nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES

Arica, quince de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada para estos efectos en la XV Región Policial Arica y Parinacota, por el Prefecto Inspector don nombre reservado, por el hecho de habérsele rechazado por la Junta de Apelaciones de dicha Institución, el 5 de noviembre de 2018, el recurso interpuesto en contra de la decisión de incluirlo en Lista 4 “Mala” e integrando por ese hecho la Lista Anual de Retiros año 2018, incurriendo con ello en un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 2°, 3° inciso quinto, 16° y 24° de la Constitución Política de la República de Chile.

Sostiene que el 1 de febrero de 1997 ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile, en calidad de Oficial Policial, teniendo en la actualidad el grado de Subcomisario.

Expone que tal como ocurre con todos los funcionarios públicos, los integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile son calificados anualmente, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de julio del año siguiente, para cuyo caso rigen las normas del D.F.L. Nº 1, de 1980, Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y el Decreto Nº 28 de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Calificaciones, además de leyes supletorias.

Agrega que, participan del proceso tres tipos de Juntas Calificadoras:

1) Juntas Calificadoras Zonales –que van de la 1ª a la 5ª, las que agrupan regiones;

2) Junta Calificadora de Altas Reparticiones; y 3) Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

Y que, además, existe una Junta de Apelaciones.

Los Oficiales Policiales de grados de Subcomisario, Inspector, Subinspector y Detective, son calificados por las Juntas Calificadoras Zonales. En su caso, fue calificado por la Junta de la 1ª Zona Policial, sede Iquique, que califica a funcionarios de la Iª, IIª, IIIª y XVª Regiones.

Manifiesta que conforme se desprende de los artículos 54 y 59 del Estatuto del Personal, el proceso calificatorio es el conocimiento, estudio y valoración de la conducta funcionaria, idea reiterada por el Reglamento, en los artículos 9, 25 y 35.

Señala que la calificación tiene dos perspectivas: como procedimiento (a través del cual se contemplan las etapas, órganos y defensas que asisten a los funcionarios calificados); y, como valoración de la conducta funcionaria (consistente en atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta diversos elementos o juicios).

En cuanto a la calificación como procedimiento, se debe considerar que las etapas del proceso consisten, básicamente, en:

a) una evaluación preliminar, a cargo del jefe directo del calificado quien sólo propone notas para cada factor, y que se elevan a la Junta Calificadora respectiva;

b) la etapa de calificación propiamente tal, acto que corresponde a cada Junta, tras lo cual se clasifica al funcionario en Lista 1, de Mérito, 2 Buena, 3 Regular, o 4 Mala; y, c) finalmente, la Junta de Apelaciones, que sesiona en caso de disconformidad con la calificación y/o clasificación.

Y, en relación a la calificación como valoración de la conducta, consiste en la apreciación del comportamiento funcionario, basado en las constancias consignadas en su Hoja de Vida Anual, desde donde se extraen los antecedentes necesarios para apreciar el desempeño, aptitudes y cualidades exigidas al funcionario. En efecto, sostiene que el artículo 58 del Estatuto del Personal, establece que la calificación se hará basada en los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida y demás antecedentes que estime útiles al efecto. Para dichos efectos, la Hoja de Vida Anual es un documento Reservado, destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la Institución, dentro del período calificatorio correspondiente (artículo 13, Reglamento de Calificaciones).

Manifiesta que en el proceso de Calificación y Clasificación de 30 de agosto de 2018, la Honorable Junta de Calificación de la 1ª Zona Policial, incurrió en un acto arbitrario e ilegal, al calificarlo en Lista 4 “Mala”, incluyéndolo en la Lista Anual de Retiros 2018. En efecto, alega en primer lugar, la existencia de incoherencias en la determinación de la calificación propuesta y la decisión final; luego, que no se consideraron los antecedentes positivos que da cuenta su hoja de vida funcionaria y, finalmente, que existió una falta de fundamentación en la decisión adoptada. Arbitrariedad e ilegalidad que, además, mantuvo la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones, en su decisión de 5 de noviembre de 2018 al resolver el recurso de apelación deducido por su parte.

