Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

Arica, diez de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, representada por don nombre reservado por no renovación de su contrata, ello con vulneración de las garantías consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes de contexto, da cuenta que ingresó a trabajar a la Municipalidad como profesional a honorarios el 13 de febrero de 2017, calidad que mantuvo hasta el 31 de julio de ese año, siendo luego contratado bajo modalidad de Código del Trabajo entre el 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y luego, entre el 01 de enero de 2020 al 12 de junio de 2022, como encargado del mantenimiento de espacios públicos. Luego, entre el 13 de junio de 2022 y el 12 de diciembre de 2022 asume una suplencia de un cargo titular del estamento de jefatura de la municipalidad, y luego el 07 de diciembre de 2022 fue nombrado a contrata a partir del 13 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año, en el cargo del estamento profesional, no variando su calidad en el escalafón de profesionales en la dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la comuna.

En cuanto al acto recurrido, señala que el acto recurrido debe ajustarse a las prescripciones de la Ley 19.880, que asegura el principio de imparcialidad y de fundamentación del acto administrativo, la que debe ser racional, indicando que el acto recurrido no contiene ninguna fundamentación respecto de la decisión que contiene el acto, lo que es contrario a lo dictaminado por la Contraloría General de la República, ratificado por la Excma. Corte Suprema en relación a la confianza legítima y la fundamentación de los actos administrativos.

En relación con el fondo, señala que el decreto alcaldicio sostiene que sus funciones no están efectivamente estipuladas, configurando una infracción al principio de ilegalidad de los actos administrativos, y que debe desempeñar en las funciones específicas, ello no es efectivo, puesto que en su claridad de jefe del Departamento de Mantenimiento de Espacios Públicos, dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Arica, siempre demostró que ejercía las referidas funciones, como ocurría en su firma puesta en los correos electrónicos institucionales, agregando que departamento que dirige está estableció formalmente en el artículo 87 del Reglamento de Funciones y Estructura Orgánica de la Municipalidad de Arica, departamento que sigue funcionando a la fecha y que fue ocupado por otra persona, lo que evidencia la necesidad y funciones del mismo, ultimas que se encuentran en el referido reglamento.

Así, el acto incurre en un vicio de motivación defectuosa por motivación aparente al no contener una motivación real, al no dar cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión y solo intenta dar cumplimiento formal a la exigencia de motivar, sin utilizar fundamento, más cuando la contrata se extendió por un año y dos meses en virtud de más de dos renovaciones consecutivas, con lo que se torna en arbitrario, vulnerándose de esta manera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 numeral segundo de la Constitución, al no advertirse razón para el tratamiento distinto en su caso al no renovar la contrata, respecto de otros casos en que si se ha respetado el principio de motivación suficiente, citando asimismo el numeral tercero inciso quinto de la carta fundamental, y del mismo modo el numeral 24 de la misma disposición, puesto que se afecta el derecho de propiedad en relación a las remuneraciones que debía percibir al menos durante 2025.

Del mismo modo cita el principio de confianza legítima, en relación con que los actos de la administración se mantendrán estables y no serán modificados de manera arbitraria, principio que se asocia con el de seguridad jurídica establecido en el artículo 7 de la Constitución.

Tras reiterar que ha mantenido continuidad laboral con la recurrida desde 2017, señala que se afecta la igualdad ante la ley al haber sido desvinculado por haber sido contratado por la administración anterior, sin cuestionar sus informes, evaluaciones o la legalidad de su desvinculación.

A su vez, con relación al derecho de propiedad, señala que tiene un derecho “al cargo” mientras dure su ejercicio, lo que se encuentra reconocido estatutariamente en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Además, tiene incorporado a su patrimonio los derechos correspondientes a su remuneración hasta el fin de su contratación, en este caso, hasta el 28 de febrero de 2025, al cual sólo puede ponérsele término por causa debidamente fundada, lo que no se aprecia en la especie.

Tras citar jurisprudencia al efecto, solicita se acoja el recurso y se adopten las medidas para revertir la decisión de la recurrida, disponiendo que se deje sin efecto el término anticipado de la contrata mediante el Decreto Alcaldicio N°1524/2025 de 28 de enero de 2025, se le reincorpore en el cargo y se ordene pagar las remuneraciones, con costas.

En su oportunidad informó la parte recurrida, dando cuenta del historial laboral de la recurrente, iniciando en cargos a honorarios, luego bajó el Código del trabajo, suplencias de plantas y finalmente a contrata, a través de 12 decretos de nombramientos, entre el 13 de diciembre de 2022, siendo el último el que media entre el 01 de enero de 2025 al 28 de febrero del presente año.

