nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, siete de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

1.- Que, comparecen los recurrentes don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, todos funcionarios dependientes de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Chillán, quienes interponen recurso de protección en contra de la citada corporación edilicia, representada por su alcalde, don Camilo Francisco Benavente Jiménez.

Fundan su acción en el acto ilegal y arbitrario materializado en diversos decretos alcaldicios dictados entre noviembre y diciembre de 2025 (específicamente los N° 12498, 12509, 12523, 12558, 12508, 12521, 12589, 12519, 12510, 12497, 12512 y 13608), mediante los cuales el municipio ordenó la retención y descuento de sus remuneraciones en cuotas mensuales.

Explican que dichos actos tienen su origen en un supuesto pago indebido de la asignación de planilla suplementaria de la Ley N° 20.250, beneficio que se les otorgó en el año 2008 tras ser traspasados desde el régimen del Código del Trabajo al Estatuto de Atención Primaria para evitar una disminución de sus ingresos.

Sin embargo, la municipalidad, basándose en el Informe Final N° 626-2022 de la Contraloría Regional de Ñuble, sostiene que dicha asignación debió ser absorbida por incrementos posteriores y no reajustada, determinando deudas millonarias que, en cada caso, indica.

Denuncian una serie de vicios procedimentales graves: en primer lugar, acusan notificaciones defectuosas efectuadas a correos electrónicos personales que nunca fueron autorizados como forma válida de notificación, con el fin de dificultar el conocimiento oportuno del acto. En segundo lugar, alegan una vulneración sistemática del principio de inexcusabilidad y del derecho a defensa, toda vez que el municipio no emitió pronunciamiento alguno sobre los múltiples recursos de reposición interpuestos ni sobre los descargos presentados durante las etapas de invalidación parcial de los actos previos.

Finalmente, sostienen que la orden de restitución infringe el principio de irretroactividad del acto administrativo, al intentar recuperar sumas percibidas de buena fe desde el año 2018, y constituye una forma de autotutela ilícita, pues el municipio actúa como juez y parte sin recurrir a un juicio de cuentas o a las acciones civiles correspondientes.

Estiman conculcadas las garantías de los numerales 1, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando que se dejen sin efecto los descuentos y se restituyan los montos ya retenidos.

2.- Que, el abogado don Rafael Videla Poblete, en representación de la Ilustre Municipalidad de Chillán, solicita el rechazo del recurso con costas, planteando como cuestión previa la extemporaneidad de la acción. Argumenta que los recurrentes tuvieron conocimiento cierto de los decretos impugnados mediante notificaciones por correo electrónico el 02 de diciembre de 2025, por lo que al momento de interponerse los recursos en enero de 2026, el plazo fatal de 30 días ya se encontraba largamente vencido, siendo el descuento de remuneraciones un mero acto de ejecución.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto la corporación actuó en cumplimiento de un mandato obligatorio y vinculante de la Contraloría Regional de Ñuble tras una auditoría que detectó que los funcionarios percibieron sumas que excedían los marcos legales (Informe 626-2022).

Explica que el sistema de remuneraciones de la Ley N° 19.378 es cerrado y que la Ley N° 20.250 establecía que la planilla suplementaria debía ser transitoria y absorbible por futuros aumentos, por lo que reajustarla permanentemente constituyó una actuación contra legem que generó un enriquecimiento sin causa.

Afirma que el reintegro de fondos públicos mal percibidos es un deber imperativo para el alcalde, cuya omisión podría acarrear responsabilidad por notable abandono de deberes.

Argumenta que no existe un derecho adquirido sobre la ilegalidad y que el principio de confianza legítima no puede amparar actos que vulneran normas expresas, más aún cuando se trata de funcionarios de carrera que tienen la obligación ética y jurídica de conocer la estructura de sus remuneraciones.

Por último, señala que la materia es de lato conocimiento, ya que requiere discutir la determinación, cálculo y origen de una deuda, lo que desnaturaliza la vía sumaria del recurso de protección, debiendo los actores acudir a las instancias de cobro o reclamación ordinarias.

3.- Que, al analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenaza ese atributo.

4.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6.- Que, en primer término, cabe consignar que, conforme lo dispone el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, este debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En la especie, consta de los antecedentes allegados al proceso que a los recurrentes se les ha ordenado restituir lo indebidamente percibido en un largo periodo de tiempo, lo que transforma la eventual vulneración en una situación que se mantendrá durante todo dicho periodo, razón por la cual, al haberse interpuesto la acción en análisis durante el periodo en que se deben realizar estas devoluciones, esta ha sido interpuesta dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, debiendo por tanto rechazarse la alegación de extemporaneidad de la recurrida.

7.- Que, en cuanto al fondo del caso, es necesario considerar que la decisión de la Municipalidad recurrida deriva de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República que detectó que los funcionarios percibieron sumas que excedían los marcos legales (Informe 626-2022). Al respecto corresponde indicar que la auditoría realizada por la Contraloría se encuentra establecida legalmente en la Ley N° 10.336, como asimismo las instrucciones impartidas a la Municipalidad destinadas a obtener el reintegro o restitución de las sumas recibidas por el actor, que el ente contralor determinó fueron pagados indebidamente como consta en el informe ya mencionado.

