nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

C.A. de Chillán Chillán, trece de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de Aleicarg Silgiani nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria al dictar la resolución exenta que ponga fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, presentada por la recurrente el 6 de Julio del 2023, vulnerando con ello la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022.

Señala que la recurrente, ingresó al país en calidad de turista, estando dentro cambia su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile y con fecha 6 de julio del 2023, solicitó la residencia definitiva, asignándosele el número de solicitud N° 65980778.

Refiere que su representada fue notificada de la solicitud previo rechazo por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la cual se le requería que acompañara informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos de registro anual de boletas con su respectivo timbre digital, documento que habría acompañado en tiempo y forma. Asimismo, con fecha 22 de enero del 2024, se le habría requerido efectuar el pago de derechos, lo que también habría cumplido.

En cuanto al derecho, luego de referirse a la admisibilidad del recurso, expone que las garantías y derechos constitucionales afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación de la solicitud de residencia definitiva.

Agrega que el obrar de la recurrida contraviene lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N° 19.980, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Sumado a ello, no procede aplicar la institución del silencio administrativo, así como caso fortuito o fuerza mayor, para justificar la demora de la autoridad migratoria.

Finaliza solicitando tener por interpuesto el recurso de protección, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo no mayor a 30 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

2°. - Que, al informar el abogado don Manuel Espinoza Belmonte, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, luego de efectuar una relación del historial migratorio de la recurrente, indica que con fecha 5 de julio de 2023, ésta realizó, mediante la plataforma digital, una solicitud de residencia definitiva, trámite al que se le asignó el ID N° 65980778.

Refiere que luego de un primer análisis de la solicitud y de ser derivada al pago de derechos, con fecha 18 de junio de 2024, la autoridad migratoria ordena subsanar y completar la documentación aportada, ya que no habría acompañado el informe anual de las boletas generadas durante los años 2022 y 2023.

Luego, con fecha 12 de agosto de 2024, al no presentar la extranjera el documento específicamente requerido, la solicitud entra en una etapa de Pre Rechazo, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para subsanar.

Que, solo desde el 16 de agosto de 2024, luego de que la recurrente remitiera documentación a efectos de subsanar su presentación, la solicitud pasa a las etapas sucesivas de Resolución y Revisión. Precisando que sólo desde esa fecha, 16 de agosto de 2024, la solicitud está completada y en estado de ser resulta por la Autoridad Migratoria.

Añade, en consecuencia, desde el día 12 de septiembre de 2024 hasta la actualidad, la solicitud entró a un periodo de “Firma” del proyecto de Resolución Exenta.

Argumenta que, estando la solicitud en tramitación, la vigencia de la cédula de la recurrente se extiende por el solo ministerio de la ley, pudiendo acceder a un certificado de residencia definitiva en trámite, el cual amplia la vigencia de la cédula de identidad para extranjero, certificado que tiene una duración de 180 días, pudiendo, posteriormente, solicitar una ampliación de dicho certificado –por otros 180 días-, sucesivamente, con lo cual se extiende la vigencia de la cédula de identidad, según lo señalado en el artículo 38 y 43 de la Ley 21.325.

En cuanto al derecho, explica que la solicitud de residencia definitiva de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. Junto a ello, la Ley 21.325 ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros. Así, conforme al artículo 43 de dicha ley todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional; el artículo 38 de la Ley N° 21.325 protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite; el artículo 43 inciso final, establece de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite. Situaciones reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Agrega que el Servicio, velando por el debido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 21.325 por parte de terceros, ha actuado de propia iniciativa, remitiendo los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y súper vigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite, dentro de dichas instituciones se encuentran la Comisión para el Mercado Financiero, la Excma. Corte Suprema, y la Superintendencia de Salud.

Sostiene, además, que la presente acción carece de eficacia, pues no hay ejercicio de un derecho indubitado, pues la parte recurrente no señala garantía constitucional alguna que denuncie vulnerada o conculcada. Se pretende identificar la demora de la resolución de su solicitud de permiso de residencia como una omisión de la autoridad, que por sí sola traería aparejada una serie de perturbaciones y dificultades en su vida cotidiana, subsumiéndola como una amenaza o vulneración a sus garantías fundamentes. De forma más específica ha identificado la conducta de la recurrida como un atentado contra su derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2.

