nombre reservado con nombre reservado

Arica, dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece Mauricio Alberto Rodríguez Lamilla, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Sinla nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Agripina nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Hibert nombre reservado y nombre reservado, y dedujo recurso de protección en contra de los miembros de la directiva de la comunidad pro indiviso nombre reservado y Otros, o Comunidad De Putre, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Estima conculcado el derecho de propiedad de los recurrentes, garantizado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por no rendir cuentas en los plazos establecidos por el estatuto que regula su funcionamiento, lo que no se realiza desde el año 2014, como así mismo la no realización de elecciones que deberían efectuarse cada dos años, y que desde el 2017 no se han realizado y una serie de actos tendientes a evitar su salida de dicha administración.

Indica que el 9 de abril de 2001, se reducen a escritura pública los estatutos de constitución de la comunidad de Putre, quedando establecido que se organizan con miras a conservar y explotar racionalmente los bienes comunes, con miras a una distribución regular de los beneficios y una repartición proporcional de sus deudas y respecto al periodo de rendición de cuentas se establece cada seis meses.

Señala que el 3 de octubre de 2014 se escogió a la directiva compuesta por nombre reservado, Yucra, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y el 24 de junio del 2017 se escogió a la directiva compuesta por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Nicasio nombre reservado, y desde esa última fecha no se ha realizado ningún proceso electivo, ni tampoco ninguna rendición de cuentas en circunstancias que nombre reservado, realizó la compra de derechos y acciones a sus hermanos Elías, Segundo , Jorge y Jessica, todos con apellidos nombre reservado, por un monto total de 303.000.000 millones de pesos, entre el 24 y 26 de noviembre del 2014 justamente en la fecha de revocación de la directiva anterior compuesta por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, existiendo una pugna de legitimidad entre ambas directivas respecto a su actualización realizando ambos una serie de actos tendientes a hacer retiro de una de las dos cuentas bancarias con las que cuenta la comunidad, esgrimiendo para ello las necesidades de los comuneros as golpeados por la pandemia, existiendo la causa en Rit 0-7248-2019 en Tribunal de Garantía de de Arica en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado por apropiación Indebida, quienes son parte de una de las directivas en disputa.

Afirma que ambas directivas no están legitimadas debidamente ya que no han presentado en ningún momento rendición de cuentas apegado a los plazos y formas de sus estatutos, solo apegándose a la estructura formal de los actos y no así de los contenidos, ya que solo se realizan el llamado a reunión de comuneros, si efectuar ni el llamado a elección de directivas, ni mucho menos la entrega de rendiciones pendientes, acciones que conculcan el derecho de propiedad de los comuneros.

Agrega la falta de transparencia respecto a los procesos eleccionarios realizadas durante la última década, la no realización de ningún acto eleccionario en los últimos 5 años, han transgredido el derecho de cada comunero a ser elegido, a elegir, a votar por una determinada directiva. Además, la no entrega de rendiciones en los plazos establecidos para estos efectos por la comunidad proindiviso, ante solicitud de comuneros en las fechas establecidas en sus estatutos para su realización y la negativa de las directivas en ejercicio a su entrega de dichas rediciones que no se realizan de manera establecidas y estando pendientes desde el 2014, la poca claridad de uso de los dineros de la comunidad por parte de las directiva actual, y ante la imposibilidad de tener claridad, que no se han realizado a título personal compras con dineros de la comunidad en cuotas vendidas por otros miembros de la comunidad, por parte de integrante de directiva de administración, en la compra de derecho de la comunidad para beneficio propio, han provocado una falta de legalidad, confiablidad, carencia de transparencia grave, que constituye una privación y limitando de su derecho de propiedad, debido a que no se han cumplido los parámetros mínimos para que la comunidad y sus integrantes tengan una participación activa en el ejercicio de sus derechos.

Pide que se ordene la realización de elecciones de una nueva directiva por los medios legales correspondientes, que se realice la rendición de cuentas completa y se paralicen cualquier acto jurídico, movimientos bancarios o cualquier otra decisión que afecte el patrimonio económico de la comunidad contra las directivas, o aquellos que se autocalifican como tal con costas.

