nombre reservado con nombre reservado

Arica, treinta de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado dirigente y socio de la Asociación Gremial AGIMA A.G., con domicilio domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y la Secretaría Regional Ministerial de Economía, por vulnerar los numerales 1, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 16 de marzo del año en curso se comunica mediante publicación en Diario La Estrella de Arica, un llamado a reunión presencial, para realizar una asamblea en la Sede Gremial cerrada ubicada en El Teniente N°1755 de esta ciudad, reunión supuestamente permitida por las Seremias de Salud y de Economía previo contacto con Carabineros de Chile para el resguardo y cumplimiento de aforos que se permiten en esta ciudad, en la Fase 2 del Plan Paso a Paso del Gobierno, según los dichos de la recurrida y sin contar con autorización del Presidente de AGIMA A.G., don nombre reservado.

Indica que la realización de reuniones en el Plan Paso a Paso, en Fase 2 como lo está la ciudad de Arica, se prohíben reuniones al interior de un domicilio domicilio reservado personas; y que la sola Directiva vigente de AGIMA es de 9 personas.

Refiere que el comunicado fue expedido por el Directorio Subrogante, fundando en un acta de Asamblea Extraordinaria firmada por 15 socios, por lo que se informó a la mayoría de los socios que este llamado de Asamblea y Elecciones era irregular, puesto que dicho comunicado fue efectuado sin la autorización del Presidente de la Asociación ni de la Administración de la misma.

Asevera que el 26 de marzo de 2021, sin ningún resguardo y vulnerando los derechos de los socios -algunos de edad avanzada y con enfermedades crónicas-, se lleva a efecto la reunión para la elección de la Directiva para el período 2021-2023, vulnerando además lo establecido por la autoridad de salud en cuanto a prohibir este tipo se reuniones con un aforo no permitido.

Expresa que los actos cometidos por la recurrida nombre reservado, son arbitrarios e ilegales, al no haberse respetado las normas estatutarias que regulan el procedimiento, impidiendo con su actuar el derecho a voto, afectando la integridad psíquica y la honra.

Pide se acoja el presente recurso de protección y en definitiva se ordene dejar sin efecto los actos de Asamblea y Actos Eleccionarios vulneratorios, con costas.

Se hace parte en este recurso y bajo los mismos términos nombre reservado.

Evacúa informe, nombre reservado, quien en lo referente a las medidas sanitarias señala que la Asociación cuenta con una nómina no actualizada de 43 socios, 28 de los cuales mantienen contacto por WhatsApp y que solo 19 de ellos han participado de forma activa en las últimas 3 elecciones, por lo que es fácil guardar los aforos permitidos. Las reuniones, tanto de coordinación como la elección se realizaron en la vereda frente a la puerta de la sede gremial, es decir, un espacio abierto, con todas las medidas sanitarias establecidas, ello en razón de que la sede se encuentra “tomada” por nombre reservado y el recurrente nombre reservado.

Indica que en cuanto a las autorizaciones, se acercó a las oficinas de la Seremi de Salud para obtener información de resguardo de los participantes y solicitar los permisos pertinentes, lo cuales no fueron emitidos por cuanto a la autoridad solo le compete la fiscalización del Plan Paso a Paso, además concurre a la Tercera Comisaria para informarse sobre las condiciones que debían cumplir y solicitar su apoyo pata controlar el orden y mantenimiento de los aforos correspondientes.

Expone que el recurrente no es Presidente ni representante de los asociados y que su dirección corresponde al terreno colindante de la sede de la Asociación Gremial y que se solicita la devolución del local a los socios, representados por la nueva directiva.

Informando la Secretaria Regional Ministerial de Salud, señala que sólo se autorizan aquellas actividades que se ajustan a lo establecido en la normativa sanitaria vigente y medidas incluidas en el Plan Paso a Paso, elaborado por el Ministerio de Salud, incluidos en el documento Actualización de la Estrategia Gradual “Paso a Paso nos cuidamos” de 12 de marzo de 2021.

Manifiesta que conforme al Paso 2, Transición, fase en que se encuentra la ciudad, se prohíbe la realización de eventos públicos y excepcionalmente, se permite la asistencia a funerales y en cuanto a reuniones, el aforo máximo autorizado es de 20 personas se éstas se efectúan al aire libre y de 10 personas, si aquéllas se realizan en un ligar cerrado, esta medida excluye las reuniones en residencias particulares, respecto de las cuales el aforo es aún más reducido.

