nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ARICA

Arica, veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece Esteban Basaure Bedregal, abogado, en representación de nombre reservado, ecuatoriano, médico, cédula nacional de identidad número RUT reservado, y deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Arica, por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar el recurso de reposición administrativo interpuesto en contra Resolución Exenta Nº 206 de uno de febrero de dos mil veintiuno, que ordenó la restitución de 2.749 Unidad de Fomento, correspondiente al monto total por concepto de gastos efectuados en la beca de especialidad médica.

Refiere que su representado quedó seleccionado para el programa de especialización médica del año dos mil diecinueve, suscribiendo el veintiocho de marzo del mismo año, por escritura pública, un convenio sobre derechos, obligaciones y garantías de becario en el programa de especialización, ingresando el uno de abril de dos mil diecinueve a la especialización médica de Cirugía General, impartida por la Universidad Católica del Norte.

Agrega que el plan de estudios contemplaba un período de seis semestres, no obstante, reprobó la asignatura de Cirugía General y Residencia, quedando eliminado del programa conforme al Reglamento de Especialidades Médicas. Como consecuencia de lo anterior se dictó Resolución Exenta Nº 206, notificada el cinco febrero de dos mil veintiuno, que entre otras cosas ordenó restituir la cantidad de 2.749 Unidades de Fomento y dejó establecido que la eliminación de la especialización se debió al rendimiento académico, deduciendo recurso de reposición respecto de la referida resolución el doce de febrero del presente año, con el fin de que se corrijan los montos calculados por el ente administrativo, toda vez que se contemplaron dineros que no recibió de forma efectiva, el que el once de marzo de dos mil veintiuno, por Resolución Exenta N° 507 fue rechazado por extemporáneo, indicando que el recurso había sido interpuesto el quince de febrero, por lo cual se encontraba fuera del plazo de cinco días contemplado en el artículo 59 de la Ley Nº19.880. Asimismo, sostuvo la resolución, que de acuerdo a la documentación tenida a la vista, los montos estarían correctos, y por consiguiente no existiría ningún error en el cálculo.

Agrega que según el artículo 25 de la Ley Nº19.880, los plazos que establece son de días hábiles, y se entienden inhábiles los días sábados, los domingos y festivos, los que se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate. Indica que el recurso fue deducido por correo electrónico, que tanto la recurrida como su parte validaron como medio idóneo de comunicación, siendo indispensable para garantizar su derecho de defensa, toda vez que en aquel entonces la ciudad se encontraba en la etapa uno del plan “paso a paso”, lo cual significó una limitación en el desplazamiento por la ciudad. Asimismo, señala que el correo electrónico fue dirigido a varios funcionarios del Servicio de Salud, pero principalmente a su oficina de partes.

Señala que sin perjuicio de la supuesta extemporaneidad de la reposición administrativa, la recurrida se pronunció paralelamente sobre los errores de cálculo reafirmando los montos fijados.

En cuanto a la impugnación de la suma de los estipendios que recibió durante la beca que se desarrolló entre los períodos de abril de dos mil diecinueve hasta mayo de dos mil veinte, indica que el literal b) de la cláusula tercera del convenio, señala que como el becario tenía derecho a percibir mensualmente una cantidad de dinero equivalente a la del sueldo base para un profesional funcionario que cumple una jornada diurna de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales, que traducido en concreto ascendió a $2.111.076, en el período dos mil diecinueve y a $2.170.186, durante el dos mil veinte, y el literal c) de la cláusula señalada precedentemente, establece que el becario tendrá derecho a que se le efectúen las cotizaciones previsionales correspondientes, para cuyo efecto se considerará como estipendio imponible. Por consiguiente, de acuerdo a los datos entregados por la institución previsional, alega que percibió la suma $16.888.608, hasta noviembre de dos mil diecinueve y $13.021.116, hasta que culminó su beca, lo que corresponde a la suma total de $29.909.724. Por otro lado, la entidad administrativa señala que en el mes de abril de dos mil diecinueve, percibió un estipendio de $4.092.958, lo que no figura dentro de los datos entregados por la AFP.

Sostiene que la arbitrariedad consiste en hacer un cálculo matemático que no se ajusta a la realidad, ya que el recurrente no recibió la suma dinero que se le imputa y en cuanto a la ilegalidad del acto, sostiene que el recurrido está realizando un cobro indebido, toda vez que hay una diferencia de 139 Unidades de Fomento que no se encuentran debidamente justificadas.

