extender el reposo laboral mediante licencias médicas sucesivas.

Añade que conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica se justifica únicamente cuando existe una incapacidad laboral transitoria y recuperable, condición que no se configura en el presente caso, atendido el carácter crónico e irreversible del cuadro clínico y la ausencia de un horizonte de recuperación funcional asociado al reposo.

Precisa que en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes.

Conforme a lo expuesto, sostiene que la resolución impugnada carece de ilegalidad y arbitrariedad. Asimismo, considera que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, pues, en caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada.

A su vez, considera que no existe vulneración y ni siquiera amenaza como indica la contraria, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por el Sr. nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por la recurrente es la falta de motivación de la resolución que confirmó el rechazo de su licencia médica, lo que podría significar una vulneración a las garantías del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad sobre prestaciones económicas a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación la habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección, razón por la cual dicha alegación será desestimada. 7°.- Que, es un hecho de la causa que la recurrente obtuvo una serie de licencias por patologías asociadas a su columna, de los cuales la Comisión autorizó 666 días por representar un tiempo razonable para el restablecimiento de la salud bajo un régimen de incapacidad temporal, habiéndose diagnosticado además que le afecta una invalidez ascendiente al 14 %, condición que per se, es irreversible, no pudiendo dictamen algún determinar un porcentaje inferior de invalidez. En este contexto, el rechazo de las licencias médicas no aparece como un acto caprichoso, sino como una decisión técnica fundada en la pérdida del objetivo terapéutico del reposo, elemento esencial para la procedencia de la licencia médica. 8°.- Que, la licencia médica por incapacidad temporal no está diseñada jurídicamente para suplir la falta de una pensión de invalidez ni para actuar como un ingreso indefinido cuando no existe pronóstico de reintegro laboral. El hecho de que el sistema de pensiones exija un 50% de menoscabo no obliga al sistema de salud a subsidiar indefinidamente una condición irrecuperable que no cumple los requisitos legales de temporalidad y fin curativo, y por último, corresponde analizar y eventualmente impugnar la fundamentación del dictamen de invalidez en cuanto si está o no justificado al establecer solo un 14% de incapacidad; pero no mantener vigente una licencia que ha perdido su fin terapéutico debido a un cuestionamiento acerca de la fundamentación del dictamen de invalidez ya referido. 9°.- Que, adicionalmente, los actos administrativos impugnados aparecen debidamente fundados. La Resolución Exenta citada y los informes de las recurridas explican que el rechazo se basa en antecedentes médicos, en la cronicidad de las patologías y en la falta de justificación terapéutica para extender el reposo más allá de los días ya autorizados. Por tanto, no se observa la falta de fundamentación o racionalidad alegada por la actora, habiendo actuado la Superintendencia dentro de las facultades de supervigilancia técnica que le confiere la Ley N° 16.395. 10°.- Que, en consecuencia, no existiendo un derecho indubitado de la recurrente a percibir subsidios por licencias médicas que carecen de justificación técnica de recuperabilidad, y no vislumbrándose ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado Alexis Patricio Paredes Aguilera en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

No firma el abogado integrante Juan de la Hoz Fonseca, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N°1008-2025-PROTECCION.-