Que las atribuciones del ente fiscalizador se encuentran contenidas tanto en la Constitución Política de la República como en normativa específica, entre la que se cita las Leyes N° 10.336, 18.695 y 18.575, entre otras, dado que se han dictado dentro de la esfera de las atribuciones de Contraloría, que ostenta la prerrogativa de impartir instrucciones vinculantes para los órganos auditados, como resultado de su labor de fiscalización.

8.- Que en el mismo sentido, cabe tener presente que la Contraloría General de la República es un organismo autónomo que ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la Nación y desempeña las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva, conforme a la definición constitucional contenida en el artículo 98 de la Carta Fundamental.

A su turno, su Ley Orgánica Constitucional Ley N° 10.336 reglamenta sus atribuciones fundamentales, dentro de las cuales se contempla la facultad de realizar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa, regulando en extenso la posibilidad de evaluar la administración financiera del servicio fiscalizado y la documentación sustentadora, así como la facultad de formular proposiciones para la corrección de vicios que detecten (artículo 21 A).

Que de esta forma la actuación del ente contralor se ajustó estrictamente a dicha normativa al realizar la auditoría que derivó en el informe final tantas veces mencionado, y que los recurrentes le reprochan en su libelo.

Que asimismo la normativa ya mencionada es plenamente aplicable a la Municipalidad de Chillán por expresa remisión efectuada por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 50, la que debe complementarse con el Decreto Ley N° 1.263/75 Sobre Sistema de Control Financiero y las resoluciones administrativas del ente fiscalizador que son obligatorias para la administración del Estado.

9.- Que, de los decretos alcaldicios en que se ordena la restitución alegada como arbitraria e ilegal, se observa claramente una extensa fundamentación legal de los mismos, indicando expresamente la normativa aplicable, agregando como motivos la auditoría realizada por la Contraloría Regional de Ñuble, cuyo resultado, respecto de los funcionarios encasillados en la Ley N° 19.378, a través del informe final N° 626-2022, específicamente en lo que respecta al reajuste de la planilla suplementaria, instruyendo el ente contralor la regularización y las acciones necesarias para obtener los reintegros o restituciones correspondientes.

Lo expuesto permite concluir que los Decretos Alcaldicios de cada uno de los recurrentes se encuentran perfectamente fundamentados, motivados, razonados y fueron dictados dentro de las atribuciones propias de la Municipalidad, quienes innegablemente se encuentran supeditadas a la labor de fiscalización del ente contralor, ya sea a nivel central como local, y a las instrucciones por este impartidas, dado que se han dictado dentro de la esfera de las atribuciones de Contraloría y, en el caso de la Municipalidad recurrida, bajo la obligatoriedad de llevar a efecto las instrucciones impartidas por la primera.

10.- Que respecto a la alegación relativa a la irretroactividad del acto administrativo, es necesario recordar que el procedimiento a que da lugar la acción de protección es de naturaleza breve y concentrada, en modo alguno constituye una sede jurisdiccional declarativa de derechos, y por el contrario, ha sido instituida por el constituyente para adoptar en forma precisa e inmediata las medidas de resguardo necesarias para establecer el imperio del derecho, respecto de quien arbitraria o ilegalmente se ha visto privado del ejercicio de un derecho constitucional previamente vigente, indiscutido o indubitado, y que ha sido vulnerado o amagado por aquel en contra de quien se recurre.

11.- Que en consecuencia, en la especie, las alegaciones opuestas por los recurrentes no vienen sino a reforzar que se trata de una contienda que excede los términos posibles de discutir y resolver en el marco de la presente acción cautelar, desde que las proposiciones fácticas que constituyen el litigio exceden con mucho el ámbito de acción que al recurso de protección le corresponde, existiendo otro tipo de acciones jurisdiccionales, declarativas y de lato conocimiento, que en el marco de un proceso contradictorio y legalmente tramitado permiten resolver, con conocimiento de causa y con posibilidad de apreciar y valorar las pruebas presentadas por las partes, la cuestión que en el recurso se plantea, que en lo esencial dice relación con la declaración de derechos y con una jurisdicción especializada de carácter civil.

De esta manera, siendo concebido el recurso de protección sin perjuicio de otros derechos, y teniendo presente las exposiciones y fundamentos de las partes, corresponde el rechazo de la acción cautelar intentada, al no ser esta una vía idónea para resolver una cuestión como la actualmente controvertida entre las partes.

12.- Que, en el mismo sentido, el recurso de protección es una acción constitucional cautelar extraordinaria, en la que, sin forma de juicio, se amparan derechos fundamentales enumerados en el texto constitucional; presupone este la existencia de un derecho indubitado y preexistente que pueda ampararse, sin necesidad de declaración previa.

13.- Que en similar sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en causa rol 4586-2025.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en favor de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes.

Rol N° 1-2026-Protección. (acumulados roles 14-2026, 15-2026, 16-2026, 17-2026, 18-2026, 19-2026, 20-2026, 23-2026, 24-2026, 26-2026 y 27-2026- Protección).