Da cuenta del contenido del decreto que puso término a la contrata, donde se señala la normativa que rige los empleos a contrata, indicando que se encuentra debidamente fundamentado el acto, principalmente en los considerandos 22 al 28, donde se da cuenta de la necesidad de rebajar el gasto de personal a contrata, al excederse del límite legal, y que además, respecto de su función, no estaban efectivamente estipuladas, infringiendo el principio de legalidad de los actos administrativos, por lo que no pudiendo realizar la evaluación de las competencias para los objetivos con los que fue contratado, al no existir parámetros ni funciones determinados, es que aquello justificó su no renovación.

Tras citar jurisprudencia respecto al principio de deferencia en relación con este tipo de acciones, se hace cargo del principio de confianza legítima, indicando que no se cumple con los cinco años de servicios ininterrumpidos en la modalidad de contrata, conforme a la reciente unificación de jurisprudencia sentada por la Excma. Corte Suprema, la que dice relación con la contratación bajo la modalidad contrata.

En cuanto a las garantías esgrimidas, indica que respecto de la del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, refiere que del libelo se desprende que no se funda de manera alguna la supuesta vulneración, no expresándose la forma concreta en que se habría vulnerado el derecho por parte del Municipio.

Con relación a la vulneración al derecho de propiedad, señala que de la jurisprudencia de los tribunales superiores se ha resuelto reiteradamente que no existe propiedad sobre el empleo público.

Por lo anterior, solicita tener por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la no renovación para el año 2024 de la contrata del recurrente, quien cumplía funciones en la Ilustre Municipalidad de Arica, atendido que, a su juicio, existía la confianza legítima para continuar con su designación por el período 2025, por el hecho de mantener casi 8 años de servicio prestados a dicha entidad.

CUARTO: Que, cabe primeramente tener presente que, conforme con la documentación acompañada, la decisión de no renovación de la contrata que se reclama y con consta en el Decreto Alcaldicio N°1524/2025 de 28 de enero de 2025, es aquella dispuesta para cumplir funciones en calidad a contrata para la Ilustre Municipalidad de Arica mediante Decreto Alcaldicio N°5131/2024, que fue prorrogado por el Decreto Alcaldicio N°5325/2024 de 22 de noviembre de 2024, disponiéndose en aquella que la designación a contrata lo era hasta el 28 de febrero de 2025.

QUINTO: Que, de los antecedentes aparece como no controvertido que, en lo concerniente a la duración de la designación a contrata del recurrente, ésta lo fue hasta el 28 de febrero del año 2025, resultando entonces únicamente discutida la procedencia o no de su término anticipado de la contrata, conforme al principio de confianza legítima.

SEXTO: Que, no puede soslayarse que, en relación con el recurrente, existen cuatro estatutos jurídicos en su historial laboral para la recurrida, lo que ha acaecido en veintiún períodos diversos que se desglosan, según la calidad, en cuatro grandes grupos. El primero, desde febrero de 2017 a julio del mismo año, en calidad de prestador de servicios a honorarios; el segundo, desde agosto de 2017 a junio de 2022 en calidad de trabajador conforme al Código del Trabajo; luego desde junio de 2022 a diciembre del mismo año, en calidad de suplente de un cargo de planta; y, finalmente, entre el 13 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2025, mediante 12 decretos de nombramiento en calidad de contrata, para la Ilustre Municipalidad de Arica.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, el principio de confianza legítima tiene como fundamento brindar un estatuto de protección reforzado en el caso de aquellos funcionarios públicos que no se encuentran en calidad de titulares, y que, habiéndose desempeñado en dicha calidad por más de cinco años, no basta sólo el término del plazo para la no renovación de esta, sino que se requiere de un acto fundado.

Así, del tenor de lo planteado, solo puede considerarse el tiempo que medió mientras se encuentra en calidad de contrata, lo que solo alcanzó un año, dos meses y quince días. En este sentido, el hecho de haberse encontrado bajo otros estatutos, incluso más protectores, -como es el del Código del trabajo-, no puede sino permitir entender que este último vínculo laboral -más precario- al que accedió, inició un nuevo plazo para los efectos de acceder a la confianza legítima, y que en la especie no logra alcanzar los cinco años que ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema, debiendo por tanto rechazarse el recurso como se dirá en lo resolutivo.

De lo dicho fluye que en la especie no es posible acoger la pretensión de la recurrente, amparada en que le asiste la confianza legítima de la renovación de su contrata al pretender hacerse de un tiempo que sirvió a contrata con antelación a aquel en que, como prestadora de servicios a honorarios, trabajador bajo el Código del Trabajo o suplente de titular, de manera de contabilizar un total de casi 8 años.

OCTAVO: Que, atendido lo anteriormente expuesto, no es necesario realizar un análisis de las garantías esgrimidas por el recurrente, por inoficioso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por Giorgio Franco Renato Marino Andrade, en representación de nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 91-2025 Protección