Informó en su oportunidad el recurrido nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso con costas, indicando que no es parte del Directorio en ejercicio de Ia Comunidad de Putre y que los directores en ejercicio son nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por lo tanto no tiene facultades de administración alguna. En cuanto a la presunta vulneración de Ia garantía constitucional del derecho de propiedad, referida a la no rendición de cuentas, señala que ello es materia de un juicio civil sobre rendición de cuentas y no es materia de un recurso de protección, así como las demás peticiones referidas a elecciones periódicas y otras supuestas infracciones que son materia de lato conocimiento y que son competencia de los tribunales ordinarios de justicia.

En su oportunidad, evacuó informe el abogado Mario Palma Sotomayor en representación de los recurridos nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, todos en sus calidades de directores o administradores de la Comunidad de Putre o Comunidad nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción de protección con expresa condena en costas, por ser éste extemporáneo, afirmando que también es improcedente por carecer de un derecho indubitado susceptible de ser reclamado por esta vía, negando alguna ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de sus representados.

Expone que es efectivo que los recurrentes son comuneros de la Comunidad nombre reservado o Comunidad de Putre y que en la asamblea de 27 de octubre de 2013 fue elegido el último directorio integrado por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, los que se han mantenido durante todo este tiempo por diversas razones, entre las cuales se cuentan, asambleas frustradas por falta de quórum para elegir al tribunal o comisión electoral, los numerosos actos destinados por algunos comuneros a hacer fracasar las asambleas, como la elección de nuevos directores, concretamente, la que fracasó el 21 de diciembre de 2018 a raíz de la toma violenta de la sede de la Comunidad, en que su sede fue saqueada y que produjo la pérdida de toda la documentación administrativa y contable de la misma. Agrega que Al actual directorio presentaron sus renuncias nombre reservado y nombre reservado y el director nombre reservado no fue reelegido para la directiva de 2014 en adelante. En consecuencia, de un directorio de cinco integrantes, permanecen vigentes en sus cargos tres directores, los señores nombre reservado, nombre reservado y la señora nombre reservado.

Indica que, sin embargo, que el actual directorio ha rendido cuenta de su gestión al menos en dos oportunidades, siendo la última la ocurrida en asamblea de 18 de agosto de 2018, no pudiendo realizarse nuevas asambleas por los problemas originados por la revuelta de octubre de 2019 y la crisis sanitaria posterior, que alcanza hasta nuestros días.

Respecto a la causa penal a la que se hace referencia en el recurso, por los delitos de administración desleal o fraudulenta y apropiación indebida ante el Tribunal de Garantía de Arica, RIT N° 7248 2019, afirma que no es efectivo que se encuentre en actual etapa de investigación, sino que el 15 de septiembre de 2021 el Juzgado de Garantía de Arica tuvo por comunicado el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar por el Ministerio Público, sin que se llegara a la etapa de formalización ni de decretar medidas cautelares.

Agrega que en lo referente a la compra de acciones y derechos por parte del director don nombre reservado, todos los derechos que adquirió de su padre, correspondiente a algo más del 4% del total de la comunidad, lo fue por la suma de $300.000 por los derechos y acciones en los cuatro pastales y no la suma de 300 millones de pesos.

Sostiene en primer lugar que el recurso es extemporáneo toda vez que los actos reclamados corresponden a la falta de elecciones de una nueva directiva y de rendición de cuentas, lo que no se ha podido concretar por causas que no le son imputables, sin embargo, la comisión electoral fue elegida por la última asamblea de comuneros de 2018, por lo que a su juicio, el arbitrio resulta ser extemporáneo, agregando además que el directorio anterior terminó sus gestiones en octubre del 2014.

Agrega que, además, el recurso de protección es absolutamente improcedente pues no se encuentra dirigido a cautelar derechos indubitados de los recurrentes que hayan sido objeto de vulneraciones evidentes y palmarias por parte de sus representados, simplemente se pone en evidencia el conflicto que existe entre un grupo de comuneros y la actual directiva, primero se reclama por rendiciones de cuenta que se han efectuado en la medida de la posible, pero que no vulneran derecho de propiedad alguno y además se reclama la falta de elecciones, las que no se han podido realizar, no por hechos imputables a sus representados. Señala que el procedimiento de urgencia propio del recurso o acción de protección de autos no es el idóneo para conocerla, probarla y resolverla, siendo necesario un proceso ordinario y contencioso, en el que se discutan las cuestiones planteadas por los recurrentes.