En relación a las incoherencias, esgrime que la decisión de 30 de agosto de 2018, de la Honorable Junta de Calificación de la 1ª Zona Policial, en una primera parte refiere que “…luego de conocer, estudiar y evaluar su informe de calificación, H.V.A y recurso presentado ante ella, interpuesto en tiempo y forma, acuerda rechazarlo por no aportar antecedentes suficientes que permitan modificar la calificación propuesta por su jefe directo…”, y posteriormente concluye que: “por tanto, esta Junta, en mérito de los antecedentes resuelve mantener la calificación propuesta por su Jefe Directo, en los siguientes factores, como sigue…”. Lo anterior da cuenta de una clara divergencia, no siendo un error superficial, en la medida que primeramente desestima sus alegaciones, rechazando su reclamación, por no aportar antecedentes que varíen la calificación propuesta por su jefe directo, manteniendo dicha propuesta, pero acto seguido, sin justificación alguna, termina modificándola al rebajar los factores 1 “Espíritu de Cuerpo” y 2 “Disciplina”, de nota 4 a 3 en cada uno de ellos.

En cuanto a los aspectos positivos de su hoja de vida funcionaria, sostiene que si bien reconoce que las Juntas Calificadoras son órganos dotados por el ordenamiento jurídico de la potestad para evaluar la conducta funcionaria, aquella discrecionalidad no puede ser ejercida con la finalidad de adoptar decisiones arbitrarias e ilegales, como acontece en el presente caso, en la medida que la decisión de la Honorable Junta Calificadora y de la Honorable Junta de Apelaciones desatendieron los aspectos positivos de su hoja de vida, bajo el argumento que se tratan de meros datos de carácter informativos, sin perjuicio de ello, pondera - para rebajar su calificación - la medida disciplinaria adoptada en el mes de mayo de 2018, por hechos que acontecieron en el año 2014, conforme lo previene el artículo 4 del Reglamento de Disciplina de la Policía de Investigaciones. En efecto, respecto de dicho procedimiento administrativo sancionador y el acto administrativo terminal, que le impuso la sanción, alega su decaimiento, en la medida que los hechos datan del año 2014, habiendo una dilación irracional e injustificable del proceso sumarial, conforme lo dispone el artículo 18 del Decreto Supremo N° 1, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones, en relación a lo dispuesto en 135 del Estatuto Administrativo (que fija el plazo máximo de resolución de los sumarios administrativos en sesenta días), y artículos 27 y 53 de la Ley N° 19.880, que Establece la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (en relación al plazo de seis meses de duración del procedimiento y de dos años para su invalidación por razones de legalidad, respectivamente). Decaimiento que, además, ha sido reconocido por la jurisprudencia - en los autos rol N° 8.682-2009 y 28.400-2015 – como un mecanismo de extinción de un acto administrativo provocado por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil y abiertamente ilegitimo. En razón de ello, sostiene que considerar la sanción por un hecho que aconteció cuatro años antes constituye una alteración al proceso de calificaciones, el cual tiene por finalidad evaluar la conducta del funcionario dentro del período de un año, más aún cuando, en su caso, las calificaciones correspondientes a los años 2017 y 2016 lo ha sido sobresaliente y en Lista 1, de Mérito; y que el año 2015 lo fue en Lista 2, Buena.

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación, manifiesta que la Honorable Junta Calificadora y Honorable la Junta de Apelaciones desatendieron tanto su recurso de reclamación como el de apelación, sin fundamentar adecuadamente su decisión, limitándose a señalar que no aportó los antecedentes suficientes que permitan modificar la calificación propuesta por su jefe directo, incumpliendo con ello su deber de fundamentación consagrado en los artículos 26 y 41 del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones. Sin perjuicio de ello, en relación a la rebaja de su calificación adoptada por la Honorable Junta Calificadora, respecto de los factores 1 “Espíritu de Cuerpo” y 2 “Disciplina, de nota “4” a “3” en cada una de ellas. Respecto del primer factor, alega que la rebaja se sustentó en consideraciones a las actitudes y conductas que dieron origen a los antecedentes que registra en el período a evaluar, vale decir, argumentando de forma genérica, sin que exista un razonamiento que lleva concluir la necesidad de rebajar la calificación propuesta por su jefe directo, que dé cuenta de la falta de compromiso con la misión, objetivos y doctrina de la institución; y, del segundo factor, sostiene que el argumento de no haber dado cabal cumplimiento al concepto del deber, faltado a las obligaciones funcionarias inherentes al cargo, lo que denota en una falta de identidad con la Institución, sólo se funda en el hecho de registrar en su hoja de vida una sanción por hechos de 2014, no siendo evaluada su conducta durante el período.