Estima vulneradas las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política y pide se ordene tomar todas las medidas que jurídicamente correspondan con el fin de reestablecer el imperio del Derecho, ordenando que se deje sin efecto, y que consecuencialmente se ordene dictar una nueva resolución administrativa en su remplazo.

Informó en su oportunidad la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, indicando que el uno de febrero de dos mil veintiuno, el Servicio de Salud Arica dictó la Resolución Exenta N° 206, por la que se puso término a la beca de especialización otorgada al recurrente y se dispuso la realización de las actuaciones de cobro y restitución de fondos que resulten pertinentes. Este acto administrativo tuvo a la vista las comunicaciones e informes que se enviaron de parte de la Universidad Católica del Norte, antecedentes que dieron cuenta de la reprobación en dos oportunidades de la asignatura de Cirugía General, lo que lamentablemente lo dejó eliminado del programa de especialización. Este último hecho es el antecedente principal para la dictación de la resolución referida. El once de marzo de dos mil veintiuno, se dictó la Resolución Exenta N° 507, por la que se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 206, que puso término anticipado a la beca de especialización que se le otorgó al profesional médico nombre reservado.

En cuanto al primer vicio que se alega en el recurso, que dice relación con el rechazo de la reposición administrativa por extemporánea, sostiene que si bien el Servicio determinó rechazar el recurso de reposición administrativo por considerarlo extemporáneo en virtud de los antecedentes tenidos a la vista en ese momento, la resolución atacada también se hizo cargo del asunto de fondo, cual es la diferencia de montos, de manera que aun en el hipotético caso en que el recurso haya sido interpuesto dentro de plazo, aún subsisten dichos argumentos de fondo.

En cuanto al segundo vicio alegado, que dice relación con la diferencia en los cálculos realizados, sostiene que el estipendio entregado al becario tenía el carácter de imponible, de manera que sobre dicho monto se realizaban los descuentos previsionales correspondientes, los que fueron pagados estrictamente en tiempo y forma. Sin embargo, de acuerdo a los cálculos del recurrente, solo correspondería hacer cobro de UF 2.610, y no de UF 2.749 como dejó establecido el Servicio de Salud Arica mediante su Resolución Exenta N° 206. Sin embargo, el recurrente llega a esa conclusión a través de un simple cálculo aritmético, consistente en recoger el certificado de remuneraciones imponibles que entrega su respectiva institución previsional, para sumar luego los montos que allí figuran. De esa manera arriba a la suma de $ 29.909.724, el que difiere de los $ 31.891.605, que determinó el Servicio de Salud tanto en su Resolución N° 206 como en la N° 507. Sin embargo, dicho método de cálculo no es el apropiado para la determinación de todos los gastos realizados por el Servicio ya que adolece de un error conceptual grave, y cita al efecto el artículo 29 y 98 letra d) de la Ley N° 15.076, sosteniendo que la Resolución N° 507, en su numeral decimoquinto expresa acertadamente que los montos indicados, esto es, los estipendios pagados, constan a través del documento denominado “Informe de funcionarios con rentas tributables, leyes sociales e impuestos”, el que es emitido por el Jefe de Remuneraciones del Servicio, y que también formó parte de los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de dictar la Resolución N° 206, en el que se puede observar que en el mes de abril de dos mil diecinueve al señor nombre reservado se le pagaron dos conceptos distintos, indicados como “1 Accesoria” y “2 Accesoria”, a diferencia de lo que ocurre en el mes de mayo de dos mil diecinueve, en el que el pago es uno solo y se le indica como “1 Normal”, lo que explica señalando que el pago realizado en el mes de mayo está completamente sujeto a imposiciones, mientras que en el mes de abril solamente uno de dichos montos lo está, específicamente el pago indicado como “2 Accesoria”, de un total de $ 1.981.881.- no estaba sujeto al pago de cotizaciones previsionales, por lo que muy difícilmente podría verse reflejado en el certificado de remuneraciones imponibles que acompaña el recurrente. Por lo anterior, no es de extrañar que la diferencia entre el monto que el recurrente alega ser el correcto y el que actualmente se encuentra cobrando el Servicio de Salud Arica sea precisamente el equivalente a este pago no sujeto a imposiciones previsionales, y que se entregó en virtud del artículo 29 de la Ley N° 15.076, por lo que el antecedente adecuado para la determinación del monto total de estipendios es el Informe que emana del Jefe de Remuneraciones del Servicio de Salud.