Finaliza indicando el acto impugnado tampoco es ilegal o arbitrario, pues en el caso concreto la falta de una elección o de una rendición de cuentas sólo se ha visto retrasada porque no han podido celebrarse asambleas de comuneros, más no por el mero arbitrio, capricho o ilegalidad de sus representados que de todos modos han cumplido con las declaraciones de renta anuales de la Comunidad ante el Servicio de Impuestos Internos.

Informó en su oportunidad el recurrido nombre reservado, pidiendo el rechazo del recurso con costas. Indica que fue elegido administrador pro indiviso de la Comunidad nombre reservado y Otros o Comunidad de Putre por sentencia judicial dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, el día 29 de septiembre de 2006, en autos Rol C-10881-2006, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, junto a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, permaneciendo en dicho cargo hasta el año 2013, época en que se eligió un nuevo directorio, mediante asamblea efectuada el 27 de octubre de 2013, el que quedó compuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Señala que desde el año 2013 no forma parte de la directiva o administración.

Agrega que el recurso es improcedente, por cuanto todos los hechos en que se fundamenta tienen, como medio de resolución, otras acciones previstas en la legislación dispuestas para conocer la controversia existente entre comuneros, no siendo materias de un recurso de protección y a su juicio, los hechos alegados por los recurridos no constituyen una vulneración de su derecho de dominio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

PRIMERO: Que la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, previo al análisis del fondo del asunto, corresponde hacerse cargo de la extemporaneidad planteada. Dicha alegación debe ser rechazada, considerando que el propio recurrido admite que al menos, uno de los hechos en que se funda el recurso es efectivo, esto es, la no realización de elecciones de una nueva directiva para la comunidad, que por tanto como omisión impugnada se mantiene en forma permanente hasta la actualidad. En consecuencia, el presente arbitrio ha sido interpuesto dentro del plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

TERCERO: Que, despejado lo anterior, y para resolver la controversia planteada, cabe consignar que en la especie, 29 comuneros han ejercido este recurso de protección con el fin que se ordene al Directorio de la Comunidad nombre reservado o Comunidad de Putre, la realización de elecciones de una nueva directiva por los medios legales correspondientes, rendición de cuentas completa y la paralización de cualquier acto jurídico, movimientos bancarios o decisión que afecte el patrimonio económico de la comunidad.

CUARTO: Que, de acuerdo a lo consignado en el motivo anterior los actos y omisiones que sirven de fundamento al recurso no pueden ser discutidos en la presente acción constitucional, sino que deben ser objeto de un juicio de lato conocimiento en el cual las partes pueden rendir prueba con el fin de acreditar sus pretensiones, y así poder determinar si el actuar de los recurridos ha vulnerado sus propios acuerdos y reglamentación sobre el funcionamiento de la comunidad, en consecuencia, la presente acción constitucional no es la vía idónea para resolver el presente conflicto.

QUINTO: Que, respecto de los recurridos nombre reservado y nombre reservado, en sus informes niegan pertenecer a la actual directiva de la comunidad, antecedentes corroborados por los recurridos nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, quienes afirman detentar la calidad de directores o administradores de la Comunidad de Putre o Comunidad nombre reservado, motivo por el que el recurso no puede en caso alguno prosperar respecto de los dos primeros nombrados.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, respecto de los recurridos nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, admiten que las elecciones y rendición de cuentas se han visto retrasadas por motivos que no les son imputables, tales como las limitaciones provocadas por la emergencia sanitaria, mas no por un mero arbitrio, capricho o ilegalidad, desconociendo la controversia alegada por el recurrente en cuanto a la legitimidad de la directiva en ejercicio, existiendo un claro conflicto al respecto, lo que lleva a concluir que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia de la acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido Mauricio Alberto Rodríguez Lamilla, en representación de 29 comuneros de la comunidad pro indiviso nombre reservado y Otros o Comunidad de Putre, en contra nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 919-2021 Protección.