En cuanto al derecho, esgrime que el acto ilegal y arbitrario imputado a la Honorable Junta Calificatoria y a la Junta de Apelaciones, afecta las garantías constitucionales de los numerales 2; 3, inciso cuarto; 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La de igualdad ante la ley, en la medida que la decisión adoptada por la recurrida ha carecido de razonabilidad y fundamentación suficientes, en la medida que ha resultado discriminado en relación a otros funcionarios respecto de quienes han sido evaluados en mérito de todos sus antecedentes.

La de ser juzgado por comisiones especiales, ello en atención a que el sumario administrativo de que fue objeto, atendido su decaimiento, se encontraba imposibilitado de continuar su prosecución, resultando ilegal la decisión final, al haber adoptado por una comisión especial.

Finalmente en relación a la libertad del trabajo y el derecho de propiedad, en la medida que la decisión adoptada por la recurrida vulnera su derecho a seguir ejerciendo sus funciones como personal de la Policía de Investigaciones, debiéndosele resguardar su empleo.

Por las anteriores consideraciones, pide que se declare que se han vulnerado sus derechos constitucionales fundamentales y se adopten las medidas de resguardo necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

En su oportunidad, informó en representación de la recurrida, la abogada, doña MARÍA INÉS WISE DÍAZ DE LA VEGA, alegando, en forma previa, la improcedencia de la acción constitucional de protección, toda vez que la presente acción cautelar se encuentra reservada para restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales de carácter urgente, por lo que lo pretendido en el libelo del recurrente resulta ajeno a dicha finalidad proteccional, puesto que aquella no constituye una nueva instancia administrativa.

En relación al proceso calificatorio del recurrente nombre reservado, afirma que fue notificado el 1 de agosto de 2018, de la calificación efectuada por su jefe directo, con la nota de 5,21 y clasificado en Lista 3 regular, manifestando en aquella oportunidad que no se encontraba conforme con dicha calificación, por lo que dedujo recurso de reclamo ante la Junta Calificadora I Zona Policial.

Luego, sostiene que la Junta Calificadora, estudiando y evaluando el informe de calificación y hoja de vida anual, acordó - primeramente - rechazar el reclamo por no aportar antecedentes que permitan modificar la calificación propuesta por el jefe directo y, después, teniendo presente la medida disciplinaria de ocho días de permanencia en el cuartel impuesta por resolución de 26 de abril de 2018, las diez anotaciones de mérito y trece constancias positivas consignadas en su hoja de vida, durante el proceso calificatorio, resolvió no mantener la calificación propuesta por su jefe directo, modificando los factores 1 “Espíritu de Cuerpo” y 2 “Disciplina”, fundándolo debidamente, siendo calificado con nota 5,07 y clasificado en Lista 4 Mala.

En efecto, fundamenta la rebaja en el factor “Espíritu de Cuerpo”, en consideración a las actitudes y conductas que dieron origen a los antecedentes que registra en el período a evaluar, demostrando no haber cumplido a cabalidad con su deber funcionario, dejando de cumplir con la misión, objetivos y doctrina institucional, faltando al deber que corresponde como Oficial Policial, demostrando con ello falta de identificación con la Institución, no cumplir con la promesa de servicio, el Código de Ética, y afectar con su accionar la imagen de la Policía de Investigaciones de Chile; y, respecto del factor 2 “Disciplina”, en mérito a la sanción vertida en su Hoja de Vida Anual, donde demuestra no haber dado cabal cumplimiento al concepto del deber, faltando a sus obligaciones funcionarias inherentes a su cargo, pues su conducta denota una falta de identidad con la Institución, con el compromiso de servicio y la ética profesional, apartándose de la doctrina y misión de la PDI. Y así también, por el incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que demuestra el funcionario.