Finalmente, señala que de lo informado es posible concluir que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Servicio, no visualizando vulneración alguna a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° 507, de once de marzo de dos mil veintiuno, que rechaza su recurso de reposición por extemporáneo y que asimismo, sostiene respecto de los montos reclamados, que de acuerdo a la documentación tenida a la vista, estarían correctos y, por consiguiente, no existiría ningún error en el cálculo de los mismos, la que a su juicio conculca las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

CUARTO: Que, en cuanto al primero de los tópicos alegados por el recurrente, esto es, haber resuelto la recurrida que el recurso se dedujo en forma extemporánea, esta Corte tiene presente, en primer lugar, los propios dichos del recurrente, quien admite que “sin perjuicio de la supuesta extemporaneidad de la reposición administrativa, la recurrida se pronunció paralelamente respecto los errores de cálculo reafirmando los montos fijados”. Asimismo, del análisis de la resolución recurrida, se advierte que se rechaza el recurso de reposición por ser extemporáneo, agregando “sin perjuicio de las consideraciones efectuadas respecto del fondo del asunto”, de lo que se sigue que no existe perjuicio alguno para el recurrente en este aspecto.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el motivo precedente, conforme al estampado de recepción de la oficina de partes del Servicio recurrido y el folio asignado, se advierte que el recurso fue presentado materialmente en la oficina de partes el quince de marzo, sin embargo, conforme a la impresión de pantalla de envío de correo electrónico con el recurso de reposición efectuada por el recurrente, queda de manifiesto que éste se envió el doce de marzo, por lo que se podría concluir que efectivamente existe controversia en cuanto a la fecha de presentación del mismo, lo que a juicio de esta Corte no constituye un antecedente ostensible, toda vez que, aun estimando que el recurso se presentó dentro de plazo, y por tanto correspondía a la recurrida pronunciarse sobre el fondo del asunto reclamado, ésta igualmente, y a pesar de fundar su conclusión de extemporaneidad, entra al fondo de lo reclamado, pronunciándose sobre la materia impugnada, cual es la diferencia de los montos cobrados al becario, explicando la base de cálculos, antecedentes ponderados y normativa legal aplicable sobre la cual se fundó tal decisión, concluyendo que no existe una real diferencia en los montos cobrados, por lo que su actuar no ha sido contrario a derecho.

SEXTO: Que, como segundo hecho, la recurrente reclama que el cálculo matemático efectuado para realizar el cobro de la beca no se ajusta a la realidad, ya que no recibió la suma dinero que se le imputa, existiendo una diferencia de 139 Unidades de Fomento que, sin embargo, de acuerdo a lo expresado en su recurso correspondería a la suma de $1.981.998. Al respecto es dable señalar que la resolución impugnada señala en su numeral 14 los errores de cálculo en los que incurre el recurrente y luego en su numeral 15 agrega que los montos indicados se constatan en el “Informe de funcionarios con rentas tributables, leyes sociales e impuestos”, emitido por el Jefe de Remuneraciones del Servicio de Salud, el que acompaña a su informe y en el que se constata que el total de haberes por los catorce meses en que se pagó la beca, asciende a la suma de $31.891.605, de los cuales solo fueron imponibles $29.909.724, concordando la primera cifra con aquella incluida en la Resolución Exenta Nº 206 de uno de febrero de dos mil veintiuno, incorporada por concepto de “suma de los estipendios que recibirán en la beca”, lo que lleva a concluir que los montos que impugna el recurrente se encuentran debidamente justificados en la resolución referida, como asimismo en aquella que se impugnó y la diferencia de $1.981.998, corresponde a la suma de dinero recibida en el mes de abril de dos mil diecinueve que no estaba afecta a pago de imposiciones previsionales, pues fue entregada en virtud del artículo 29 de la Ley N° 15.076.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes expuestos en los motivos precedentes, permiten excluir algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad en la resolución recurrida, encontrándose debidamente fundamentados los montos de los estipendios cuya devolución se exige, además de haber sido dictada por el funcionario competente, actuando dentro de la esfera de sus facultades, razón por la cual no existe vulneración alguna a sus garantías constitucionales.

OCTAVO: Que, tampoco es posible calificar la resolución impugnada de arbitraria o carente de razón y/o de sentido, si ella misma expone y contiene los motivos que fundamentaron la decisión, que a su vez se ampara en la Ley N° 15.076 que establece un régimen general del sistema de becas para los funcionarios que indica, por lo que no puede estimarse arbitraria ni ilegal, en consecuencia, el recurso no puede prosperar.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Esteban Basaure Bedregal, abogado, en representación de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 99-2021 Protección.