Protección contra Ministerio del Desarrollo Social

Arica, veintiuno de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección en contra del Ministerio del Desarrollo Social, representado por don nombre reservado y en Arica por su SEREMI Roberto Erpel Seguel con domicilio en domicilio reservado, vulnerando con ello sus garantías constitucionales de los Nº 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 1 de abril del año 2008, comenzó a prestar servicios para la recurrida en calidad de contrata, grado 9º, en el cargo de analista de inversiones. Alude que el año 2015 asumió el cargo de Coordinador de Inversiones en la misma modalidad, pero con grado 5º. Sus contratas han sido renovadas de manera sucesiva con la única excepción de la que se recurre por este acto la Nº 0865 de 21 de noviembre de 2018.

Refiere que la recurrida dispuso la no renovación de su contrata para el año 2019 a través de la “Resolución Exenta 0865” de 21 de noviembre de 2018.

Expone que para el periodo calificatorio 2017-2018, obtuvo la nota 6.6 lista 1 de Distinción y precisa que durante los años anteriores siempre se ha mantenido en Lista 1.

La resolución que ordena no renovar la contrata para el período 2019, se fundamenta en lo siguiente:

Considerando:

Que, el señor nombre reservado cédula de identidad, RUT reservado, grado 5º E.U.S. de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio del Desarrollo Social, se desempeña en la Secretaría Regional de Arica.

Que, el señor nombre reservado actualmente se desempeña como Analista de Inversiones, Encargado de Asuntos Indígenas, Encargado de Chile de Todos y Todas en la Región. Considerando esas nuevas funciones hay evidencia que su trabajo ha sido de regular desempeño.

Que, en el comportamiento funcionario del señor nombre reservado se evidencian atrasos continuos en los meses de Febrero, Marzo y Abril, según reporte acreditado por el sistema SAP, del reloj digital de entrada y salida.

Que, durante el mes de marzo de 2018 y sin justificación registra un día de inasistencia, lo que se evidencia en el sistema SAP.

Que, como Encargado de Asuntos Indígenas en la región, su desempeño ha sido cuestionado por algunos usuarios externos, como por las comunidades indígenas. Así con fecha 4 de julio de 2018, se recibe en la SEREMI una carta de reclamo por parte de la señora nombre reservado, nombre reservado de la Comuna de Putre, en la que manifiesta su reclamo contra el señor nombre reservado como Encargado de la Comisión de seguimiento de la consulta indígena.

Que, por otro lado, al señor nombre reservado, se le encargó llevar a cabo la difusión y capacitación del concurso Chile de Todas y Todos, lo que efectuó recién con fecha miércoles 11 de julio, fecha tardía ya que el concurso llevaba publicado más de una semana.

Que, al mismo tiempo la mencionada actividad tenía programado realizar un coffe break, sin embargo el funcionario demostró indiferencia total para montar el servicio, razón por la cual el Coordinador de Inversiones junto a otro funcionario tuvieron que hacerse cargo del problema para evitar fallas en la organización del evento.

Que, ante las evidencias de incumplimiento, a fin de mejorar la gestión de la difusión del Concurso, que se encontraba con bastantes dificultades en su desarrollo, debido a que el encargado no estaba cumpliendo adecuadamente su tarea, debió nuevamente intervenir el Coordinador de Inversiones, teniendo que gestionar y elaborar en forma urgente una planificación de difusión para las organizaciones sociales, tarea que correspondía al señor nombre reservado.

Que, frete a los hechos acontecidos, el coordinador de Inversiones envía un correo de amonestación al señor nombre reservado.

Que, lo anterior significó que el señor nombre reservado cambiara de cargo, donde ha generado conflictos internos en contra de la Jefatura, complicando el quehacer del equipo de trabajo, involucrando a funcionarios de otras áreas.

Que, como se señala en el informe de desempeño del Coordinador del Área de Inversiones de la SEREMI de Desarrollo Social de Arica y Parinacota, don nombre reservado ha mantenido un constante mal desempeño en el desarrollo de sus funciones lo que repercute perjudicialmente en el avance de las gestiones de la Seremi de Desarrollo Social de Arica y Parinacota.

Que, el informe refiere respecto al bajo interés en las tareas encomendadas respecto al Fondo Chile Todas y Todos, del cual se desempeñaba como responsable, donde demostró poca flexibilidad, creatividad e innovación del funcionario, como a la mala capacidad de comunicación y organización del trabajo en equipo, lo que se evidenció a través de la queja formal.

Que, todo lo anterior, evidencia con claridad que el señor nombre reservado no ha demostrado tener las competencias para el cargo que actualmente desempeña, lo que sirve de fundamento para la no renovación de su contrata como se dirá.

RESUELVO:

No renovar para el año 2019, por las razones expuestas en los considerandos del presente acto administrativo, la designación a contrata de don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, grado 5º E.U.S. de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con desempeño en la Secretaría Regional de Arica y Parinacota.