Hace presente que la medida disciplinaria de “OCHO DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, fue impuesta por Resolución (R) N° 338-2014/61-2018, de fecha 26 de abril de 2018, de la Subdirección Operativa, recaída en Sumario Administrativo N° 338-2014, de la Prefectura Provincial El Loa, notificada al recurrente el 8 de mayo de 2016, que se encuentra afirme, por afectarle responsabilidad administrativa, por cuanto quedó demostrado que “al haber sido designado en comisión de servicio mediante Resolex N° 113 de fecha 19.FEB.014, de la Prefectura Provincial El Loa, entre los días 21 al 28.FEB.014 a la avanzada San Pedro de Atacama, con el fin de ejercer control migratorio, durante su estadía, estampó en el pasaporte de la ciudadana Boliviana nombre reservado timbraje de sello N° 12, tanto en la entrada como salida, con fecha 27.FEB.014, e igualmente replicó dicha acción al consignar en la tarjeta migratoria de esta persona, solamente el timbraje de entrada asociado al N° 12 con fecha 27.FEB.014, sin que ella estuviere presente ese día en dicho control fronterizo, con el propósito final de ampliar su estadía en el territorio nacional. De igual forma registró en el sistema informático de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, tanto el viaje de salida como de entrada de nombre reservado, en un lapso de 16 minutos en total, travesía que es imposible de realizar, dado que el viaje fue cronometrado entre la avanzada de San Pedro de Atacama e Hito Cajones de Bolivia, arrojando como resultado más de una hora de recorrido de ida y vuelta. Además, asoció el viaje de nombre reservado a la Placa patente DPRT-81 que corresponde a un vehículo de pasajeros de la empresa Colque Tours, sin embargo, como se acredita en base a las relaciones de pasajeros de ese vehículo, la ciudadana boliviana no aparece registrada en los listados de pasajeros, por lo que ese día no abordó ese medio de transporte. Y Finalmente, no haber adoptado el procedimiento de rigor en su calidad de oficial contralor migratorio, dado que esta mujer se encontraba infringiendo el Reglamento de Extranjería, por lo cual su documentación debió ser retenida y denunciada ante la autoridad administrativa, lo cual no sucedió, debido a que el funcionario no se percató que la visa de la mujer no se encontraba registrada en el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Calama, infringiendo con ello el Artículo 103 del Reglamento de Extranjería Título IV del Registro y la Cédula de Identidad. Incumpliendo con ello el Decreto Ley N° 1094 el cual establece normas sobre extranjeros en Chile, Título I, “De los Extranjeros”, párrafo 2, relativo a la entrada y residencia, Artículo 10, Inciso 1, que señala: “Corresponde a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto les impone, como asimismo, denunciar ante el Ministerio del Interior, las infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las demás medidas señaladas en este decreto ley y en su reglamento. Y las faltas contempladas en el reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Título II, “DE LAS FALTAS”, artículo 6 N° 3 “Contra el Buen Servicio” letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”. Y Letra f) “Declarar ante cualquier funcionario o autoridad hechos falsos u ocultar detalles intencionadamente para tergiversar la realidad de lo sucedido”.

Finalmente, indica que la Honorable Junta de Apelaciones, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el recurrente, resolvió rechazarlo el 5 de noviembre de 2018.

Respecto de los argumentos dados por el recurrente, aquel referido a la falta de congruencia que habría incurrido la Junta Calificadora al rechazar el recurso de reclamación, afirma que primeramente - dicho órgano - resolvió el rechazo del recurso de reclamación y, acto seguido, resolvió modificar la calificación propuesta por el jefe directo del recurrente, todo lo cual lo hizo dentro del marco de sus competencias y atribuciones conforme lo disponen los artículos 59 y siguientes del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en relación con el artículo 36 del Reglamento de Calificaciones del referido personal, en el sentido que pueden rever las evaluaciones y calificaciones, y modificarlas con los debidos fundamentos, cuando estimen que la calificación no guarda relación con dichos antecedentes, por lo que no resulta ilegal ni arbitraria la decisión adoptada en dicho aspecto.

En relación a la alegación de haberse desestimado sus antecedentes positivos registrados en la respectiva hoja de vida anual del recurrente, sostiene que la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 12.837, de 2017, ha precisado que las constancias positivas de la hoja de vida anual, revisten un carácter informativo y son parte de los diversos datos que examinan los órganos calificadores, que no limitan sus facultades para evaluar el comportamiento laboral de un determinado empleado, no obligan a otorgar un mejor puntaje, por lo que no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada por la Junta Calificadora y la de Apelación, al considerar aquellas constancias positivas sólo como un antecedentes informativo de la conducta del recurrente.

En cuanto a la consideración de la medida disciplinaria de 8 días permanencia en el cuartel, impuesta el año 2018, respecto de hechos que datan del año 2014, expone que la misma se estampó en la hoja de vida anual del recurrente el 26 de abril de 2018, una vez que se dio término al sumario administrativo incoado en su contra, de modo que la consideración de aquella, a efecto de calificación del recurrente, se ajusta plenamente a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4 del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones, que prescribe que las faltas administrativas establecidas en proceso investigativos sólo podrán ser consideradas para la calificación, cuando existe resolución firme debidamente notificada al afectado, de modo tal que ninguna ilegalidad o arbitrariedad se avizora a su respecto.