Finaliza solicitando a esta Corte, el rechazo de la acción en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el rechazo a la condena en costas al Servicio.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°- Que, no puede soslayarse la forma y demora del Servicio Nacional de Migraciones en tramitar la petición de la recurrente, en consideración a que, efectuada su solicitud de permanencia definitiva el 6 de julio del 2023, el servicio recurrido después de casi un año -el 18 de junio de 2024- requiere documentación complementaria y ordena el pago de derechos, habiéndose efectuado el pago, según da cuenta documento acompañado por la recurrente, el 22 de enero de 2024, encontrándose la solicitud desde el 16 de agosto de 2024, en etapa de resolución, lo que implica que la misma, lleva más de 1 año en tramitación sin haberse emitido una resolución definitiva.

7°.- Que, en relación a la demora del Servicio de Nacional de Migraciones, si bien es cierto que la E. Corte Suprema ha señalado que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, ha dicho igualmente que “debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios”. (Considerando Décimo del fallo Rol N°251.682-2023 de 20 de marzo de 2024).

8°.- Que, en este sentido también ha sostenido el Máximo Tribunal que “aun cuando el término del artículo 27 ya citado se aplica con matices a la Administración por cuanto no basta para la ineficacia del procedimiento su sólo transcurso, sino también un análisis adicional de razonabilidad o justificación del exceso, ello no puede significar que el administrado quede entregado al arbitrio del órgano en cuanto a la duración del proceso. Dicho de otro modo, el cumplimiento del señalado término de seis meses, si bien no será suficiente por sí sólo para determinar una pérdida de eficacia del procedimiento, marca un hito a partir del cual podrá examinarse la razonabilidad y justificación de su extensión temporal, a la luz de los principios que deben regir la actuación administrativa, obligatorios para la Administración y que, además, tienen expresa consagración legislativa, según ya se expuso”. (Corte Suprema Rol N° 137.685-2022, de 28 de febrero de 2023).

9°.- Que, en el caso en estudio, aun cuando es entendible que el Servicio Nacional de Migraciones pueda tener una demora en resolver, atendida la carga y cantidad de solicitudes que llegan para su tramitación, no parece razonable que desde la fecha de presentación de la solicitud hasta esta fecha haya transcurrido más de un año y medio, sin haber tenido resolución, no existiendo tampoco en estos autos antecedentes que de alguna manera pudieran justificar la demora del Servicio antes señalada.

Tal demora no puede en ningún caso ser considerada como razonable, ya que el legislador estableció un plazo de seis meses para el término de los procedimientos administrativos, no siendo justificado exceder dicho plazo en los términos verificados en el caso de marras, sin estar tampoco acreditada de forma específica y concreta una causal de caso fortuito o fuerza mayor como la indicada en el mismo precepto. Ello implica infringir el principio de celeridad y conclusivo del procedimiento administrativo, establecidos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.880, así como la exigencia de razonabilidad de las decisiones de la Administración y la prohibición de abuso o exceso de potestades de la misma, según disponen los artículos 53 y 2° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

10°.- Que, según todo lo ya analizado, es posible concluir que la demora o dilación del Servicio Nacional de Migraciones es injustificada o irrazonable, afectando el legítimo derecho constitucional de la recurrente para obtener una respuesta a su solicitud, y por ende, su igualdad ante la ley establecida en el artículo 19° N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo dentro de un plazo razonable una respuesta formal, en la que se contengan los fundamentos conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

11°.- Que, como consecuencia de todo lo señalado, la presente acción constitucional necesariamente deberá ser acogida, debiendo la autoridad recurrida emitir su decisión dentro de un plazo razonable, como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de Aleicarg Silgiani nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de solicitud de Permanencia Definitiva N°65980778 presentada por la recurrente el 6 de julio de 2023, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

N°Protección-1-2025.

En Chillán, trece de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.