Desmiente categóricamente haber otorgado autorización alguna a la recurrida.

A su turno informa, nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de Arica y Parinacota y expone que el recurrente afirma que nombre reservado habría llamado a una reunión presencial para realizar una asamblea en la sede gremial, sin contar con la autorización de quien figuraba a la fecha como presidente de la Asociación Gremial de Industriales Menores de Arica- AGIMA A.G., señor nombre reservado, y que, además, habría contado con la autorización de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de Economía, Fomento y Turismo para llevar a cabo la asamblea en comento. Asimismo, se habría contactado con Carabineros de Chile para resguardo y cumplimiento de los aforos de la fase 2, en que se encontraba Arica a esa fecha.

Asevera que no ha otorgado autorización alguna, ni verbal ni por escrito, a nombre reservado, ni a ningún otro requirente, para la realización de juntas presenciales y que no cuenta con atribuciones legales que le permitan autorizar un requerimiento de este tipo. A mayor abundamiento y debido a la pandemia la política de la Unidad de Asociaciones Gremiales y de Consumidores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha propendido el desarrollo de asambleas remotas, promoviendo el uso de sistemas tecnológicos, emitiendo para ello los Ord. N° 2453, de 18 de marzo de 2020, Ord. N° 3977, de 28 de mayo de 2020, Ord. N° 5729, de 19 de octubre de 2020, todos de la Unidad de Asociaciones Gremiales y de Consumidores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y el Ord. N° 1066, de 29 de marzo de 2021, de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Indica que sostuvo una reunión, solicitada a través de la Ley del Lobby, por nombre reservado, el 31 de marzo de 2021 -fecha posterior a la realización de la asamblea cuestionada- en la que se le entregaron antecedentes relativos a la elección, los que fueron debidamente recepcionados y remitidos a la Unidad de Asociaciones Gremiales y de Consumidores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para su revisión.

Refiere el 23 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 21.239, que prorroga el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19; establece que el mandato de los integrantes del directorio de las asociaciones gremiales, cuya vigencia hubiere vencido durante el tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública o por el tiempo en que éste fuere prorrogado, o que se haya cumplido su vigencia en los tres meses anteriores a su declaración, se entenderá prorrogado hasta los tres meses siguientes de que el estado de catástrofe referido, o su prórroga, haya finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente.

Expresa que de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley N°2.757, de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en particular los artículos 4°, 6°, 7° y 21, corresponde al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Unidad de Asociaciones Gremiales y de Consumidores de la División de Asociatividad y Cooperativas, fiscalizar a las asociaciones gremiales en cuanto al cumplimiento del mencionado decreto y las normas contenidas en el estatuto social de la respectiva entidad, pudiendo requerir los antecedentes que estime pertinente en el ejercicio de su función fiscalizadora, junto con llevar un registro de las asociaciones gremiales y la nómina de los directorios de cada una de ellas. Requerida la información respecto de la Asociación Gremial de Industriales Menores de Arica- AGIMA, ésta se encuentra inscrita bajo el número de registro N°1912 y su personalidad jurídica se encuentra vigente desde el año 1989. Consta que el último directorio, cuyo registro fue solicitado a dicha División el 19 de marzo de 2019, se encuentra integrado por don nombre reservado (presidente), don nombre reservado (vicepresidente), don nombre reservado (secretario general), don nombre reservado (prosecretario), doña nombre reservado (tesorero general), don nombre reservado (protesorero), y don nombre reservado (director), cuya vigencia se extendía hasta el 31 de marzo de 2021.

Señala que no obstante, lo anterior, se remitieron a la División los antecedentes relativos al acto eleccionario del órgano directivo de la aludida entidad gremial correspondiente al periodo 2021-2023, conforme a una Asamblea Extraordinaria que se indica se habría celebrado con fecha 26 de marzo del presente año, cuya recepción no puede ser entendida, razonablemente como una aceptación de su contenido. Del examen de los antecedentes acompañados y el estudio de sus estatutos, se observó el incumplimiento de ciertas formalidades y/o disposiciones del estatuto social, como que el acta de asamblea no contiene las firmas de quienes corresponden, según lo dispuesto por el artículo 42 de los estatutos, que será el Presidente quien deberá presidir las reuniones del directorio y de la asamblea general de socios, junto con formar las tablas para las mismas, lo que no se habría cumplido, en este caso (artículo 30), toda vez que es posible determinar que nombre reservado (socia desde 2014) es quien actuó invocando una calidad de “coordinadora del acto eleccionario” -figura que no se encuentra reconocida en los estatutos-, convocando y presidiendo la asamblea general de socios, en circunstancias que el artículo 41 de la normativa social dispone que las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas por el presidente o quien lo subrogue o por el directorio.

