nombre reservado con CAR S.A.

Arica, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece Fernando González Vásquez, abogado, en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en esta ciudad, y deduce recurso de protección en contra de CAR S.A, persona jurídica del giro de emisores y operadores de Tarjetas de Crédito no bancarias, por perturbar de manera arbitraria la garantía constitucional contemplada en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente mantiene una deuda con CAR S.A, la que se encuentra con sus pagos al día, sin embargo, ha sido expuesto a un acoso mediante llamados telefónicos constantes y reiterados a todas horas del día, compeliéndolo a repactar la deuda, a pesar de que se encuentra al día, ofreciéndole a tomar formas de pago que a la larga resultan más onerosas, a lo que se ha negado en reiteradas ocasiones y a pesar de aquello los llamados continúan y se han intensificado.

Señala que el acoso ha sido sostenido por lo menos a contar del mes de marzo del año dos mil veintidós, acrecentándose con el tiempo, recibiendo innumerables llamadas diariamente, acción que le perjudica sicológicamente, ya que como abogado utiliza su teléfono como herramienta de trabajo, llegando a recibir llamadas siete veces en un día y veinticinco veces en una semana, situaciones intolerables que lo obligaron a cambiar su número de celular. Sin embargo, a pesar de no contestar las llamadas de su número antiguo, estas quedan como perdidas, pudiendo detectar a través de una aplicación el origen de las mismas.

Agrega que al parecer la empresa que realiza los llamados tiene un computador de llamadas ya que todos los números que lo han contactado son distintos y al tratar de comunicarse con ellos nadie responde.

Sostiene que los hechos descritos constituyen una vulneración a la integridad psíquica, ya que al ser llamado insistentemente en cualquier horario, se ha visto perjudicado económica y mentalmente debido a la presión que dicha conducta implica, perjudicando su diario vivir y de su familia. Cita al efecto la sentencia ROL N° 4767-2013 de la Excelentísima Corte Suprema, en cuanto al ejercicio abusivo del derecho de la recurrente.

Pide que se ponga término al constante acoso telefónico realizado por la recurrida para modificar la obligación adeudada, con costas.

Informó en su oportunidad la recurrida solicitando el rechazo del recurso, en primer lugar atendido a su falta de fundamentos, pues controvierte todo lo expuesto por el recurrente, excepto la existencia de la referida deuda, afirmando que no existe antecedente alguno en que se funde la acción, pues lo único acompañado son impresiones de pantalla de una o dos llamadas diarias contestadas y una perdida, realizadas de números desconocidos controvirtiendo que correspondan a la recurrida, llamadas que además dan cuenta de teléfonos celulares y teléfonos fijos y en algunas se puede apreciar “último uso Movistar Chile” y en otras, como la del día veintiuno de abril del presente año a las 17:42 horas, “último uso Wom Chile”, lo que permite concluir que no son llamadas efectuadas por la misma empresa, pues mantienen proveedores de servicios de telecomunicaciones distintos.

Agrega que la recurrida corresponde a una empresa consolidada, con un gran nivel de tecnicismo y profesionalización, en que los procesos de cobro son prácticamente automáticos, siempre ajustados a los parámetros legales y jurisprudenciales.

En segundo lugar alega que en la especie, no concurren los supuestos para la procedencia del recurso de protección, esto es, un acto u omisión arbitraria o ilegal, que el recurrente sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales y que las garantías sean de aquellas que el articulo 20 enumera en forma taxativa, pues las gestiones de cobranza extrajudicial que realiza su representada, son ajustadas a derecho y en algunos casos, la propia ley le ordena realizar ciertas acciones de cobranza e información, como es el caso del artículo 37 de la Ley Nº 19.496 en su letra g) números 4 y 5.

Sostiene que en relación con la supuesta vulneración a la integridad psíquica no se vislumbra la manera en que la recurrida habría provocado la afectación que se le imputa por el solo hecho de cobrar una deuda, mucho menos una perturbación a su vida familiar, resultando inverosímil considerar que por un par de llamadas al día, que controvierte correspondan a su representada, una persona sufra económica y mentalmente como sostiene el actor.

En tercer lugar alega la extemporaneidad del recurso, atendido a que el propio recurrente indica literalmente: “este acoso ha sido sostenido por lo menos a contar del mes de marzo del año 2022, y ha ido acrecentándose con el tiempo”, de lo que se puede concluir que el recurrente no indica una fecha cierta de inicio de la supuesta acción u omisión, careciendo el recurso de los requisitos para que prospere y además plantea que la situación ocurre al menos desde marzo, es decir, plantea la posibilidad de abordar también el mes de febrero, resultando claro que el recurso fue interpuesto fuera del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Pide que se rechace el recurso de protección con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO;

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, previo al análisis del fondo del asunto, corresponde hacerse cargo de la extemporaneidad planteada por la recurrida. Dicha alegación debe ser rechazada, considerando que el plazo para la interposición del recurso de protección es de treinta días, planteando la recurrente que el acto considerado ilegal y arbitrario tuvo lugar en el mes de marzo, ingresando el recurso a esta Corte el veintisiete de abril y siendo descrito el acto como de carácter reiterativo y permanente en el tiempo, es dable concluir que el presente arbitrio ha sido interpuesto dentro del plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

CUARTO: Que, despejado lo anterior, para resolver la controversia planteada cabe consignar que en la especie el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario, corresponde a los llamados realizados por la recurrida de manera insistente y abusiva a fin de obtener la repactación de una deuda que se encuentra a día, llegando a llamar siete veces diarias, afectando la integridad psíquica del recurrente.

Por su parte la empresa recurrida niega haber realizado las llamadas que se le imputan, afirmando que todas sus actuaciones se han ceñido a la legislación vigente.

QUINTO: Que, habiendo sido controvertido por la recurrida el presupuesto fáctico del arbitrio impetrado, corresponde analizar los antecedentes de prueba que permitan dar por acreditados los mismos. Al efecto, la recurrente acompañó imágenes correspondientes a capturas de pantalla en que se visualizan registros de llamadas entrantes y perdidas, no siendo posible constatar que efectivamente haya sido su teléfono el que recepcionó las llamadas que se indican en los registros acompañados, como tampoco es posible concluir que las llamadas denunciadas como abusivas hayan sido realizadas por la recurrida.

SEXTO: Que, en virtud lo indicado precedentemente, no se cumplen los presupuestos necesarios para que el presente recurso de protección pueda prosperar, debido a que no se está en presencia de hechos indubitados o indiscutidos, que afecten derechos que merezcan ser garantizados a través de éste recurso constitucional de carácter extraordinario y de urgencia.

Que, en efecto, como se señaló, no se encuentra debidamente acreditados que los llamados que la recurrente dice haber recibido hayan sido efectuados por la recurrida, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional.

SÉPTIMO: Que, en nada altera lo concluido, las imágenes de capturas de pantalla que acompaña la recurrente a folio N° 9 el quince de mayo en curso, en las que según se indica, aparecen identificados los números telefónicos a través de una aplicación en la que el propio usuario puede denominar libremente al número de la llamada entrante o mensaje recibido, situación que por lo demás fue discutida por la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la empresa CAR S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 933-2022 Protección.