El actor refuta cada uno de los puntos de la resolución que se impugna aludiendo que: su trabajo es excelente y prueba de ella es la renovación ininterrumpida los últimos diez años, no es efectivo que no tenga las competencias para el cargo, y la afirmación se sustenta en una relación de hechos que no son reales y que en todo caso ya fueron consideradas en su proceso de calificación 2017-2018 donde obtuvo nota 6.6 en Lista 1 Distinción. Además de no existir investigación sumaria o proceso administrativo en su contra ni sanción disciplinaria alguna. No es efectivo lo del reclamo de una usuario, al contrario no fue deducido en su contra, solo se le dirigió para que estuviera en conocimiento de tal, tampoco son efectivos las acusaciones del Coordinador si ello fuera así existiría algún proceso disciplinario en su contra, sus supuestos conflictos no son más que rumores y respecto del informe de desempeño, este formo parte del proceso calificatorio y no tuvo el mérito de generar una mala calificación.

Arguye que ninguno de los fundamentos del acto administrativo que se impugna no son efectivos amén de que no ha acreditado que no posea las competencias para el cargo al tratarse de un profesional con especializaciones en el área. En consecuencia, el actuar de la recurrida, vulnera el artículo 11 de la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, al carecer de fundamentación.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, dejándose sin efecto la “Resolución Exenta Nº 0865”, decretándose los actos pertinentes para el restablecimiento del derecho, con costas.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte, la recurrida opone en primer término la excepción de litispendencia del numeral 3 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil por la interposición del Recurso de Protección rol Nº 89988-2018 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por los mismos hechos, existiendo en consecuencia dos recursos de protección por la misma materia. Entrando al fondo del recurso señala que la Resolución Exenta Nº 0865, se dictó en el legítimo ejercicio de una potestad legal establecida expresamente en el Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, a los principios de juridicidad y racionalidad, artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, y artículo 2º de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en consecuencia, el acto que se impugna no es ilegal. Dicho acto además goza de una presunción de legalidad de conformidad al artículo 3º de la citada Ley Nº 19.880.

Agrega que el Decreto Nº 0865, contiene los fundamentos que determinaron su dictación, siendo fruto de un procedimiento reglado, que cumple con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y las instrucciones y criterios de la Contraloría General de la República.

Alude que el acto administrativo por el cual se designó en calidad de la funcionaria a contrata, tenía incorporada la fórmula, “mientras sean necesarios sus servicios”, expresión que enfatiza la transitoriedad del vínculo contractual del funcionario con respecto a la Administración. Asimismo, el artículo 3º letra c) del Estatuto Administrativo, define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. A su vez, el artículo 10 dispone que los empleos a contrata “(…) durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley (…)”.

Expone que las razones, para no renovar la contrata de la recurrente, se encuentran en la resolución que se impugna, existiendo una serie de antecedentes que dan cuenta de un deficiente desempeño e incumplimiento manifiesto de las funciones que les fueron encomendadas, la cual contiene todos los fundamentos tenidos en cuenta para adoptar la decisión de no prorrogar la contrata.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la dictación del Decreto Exento RA N° 0865 de 23 de noviembre de 2018, del Ministerio de Bienes Nacionales, que dispuso la no renovación del empleo a contrata de la recurrente.

CUARTO: Que, aun cuando la litispendencia no sea una excepción propia de un recurso de protección, muy por el contrario no resulta procedente deducirla en el marco de una acción de cautela constitucional, no es menos trascendente advertir que revisado el portal del poder judicial, aparece efectivo lo señalado por la recurrida en cuanto a que este mismo recurso fue deducido antes de interponerse en Arica en Santiago y versa sobre los mismos hechos, de suerte que habiendo prevenido en el conocimiento la Corte de Apelaciones de Santiago donde actualmente se encuentra en tramitación, esta Corte para evitar dobles decisiones omitirá pronunciamiento.

QUINTO: Que, en efecto si bien en el caso que nos ocupa conforme lo indica el artículo 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales resulta competente para conocer un recurso de protección la Ilustrísima Corte donde se ha generado el acto o el lugar que produce sus efectos, lo cierto es que atenta a lo dispuesto en los artículos 109 y 112 del Código Orgánico de Tribunales que consagra las reglas de competencia de fijeza y prevención determinan que al conocer el asunto una Corte de Apelaciones excluye a las demás, lo cual ocurrió en este caso, atendido que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago conoció de la acción constitucional con anterioridad, razón por la cual esta Corte carece de competencia para conocer y resolver el mismo asunto.

En consecuencia, en mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que este Tribunal es INCOMPETENTE para conocer del presente recurso, correspondiéndole a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Tribunal al que deben remitirse estos antecedentes para su conocimiento y resolución, por la vía más expedita. Ofíciese.

II.- Que atendido lo antes resuelto, se omite pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 978-2018 Protección.