Señala que no se deja constancia acerca de la forma en que fue constituida la asamblea general de socios, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 38 de los estatutos, además se advierte una disconformidad entre la hora señalada en la citación publicada en el diario la estrella y la hora en que se efectuó la asamblea según registro contenido en acta, la que se habría llevado a cabo una hora antes de la citación formal realizada, lo cual podría haber influido en los derechos de los socios a participar de la asamblea y en el ejercicio de su voto respecto de las materias sometidas a conocimiento de esta, al participar diez afiliados, de un total de cuarenta y cuatro socios, de los cuales, cuatro corresponden a miembros del órgano directivo vigente.

Finalmente indica que sin perjuicio de la revisión de las formalidades que debe efectuar la División de Asociatividad y Cooperativas respecto de los antecedentes que se le remiten para su registro, el órgano competente para conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial es el Tribunal Electoral, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 N° 2 de la Ley N° 18.593, y que al 15 de abril se verificó que el proceso eleccionario en comento no ha sido objeto de reclamo ante el mencionado tribunal.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la convocatoria presencial para realizar dos asambleas en la sede gremial, la primera de coordinación y la segunda de elección, en contravención a los estatutos sociales, vulnerando los derechos de los socios a participar en la Asamblea y en el ejercicio de su voto respecto de las materias cometidas al conocimiento de ésta, además con infracción de la normativa sanitaria vigente, en circunstancias que encontrándose la ciudad de Arica en fase dos del plan de contingencia, no es posible realizar la referida junta por exceder el aforo máximo.

Cuarto: Que, conjuntamente parte para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía tiene el carácter de indubitado, cual es el de efectuarse una convocatoria a elecciones por quien está facultado conforme los estatutos de la asociación, que para este caso es el presidente de la misma, lo que en la especie no sucedió, toda vez que la elección fue emplazada por quien carecía de facultades, lo que se ve confirmado por el informe del Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Arica y Parinacota quien, entre otros hechos, afirma que la elección fue llamada por la recurrida sin contar con la autorización del presidente don nombre reservado, sin la autorización de su servicio.

Quinto: Que, el referido informe señalado precedentemente agrega que la directiva vigente de la asociación ha prorrogado su mandato de acuerdo lo ha dispuesto la Ley N° 21.239, hasta tres meses posteriores a la validez del estado de excepción vigente en el país, detallando a partir del acápite II numeral 5 una serie de incumplimientos de formalidades y disposiciones del estatuto social que pugnan en contra de todo el proceso eleccionario, originadas desde sus convocatorias.

Sexto: Que, tampoco se acreditó por la recurrida haber contado con la autorización de la Seremi de Salud para efectuar tal acto eleccionario, lo que en todo caso conforme al Paso 2, Transición, fase en que se encuentra la ciudad, se prohíbe la realización de eventos públicos.

Séptimo: Que, de lo expuesto aparece que respecto de la Secretaria Regional Ministerial de Salud y de la Secretaria Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, ambas de la Región de Arica y Parinacota, esta Corte no avizora vulneración a las garantías constitucionales reclamadas por el recurrente, toda vez que ambas secretarias han actuado dentro de las esferas de sus atribuciones y con estricto apego a la legislación, por lo que a su respecto se debe desestimar la presente acción constitucional. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de la recurrida nombre reservado, la que con su actuar ilegal y arbitrario ha vulnerado derechos indiscutidos y preexistentes de los recurrentes, de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger por esta vía cautelar urgente, cuales son los de ser convocados a elecciones conforme los estatutos de la asociación a que pertenecen en la oportunidad reglamentaria correspondiente, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser acogida sólo en cuanto se dirá en la parte resolutiva de la sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional deducida en contra de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de Economía, Fomento y Turismo, ambas de la Región de Arica y Parinacota y SE ACOGE el recurso de protección deducido en contra de doña nombre reservado y se ordena dejar sin efecto las convocatorias a elecciones de la Asociación Gremial AGIMA A.G. así como todos los actos posteriores a aquellas.

Redactada por el Abogado Integrante señor Mario Palma Sotomayor.

No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de permiso administrativo de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol 95-2021 Protección