nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ARICA (HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOÉ CREVANI)

Arica, catorce de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado, cirujano dentista, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio de Salud de Arica, denunciando como acto ilegal y arbitrario el haber sido presionada para inocularse con la vacuna contra el COVID-19, con vulneración de las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1°, 2°, 4°, 6° y 9° inciso final del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que se desempeña como cirujano dentista en el Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, recinto dependiente del Servicio de Salud de Arica, y que de manera sistemática, el Servicio recurrido la ha conminado ilegalmente a vacunarse contra el virus Sars-2 mediante llamados, comunicados y una carta, pese a que la vacunación es experimental y de carácter voluntario, sin considerar la libertad de conciencia y el consentimiento informado, precisando que las presiones culminaron con una llamada telefónica de su jefe directo el pasado 18 de noviembre, insistiendo en que debía vacunarse.

Invoca un dictamen de la Dirección del Trabajo, que dispone que el empleador no podrá impedir el ingreso de los dependientes a su lugar de trabajo invocando la falta de vacunación contra el Covid-19, lo que ha sido refrendado por el propio Ministerio de Salud.

Cita profusamente diversos estudios y antecedentes de carácter médico para argumentar la existencia de riesgos reales y efectos secundarios negativos para las personas que se inoculen contra el virus y que justifican su negativa a la inoculación.

En cuanto a las garantías que estima conculcadas, invoca el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la libertad de conciencia, y el derecho a elegir libremente el sistema de salud, aseverando que las constantes llamadas y mensajes que ha recibido para que se vacune constituyen una amenaza para el libre ejercicio de tales derechos. Invoca además la vulneración a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, por cuanto el Hospital Regional de Arica no tiene competencia para imponer arbitrariamente la vacunación a sus empleados. Por último, sostiene que las llamadas y otros medios de presión constituyen una grave afectación al respeto de la vida privada y la honra de la persona, por cuanto asume que la recurrente importa un riesgo de contagio, obligándola a vacunarse sin derecho a objeción o excusa científica alguna.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando que se deje sin efecto de inmediato la presión constante impuesta a la recurrente para vacunarse contra el Covid-19, además de cualquier otra medida que esta Corte estime pertinente.

En su oportunidad, evacuó informe el Servicio recurrido, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con costas. Niega categóricamente que el Servicio o su personal haya incurrido en presiones o amenazas en contra de la recurrente para lograr su inoculación, destacando que la notificación informativa de 27 de octubre que acompaña en su recurso y que fue enviada al personal de salud, tuvo por objeto dar a conocer a los funcionarios que se encuentra disponible de forma gratuita la vacuna contra el SARS COV2, con el fin de que puedan acceder a la inoculación si así lo desean.

Critica la vaguedad de los hechos expuestos en el recurso, pues no se indica con precisión cuáles son los actos que adolecerían de ilegalidad o arbitrariedad, negando que se haya realizado la llamada telefónica con presiones y amenazas que se expone en el libelo; y por otra parte, el mismo defecto le imputa a la relación que se expresa en el recurso en cuanto a las garantías constitucionales que habrían sido vulneradas, sin embargo, niega que su parte haya incurrido en algún acto ilegal o arbitrario susceptible de afectar las garantías constitucionales de la recurrente. Asimismo, atendida la imprecisión de la época en que habrían ocurrido los hechos, reclama la extemporaneidad del arbitrio.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, los actos considerados por la recurrente como ilegales y arbitrarios corresponden a las presiones sistemáticas a las que habría sido sometida por el Servicio de Salud recurrido, consistentes en llamadas telefónicas, comentarios y el envío de una carta, con el fin de que se inoculara contra el virus COVID-19, pese a que la vacunación es de carácter voluntario.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, además del mérito de los documentos acompañados, se advierte que los hechos referidos a presuntos hostigamientos y coacciones perpetrados en contra de la recurrente para que se sometiera a la referida vacunación no han sido acreditados en forma alguna en esta sede, más aún teniendo en consideración que el único antecedente relacionado con los hechos denunciados corresponde al denominado “Notificación Informativa Vacunación SARS-Cov2 Personal de Salud”, instrumento firmado por la recurrente, y cuyo tenor es el siguiente: “Estimado funcionario(a), en referencia al contexto de alerta sanitaria nacional por pandemia COVID-19 y con el propósito de brindar protección ante un posible contagio con el virus, evitando la infección o la enfermedad, se informa a usted, que se encuentra disponible en forma gratuita la vacuna contra el SARS-COV2, favor comunicarse con la Unidad de Salud del Personal, al anexo 58-4179”.

De la lectura de dicho documento, se constata su carácter meramente informativo, dando a conocer a los funcionarios la disponibilidad gratuita de la vacuna en comento, sin que pueda calificarse de ilegal o arbitrario, por no constituir por sí solo un acto de acoso u hostigamiento para obtener la vacunación de la recurrente, y los restantes documentos acompañados tampoco contribuyen al establecimiento de los hostigamientos denunciados, motivos por los cuales la presente acción constitucional deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Arica.

II.- Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada. Comuníquese.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 936-2021 Protección.

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