Finalmente, advierte que no existiendo acto ilegal o arbitrario que imputar a su representada, corresponde el rechazó del recurso, sin perjuicio de no haberse incurrido en ninguna privación o perturbación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en relación a la alegación de improcedencia de la acción, fundada en su naturaleza cautelar, que no constituye instancia administrativa, se rechazará, ya que basta tener en consideración que el artículo 20 de la Carta Fundamental otorga acción de protección a todo aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías allí enumerados, y el recurrente indicó las garantías constitucionales que estima se han vulnerado con la resolución contra la cual recurre.

SEGUNDO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, -esto es-, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, -o arbitrario-, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes –protegidas-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, el recurrente hace consistir el acto arbitrario o ilegal, en la resolución dictada el 5 de noviembre de 2018, por la Junta de Apelaciones de la recurrida, que rechaza el recurso de apelación interpuesto por el recurrente en contra de la calificación que le efectuó la Junta Calificadora de la 1ª Zona Policial, la que lo clasificó en Lista 4 “Mala”, con nota 5,07.

QUINTO: Que, son hechos que constan del recurso, y que conviene considerar para la resolución del asunto, los siguientes:

a) El 1 de agosto de 2018, el recurrente nombre reservado fue notificado de su calificación el Lista 3 regular, con Nota 5,21, del período calificatorio comprendido entre el 01 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, efectuada por su Jefe Directo.

d) En el procedimiento calificatorio del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la Honorable Junta Calificadora de la 1ª Zona Policial, luego de conocer el reclamo deducido por el actor, estudiar y evaluar su informe de calificación, primeramente resuelve rechazarlo, y acto seguido, teniendo presente la sanción impuesta en el sumario administrativo Rol 338-2014, impuesta el 26 de abril de 2018, las anotaciones de mérito, anotaciones positivas y evaluaciones mensuales del recurrente, decide rebajar la nota correspondiente a los factores 1 y 2, calificándolo con Nota 5,07 y clasificándolo en Lista 4 Mala.

e) El 6 de septiembre de 2018, el recurrente presentó recurso de apelación en contra de dicha Calificación, ante la Honorable Junta de Apelaciones de la recurrida.

f) El 5 de noviembre de 2018, la Junta de Apelaciones, resuelve el recurso, rechazándolo. Esta es la resolución contra la que se recurre.

SEXTO: Que, el inciso primero del artículo 4º del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone que: “En la calificación deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere”. Agrega la norma, en su inciso segundo que: “Sin embargo, las faltas administrativas establecidas mediante sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. En ningún caso un mismo hecho podrá considerarse en más de un proceso calificatorio.”

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes detallados en el raciocinio quinto que antecede, se desprende que el sumario administrativo Nº 338-2014, que sancionó al recurrente, concluyó el 26 de abril de 2018, siendo notificado al afectado el 8 de mayo de 2018, por lo que no se incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, al ser considerada dicha sanción, en el período calificatorio comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018, ya que de conformidad con lo que dispone el inciso 1º del artículo 4º del Reglamento de Calificaciones del Personal de la PDI, que dispone que una vez firme el sumario podrá ser considerado al momento de calificar.

OCTAVO: Que, de igual manera la calificación en lista 4 del recurrente, se ajustó a lo que dispone en artículo 66 del D.F.L 1 de 1980 del Ministerio de Defensa, que establece el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, toda vez que los actos administrativos que contienen dicha decisión, aparecen debidamente fundamentados, en lo fáctico y jurídico, sin que se avizore la contradicción propuesta por el recurrente, en la medida que primeramente se pronuncia acerca del reclamo a la calificación del jefe directo, para luego abocarse a la calificación propiamente tal, considerándose todos los elementos que da cuenta su hoja de vida, en los términos a que se refiere el artículo 59 de la indicada norma estatutaria, por lo que en estas condiciones, no puede estimarse que exista un acto ilegal ni menos arbitrario cometido por la institución recurrida, del que aparezcan vulneradas las garantías constitucionales referidas en el recurso, por lo que no cabe sino el rechazo de la presente acción.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, en relación a la alegación referente al decaimiento del acto administrativo que impuso la sanción en el proceso sumarial, es dable advertir que aquella no fue objeto de la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 931-2018 Protección.